lunes, abril 30, 2007

Juicio a la cúpula de los "Latin Kings" en España


La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo jueves a catorce ecuatorianos acusados de integrar la cúpula de la banda de los "Latin Kings" en España y para quienes el fiscal solicita entre 3 años y nueves meses y 9 años de prisión por asociación ilícita, coacciones, amenazas y lesiones. Según el escrito del fiscal, Eric Javier Jara, "King Wolverine", fundó el 14 de febrero del 2000 en Galapagar (Madrid) la "Sagrada Tribu América Spain" (STAS) de la "Todopoderosa Nación de los Reyes y Reinas Latinos" (ALKQN).

Para ello, Jara, que era el máximo dirigente o "padrino", adaptó el "Manifiesto" o norma fundacional de la banda en Ecuador, en la que hacía constar que fundaba la "Nación" junto con los primeros miembros de la misma, entre quienes figuran los acusados José Fabricio Icaza, "King Baby Black", como "príncipe", y María Torres Oliver, "Queen Maverick" como "madrina". La banda fue evolucionando hacia una "estructura fuertemente jerarquizada" constituida por diversas células en Madrid y Cataluña, en las que había varios escalones denominados "leones", "sagrados", "supremas" y "oficiales", entre otros.

El objetivo de ALKQN, según el fiscal, además de fomentar los lazos de unión entre personas de la misma nación u origen étnico, era ordenar agresiones tanto a miembros de las bandas rivales -como los "ñetas"- como a los propios miembros de la banda que cometiesen "faltas" en ella o que intentasen abandonarla. "No les dejará crecer y deben reconocerlos, someterlos y tumbarlos con todo rencor", ordena el "Manifiesto" respecto a los "ñetas", por lo que los acusados escondían armas blancas -algunas de las cuales fueron intervenidas- en las zonas frecuentadas por sus enemigos.

La banda se financiaba mediante una cuota semanal de entre 1,5 y 3 euros que debían abonar todos los miembros, aparte de aportaciones extraordinarias que los superiores podían exigir para la adquisición de armas o para pagar las minutas de los abogados que defendían a dirigentes en prisión. Aquellos miembros que no pudieran aportar la cuota eran incitados a robar, bajo la amenaza de recibir una paliza como sanción.

Los "latin" mantenían diferentes tipos de reuniones: "de capítulo", divididos según el sexo femenino o masculino; "de posición" para quienes aspirasen a un cargo superior; "generales" una vez al mes y, una vez al año, una "reunión universal", a la que acudían la totalidad de los miembros de STAS. La estructura de la banda, las normas de conducta de los miembros de la ALKQN, su funcionamiento, la toma de decisiones y el procedimiento a seguir para imponer las sanciones disciplinarias, se encontraban en la denominada "literatura" -compendio de leyes y prohibiciones-, que rige la actuación "en todas las esferas" de los integrantes de la banda, señala el fiscal.

El Ministerio Público solicita 7 años de prisión para Eric Javier Jara y José Fabricio Icaza y 9 para María Torres Oliver, mientras que el resto de los acusados se enfrentan a peticiones de pena de entre 3 años y nueve meses y 8 años.



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Asturias: Valledor "presiona" al Ministerio de Justicia

Oviedo. Jaime Reinares emplazó el viernes al Ejecutivo regional a explicar, antes de cinco días, dónde estaban los fondos comprometidos para el Instituto de Medicina Legal, para cuya construcción el Ayuntamiento cedió una parcela de La Corredoria ya en 2003. No ha tenido que esperar.

El consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, calificó ayer de «mentiras increíbles» las acusaciones de desvío de fondos vertidas por los populares.

Respecto al documento exhibido por Reinares donde el Gobierno cuantificaba en 4,8 millones las inversiones a financiar con las transferencias, entre ellas el instituto forense, Valledor replicó que «eso era lo que quería dar el ministerio. Nosotros hemos conseguido, en una negociación muy dura, otros ocho millones adicionales en inversiones. De ellos, tres son para el Instituto de Medicina Legal», afirmó.

Si no han comenzado las obras se debe a que está pendiente la firma del convenio donde se recoge ese compromiso, como también la entrega del proyecto constructivo por parte del Ministerio de Justicia, explicó el consejero. «En la última reunión con el ministro, se lo pedí», detalló. «Estamos presionando para que se entregue el proyecto», cuya redacción corresponde al Gobierno central.
«Estas razones echan por tierra todas las insidias», concluyó, «ni se han llevado fondos, ni se han desviado: hemos obtenido más dinero para la Justicia asturiana» y recordó que «lo único que hizo el Gobierno Aznar fue anunciar el proyecto, nada más».


Fuente: El Comercio Digital

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Córdoba: Hacen falta cinco juzgados

La situación de la Justicia en Córdoba no es nada halagüeña. El Juzgado de Menores asume más del doble de casos de lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos de lo Contencioso se hallan al borde del colapso y los expedientes se acumulan en Posadas mientras continúa abierto el debate sobre el futuro partido judicial de Palma del Río. Ésta es la visión que ofrece el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria de actividad de 2006, un documento donde detalla que la provincia necesita cinco nuevos órganos judiciales para asumir con garantías la actual avalancha de pleitos que se dan en todas las jurisdicciones. Resulta paradójico, por tanto, que Córdoba sea la única provincia de Andalucía donde no se creará ni un solo órgano en el presente curso judicial.

En concreto, el TSJA calcula que la capital necesita contar con el quinto juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con el décimo juzgado de Primera Instancia, el quinto de lo Social y el segundo juzgado de Menores. El informe detalla, además, que la localidad de Posadas precisaría de un tercer órgano de Primera Instancia e Instrucción. El presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, recalcó la situación en la que se encuentra el juzgado de Menores. El propio informe del TSJA reconoce que Córdoba supera "en más del doble" el índice de trabajo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), establecido en 650 asuntos al año. En el tribunal cordobés, en cambio, ingresaron el año pasado 1.595 asuntos, un 145 por ciento más de lo indicado. Este índice lo convierte en el órgano de su categoría más saturado de toda la comunidad autónoma.

La situación de sobrecarga se ve aún más clara si se comparan los datos, por ejemplo, con los de Granada -donde está la sede del TSJA. En 2006, se registraron en esa provincia 1.848 casos en los que los imputados eran menores de edad, sólo un 13 por ciento más que en Córdoba. En cambio, al contar con dos órganos especializados en esta materia, los índices de trabajo no llegaron a los límites registrados en Córdoba.

En cuanto a la creación del juzgado de Primera Instancia número 3 de Posadas, el presidente de la Audiencia explicó que esta propuesta está motivada por la "demora" en poner en marcha el partido judicial de Palma del Río, un proyecto del que se habla desde hace años pero que aún no ha pasado del papel. La decisión, de gran complejidad, tiene que partir del Parlamento, detalló Baena. Los contenciosos también están en el punto de mira del TSJA. Según la memoria, los cuatro magistrados de Córdoba dictaron 2.699 sentencias en 2006, pero a final de año los asuntos pendientes habían aumentado un 40 por ciento.

A pesar de todos estos datos, Córdoba será la única provincia de la comunidad donde este año no se creen nuevos juzgados. Esta decisión la toman la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación de la Consejería y el TSJA, según las disponibilidades presupuestarias. La memoria del alto tribunal andaluz precisa que en Almería, Jerez de la Frontera, Huelva, Marbella, Málaga y Sevilla se crearán nuevos juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Málaga, Granada y Sevilla contarán, además, con más juzgados de lo Contencioso. También se impulsarán nuevas plazas de magistrado en Granada, Málaga y Sevilla.

Baena llamó la atención sobre el hecho de que el TSJA no encuentre prioritaria la creación de un quinto juzgado de lo Penal en Córdoba. Este tema se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración de Justicia. La propia Junta de Jueces de lo Penal reclamó hace meses al alto tribunal andaluz que tuviera esta propuesta en consideración. La memoria del TSJA avala que los penales cordobeses soportan una sobrecarga de trabajo del 19 por ciento. Sólo Almería -con un 23 por ciento- supera este índice.


Fuente: eldiadecordoba.es

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EEUU: Los tribunales de la frontera no dan abasto


Los delitos relacionados con los inmigrantes están desbordando los tribunales federales en la frontera con México y obligando a los jueces a atender muchos más casos que sus colegas de otras regiones.

Los jueces de cinco distritos judiciales de la frontera, en zonas mayormente rurales, tienen más trabajo que los de ninguna otra región del país. Los jueces de Nuevo México, el estado donde los magistrados tienen la carga más pesada, atendieron un promedio de 397 casos de delitos graves. El promedio nacional es de 84 casos por juez. Los jueces federales de esos cinco distritos --Sur y Oeste de Texas, Nuevo México, Arizona y Sur de California-- atendieron un tercio de todos los delitos graves juzgados en los 94 distritos judiciales federales de la nación en el 2005, según estadísticas de los tribunales federales.

El Congreso ha aumentado la cantidad de efectivos de la patrulla fronteriza, pero no el número de jueces, y los tribunales no dan abasto. Los jueces dicen que deben atender demasiados casos que involucran a traficantes de drogas o indocumentados que cometen delitos graves. "Hay una enorme necesidad de refuerzos. No pueden seguir aumentando el número de agentes de la patrulla fronteriza y no el de los jueces", sostuvo el presidente de los tribunales del distrito de Arizona John M. Roll. El senador republicano de Nuevo México Pete Domenici propuso la adición de otros diez jueces en Arizona, Nuevo México y los dos distritos de Texas. "Es una necesidad imperiosa", afirmó Roll. Propuestas similares, sin embargo, no prosperaron en el pasado.

