El Comité Nacional de Huelga ha cifrado en un 70 por ciento el seguimiento del paro que llevan a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia. Un total de 2.192 miembros de la carrera judicial de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España por el hartazgo de la Judicatura.La cifra del Comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se computó a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al Comité y a través de fax remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia.
Según datos computados por el Comité, un total de 281 jueces de Cataluña secundaron el paro; 278 en Madrid; 66 en Baleares; 22 en el País Vasco; 372 en Andalucía; 113 en Canarias; 94 en murcia; 343 en Valencia; 65 en Castilla-La Mancha; 94 en Castilla-León; 35 en Asturias; 242 en Galicia; 19 en Navarra; 20 en Cantabria; 69 en Aragón; 73 en Extremadura; y 4 en La Rioja.
No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47 por ciento el respaldo, es decir, un total de 1.621 jueces.
Dos tercios de los jueces valencianos
Un total de 254 jueces y magistrados titulares en activo de la Comunidad Valenciana de los 422 existentes han secundado los paros, lo que representa un 60,1 por ciento, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En concreto, en los partidos judiciales de la provincia de Valencia el seguimiento se situó en un 76,10 por ciento; mientras que en los de la provincia de Alicante fue del 80 por ciento y en los de la de Castellón del 60 por ciento.
Más de la mitad de los jueces en Madrid
Un 55,8 por ciento de los jueces y magistrados de la Comunidad de Madrid han secundado la primera huelga convocada a nivel nacional por la Judicatura española para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales en la Administración de Justicia y frenar el deterioro de los tribunales madrileños, según los datos aportados por el Comité Nacional de Huelga.
En concreto, un total de 279 jueces y magistrados de los 500 que operan en la región, en los órganos unipersonales y colegiados como la Audiencia Provincial de Madrid, ejercieron su derecho a huelga. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial cifró en un 44,4 por ciento el seguimiento en la región, secundando la huelga 222 jueces y magistrados.
La Comunidad de Madrid se situó entre las autonomías que más han avalado la convocatoria, por detrás de Cataluña con el respaldo de 281 jueces. Los únicos que se mantuvieron al margen han sido los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y los jueces de Aranjuez, Arganda del Rey y Leganés.
En la capital, la huelga se hizo sentir en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, donde funcionarios de la Administración de Justicia y abogados del turno de Oficio escenificaron su apoyo en una concentración a las puertas de esta sede judicial. Un total de 120 de los 162 jueces que instruyen en estos juzgados respaldaron la convocatoria, paralizando la actividad de los 76 Juzgados de Instrucción y los 86 de Primera Instancia. La imagen de las habituales colas que se forman a la entrada de estos juzgados cada día fueron sustituidas hoy por una multitud de medios de comunicación que se agolparon a las puertas de la principal sede judicial de la capital.
89 suspensiones en Canarias
El 51,21% de los jueces y magistrados titulares ejercientes en la Comunidad Autónoma de Canarias han secundado la huelga convocada para reivindicar la mejora de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, una protesta que ha provocado 89 suspensiones entre diligencias, vistas y señalamientos en las islas.
Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en función de datos del Consejo General del Poder Judicial, que detalla que de los 205 jueces y magistrados titulares ejercientes en el archipiélago que no se encuentran en situación de enfermedad o en comisión de servicios, 105 no han acudido hoy a su destino por expreso seguimiento de la huelga convocada.
Según los comités de huelga de las dos provincias, en Las Palmas han apoyado la huelga un 65,71% de miembros de la judicatura mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido respaldada por el 60,75% de los jueces titulares y un 4,3 por ciento de los sustitutos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
27 de los 65 magistrados de Cantabria
El 41,5 por ciento de los jueces y magistrados cántabros ha secundado el llamamiento de dos de las cuatro asociaciones de jueces en la región. En total, de los 65 jueces que podían sumarse al paro (sin contar sustitutos, bajas y permisos), han hecho huelga 27.
Un tercio de los jueces de Galicia
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) estimó en el 36,38 por ciento -116 de 318 magistrados- el seguimiento en la Comunidad gallega de la primera huelga de jueces en la historia de España, convocada para reclamar, entre otras medidas, un incremento retributivo, más medios y la adecuación del ratio de jueces a la media europea.
Según los datos facilitados por el TSJG, el respaldo por provincias asciende a un 51,51 por ciento en Lugo; un 42,5 por ciento en A Coruña; un 30,59 por ciento en Pontevedra y un 14,18 por ciento en Orense -única provincia gallega que no aprobó en junta de jueces secundar el paro-.
Cuatro de cada diez jueces en las Islas Baleares
El 38,6 por ciento de los jueces secundan la huelga en Baleares, en contra de la excesiva carga de trabajo, lo que supone que ha sido apoyada por 39 de los 101 jueces en ejercicio este miércoles en las islas, si bien un total de 70 participaron en la concentración celebrada a las 12.00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Escaso seguimiento en el País Vasco
Los jueces vascos realizaron un seguimiento "escaso" de la huelga aunque no descartan que puedan secundar, en el futuro, otros paros o movilizaciones, según han afirmado los jueces decanos de Bilbao y Vitoria, Alfonso González Guija y José Luis Núñez, respectivamente.
Éxito de convocatoria
"Queremos que los jueces y el Gobierno central dialoguen para ver las necesidades de la Justicia con el fin de acometer una verdadera transformación de la Justicia en España", aseveró el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, en la rueda de prensa ofrecida en los Juzgados ordinarios de Madrid para aportar los datos reunidos hasta las 14:00 horas.
Sexmero celebró el éxito de la convocatoria en toda España, pese a "las dificultades y presiones" que han tenido en el últimos mes. "Estamos bastantes satisfechos", resaltó el portavoz de una de las asociaciones convocantes.
Benito Raboso, de Foro Judicial Independiente, puso el acento en el respaldo obtenido, teniendo en cuenta el desmarque de las asociaciones mayoritarias, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD). "Hubiéramos deseado que todos estuviéramos juntos", reseñó.
Raboso insistió en que los jueces y magistrados han seguido "el cauce correcto" para convocar la jornada de huelga ante "la dejadez" del Consejo General del poder judicial (CGPJ), estableciendo servicios mínimos ante la negativa del Consejo de hacerlo. Por ello, recalcó que no temen una posible sanción por parte del Consejo, puesto que el principal beneficiario de esta jornada es "el ciudadano".
"Si tenemos reconocido el derecho a la huelga, no se puede sancionar a ningún trabajador", subrayó Sexmero en alusión a que el poder Judicial pueda tomar represalias sancionadoras a tenor de que entienden que la huelga no tiene cobertura legal.
Sanciones
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario, pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Demandas
Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
AUDIENCIA Y SUPREMO
El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.
Como primera reacción a la huelga, y en espera de la comparecencia pública anunciada por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho pública una nota en la que se destaca que el paro exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria".
"El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluye el escrito.
Fuente: El Imparcial , Alerta Digital
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