Desde el partido socialista, a través de su diputado regional y responsable de Justicia en la Asamblea regional, Javier Gómez, se ha acusado a Granados como el responsable directo del conflicto con los trabajadores, pues rompió de forma unilateral el acuerdo sectorial de Justicia que se firmó el 11 de diciembre de 2007. “Cuando una administración firma un acuerdo, éste debe cumplirse”, afirmó Gómez.
Además, denunció que las exigencias de los sindicatos de justicia son “cuestiones que el Gobierno regional obvia en su propuesta de acuerdo y que son las más importantes para solucionar los problemas que sufren los ciudadanos en la justicia”.
En su opinión, “no es viable llegar a un acuerdo que tiene una vigencia de cuatro años y romperlo antes de finalizar el primero, porque la credibilidad de la Administración regional queda en cuestión y porque, como ya habíamos advertido al Gobierno, entraríamos en una etapa de conflicto laboral que perjudicará a los ciudadanos madrileños y cuya consecuencia será que continúe la parálisis de la Consejería durante todo este tiempo”. Indicó también que desde la crisis de Gobierno que realizó Aguirre en junio, la Consejería de Justicia ha entrado en “estado comatoso” y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante. “Está intentando comprar a los trabajadores negociando únicamente el complemento retributivo y huye de dar respuesta a los aspectos más importantes para la mejora cualitativa de la Justicia a los ciudadanos de nuestra región”.
El parlamentario regional ha exigido a Aguirre que sea ella quien impulse el diálogo de la mesa sectorial, ya que el Consejero ha demostrado su incapacidad para solucionar un conflicto que perjudica seriamente a los ciudadanos y cuya responsabilidad es única y exclusivamente de quien rompe de forma unilateral los acuerdos firmados. “Si el Consejero no quiere abordar esta situación crítica con los trabajadores, lo tendrá que hacer en la Asamblea de Madrid, ya que hemos solicitado su comparecencia”, concluyó Gómez.
Fuente: madridiario.es
Además, denunció que las exigencias de los sindicatos de justicia son “cuestiones que el Gobierno regional obvia en su propuesta de acuerdo y que son las más importantes para solucionar los problemas que sufren los ciudadanos en la justicia”.
En su opinión, “no es viable llegar a un acuerdo que tiene una vigencia de cuatro años y romperlo antes de finalizar el primero, porque la credibilidad de la Administración regional queda en cuestión y porque, como ya habíamos advertido al Gobierno, entraríamos en una etapa de conflicto laboral que perjudicará a los ciudadanos madrileños y cuya consecuencia será que continúe la parálisis de la Consejería durante todo este tiempo”. Indicó también que desde la crisis de Gobierno que realizó Aguirre en junio, la Consejería de Justicia ha entrado en “estado comatoso” y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante. “Está intentando comprar a los trabajadores negociando únicamente el complemento retributivo y huye de dar respuesta a los aspectos más importantes para la mejora cualitativa de la Justicia a los ciudadanos de nuestra región”.
El parlamentario regional ha exigido a Aguirre que sea ella quien impulse el diálogo de la mesa sectorial, ya que el Consejero ha demostrado su incapacidad para solucionar un conflicto que perjudica seriamente a los ciudadanos y cuya responsabilidad es única y exclusivamente de quien rompe de forma unilateral los acuerdos firmados. “Si el Consejero no quiere abordar esta situación crítica con los trabajadores, lo tendrá que hacer en la Asamblea de Madrid, ya que hemos solicitado su comparecencia”, concluyó Gómez.
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