Lanzarote: Los abogados reclaman un juzgado de lo Contencioso

Lejos quedan los tiempos aquellos en que los ratones se comían los expedientes acumulados en las cajas de cartón que atestaban los pasillos y hasta la sala de vistas de los viejos juzgados de Arrecife en la avenida marítima. La apertura del Palacio de Justicia en la Vía Medular marcó un antes y un después. Sin embargo, todavía quedan reclamaciones pendientes de ser atendidas para completar el puzle de un servicio verdaderamente adaptado a las necesidades de una isla en constante cambio, cuando no convulsión social.


El decano de la demarcación en Lanzarote del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, apunta que la principal reivindicación de los profesionales a día de hoy se centra en la creación de un juzgado de lo Contencioso Administrativo, órgano donde se dirimen los procedimientos que los ciudadanos inician ante la Administración.

En Lanzarote se generan anualmente cerca de seiscientos expedientes nuevos cada año dirigidos a juzgados de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, estos procedimientos han de trasladarse necesariamente a Las Palmas de Gran Canaria, con el consiguiente aumento en los costes para los ciudadanos de la isla que se ven embarcados en esta aventura judicial.

El abanico de casos abarca desde una multa de tráfico a cualquier otro desacuerdo con una resolución emitida por un organismo público. Más allá del lógico encarecimiento para el interesado, Torres Stinga considera que incluso «se quiebra el principio de cercanía» de la Justicia. A su entender, el número de casos justifica plenamente la apertura de uno de estos juzgados en Arrecife.

La batalla de los abogados para mejorar los servicios e infraestructuras de la Justicia en Lanzarote se centra en lograr la apertura de este juzgado de lo Contencioso por el principio básico de que el que mucho abarca poco aprieta. «Hay que centrarse, porque si no ya sabemos lo que pasa», apunta el propio Torres Stinga.

Pero todavía queda un largo camino por delante para conseguir su propósito, que en ningún caso se hará realidad antes de 2010. Y eso sólo sobre el papel. Hay que tener en cuenta que, según el protocolo establecido entre administraciones, primero debería ser el Gobierno de Canarias el que reclamara su implantación dentro de las llamadas juntas sectoriales de Justicia, que se celebran en noviembre. La decisión final se toma en el seno del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Justicia.

Una vez decidida su creación, y dado que Canarias tiene transferidas las competencias en esta materia, la Comunidad Autónoma asumiría el ochenta y cinco por ciento de su coste.

El juzgado de lo Contencioso ocupa el primer lugar de un listado de peticiones que no termina ahí. En la actualidad funcionan dentro de los muros del Palacio de Justicia un total de ocho juzgados de primera instancia e instrucción, aunque la carga de trabajo que se ha ido acumulando aconseja, según los letrados, la creación de al menos otro más. Según informa Torres Stinga, se trata de una opinión sustentada por los inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras sus últimas visitas a Lanzarote.

Según la estimación del Colegio de Abogados, la situación es al menos relativamente normal y sostenible en el resto de ámbitos, incluidos los dos juzgados de lo Social, aunque el primero de ellos está fijando juicios con un retraso que Torres Stinga confía que podrá ser corregido. Lo que no ha mejorado, o lo ha hecho muy poco, es la inestabilidad de la plantilla, en especial la de los jueces, lo que se ha achacado históricamente a la ausencia de mayores incentivos para favorecer la estancia de los togados en la isla. No obstante, y al contario de lo que sucedía hasta hace poco, se cuenta con ocho plazas de magistrados, una por juzgado. Antiguamente, cuando un juez alcanzaba esa categoría tenía que mudarse.

Torres Stinga entiende que la inestabilidad en Lanzarote y en Canarias en general tiene otras raíces que se añaden a las citadas anteriormente. «Está sucediendo que los canarios, y muy en especial los lanzaroteños, no están opositando ni a juez ni a fiscal», señala. Entre unas cosas y otras, la media de estancia de un juez en Lanzarote apenas sí ronda los tres años. Cada vez que se produce un traslado se producen vacantes hasta que su plaza es cubierta, a lo que hay que sumar el periodo de adaptación del recién llegado.

Fuente: ABC.es