La convocatoria de huelga, realizada por CCOO, STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.
La coordinadora del sector de CCOO de Justicia de Madrid, Felicidad López, explicó que la situación que se generó por el incumplimiento de los acuerdos se ha deteriorado por la política restrictiva desarrollada por la Comunidad.
"La Justicia está desbordada por la crisis económica con efectos pernicioso sobre los Juzgados de lo Social, el Hipotecario y el Mercantil", recalcó la portavoz de CCOO, quien criticó la falta de voluntad política del Gobierno de Aguirre para entablar un diálogo con el sector. La restricción a 20 bolígrafos por cada Juzgado de la capital muestra la situación de precariedad.
Vacantes sin cubrir
Denunció que el Gobierno de Aguirre no está cubriendo cientos de vacantes presupuestadas, lo que está colapsando los Juzgados. Además, la coordinadora se quejó de que el Ejecutivo madrileño, "en vez de ayudar a los trabajadores, se dedica a aplicar una política de restricción salarial". De hecho, señaló que los funcionarios con categorías inferiores han visto mermados sus sueldos entre un 9 por ciento y un 11 por ciento.
Los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid alternarán a partir del 16 de febrero quince días de huelga con una semana de trabajo, como medida de presión para forzar a la Comunidad a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.
La alternancia de huelga se producirá a partir del 16 de febrero, dos días antes de que se produzca el paro convocado por los jueces de Madrid. El mismo día 16, los funcionarios celebrarán una Asamblea General para decidir si se refuerza la convocatoria con un paro indefinido.
Los sindicatos sustentan la convocatoria en que los empleados públicos no dan abasto. "Los funcionarios están asfixiados por el estrés que supone trabajar en estas condiciones", se lamentó Alberto García, de STAJ. "Aguirre y Granados son los únicos responsables de esta situación", recalcó López.
Fuente: madridiario.es
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