La demoras en los procesos se hacen sentir en todos los niveles del sistema judicial. Durante una reciente campaña contra el ingreso de indocumentados, se planteó la posibilidad de que se suspendiese la deportación de indocumentados detenidos en la frontera y se los retuviese en el país para que fueran juzgados. La idea era dejarle ver a los potenciales inmigrantes indocumentados que se exponían a ser juzgados en los tribunales estadounidenses si violaban las normas migratorias. Los jueces de Nuevo México, sin embargo, tuvieron que recordarle a la patrulla fronteriza que no están en condiciones de procesar a los cientos de indocumentados que serían enviados a sus tribunales diariamente. "Les dijimos, '¿se dan cuenta de que en una semana nos quedaríamos sin espacio en las cárceles?'", expresó Martha Vázquez, presidenta de los tribunales de Nuevo México. "¿Qué haríamos con los asaltantes de bancos, con los violadores, con quienes violan las condiciones de su libertad condicional?", preguntó la jueza. El proyecto fue descartado.

Se calcula que más de un millón de personas ingresan ilegalmente al país por la frontera con México todos los años. En Arizona, la zona de mayor tráfico de indocumentados, las autoridades estiman que unas 4.000 personas intentaron cruzar la frontera ilegalmente a diario en el 2006.
Muchos legisladores, activistas y el propio presidente George W. Bush apoyan reformas que incluyan un programa de trabajadores temporales y castigos para las empresas que contratan indocumentados. La idea es eliminar los incentivos que atraen a los indocumentados. En los últimos años, sin embargo, el Congreso ha buscado formas de reprimir a los indocumentados, sin abordar los problemas de fondo.

La Patrulla Fronteriza tiene hoy 2.800 agentes más que en septiembre del 2001, cuando disponía de 9.821 efectivos. Desde mayo, reciben apoyo logístico de 6.000 soldados de la Guardia Nacional. El Congreso asignó 1.200 millones de dólares para vallas, barreras para los vehículos, cámaras y otros equipos de seguridad. Bush comentó que el tráfico de indocumentados se redujo en un 30% este año como consecuencia de esas medidas. Pero ello es poco consuelo para los tribunales, que siguen sin atender todos los casos que les llegan.

Los jueces se las arreglan como pueden. A veces reciben ayuda de jueces de otros distritos. En Arizona, los magistrados trabajan los fines de semana y han llegado a atender 150 casos en un día. En Nuevo México, la jueza Vázquez y el ex procurador David Iglesias participan en programas radiales en español que se escuchan en México y hablan sobre los castigos a que se exponen los indocumentados.

A los administradores de los tribunales les cuesta retener a los empleados, incluidos intérpretes, que se sienten abrumados por la cantidad de trabajo. Muchos sufren escuchando las terribles historias de inmigrantes que violan la ley en busca de una vida mejor en Estados Unidos.



Fuente: Univision

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domingo, abril 29, 2007

Almería: Mª José López y el Plan Andaluz de Justicia

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha asegurado que el nuevo Estatuto de Autonomía desarrolla todas las expectativas que Andalucía tenía en el diseño de la Administración de Justicia en el ámbito de sus competencias, y afirma que supone "un punto de inflexión, un antes y un después en la Administración de Justicia".
La consejera, que clausuró en Almería la reunión anual que celebran los jueces decanos de toda España con el objetivo de analizar los problemas y avances de la administración de Justicia, destacó que la Junta de Andalucía 'siempre ha contado con el indispensable apoyo y colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía del TSJA, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo del Título V del Estatuto".

En este sentido, la titular de Justicia ha anunciado la firma de un acuerdo entre la Junta de Andalucía, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el objetivo de desarrollar el Título V y consolidar el proyecto de modernización de la Justicia en Andalucía. López realizó un repaso por la Administración de Justicia en la comunidad cuando se cumplen diez años desde el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía y resaltó que el compromiso 'ha sido y es, agilizar el funcionamiento de los órganos judiciales de Andalucía, lo que se traduce en un importante desarrollo modernizador, apoyado en las nuevas tecnologías y en sedes modernas y accesibles'.

La consejera se refirió también al Plan Andaluz de Justicia como una apuesta firme por una justicia entendida como servicio público orientado a la ciudadanía dentro del marco de la Segunda Modernización de Andalucía. Así, María José López afirmó que se creará un Comité Técnico Asesor formado por jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, médicos forenses, abogados, procuradores, funcionarios y profesionales de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía para consolidar los retos que Andalucía tiene en materia de Justicia para el periodo 2007-2010.

Fuente: Teleprensa.es

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Panamá: Funcionario y jurado

Panamá. "Hay no..., otra vez no". Dicen los funcionarios cuando se enteran de que tienen que servir como jurado de consciencia. "No es posible que no hayan otras personas, los ‘premiados’ siempre somos los mismos", se quejan otros. Uno de esos funcionarios dice que fue cuatro veces seguidas jurado, y a la quinta se opuso, "ojalá me ganara la lotería así".

Los funcionarios [ocho por juicio] son elegidos por un sorteo manual para participar en procesos por homicidios. Su responsabilidad es la de estudiar el expediente del o los imputados para dar su fallo, que es inapelable. Esta tarea puede tomarle largas horas o incluso días. En este último caso tienen que hospedarse en hoteles. Durante el proceso no pueden comunicarse con nadie —ni familiares— tampoco ver televisión, leer periódicos o tener otro contacto con el exterior.

Según la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, se deben incluir más empresas privadas en el listado. "Debemos aprovechar la reforma procesal para corregir esta situación y compartir esa responsabilidad que hoy tienen los empleados públicos", dijo. En la actualidad, del sector privado solo participa el personal de los bancos y de las universidades.

En tanto, el magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, Wilfredo Sáez dice que "ser jurado es una obligación y una responsabilidad cívica. Solo están eximidos aquéllos que no cumplen los requisitos y también el Presidente y vicepresidentes de la República, magistrados, jueces, fiscales y personas querellantes del caso, abogados, estudiantes de Derecho, enfermeras y doctores". Para ser jurado hay que ser mayor de 21 años y menor de 60, saber leer y escribir y no tener antecedentes penales.

Sáez indica que no han recibido ninguna queja formal por parte de los funcionarios que hayan participado varias veces en las audiencias. Comenta que es posible la repetición de jurados. Pero, explica que cuando un funcionario sale electo como jurado "se deja esa balota afuera del ánfora por tres meses, es decir, que hasta dentro de ese período no vuelve a tener la posibilidad de volver a salir". Insistió que pueden repetir, porque son cinco magistrados y los 365 días del año hay audiencias. Hasta dos por día.

Por semana están utilizando aproximadamente entre 40 y 48 jurados lo que representa al mes cerca de 200 jurados y al año sobrepasan los 2 mil. Si el funcionario no está en disposición de asistir a la audiencia tiene el derecho de remitir una nota a los magistrados, donde explica las causas de su inasistencia.

Rolando Rodríguez, ex fiscal superior, dice que es un honor participar como jurado, pues se escogen a hombres y mujeres probos. Es de la opinión que la figura no debe eliminarse, sino fortalecerse, analizando algunas de sus fallas.

En diciembre de cada año se revisan las listas para determinar quién cumple con los requisitos para ser jurado. Por mandato constitucional, las instituciones del Estado deben remitir sus planillas a la Corte Suprema. Una vez cumplida con esta etapa se confecciona la lista de los jurados, desde el uno hasta el 10 mil 50, y los lunes a las 8:00 a.m. se realizan los sorteos de forma manual. Para el 2008 se tiene previsto cambiar el método [computadora]. Por la mañana se extienden las boletas para las notificaciones, y a las 2:30 p.m. ya están participando de la audiencia, que puede durar toda la noche o cinco días. El funcionario que se rehusa a participar al momento de ser notificado, se le aplica una multa de cinco a 25 dólares. Un extranjero con más de cinco años de tener residencia en Panamá puede ser jurado. A los jurados, se les busca en su trabajo y se les transporta a la Corte, y una vez terminada la audiencia, los llevan a sus casas u hoteles.

Fuente: Prensa.com

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Violencia de género en los países nórdicos

España está a la cola de las regiones europeas en lo que respecta al asesinato de mujeres, un ránking que encabezan países del norte de Europa como Finlandia y Suecia, lugares donde los hombres son menos sexistas pero hay un excesivo consumo de sustancias tóxicas.

Según ha asegurado el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, José Sanmartín, en España se ha registrado en los últimos años una "ligerísima" tendencia a la baja en el número de asesinatos contra mujeres. "Mientras que antes del año 2000 hubo años donde se alcanzaron cifras de hasta 90 mujeres asesinadas al año por sus parejas o ex parejas, en los últimos años las cifras varían en 60 anuales", ha señalado Sanmartín en los Desayunos de la Agencia EFE.

Este experto ha asegurado que España se encuentra a la cola de los países europeos en relación al número de mujeres muertas por violencia de género, mientras que los países del norte de Europa "siguen estando arriba".

Casi la mitad de las nórdicas, víctimas

Según un estudio presentado en el primer Congreso Internacional sobre Violencia de Género, celebrado la pasada semana en Valencia, entre el 40 y 50% de las mujeres de países como Finlandia, Suecia y Alemania había sido víctima de la violencia por parte de algún hombre. José Sanmartín ha comentado que en los países nórdicos existe una mejor educación desde el punto de vista sexual, ya que son menos sexistas, pero detrás de las elevadas cifras de maltrato hacia la mujer podría estar un consumo excesivo de ciertas sustancias tóxicas como el alcohol "que desinhibe y hace que no haya frenos morales".

El director del Centro Reina Sofía ha rechazado la idea de que la violencia contra la mujer se dé en mayor medida en los niveles socioeconómicos más bajos y en la población inmigrante, ya que la mayoría de mujeres extranjeras que mueren asesinadas es de la Unión Europea. Sanmartín ha destacado que antes de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en diciembre de 2004, las mujeres víctimas de malos tratos "se convertían en peregrinantes de la Administración", lo que era para ellas una "segunda victimización de corte burocrático".

