Los fiscales de Córdoba no han querido permanecer al margen de las reivindicaciones de los miembros de la carrera judicial y expresaron su apoyo a través de un comunicado de tres puntos que deja abiertas las puertas a posibles movilizaciones. "Nuestra línea de actuación futura dependerá del desarrollo de los acontecimientos", indicaron los integrantes del Ministerio Público.
Desde que hace unos meses se abrió el conflicto entre los magistrados y el Ministerio de Justicia, es la primera vez en todo el país que un grupo de fiscales a título individual -sin estar dirigidos por ninguna asociación-, respalda la actitud de sus compañeros.
Los miembros de la carrera fiscal de Córdoba hicieron hincapié en que las demandas formuladas por jueces y magistrados no responden a reivindicaciones "de naturaleza corporativa", tal y como los responsables políticos han insistido en las últimas semanas. Para estos, la sanción impuesta al juez Tirado, responsable del caso Mari Luz, ha sido el detonante que ha movilizado a la carrera judicial. Esta misma interpretación late en el seno de algunos sindicatos, que en las últimas semanas han manifestado fuera de los micrófonos que la sobrecarga de trabajo en los tribunales es antigua, aunque sí es novedad la actitud reivindicativa de los jueces.
Para los miembros de la Fiscalía Provincial de Córdoba, sin embargo, las exigencias de los togados implican "la implantación de medidas que pretenden una mejora estructural" en esta administración, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que se encuentra totalmente paralizada desde hace años. Los fiscales indicaron, además, que estas demandas "coinciden sustancialmente" con las contenidas en el comunicado conjunto de las asociaciones de fiscales del pasado 22 de enero, donde demandaban "reformas estructurales análogas" para la carrera fiscal.
Regular un sistema de sustituciones voluntarias y remuneradas entre fiscales, adoptar las medidas necesarias para la adecuada conciliación entre la vida laboral y familiar, un desarrollo eficaz del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o "diseñar una verdadera oficina fiscal" que permita abordar los recientes cambios en la estructura de las Fiscalías y las nuevas competencias, en coordinación con la oficina judicial, son algunas de las reivindicaciones de las asociaciones de miembros del Ministerio Público.
Los fiscales de Córdoba subrayaron que estas propuestas "compatibilizan una sustancial mejora de las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia con el ofrecimiento de un servicio moderno y eficiente a los ciudadanos, que son los titulares del derecho a la tutela judicial efectiva". "Esta tutela sólo y exclusivamente puede ejercerse dentro de los límites de la racionalidad y la proporcionalidad entre el volumen de trabajo, el tiempo que se le dedica y la suficiencia de recursos humanos y materiales para su desempleo", concluye el comunicado de la carrera fiscal. El documento está rubricado por 24 de los 27 miembros de esta institución en Córdoba, todos excepto el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, y dos profesionales que se encuentran de baja.
Martín-Caro justificó su ausencia de la reunión, celebrada el lunes por la tarde, por desligar la posición oficial de la institución de lo que opinen los miembros que la integran a título individual. El propio fiscal jefe tuvo que desconvocar el pasado jueves una junta extraordinaria prevista para mostrar su apoyo a los magistrados después de una advertencia procedente de la Inspección Fiscal.
Fuente: eldiadecordoba.es
Desde que hace unos meses se abrió el conflicto entre los magistrados y el Ministerio de Justicia, es la primera vez en todo el país que un grupo de fiscales a título individual -sin estar dirigidos por ninguna asociación-, respalda la actitud de sus compañeros.
Los miembros de la carrera fiscal de Córdoba hicieron hincapié en que las demandas formuladas por jueces y magistrados no responden a reivindicaciones "de naturaleza corporativa", tal y como los responsables políticos han insistido en las últimas semanas. Para estos, la sanción impuesta al juez Tirado, responsable del caso Mari Luz, ha sido el detonante que ha movilizado a la carrera judicial. Esta misma interpretación late en el seno de algunos sindicatos, que en las últimas semanas han manifestado fuera de los micrófonos que la sobrecarga de trabajo en los tribunales es antigua, aunque sí es novedad la actitud reivindicativa de los jueces.
Para los miembros de la Fiscalía Provincial de Córdoba, sin embargo, las exigencias de los togados implican "la implantación de medidas que pretenden una mejora estructural" en esta administración, como la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que se encuentra totalmente paralizada desde hace años. Los fiscales indicaron, además, que estas demandas "coinciden sustancialmente" con las contenidas en el comunicado conjunto de las asociaciones de fiscales del pasado 22 de enero, donde demandaban "reformas estructurales análogas" para la carrera fiscal.
Regular un sistema de sustituciones voluntarias y remuneradas entre fiscales, adoptar las medidas necesarias para la adecuada conciliación entre la vida laboral y familiar, un desarrollo eficaz del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o "diseñar una verdadera oficina fiscal" que permita abordar los recientes cambios en la estructura de las Fiscalías y las nuevas competencias, en coordinación con la oficina judicial, son algunas de las reivindicaciones de las asociaciones de miembros del Ministerio Público.
Los fiscales de Córdoba subrayaron que estas propuestas "compatibilizan una sustancial mejora de las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia con el ofrecimiento de un servicio moderno y eficiente a los ciudadanos, que son los titulares del derecho a la tutela judicial efectiva". "Esta tutela sólo y exclusivamente puede ejercerse dentro de los límites de la racionalidad y la proporcionalidad entre el volumen de trabajo, el tiempo que se le dedica y la suficiencia de recursos humanos y materiales para su desempleo", concluye el comunicado de la carrera fiscal. El documento está rubricado por 24 de los 27 miembros de esta institución en Córdoba, todos excepto el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, y dos profesionales que se encuentran de baja.
Martín-Caro justificó su ausencia de la reunión, celebrada el lunes por la tarde, por desligar la posición oficial de la institución de lo que opinen los miembros que la integran a título individual. El propio fiscal jefe tuvo que desconvocar el pasado jueves una junta extraordinaria prevista para mostrar su apoyo a los magistrados después de una advertencia procedente de la Inspección Fiscal.
Fuente: eldiadecordoba.es
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