Después de seis largos años de divergencias entre las administraciones local y autonómica para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, el proyecto continúa siendo un espejismo. A pesar de estar definido el solar en el que se ubicará la infraestructura judicial desde febrero de 2004 (en Arroyo del Moro), ni siquiera se ha presentado el informe básico, que, según la Junta, se hará público el próximo mes de junio.No obstante, las previsiones de la recién nombrada delegada de Justicia en Córdoba, Mercedes Mayo, son bastante halagüeñas, ya que confía en que «se ponga la primera piedra este mismo año», según declaró a este periódico, y anunció que la Junta ha previsto destinar una partida de 342.000 euros a la iniciativa el presente ejercicio.
Entre los distintos sectores implicados prima el escepticismo ante la definitiva puesta en marcha del proyecto, y todos coinciden en la necesidad de acelerar, cueste lo que cueste, la construcción de la nueva sede judicial.
Así, según el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena, «Córdoba necesita la Ciudad de la Justicia como agua de mayo, y no sólo por el hecho de que todos los juzgados de la capital se encuentren diseminados por la ciudad y por el coste de los alquileres en los que se ubican algunos, sino porque en un futuro próximo es previsible que se creen nuevos órganos».
Baena consideró que «no podemos engañarnos. Todos somos conscientes de que todavía tardará en ponerse en marcha», y añadió que «hay que ejercer la presión oportuna para que no se demore más, ya que el actual edificio de los juzgados tiene el espacio y los problemas que tiene; se diseñó para una justicia más faraónica que funcional».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José Rebollo, apuntó que «la verdad es que, en nuestro colectivo, no tenemos muy claro que este año se vayan a iniciar las obras porque las demandas que atañen a la Justicia no suelen ser atendidas, y no sólo en materia de infraestructuras, sino también en creación de nuevos juzgados. Y la situación es sangrante. Por poner un ejemplo, en los contenciosos ya se están fijando vistas para mediados de 2008 y tenemos un juzgado de lo Mercantil mixto, cuando somos la segunda provincia andaluza con más concursos de creadores».
El máximo representante de los letrados cordobeses denunció que el tan publicitado proyecto de la Ciudad de la Justicia «no llega nunca y sirve como excusa para seguir «parcheando» en las actuales sedes de la capital».
Desde el gremio de los procuradores, su representante en la provincia, María José Luque, apuntó que «el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución está totalmente desfasado. Las instalaciones son nefastas y en esas condiciones no se puede trabajar. La necesidad de una nueva sede es apremiante».
Luque criticó a la Junta por «prometer plazos que no cumple, ya que primero dijo que la Ciudad de la Justicia estaría lista en 2007 y, ahora, la fecha es 2012».
A lo largo de los últimos seis años, el proyecto judicial ha tenido que superar varios escollos burocráticos. Nadie supuso en febrero de 2001, cuando se incluyó en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de Justicia, que la puesta en marcha de la flamante sede acarrearía más de un dolor de cabeza a las administraciones local y autonómica.
Los primeros pasos que se dieron parecían avanzar firmes. Urbanismo presentó en abril de aquel año cinco propuestas de localizaciones para la Ciudad de la Justicia, entre las que la antigua residencia Teniente Coronel Noreña se erguía como la favorita.
En seguida, la alcaldesa, Rosa Aguilar, se puso manos a la obra para desafectar de los usos sanitarios a la residencia y hacer realidad el proyecto del nuevo Palacio de Justicia.
Sin embargo, un año después la Junta comenzó a plantearse la idoneidad de Noreña y, finalmente, en octubre de 2002 convino su demolición para construir un centro de salud.
A partir de entonces, el proyecto se quedó inconcluso, sin suelo ni presupuesto. Durante el mes de diciembre de 2003, la Junta comenzó a estudiar tres alternativas municipales: Arroyo del Moro, Tablero Bajo y Parque Cruz Conde, además de la futura Ciudad de Poniente.
Fue en 2004 cuando, por fin, se apostó definitivamente por Arroyo del Moro, si bien la Ciudad de la Justicia tuvo que superar un nuevo bache: los retrasos en la cesión de la parcela.
Después de más de dos años de «tira y afloja» entre Consistorio y Junta, el Ayuntamiento formalizó en a finales de junio de 2006 la entrega del suelo y la Administración autonómica presentó la iniciativa. Tendrá un coste de 70 millones de euros y 53.625 metros cuadrados.
Hasta la fecha, el proyecto sigue siendo precisamente eso, un proyecto. Incluso en la página web de la Consejería de Justicia no se especifica la ubicación el mismo, y en el apartado de «dirección» tan solo reza «por determinar».
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