No obstante, ha destacado que no habrá "jamás un plan o una ley que sea eficaz mientras la sociedad en su conjunto no experimente una serie de cambios". El experto ha señalado que la "primera ley" es la familia, que ha definido como el "escultor que te va cincelando" y el primer contexto de socialización, al que le siguen la escuela y los medios de comunicación audiovisual, que son configuradores de formas de vida


Fuente: Periodista Digital

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sábado, abril 28, 2007

Madrid: 24 millones para mejoras tecnológicas

El vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, afirmó que el Ejecutivo autonómico invertirá 24 millones de euros para proporcionar a los tribunales de todos los partidos judiciales de la región las más modernas aplicaciones tecnológicas, y avanzó que modificará la legislación judicial para que ésta sea más rápida y eficaz, "a través de la dotación de más medios materiales y humanos".
Prada aseguró que el Ejecutivo regional apuesta por una Justicia con calidad, mejores prestaciones y más útil para los ciudadanos, y prometió "no escatimar esfuerzos" en mejorarla. "Nos nos conformamos con la situación actual, en la que los ciudadanos no perciben la labor de los jueces y del resto de los colectivos que trabajan en los tribunales", puntualizó Prada.
En este sentido, apuntó que por primera vez los ciudadanos dieron un aprobado, en concreto puntuaron con un 5,8, a la Administración de Justicia, en referencia a una encuesta sobre la valoración de los servicios públicos por parte de los ciudadanos europeos residentes en Madrid. "Esta noticia es motivo de satisfacción y de ánimo para conseguir un mejor funcionamiento de la Justicia y supone un reconocimiento claro de la labor de los jueces, funcionarios y del resto del personal que trabaja en ella", añadió Prada.
Respecto a los logros cosechados por Gobierno regional en esta legislatura sobre esta materia, destacó la mejora de las infraestructuras en los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid y la creación del Campus de la Justicia, "más de medio millón de metros cuadrados que reflejan solemnidad y modernidad".
Por otro lado, el vicepresidente segundo presentó hoy en los juzgados de Plaza de Castilla una Guía de Actuación de los Trabajadores Sociales en el ámbito de la Administración de Justicia de la región y otra orientativa sobre buenas prácticas de Psicólogos Forenses de la Consejería de Justicia e Interior con el objetivo de aunar criterios a la hora de desarrollar la actividad profesional de estos dos colectivos y de difundir su labor a los ciudadanos.
Prada destacó la importancia de estas dos publicaciones, pioneras en España, "ya que suponen un nuevo compromiso con todos aquellos profesionales que intervienen en la vida judicial" y porque "refuerzan el principio de cercanía y servicio público que el Ejecutivo regional ha querido imprimir a la Justicia". Asimismo, señaló que ya se han editado mil ejemplares de cada una de ellas, y son "un paso más" dado por la Comunidad de Madrid desde que ésta asumió en 2003 las competencias en este ámbito.
La Guía de Actuación de los Trabajadores Sociales en el Ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid fue elaborada a través de conocimientos, experiencias e ideas de estos profesionales con el objetivo de optimizar el servicio con la unificación criterios que sustentes la intervención del trabajador, la difusión de pautas de actuación entre el colectivo y una mejor percepción de su trabajo por parte de los ciudadanos.
Por su parte, la Guía Orientativa de Buenas Prácticas de los Psicólogos Forenses de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid pretende establecer un lenguaje común para describir la labor de estos profesionales y las funciones y competencias que realizan para mejora la comunicación entre los propios psicólogos, los distintos profesionales del área judicial, la Administración de Justicia y los madrileños.
"Con estas dos nuevas publicaciones manifestamos la voluntad del Gobierno regional de profundizar en la mejor y la modernización de la Justicia y éste objetivo hace necesario que los madrileños conozcan los diferentes órganos jurisdiccionales que operan en la Comunidad de Madrid, sus cometidos, así como las instancias responsables de su correcto funcionamiento", concluyó Prada.

Fuente: Madridpress

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Antes preso que sin ella... la botella

El camionero de 44 años detenido el pasado 7 de abril por conducir borracho y haciendo eses con un camión de mercancías peligrosas, Antonio M.E., ha asegurado durante el juicio que prefiere ir a prisión que someterse a un tratamiento de rehabilitación para dejar el alcohol. El camionero fue detenido en la carretera N-340 a la altura de Mont Roig del Camp.
Durante el juicio rápido celebrado en la sala número 2 de los Juzgados de Reus, el camionero, que acumula seis infracciones por alcoholemia y una por conducir con el carné retirado, ha respondido, a preguntas de su abogado defensor, que no piensa someterse a un programa de rehabilitación de adicción al alcohol.
A la salida de los juzgados, el camionero ha insistido, en declaraciones a Catalunya Radio, que prefiere "ir a la prisión" que desintoxicarse porque "alcohólico no soy", pese a haber reconocido durante el juicio que, el día de autos, había ingerido cuatro cervezas.
Los Mossos han explicado que detuvieron al camionero para evitar un accidente, ya que delante del camión había un grupo de ciclistas, así como que, durante la detención, aprovechó para vender algunas bombonas de butano que transportaba.
El fiscal solicita para el acusado una pena de seis meses de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de transportista de mercancías peligrosas, inflamables o explosivas durante el tiempo de la condena y la privación del permiso de conducir por tres años y seis meses, y multa de 18 meses a 12 euros diarios.
Según el ministerio público, Antonio M.E. sería responsable de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como otro de quebrantamiento de condena.
Antonio M.E., vecino del barrio de Bonavista de Tarragona, acumula cuatro infracciones penales y dos administrativas por dar positivo por alcoholemia, además de una infracción por quebrantar la condena, ya que el 3 de abril fue detenido por conducir con una tasa de 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.



Fuente: Periodista Digital

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Granada: El TSJA pide dos nuevos juzgados

El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, presentó la Memoria Anual de actividades y funcionamiento del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2006. La memoria considera que "sin perjuicio de la propuesta de creación de nuevos órganos judiciales elaborada por la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación para el año 2007" sería necesario crear además en Granada dos nuevos juzgados.

El TSJA basa esta petición en "la carga de trabajo" que soportan los órganos judiciales unipersonales y colegiados. En Granada, concretamente, cada órgano de Instrucción ingresó en 2006 una media de 12.211 diligencias previas y 1.594 juicios de faltas. Es más, en total los nueve juzgados de Instrucción granadinos ingresaron 109.897 diligencias previas, superando en un 104 por ciento el módulo, así como 14.345 juicios de faltas.

El TSJA se refiere tanto al más que "notable" volumen de trabajo registrado en Granada como a la situación general de estos órganos en Andalucía y asegura que, aunque en los últimos años se resuelven más asuntos, los juzgados de lo Contencioso "están al límite de su capacidad".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía advirtió hoy de la "ineficacia" de las sentencias dictadas al cabo de varios años en la jurisdicción contencioso-administrativa por la acumulación de asuntos existentes y ante el "abuso" por parte de la Administración de sus prerrogativas, que provoca a veces situaciones "irreversibles".

En la presentación de la Memoria del TSJA 2006, el presidente del Alto Tribunal andaluz manifestó así que el horizonte es "grave" y hay un "serio riesgo" para la "efectividad de las garantías constitucionales" que todos los tribunales están obligados a dispensar, puesto que existen en la actualidad más de 40.000 asuntos pendientes en la tres Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en Granada, Málaga y Sevilla.

Por ello, explicó Méndez de Lugo, "aumenta el peligro" de que la Administración tienda a "traspasar los límites" que el ordenamiento jurídico le impone, ante la falta de control real, al tiempo que se produce un "menoscabo" del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva.

La "facilidad" en el acceso al recurso de apelación alarga la ya de por sí dilatada tramitación de un asunto administrativo, que no sólo ha pasado por una vía administrativa previa, que dura a veces varios años, sino también por una vía de revisión previa obligatoria y finalmente por una doble instancia jurisdiccional, con lo que alcanzar una sentencia firme puede llevar "hasta siete años en gran número de casos", lamentó Méndez de Lugo.

El presidente del TSJA se refirió al "estatus privilegiado" de una de las partes, la Administración, que "puede ir lógicamente en detrimento" de la posición jurídica del administrado, por lo que subrayó que la Administración debe ser "sumamente rigurosa" en el ejercicio de sus prerrogativas y en cualquier la actuación administrativa.

Es "imprescindible" por lo tanto el desarrollo de mecanismos de autocontrol y "depuración" de su actividad mientras se agiliza en tiempo y forma la resolución de las controversias planteadas por los ciudadanos ante órganos contencioso-administrativos que, de este modo, verán amparado su derecho a la tutela judicial.

Aunque la Administración de Justicia debe "maximizar" sus recursos materiales y personales, también hay que someter a una evaluación rigurosa la "idoneidad" de la planta judicial, del sistema de reparto de competencias y del sistema de recursos, garantizando vías adecuadas para la unificación de criterios.

Pero mientras se alcanza una "situación aceptable", la justicia cautelar resulta "crucial", destacó Méndez de Lugo, puesto que sólo con el uso "ponderado" pero "enérgico" de las medidas cautelares que de manera muy amplia otorga la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa podrá tutelarse la "efectividad" de la sentencia y por lo tanto su "finalidad legítima".

Pese a ello, el presidente del TSJA recordó que ésta está sujeta a "grandes incertidumbres" puesto que el momento procesal en el que se adopta, normalmente al inicio del proceso, "priva" de los más elementales datos para decidir y, en cualquier caso, "no resulta procedente abordar, en sede de medidas cautelares, los temas que constituyen el fondo del litigio".

Además, continuó Méndez de Lugo, se corre el riesgo de "paralizar" actuaciones administrativas que repercuten en el ámbito del interés general. El factor tiempo, el retraso difícilmente soportable en obtener una resolución de fondo introduce un elemento que "distorsiona" el normal equilibrio entre los intereses generales, representados por la Administración, y los particulares de los administrados recurrente.

Las dilaciones en lo contencioso-administrativo se arrastran desde hace años, recordó Méndez de Lugo, que aclaró que para resolver los 40.765 asuntos pendientes tardaría la sala de Granada cuatro años y ocho meses, tres años y medio la de Málaga y casi dos la de Sevilla.

Tampoco es "alentador" el panorama en los 33 juzgados de lo contencioso-administrativo que existen en la comunidad, que redujo la pendencia hace dos años por la aplicación de los Planes de Refuerzo que "se ha roto" al no tener continuidad en los últimos años.

Así, a "duras penas" se ha conseguido contener la pendencia en la Sala de Málaga y mejorar algo en la de Sevilla, en tanto que la de Granada empeora notablemente sus indicadores, pasando de tener una tasa de congestión del 18 por ciento, lo que indica que a lo largo del año sólo se puede resolver dicho porcentaje del total de asuntos existentes en al Sala, añadiendo los pendientes en años anteriores.

La desproporción más notable respecto al módulo de entrada --que el Consejo General del Poder Judicial ha tasado en 600 ingresos al año-- se ha producido en Granada (174 por ciento), en Sevilla (163 por ciento), en Algeciras (146 por ciento), en Málaga (126 por ciento) y en Huelva (110 por ciento).

La creación en 2007 de nuevos juzgados en Granada, Málaga y Sevilla "aliviará" la carga de trabajo, si bien no será suficiente puesto que es necesaria la ampliación de juzgados en casi todos los partidos judiciales de Andalucía, así como en Melilla.



Fuente: Canal Sur Web

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Casi 40.000 juicios por violencia de género en 2006

Los tribunales celebraron el pasado año un total de 37.521 juicios por violencia de género, de los que un 70,2 por ciento desembocaron en condenas, según datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estas sentencias fueron dictadas por Audiencias Provinciales, Juzgados de lo penal y Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En las primeras, que enjuician delitos de asesinatos, homicidios, lesiones muy graves y determinadas agresiones sexuales, con pena superior a cinco años de cárcel, se dictaron 30 sentencias, de las que 26 fueron condenatorias y 4 absolutorias.
Mientras, en los Juzgados de lo Penal, encargado de malos tratos, lesiones amenazas, coacciones, abusos sexuales y quebrantamientos de penas o medidas cautelares, con penas de hasta 5 años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, se dictaron 17.590 sentencias, de las que 10.581 fueron condenas y 7.009, absoluciones.
Por su parte, los Juzgados de Violencia sobre la mujer, que pueden enjuiciar delitos con una pena privativa de libertad de hasta tres años o trabajos en beneficio de la comunidad, dictaron 19.901 sentencias, de las que 15.706 fueron condenatorias y 4.195, absolutorias.
La presidenta del Observatorio, Montserrat Comas, señala en un comunicado que con la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género se ha ido consiguiendo una respuesta judicial más "eficaz". A su juicio, el porcentaje de absoluciones es expresión del "escrupuloso respeto de las garantías de los acusados cuando no se presenta prueba de cargo suficiente".
"El porcentaje de condenas revela la responsabilidad con la que actúan todos los que integran la Administración de Justicia y la actuación decidida contra la impunidad de estos delitos", añade.
Concretamente en los Juzgados de Violencia contra la Mujer (27 exclusivos y 417 con competencias compartidas con otros asuntos) se registraron un total e 158.883 asuntos penales. Un tercio de ellos (47.314) fueron tramitados por la vía de juicios rápidos.
Mientras, un 53 por ciento fueron diligencias previas (asuntos en fase de instrucción de los procedimientos abreviados); un 11 por ciento, fueron procedimientos abreviados para el enjuiciamiento de delitos penados con pena privativa de libertad hasta 9 años. Además, un 6 por ciento fueron juicios de faltas; y se registraron 213 sumarios (para delitos con pena de cárcel de más de 9 años) y 53 asuntos por la Ley del Jurado. En cuanto a las faltas, se celebraron 8.661 juicio, de los que un 52 por ciento fueron por la vía de los juicios rápidos.
Un 46 por ciento de los delitos enjuiciados fueron lesiones, mientras que un 13 por ciento fueron delitos contra la libertad; un 1 por ciento, contra la libertad e indemnidad sexual; un 7 por ciento, contra la integridad moral; y un 3 por ciento, contra los derechos y deberes familiares.
En 2006, hubo un total de 3.536 quebrantamientos de condena, 2.949 incumplimientos de medidas cautelares de naturaleza penal y otros 269 de naturaleza civil. De los 19.988 enjuiciados, el 80 por ciento fueron condenados: 11.051 españoles y 4.937 extranjeros.
En cuanto a los asuntos civiles, se registraron 13.038, de los que un 34 por ciento fueron divorcios no consensuados; un 16 por ciento, se refirieron a la guarda y custodia de los hijos o a la pensión alimenticia; y un 6 por ciento a separaciones contenciosas.
En cuanto a las órdenes de protección, se solicitaron 36.156, de las que un 75 por ciento fueron acordadas. Casi el 70 por ciento de las solicitantes son españolas y un 98 por ciento son mayores de edad. No obstante, se solicitaron 830 órdenes de protección por parte de menores de edad.
Además, el 35 por ciento de los agresores son cónyuges; un 31 por ciento son parejas sentimentales; un 22 por ciento, ex parejas; y un 12 por ciento, ex cónyuges. Del total de denunciados, un 69 por ciento son españoles y un 31 por ciento extranjeros.
Las comunidades en las que se solicitaron mayor número de órdenes de protección fueron Cataluña (6.751), Andalucía (5.660), Madrid (5.095) y Valencia (4.285). No obstante, son las de La Rioja (86 por ciento), Castilla-La Mancha (85 por ciento), Castilla-León (83 por ciento) y Aragón (83 por ciento), las que mayor porcentaje de órdenes acordaron sobre las solicitudes registradas.



Fuente: Diario de Noticias

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viernes, abril 27, 2007

Un juez devuelve 17 kilos de marihuana a su dueño

Los hechos ocurrieron en 2005. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro miembros de la asociación vizcaína pro cannabis Pannagh, por posesión de drogas. Ahora el juez ha decidido devolverles la mercancía ya que cree que la marihuana estaba destinada al consumo privado y terapéutico.
La propia asociación ha informado ayer de que la Justicia le ha devuelto los 17,4 kilos de marihuana que les fueron incautados en una operación policial en octubre de 2005.
Las cuarenta plantas de marihuana, con un peso total de 150 kilos que tras el proceso de secado se redujeron a 17,4 kilos de sustancia para el consumo, fueron incautadas en octubre de 2005, y el juzgado decidió que no se había cometido ningún delito por ser una plantación privada y estar destinada la droga al consumo privado y terapéutico.



Fuente: Periodista Digital

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El crucifijo de Bermejo


Mariano Fernández Bermejo es cuanto menos un tipo singular. Su nombramiento como ministro de Justicia destapó la caja de los truenos en el PP, con el que ha librado descarnados enfrentamientos, ahora circunscritos a la arena parlamentaria. Los populares le califican de "broncas" y de "sectario", entre otras muchas lindezas, pero ¡quién les iba a decir que llegaría a ser el auténtico "anticristo"!

Como lo oyen. Y es que Fernández Bermejo ha introducido ciertos cambios en su despacho ministerial de la calle San Bernardo que dan cuenta de su vena visceral y maniática. A oídos ha llegado que el ministro -al que la fe no le debió de tocar en gracia- ha ordenado quitar un crucifico que había coronado el habitáculo durante décadas. Se trata de una exquisita talla en marfil del siglo XVI que pertenece a Patrimonio Histórico, y que a día de hoy está desaparecida: vamos, que nadie sabe qué ha hecho con ella el ministro.

A cambio, Bermejo ha querido rodearse de los "suyos" y se ha colocado muy cerquita de la vista el retrato de uno de sus antecesores en el cargo, el "superministro" Juan Alberto Belloch, un cuadro cuyo fondo, en un rojo vivo, resulta de lo más llamativo y enfervorizante. Para qué preguntar el destino que haya podido sufrir el retrato de otro "ex" de la casa, el popular José María Michavila, al que el fiscal le tiene una ojeriza de cuidado.

Por algo es conocido en el mundo de la judicatura como el "Doctor House" español: su mala disposición lo acredita. Pero es que además, ahora anda también con muletas, dicen que por una vieja lesión de rodilla que se hizo cuando era jugador de fútbol en el Deportivo Arenas, allá por sus años de juventud, y que sigue dándole problemas. Otras fuentes comentan sin embargo que ha sido un esguince. Esperemos que no se lo hiciera por subirse a una silla para arrancar de la pared el crucifijo.


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jueves, abril 26, 2007

Madrid: Insuficiencia crónica de fiscales

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, manifestó este jueves que el departamento que dirige sufre "un problema crónico de insuficiencia de fiscales", que ha provocado que la Fiscalía se encuentre "en una situación muy precaria", por lo que reclamó al Ministerio de Justicia la "incorporación de 41 nuevos fiscales". En la inauguración de las V jornadas sobre el ejercicio de la jurisdicción en Madrid región, Manuel Moix, indicó que "la solución para acabar con esta dificultad que tiene la Fiscalía para atender los casos judiciales es incrementar la plantilla".
Así, señaló que existe "una desproporción entre el número de órganos judiciales y el número de fiscales", lo que conlleva "una sobrecarga de trabaja para los representantes del Ministerio Público". Por este motivo, Moix reclamó al Ministerio de Justicia 41 nuevos fiscales para el próximo año, lo que a su juicio representa "el número mínimo para que la Fiscalía pueda desarrollar razonablemente bien su trabajo". En este sentido, apuntó que el Ministerio de Justicia incrementará la plantilla con sólo 18 nuevos fiscales, lo que, en su opinión, "hará que los problemas continúen".
Asimismo, el fiscal jefe de Madrid destacó el uso de la videoconferencia, "un instrumento a explotar", ya que el representante del Ministerio Fiscal o las demás partes "pueden estar presentes en un procedimiento sin la necesidad de que estén físicamente presentes".
Igualmente, Moix subrayó que el número de procedimientos judiciales en la Comunidad de Madrid "se incrementa todos los años". "El número de diligencias previas (investigación practicada por un juez para archivar o iniciar un procedimiento) en la región ha incrementado de manera notoria", frente al descenso proporcional de la capital, dijo el Fiscal jefe, quien aseguró que "donde más nuevos órganos judiciales se necesitan es en la Comunidad".
Así, explicó que "en el año 2000 la capital llevaba el 63 por ciento de las diligencias previas, mientras que la región se ocupaba del otro 37 por ciento; y en el 2006, la capital se encargó del 56 por ciento de las diligencias, al tiempo que la región se ocupó de 44 por ciento de las mismas". Preguntado por las razones que han hecho que la cifra total de procedimientos judiciales sea cada vez mayor en la Comunidad y menor en la capital, Moix indicó que se debe "fundamentalmente al aumento de la población" aunque también apuntó "al traslado de la delincuencia a zonas de la periferia".



Fuente: Alerta Digital

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miércoles, abril 25, 2007

León: Plantando cara a la inseguridad

El hecho de que una mujer entrara en el edificio de los Juzgados de León recientemente con un cuchillo y amenazara a un funcionario de uno de los jugados de Primera Instancia ha despertado la indignación entre los trabajadores del centro que celebraron una concentración en protesta por la seguridad «insuficiente» en este lugar.
Así, alrededor de 150 trabajadores de la Administración de Justicia se concentraron a las once de la mañana, durante media hora, a las puertas del edificio de Juzgados en protesta por estos «graves incidentes», según informaron fuentes de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, convocantes del acto. Los hechos se remontan al 12 de abril cuando una mujer, que ya ha sido detenida, según confirmaron fuentes judiciales, entró supuestamente en el interior del edificio y amenazó a un funcionario de un juzgado de Primera Instancia tras la negativa de éste de inscribir a su hija en el Registro con el nombre de Martha. Después de este percance, la Junta de Personal se ha dirigido al juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para expresarle su malestar además de a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia. Los trabajadores consideraron que las medidas de seguridad «son manifiestamente insuficientes cuando cualquier persona es capaz de burlar las medidas de seguridad existentes al acceder al edificio con un cuchillo». Por su parte, el juez decano negó ayer que estas medidas sean insuficientes, ya que «no hay otras», al existir un «escáner, un arco eléctrico y cámaras».

Fuente: ABC.es

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A mí la Guardia Real


Cuatro integrantes de la Guardia Real afrontan hoy el inicio de un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid por abusar presuntamente de una compañera mientras se dirigían a su cuartel en El Pardo (Madrid) en el vehículo de uno de ellos, el 6 de abril de 2004. El fiscal solicita 5 años de prisión para los acusados.
El ministerio público sostendrá en su acusación que uno de los procesados y otro guardia real -que no participó en los hechos- viajaban en los asientos delanteros, mientras que en la parte de atrás "lo hacían los otros tres acusados" y la víctima, "compañera de todos ellos". "Como quiera que ésta se tumbó entre las piernas de los tres que iban detrás, aprovechándose de su embriaguez y a pesar de su oposición y forcejeo, comenzaron a tocarle en nalgas, pechos y zonas íntimas, tocamientos en los que intervino, asimismo, el conductor", señala el escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público.
Según éste, el acusado que conducía el vehículo animó también al guardia que ocupaba el asiento contiguo a "aprovecharse de la situación", pero éste, "lejos de hacerlo, les ordenó parar el vehículo", refugiándose la joven con él en el asiento delantero hasta la llegada al cuartel.
La Fiscalía asegura que la víctima de los abusos "sufrió un estado depresivo por el que causó baja laboral" y tuvo que ingresar en un centro hospitalario. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita que los acusados sean inhabilitados para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y que indemnicen conjunta y solidariamente a su compañera con 12.000 euros.

Fuente: El País.com

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martes, abril 24, 2007

Malaga: Piden juzgados contra la corrupción urbanística

El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, pidió la creación de juzgados especializados en la lucha contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. Arroyo Fiestas, que presentó la memoria sobre la actividad judicial de la Audiencia en 2006, apostó por órganos independientes en esta materia, al igual que en la Fiscalía existen departamentos para delitos contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.
En este sentido, señaló que los "macrojuicios" por los casos "Malaya", "Ballena Blanca" e "Hidalgo" destapados en Marbella tendrán que celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en lugar de la Ciudad de la Justicia, por el elevado número de imputados y su duración.
Añadió que en este tipo de juicios, que pueden prolongarse más de un año, se deberían constituir secciones bis, de forma que tres magistrados se ocuparían del caso y otros tres del resto de procedimientos penales pendientes.
Sobre la actividad judicial en Marbella, manifestó que "en esta ciudad se ha hecho casi todo lo que se tenía que hacer", sin perjuicio de que continúe la investigación o sucedan otros hechos puntuales, y confió en que "se tranquilice la situación" en un plazo breve, porque "cada vez va a ser más difícil darle una respuesta desde los tribunales de justicia" por la sucesión de asuntos.
El magistrado insistió en la formación de los jueces para afrontar los casos de corrupción, a través de cursos -algunos ya se han desarrollado- en materia de inspección de hacienda y auditorías, con el apoyo de agentes internacionales para detectar paraísos fiscales y las unidades policiales dedicadas al crimen organizado.
En cuanto a la actividad de la Audiencia de Málaga en 2006, aseguró que los datos indican que "no hay colapso" ni en la jurisdicción penal, donde la media de resolución de los casos son dos meses, ni en la civil, con un tiempo medio de cuatro meses.
No obstante, reconoció que las cuatro secciones penales soportan una carga de trabajo un treinta por ciento superior a la recomendada por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), y que se necesitaría una nueva con cuatro magistrados para atender el volumen de asuntos ingresados.
En cuanto a la situación judicial en la provincia, subrayó que serían necesarios urgentemente un juzgado nuevo en Estepona, otro en Vélez-Málaga, en Fuengirola y Coín, municipio donde ha aumentado notablemente la conflictividad judicial.
En Marbella, faltarían uno nuevo de Instrucción, otro de Primera Instancia, además de órganos especializados en violencia doméstica, aseguró.
A este respecto, indicó que el CGPJ prevé para Málaga la creación de juzgados comarcalizados centrados en malos tratos en el ámbito familiar, que funcionarían como los partidos judiciales.
En principio, se espera que entren en funcionamiento dos en Marbella y otro en Fuengirola, aunque se ampliarán en otras comarcas.
Por otro lado, los casos penales de la Audiencia de Málaga que quedaron pendientes de resolver al final de 2006 aumentaron un 45 por ciento, dado que los ingresos crecieron un diecinueve por ciento, mientras que se dictaron un 19 por ciento más de resoluciones que en 2005.
Las ocho secciones contabilizaron el año pasado un total de 9.737 asuntos nuevos, de los que 6.316 fueron penales y 3.412 de jurisdicción civil.



Fuente: Malagahoy.es

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Dinamarca: Condenado por promover la Yihad

El Tribunal de Copenhague declaró culpable a un ciudadano danés de origen marroquí de promover el terrorismo al haber apelado a la guerra santa contra occidente en unas grabaciones de vídeo que han sido difundidas por Europa. Said Mansur, de 47 años y de origen marroquí, ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión. El acusado había negado los cargos que se le imputaban y alegó que su discurso hacía referencia a acciones "pacíficas". Mansur se convierte así en la primera persona declarada culpable bajo la ley antiterrorista de 2002 que prohíbe la apología del terrorismo así como ofrecer material a terroristas. Mansur ha estado bajo custodia desde que fuera arrestado en septiembre de 2005, cuando la Policía penetró en su domicilio de Copenhague y encontró numerosas grabaciones en las que llamaba a la Yihad. Unos 3.000 CD-Rom y 500 discos de ordenador fueron incautados en la operación.
Los fiscales explicaron que este material tuvo una amplia difusión en Europa y que era distribuido a través de su tienda, Información Islámica Al Nur. En los vídeos, el condenado recitaba discursos que se han considerado que hacen apología al terrorismo mientras se podían ver imágenes de rehenes y prisioneros mussulmanes de Afganistán o Chechenia.
Su abogado defensor, Gitte Juul Jensen, explicó que su cliente no incitaba a la violencia, sino que simplemente expresaba sus creencias religiosas. "Él es un islamista y esa es su fe, por lo que su sentencia resulta muy dura", explicó Juul Jensen, al tiempo que explicó que Mansur no apelara la sentencia.

Fuente: Alerta Digital

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lunes, abril 23, 2007

Asturias: Los "delincuentes honrados" de la fiscal

La fiscal coordinadora de los delitos de tráfico del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Adoración Peñín, calificó de "delincuencia honrada" los delitos de las personas que no respetan las normas de circulación. Y añadió que estas personas no suelen tener antecedentes penales ni "ningún tipo de reiteración delictiva".
Peñín consideró que las normas de circulación "son normas de convivencia" que todos debemos de respetar porque es una realidad social y no se puede estar pensando en todo momento que la policía no no "nos va a pillar".
La fiscal alertó que todo conductor que da por encima de 0,8 mg/l de alcohol en aire respirado "puede incurrir en un delito penal" cuando existan unas circunstancias físicas de la persona que indique que está afectada en sus capacidades por la ingesta de alcohol, "si no es así estaríamos ante una situación administrativa", afirmó.
Según Peñín, la fiscalía especial de los delitos de tráfico se compone de un grupo de fiscales que trabajan en esta materia divididos en sectores dentro del término jurisdiccional de Asturias. Adoración Peñín es la persona que coordina todo el grupo pero ella lo define como un trabajo de "coordinación sin jerarquía"
La fiscalía de tráfico no funciona igual que otras fiscalías especiales. "Aquí trabajamos muchas personas debido al volumen de casos que existen en materia e circulación vial", apuntó Peñín que añadió que la forma de trabajar conjunta da más "agilidad".
La fiscal especial de tráfico recordó que el pasado lunes el juzgado de guardia tramitó 6 procedimientos por alcoholemia sólo en Oviedo. Y advirtió que es una situación que "comienza a ser común en todos los juzgados". Destacó que en algunos casos la sanción administrativa por alcoholemia es mayor que la penal, lo que pasa es que la administrativa deja unos antecedentes penales y puede tener peores consecuencias.
La magistrada expresó que en ocasiones la persona puede dar 0,8 mg/l de alcohol en aire respirado pero si no hay datos objetivos que indican que la persona está afectada por la ingestión de bebidas alcohólicas la cuestión sigue siendo administrativa, no penal. "Así lo señalan los tribunales y las resoluciones judiciales", apuntó.
La fiscal coordinadora de Tráfico del Tribunal Superior de Justicia de Asturias manifestó, sobre este asunto, que en ocasiones existe una "descoordinación" entre la Administración y la jurisdicción Penal.
Peñín argumentó que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones en las que en la jurisdicción penal no se juzga una situación de alcoholemia leve, por ejemplo, 0,40 mg/l de alcohol en aire respirado, pero si se juzga una situación de exceso de velocidad, a consecuencia de la cual, ha existido un incidente grave.
Esta situación, continuó la magistrada, cuando se comunica a la autoridad administrativa que la alcoholemia no ha sido sancionada la Administración dice que no interviene porque ya hubo una sentencia penal, pese a que penalmente no existe ningún tipo de sanción por esa conducta porque eso fue una cuestión que penalmente no se consideró relevante.
En ese caso, la administración informa que tampoco puede intervenir en función de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, debido a que ya ha existido un proceso penal. Ante este hecho, afirmó Peñín, "encontramos una situación de alcoholemia que se ha escapado a la jurisdicción penal".
Por otra parte, Peñín eludió valorar las imágenes "impactantes" de los anuncios de la Dirección General de Tráfico y argumentó que su función es aplicar la ley y los problemas del tráfico y los anuncios es cuestión de autoridades tanto legislativas como gubernativas.
Respecto a una posible reforma del Código Penal en este aspecto, exigida también por el jefe provincial de tráfico del Principado de Asturias, Ignacio Campomanes, Peñín comentó que hay un proyecto "en marcha", ajeno a la batalla política "por se considerado una materia social que hay que resolver".
La magistrada se mostró partidaria de la reforma aunque manifestó que de momento hay que cumplir las normas que están ahora vigentes. "Nosotros aplicamos la ley y cuando tengamos otra ley la aplicaremos", añadió.
La fiscal del TSJA dijo que la mayoría de los casos que llegan a los juzgados asturianos son los referentes a problemas de alcoholemia, "de falta de respeto" a los límites de velocidad que impiden que se tengan los reflejos necesarios para poder evitar colisiones, y a problemas de "imprudencia".
Peñín explicó que no tiene estadísticas de la cantidad de los accidentes ni de las imprudencias pero manifestó que no sólo son los jóvenes las personas que más delitos cometen. "Hay señores mayores, magníficos padres de familia, que cometen infracciones a diario y que además discrepan con la actuación de los agentes de tráfico".
La magistrada expresó que conducir es una actividad que para muchos es una necesidad y para otros "es una actividad lúdica que se ha convertido en peligrosa". "Es un problema de respeto pero no son sólo los chicos jóvenes sino también señores mayores que consideran que se sienten realizados porque llevan un gran coche", apostilló.
Respecto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que absolvió a un asturiano que conducía a 260 kilómetros por hora, Peñín manifestó que a la sociedad "le choca" el fallo judicial pero aclaró que las sentencias firmes están para cumplirlas y además la jurisprudencia también es "clara". Aún así, matizó que "donde no llega la jurisdicción penal, llega la actuación administrativa".
Para Peñín la puesta en marcha de más controles por radar en la carretera no tiene porqué descender los delitos que llegan a fiscalía. "Quizá haya más volumen de trabajo al existir más infractores", apuntó.
El sistema que se utiliza en la tramitación de las multas y las denuncias, según Peñín, comienza en la Policía que se encarga de realizar el atestado y las investigaciones. Cuando los agentes estiman que la infracción puede ser constitutiva de infracción penal se remite a la fiscalía.
Es entonces cuando se tramita el procedimiento penal en los juzgados correspondientes o en los juzgados de guardia. Si el juzgado estima que los hechos no son constitutivos de infracción penal, acuerda el archivo y al mismo tiempo se lo comunica a tráfico para que continúe la tramitación del procedimiento administrativo.



Fuente: Teleasturias Digital

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domingo, abril 22, 2007

Ciudad Real: Problemas en el nuevo edificio

En unas semanas se cumplirá un año desde que se completó el traslado de los juzgados unipersonales de Ciudad Real al nuevo edificio de la calle Eras del Cerrillo. El nuevo Palacio de Justicia ha cumplido las expectativas en cuanto a espacio, cercanía de los juzgados y comodidad para el público, sin embargo la juez decana, Isabel Serrano, no oculta su decepción por las graves carencias en el inmueble que se han comenzado a subsanar ocho meses después -en febrero comenzaron las obras- y que son totalmente incomprensibles bajo su punto de vista. “No esperábamos tener estos problemas en un edificio nuevo”, asegura Serrano.
La juez, responsable de la coordinación de los juzgados de la capital, resume con esa frase el sentir del personal que trabaja en ellos y que ha provocado no pocas quejas ante la Gerencia Territorial de Justicia, que admite a través de su titular, Luis Fresneda, que incluso las obras de mejora en curso van “un poco atrasadas”.
Comenzó la instalación del aire acondicionado en las zonas comunes, la principal queja de quienes usan a diario un inmueble en el que predomina el cristal y que pese a estar construido en la capital de La Mancha, no contemplaba climatización en la entrada principal y los enormes pasillos. Un olvido imperdonable para Serrano, “sobre todo porque se puso de manifiesto con la suficiente antelación”. Además de los aparatos de aire se van a colocar 56 estores largos en las zonas comunes, para evitar el impacto de los rayos solares directos (como ocurre ahora) que, según explica el gerente de Justicia en Castilla-La Mancha, irán motorizados para que su manejo resulte más cómodo. Esta vez sí, el gerente asegura que “antes del verano” estos trabajos habrán finalizado. Sin embargo, la juez decana prefiere no hacerse ilusiones: “Ya no sé que pensar”, opina.
Fresneda insiste en que las obras no han podido comenzar antes porque hubo que modificar el proyecto e incluir un nuevo espacio para facilitar la entrada y salida de bomberos. “Lo que hemos proyectado es abrir una calle que da la vuelta al edificio hasta el patio interior, en el que se instalará un jardín y estamos pendientes de que se resuelva la adjudicación en Madrid”. Es posible que por esta circunstancia los trabajadores de Justicia no noten muchos avances. “Las obras van muy lentas”, comenta el presidente de la Junta de Personal. De hecho, el espacio reservado a juzgado de guardia, que tuvo que clausurarse por su nula operatividad, todavía no se ha reformado para que se pueda ejercer en él las labores para las que se diseñó, y eso que el cerramiento de esta zona estaba contemplado en la primera fase de actuaciones.
En cuanto al proyecto Oficina Judicial -Ciudad Real será una de las ciudades piloto-, para lo que se ha reservado espacio en el inmueble, Fresneda explica que la dos áreas habilitadas para este fin: servicio común de notificaciones y otros trámites comunes a todos los juzgados del edificio, ya están construidas, “otra cosa es cuándo se pondrá en marcha la oficia como tal, pero no es asunto de nuestro competencia, sino del Parlamento, además hay que reformar varias leyes”, no obstante, esta oficina no es una prioridad como el resto de reformas.


Fuente: Lanza Digital

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El Ejido: No avanzan las obras del Palacio de Justicia

El gobierno municipal de El Ejido ha mostrado su alarma y pesar por la lentitud con la que se están ejecutando las obras del Palacio de Justicia, unas obras iniciadas por la Junta de Andalucía a principios del año 2005 y que aún no se encuentran ni en su estructura, tras comprobar que no sólo no avanzan las obras sino que la empresa constructora se ha llevado la grúa y diverso material. Desde el gobierno municipal se pide a la candidata del PSOE en El Ejido que obligue a la Junta de Andalucía a que acelere la construcción de un centro tan necesario.
La alarma del gobierno local se ha incrementado cuando se ha visto cómo la empresa a la que le fue adjudicada la obra ha retirado todas las casetas técnicas, e incluso la grúa para el movimiento de materiales en el solar donde se tendría que estar construyendo el Palacio de Justicia. Resulta impactante que hayan pasado dos años desde que comenzaron las obras y en el solar con espacio para 9.000 metros cuadrados construidos y que fue cedido por el Ayuntamiento de El Ejido, no sobresale ni tan siquiera la estructura de la edificación.
Desde el gobierno municipal de El Ejido se pide públicamente a la candidata del PSOE a la alcaldía ejidense que “le eche coraje ante este incumplimiento de la Junta con su pueblo para que exija a la administración regional que reactive su construcción. El gobierno municipal estima que, lamentablemente, las obras no llegarán a ejecutarse en el plazo previsto en un primer momento, 28 meses, ya que ha transcurrido el plazo en su práctica totalidad.
El Ayuntamiento de El Ejido ha lamentado la lentitud de estas obras para dotar a la Administración de Justicia de unas instalaciones dignas, que les permita abandonar los locales alquilados en la calle Cine y en el Bulevar de El Ejido. Actualmente, los cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción de El Ejido pagan alquileres por su emplazamiento.



Fuente: Teleprensa.es

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Ibiza: Crecen en un 35% los casos abiertos en 2006

Los tribunales de Instrucción y Primera Instancia sumaban 6.178 expedientes por resolver, 1.607 más que a finales de 2005, según la memoria del TSJ
Las dos principales secciones judiciales (Instrucción y Primera Instancia) sumaron en Eivissa al cierre del pasado año un total de 6.178 asuntos pendientes, 1.607 más que a 31 de diciembre de 2005, según los datos de la Memoria Judicial del pasado ejercicio presentada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Este incremento del 35,15 por ciento triplica el experimentado en 2005, cuando los casos abiertos aumentaron un 12 por ciento, pasando de 4.104 a 4.571.
Los delitos y faltas (que corresponden a las cuatro salas de instrucción que hay en Eivissa) son los responsables principales de este aumento, ya que se ha pasado de 2.126 expedientes pendientes de resolución a finales de 2005, a 3.297 el último día de 2006. Esto supone un incremento del 55 por ciento en sólo un ejercicio.
La razón de esta diferencia se debe a un incremento de asuntos ingresados (porcentualmente no tan alta pero que en términos absolutos supone 800 casos más, hasta llegar a los 26.728) y una reducción en casi medio millar de los asuntos resueltos (cifrados en 25.408).
Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia (que instruyen las causas civiles) sumaron al finalizar el pasado año 2.881 asuntos sin resolver, 436 más, lo que representa un aumento del 17,83 por ciento.El análisis de la carga de trabajo revela que los cuatro juzgados de Primera Instancia de Eivissa son insuficientes. Según la asignación prevista por Justicia, cada uno de los tribunales debería atender 720 expedientes (2.880 en total), mientras que el pasado año fueron 922 por juzgado. En el caso de los juzgados de Instrucción se respeta la cifra estimada por el ministerio, ya que se revisaron 6.682 denuncias y la previsión ministerial es de 6.650.



Fuente: Diario de Ibiza.es

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Córdoba: El proyecto de la Ciudad de la Justicia sigue en el aire

Después de seis largos años de divergencias entre las administraciones local y autonómica para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, el proyecto continúa siendo un espejismo. A pesar de estar definido el solar en el que se ubicará la infraestructura judicial desde febrero de 2004 (en Arroyo del Moro), ni siquiera se ha presentado el informe básico, que, según la Junta, se hará público el próximo mes de junio.
No obstante, las previsiones de la recién nombrada delegada de Justicia en Córdoba, Mercedes Mayo, son bastante halagüeñas, ya que confía en que «se ponga la primera piedra este mismo año», según declaró a este periódico, y anunció que la Junta ha previsto destinar una partida de 342.000 euros a la iniciativa el presente ejercicio.
Entre los distintos sectores implicados prima el escepticismo ante la definitiva puesta en marcha del proyecto, y todos coinciden en la necesidad de acelerar, cueste lo que cueste, la construcción de la nueva sede judicial.
Así, según el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, «Córdoba necesita la Ciudad de la Justicia como agua de mayo, y no sólo por el hecho de que todos los juzgados de la capital se encuentren diseminados por la ciudad y por el coste de los alquileres en los que se ubican algunos, sino porque en un futuro próximo es previsible que se creen nuevos órganos».
Baena consideró que «no podemos engañarnos. Todos somos conscientes de que todavía tardará en ponerse en marcha», y añadió que «hay que ejercer la presión oportuna para que no se demore más, ya que el actual edificio de los juzgados tiene el espacio y los problemas que tiene; se diseñó para una justicia más faraónica que funcional».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José Rebollo, apuntó que «la verdad es que, en nuestro colectivo, no tenemos muy claro que este año se vayan a iniciar las obras porque las demandas que atañen a la Justicia no suelen ser atendidas, y no sólo en materia de infraestructuras, sino también en creación de nuevos juzgados. Y la situación es sangrante. Por poner un ejemplo, en los contenciosos ya se están fijando vistas para mediados de 2008 y tenemos un juzgado de lo Mercantil mixto, cuando somos la segunda provincia andaluza con más concursos de creadores».
El máximo representante de los letrados cordobeses denunció que el tan publicitado proyecto de la Ciudad de la Justicia «no llega nunca y sirve como excusa para seguir «parcheando» en las actuales sedes de la capital».
Desde el gremio de los procuradores, su representante en la provincia, María José Luque, apuntó que «el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución está totalmente desfasado. Las instalaciones son nefastas y en esas condiciones no se puede trabajar. La necesidad de una nueva sede es apremiante».
Luque criticó a la Junta por «prometer plazos que no cumple, ya que primero dijo que la Ciudad de la Justicia estaría lista en 2007 y, ahora, la fecha es 2012».
A lo largo de los últimos seis años, el proyecto judicial ha tenido que superar varios escollos burocráticos. Nadie supuso en febrero de 2001, cuando se incluyó en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de Justicia, que la puesta en marcha de la flamante sede acarrearía más de un dolor de cabeza a las administraciones local y autonómica.
Los primeros pasos que se dieron parecían avanzar firmes. Urbanismo presentó en abril de aquel año cinco propuestas de localizaciones para la Ciudad de la Justicia, entre las que la antigua residencia Teniente Coronel Noreña se erguía como la favorita.
En seguida, la alcaldesa, Rosa Aguilar, se puso manos a la obra para desafectar de los usos sanitarios a la residencia y hacer realidad el proyecto del nuevo Palacio de Justicia.
Sin embargo, un año después la Junta comenzó a plantearse la idoneidad de Noreña y, finalmente, en octubre de 2002 convino su demolición para construir un centro de salud.
A partir de entonces, el proyecto se quedó inconcluso, sin suelo ni presupuesto. Durante el mes de diciembre de 2003, la Junta comenzó a estudiar tres alternativas municipales: Arroyo del Moro, Tablero Bajo y Parque Cruz Conde, además de la futura Ciudad de Poniente.
Fue en 2004 cuando, por fin, se apostó definitivamente por Arroyo del Moro, si bien la Ciudad de la Justicia tuvo que superar un nuevo bache: los retrasos en la cesión de la parcela.
Después de más de dos años de «tira y afloja» entre Consistorio y Junta, el Ayuntamiento formalizó en a finales de junio de 2006 la entrega del suelo y la Administración autonómica presentó la iniciativa. Tendrá un coste de 70 millones de euros y 53.625 metros cuadrados.
Hasta la fecha, el proyecto sigue siendo precisamente eso, un proyecto. Incluso en la página web de la Consejería de Justicia no se especifica la ubicación el mismo, y en el apartado de «dirección» tan solo reza «por determinar».

Fuente: ABC.es

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Galicia: Jornadas de acercamiento del ciudadano

Los próximos días 24, 25 y 26 se celebrarán en todos los juzgados y tribunales de Galicia unas jornadas de acercamiento del ciudadano a la Administración de Justicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza coordinan esta actividad que lleva como lema Ven a ver juicios, es tu derecho , que promueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los grupos que quieran participar deben ponerse en contacto con la oficina organizadora a través de la página web http:cpapx.xunta.es/xustiza/index.htm o llamando al teléfono 981 182 173.
Los trescientos jueces y magistrados que trabajan en Galicia hacen justicia todos los días en nombre del pueblo y los juicios se celebran en audiencia pública, lo que quiere decir que son abiertos, salvo en escasas causas que se celebran a puerta cerrada.
El programa anunciado pretende animar a los ciudadanos a ejercer su derecho y ver cómo se administra justicia en su nombre, asistiendo a los juicios.
Es frecuente la asistencia de grupos de alumnos de institutos a juicios, tanto laborales como penales. Los profesores se ponen de acuerdo previamente con el tribunal para ver cuál es el caso más interesante. Es habitual también que el propio juez explique a los asistentes determinados aspectos de la vista, como dónde se colocan el fiscal, la defensa o el encausado.
Ahora, con otro programa denominado Educando en Xustiza se pretende extender esta experiencia a todos los alumnos de ESO y Bachillerato, con el mismo objetivo de acercar la Justicia al ciudadano.
En este caso, el programa se desarrollará en los propios centros educativos. Se darán a conocer las funciones del poder judicial y su vital importancia en un estado de derecho y una sociedad democrática. Se trata de una iniciativa también de ámbito nacional, del CGPJ, desarrollada en Galicia por el TSXG y las consellerías de Presidencia y Educación.



Fuente: La Voz de Galicia

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Chile: Juez tramita su propio divorcio en 8 dias


Chile. El ministro Cornelio Villarroel, quien llevó la investigación del divorcio express del titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, Guillermo Cádiz, determinó formular cargos contra el juez, la magistrado María Luisa Hernández -quien firmó el procedimiento- y el funcionario José Luis Ibarra que también tuvo partipación en la tramitación de la causa.
Según señala la resolución del juez Villarroel, los tres acusados actuaron concertadamente para tramitar el divorcio en 8 días incurriendo en errores de tipo administrativo.
El magistrado destacó que haya podido emitir su informe en 15 días. "Es una excelentísima demostración de los tribunales de justicia por tratar de esclarecer todo aquello que la opinión pública necesita saber, porque es justo que lo sepa y es por eso que la excelentísima Corte Suprema me comisionó para que me ausentara de mi sala y me dedicara exclusivamentn a ello. Es un excelente camino para que pronto se termine esto, que interesa y debe ser satisfecho para que la opinión pública sepa real y transparentemente lo sucedido".
Cádiz inició el proceso de divorcio el 2 de noviembre en su propio tribunal y la sentencia fue dictada por la magistrada Luisa Hernández Muñoz, compañera de labores de Cádiz, el viernes 10 de noviembre pasado.
Además la sentencia de divorcio del juez Cádiz se obtuvo con gran celeridad, a pesar del gran atochamiento de causas que existe en los Tribunales de Familia, que implica que este trámite demore un plazo promedio de tres a nueve meses, desde el momento en que es presentada la demanda.
Fuente: La Tercera

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El vocal de CiU en el CGPJ pide una "Cataluña libre" y el árabe como lengua cooficial

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de CiU, Alfons López Tena, certifica en el ensayo «Catalunya sota Espanya» (Cataluña bajo España) la «muerte» de la autonomía catalana tras el «fracaso» del Estatut y aboga por la independencia, la plurinacionalidad de España o por asumir ser sólo una provincia. El ensayo tiene como subtítulo «La opresión nacional en democracia» y, tras hacer un repaso de la relación «dominante» de España respecto a Cataluña, concluye que el régimen constitucional y estatutario «está agotado».
En un encuentro con periodistas para presentar el ensayo, López Tena fue muy crítico con el proceso de redacción y aprobación del nuevo Estatut, que no dudó en calificar de «fracaso». Ante esta situación de «bloqueo», López Tena tiene claro que el autogobierno y la autonomía en Cataluña «están muertos» y que a partir de ahora sólo hay tres salidas posibles: asumir que Cataluña es una provincia y que los catalanes serán vistos como «españoles de tercera», abogar por un estado plurinacional o empezar a trabajar por la independencia. En su opinión, la mejor vía es la última, porque alcanzar la plurinacionalidad de España se entrevé «imposible».
Tras apuntar que cree que él mismo podrá ver un día una Cataluña independiente, dibujó este nuevo país como una sociedad libre con el catalán, el castellano y quizás también el árabe como lenguas oficiales.



Fuente: El cantabro perplejo

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Garzón, mano a mano con el Tribunal Supremo


A Baltasar Garzón últimamente no le va tan bien como quisiera. Se sentía a gusto siendo un juez admirado y elogiado por buena parte de la opinión pública, pero en las últimas semanas se ha convertido en blanco de críticas y vilipendios por su actividad judicial y, sobre todo, extrajudicial. Todo lo que hace es examinado con lupa. El último capítulo viene a cuenta de la posibilidad de que Batasuna recupere 48 herriko tabernas porque a Garzón se le olvidó prorrogar los embargo que dictó sobre ellas en abril de 2002.

A él le ha faltado tiempo para emitir un comunicado en el que afirma que "en ningún momento ha existido riesgo de que los bienes embargados pasen a posesión o disponibilidad diferente de la actual de sus titulares" porque la medida judicial adoptada hace cinco años por la Audiencia Nacional "sigue vigente en su integridad". Ésta caducó en abril de 2006, al cumplirse cuatro años del embargo, pero en este tiempo ninguno de los propietarios ha vuelto a abrir su negocio, ya que el juez asegura que él mismo lo comprobó el lunes enviando a varios ertzainas para que los registraran.

De todas formas se lava las manos argumentando que por aquel entonces estaba de viaje de estudios en Estados Unidos y que, por tanto, si alguien tiene que rendir cuentas ése deberá ser el juez Fernando Grande-Marlaska, quien le sustituyó en su ausencia.

A tal punto ha llegado el embrollo que el Tribunal Supremo ha acordado pedir un informe exhaustivo a Garzón en el que explique al detalle el estado en el que se encuentra el embargo de esos 48 locales. En caso de que olfateando encuentren que ha habido algún despiste de él o de Grande-Marlaska, trasladarán el caso a la Comisión Disciplinaria para que tome cartas en el asunto. El investigador se convierte en investigado.



Fuente: El Semanal Digital

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Extremadura: Valoración positiva del TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez ha hecho una "valoración positiva" de los órganos judiciales de la región, aunque ha reconocido que no todos los órganos funcionan igual.
"Existen órganos que funcionan mejor que otros y eso se debe a las bajas, a las vacantes,... lo cual da lugar a que haya órganos judiciales que funcionen mejor unos años que otros".
Julio Márquez ha señalado que "los problemas derivados de la Planta Judicial no se solucionan con un aumento de órganos judiciales, sino con una adecuada demarcación territorial y, sobre todo, con una necesaria remodelación de la plantilla funcionarial". Es por ello, que ha añadido que "los juzgados deben crearse donde el volumen de trabajo lo aconseje".
El presidente ha hecho una especial mención a la necesidad de crear nuevas plazas de órganos judiciales. Tal es así que ha indicado que "el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene que crear dos nuevas plazas y se ha considerado que la más prioritaria y urgente sería la puesta en funcionamiento de un segundo Juzgado de lo Contencioso- Administrativo en la ciudad de Mérida"
"Para la otra plaza prevista, ha añadido, el Ministerio de Justicia habría de valorar su decisión sobre tres alternativas distintas: un segundo Juzgado de lo Penal para Cáceres capital; un tercer juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en Almendralejo y una cuarta plaza de Magistrado para la Sección 2ª de Badajoz" ha afirmado Julio Márquez.
El presidente también ha dicho que "estima urgente la creación de las tres plazas y en caso de no crearse, sería necesario adoptar las medidas de refuerzo o aumento de plantilla en las dos que no se constituyan".
Por otro lado, también se ha planteado la necesidad de crear a medio plazo un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en la Comarca de la Vera y un Juzgado específico de lo Mercantil en la provincia de Badajoz.
También se ha pedido un aumento de la plantilla, "ya que hay órganos judiciales o servicios que disponen de más funcionarios de los necesarios y otros de menos".
En cuanto a las instalaciones judiciales, recientemente se ha inaugurado el Palacio de Justicia de Herrera del Duque y están casi terminadas las obras del de Zafra. Es por ellos, que Julio Márquez del Prado ha indicado que "es necesaria la creación de un Palacio de Justicia en Badajoz Capital que reúna a la Audiencia Provincial y a todos los juzgados de la provincia"



Fuente: Extremadura al dia.com

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Valladolid: 180 casos diarios en 2006

Uno de cada siete vallisoletanos acudió el año pasado a los tribunales para resolver sus problemas. En concreto, los juzgados de instrucción y primera instancia de Valladolid recibieron 65.744 casos diferentes en 2006, 180 cada día, según los datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una cifra similar al año anterior.
Las razones más comunes que llevan a los vallisoletanos a los juzgados son las disputas por lesiones y peleas, violencia doméstica (1.889), hurtos (9.500), trapicheos con drogas… Es decir, los asuntos penales, donde también se engloban delitos mayores. En concreto, los seis juzgados tramitaron 48.712 casos.
En este campo cada vez llegan más litigios a causa de los accidentes de tráfico, que antes se resolvían sin acudir a juicio. «Sobre todo ocurre en el caso de daños. Los médicos de las compañías suelen valorar a la baja y los abogados buscamos la visión imparcial de un forense», explica el abogado Pedro García.
La jurisdicción civil acoge menos asuntos, aunque aún así suponen un importante volumen de trabajo. El año pasado acudieron a esta vía 12.045 vallisoletanos, 1.600 por asuntos familiares (separaciones y divorcios), otros 500 por temas relacionados con empresas y el resto por cuestiones económicas: la mayoría por problemas con arrendamientos de cualquier tipo.
En este apartado cabe destacar la celeridad de los juzgados de familia. Con la creación del tercero se han logrado desatascar y resolvieron 1.024 asuntos más de los que entraron. Aun así, tienen 978 casos acumulados de años anteriores.
El año pasado, los jueces resolvieron 1.652 casos más de los que entraron. Aun así, las salas de Valladolid todavía acumulan 14.391 causas pendientes, sin contar con el Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que él sólo tiene 9.461 asuntos sin resolver. Para evitarlo, el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, reclama más medios: 10 juzgados para toda la región, dos de ellos en Valladolid. También apuesta por la unificación de sedes.



Fuente: 20 Minutos.es

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miércoles, abril 18, 2007

Innovadoras soluciones bolivianas: los latigazos

El gobierno de Evo Morales refrendará legalmente las costumbres punitivas indígenas, al igual que el islam mantiene sus castigos medievales. Ese castigo junto a la llamada de atención y los trabajados comunitarios forzosos formarán parte de una ley que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales con el fin de recuperar y otorgarle legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los indígenas, informó el domingo Petronilo Flores, director de Justicia Comunitaria.
Las tribus indígenas bolivianas mantienen la costumbre de castigar con latigazos a los infractores, son los llamados chicotazos. Ahora Evo Morales ha impulsado su reconocimiento a nivel legislativo dentro del proyecto de ley de Justicia Comunitaria. Según el proyecto, el sistema de castigos se ejecutaría en pueblos indígenas y en comunidades campesinas. En muchos de ellos se viene aplicando ancestralmente, aunque sin el consentimiento legal por parte del Estado.
El propósito de la futura ley según Flores es que ´´la justicia comunitaria y la ordinaria se complementen. Por ejemplo, en el caso de una violación, los afectados pueden pedir al Ministerio Público el examen forense que compruebe el delito o viceversa y la comunidad colaborar con las investigaciones”. Según el funcionario, la ventaja de los tribunales indígenas es que los asuntos se resuelven rápido, sin burocracia y no implican costos para las partes. Sin embargo las decisiones de estos tribunales indígenas y campesinos podrán ser apeladas a la Sala Constitucional Indígena que funcionaría en el Tribunal Constitucional.
Los jueces nativos podrán imponer condenas de cárcel, pero en ningún caso una pena de muerte. Flores salió al paso de los periodistas que preguntaron por supuestas penas de muerte aplicadas clandestinamente en las comunidades indígenas negando que los linchamientos formen parte de las sanciones de los indígenas o campesinos. Dijo que los autores de este tipo de delitos deben ser juzgados por la justicia ordinaria y los habitantes de las poblaciones involucradas prestar la ayuda respectiva para el esclarecimiento de los casos.
Flores, aclaró que los chicotazos o latigazos sólo "deben ser simbólicos. No se puede permitir dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar los derechos humanos". Las autoridades bolivianas no aclararon si la competencia de estos tribunales solo se extenderá a indígenas o también afectará a cualquier residente en territorios con mayoría de población nativa. En todo caso parece que a campesinos e indígenas se le priva de la posibilidad de someterse voluntariamente a la jurisdicción ordinaria.

Fuente: Minuto Digital

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