Las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Menores crecieron más del doble el pasado año con respecto al anterior. La titular de este órgano unipersonal, Mónica Sánchez, dictó 27 medidas cautelares, frente a las doce de 2005. La mayoría de ellas por delitos de malos tratos en el ámbito familiar. Menores que agredieron física o psíquicamente a sus padres, hermanos o abuelos, indica la magistrada durante el análisis que hizo de los datos recogidos en la memoria anual del juzgado.El incremento de las medidas cautelares, un 125%, guarda estrecha relación con la violencia ejercida por los menores contra su familia, que creció considerablemente el pasado año contribuyendo a engrosar la lista de asuntos que entraron en el juzgado, 560. Los juicios celebrados sumaron 400.
De ahí que la magistrada exprese su preocupación por el aumento que ha experimentado esta violencia protagonizada por menores y también porque el número de sentencias absolutorias es cada vez mayor. Los padres se acogen al derecho a no declarar contra sus hijos, desarmando a los jueces que «nos vemos obligados a dictar sentencias absolutorias».
Y es que, al igual que ocurre con la violencia contra la mujer, a las víctimas, que suelen ser los padres, les cuesta mucho dar el paso y denunciar. Temen la pena que le vaya a imponer el juez a su hijo y también la reacción de éste.
Pero además entran en conflicto llegando a culpabilizarse porque creen que no han hecho todo lo que debían, dice la magistrada. Piensan, añade, que se va a poner en tela de juicio su forma de educar, que no saben resolver un problema que suele empezar con la típica rebeldía del adolescente y que va a más cuando no se atiende sus exigencias. Cuando finalmente dan el paso y denuncian, un buen número de ellos no mantienen la acusación en el juicio. De ahí que la sentencia sea absolutoria.
La juez explica que la medidas cautelares, que aumentaron sobre todo en el último semestre de 2006, se adoptan cuando se trata de delitos que revisten especial gravedad, existe una situación de riesgo para las víctimas o se han cometido empleando la violencia o la intimidación. Al hilo de ello, pero tras recalcar que hay que valorar todas las circunstancias y precisar que el fin principal de la jurisdicción del menor es sancionadora y educativa, explica que las medidas cautelares consisten en el internamiento del menor en un centro o someterle a libertad vigilada.
La magistrada señala que también se ha observado que no siempre el patrón del delincuente juvenil responde a un perfil de familias desestructuradas. «Un buen número de ellos pertenecen a un nivel medio alto», que llegan a delinquir por problemas de adicción a las drogas o al alcohol.
No obstante y pese al incremento experimentado en la violencia del menor en el ámbito familiar, Mónica Sánchez indica que los delitos más habituales siguen siendo contra el patrimonio (robo y daños en propiedad ajena), contra las personas (lesiones, amenazas y coacciones entre ellos o a terceras personas), la seguridad del tráfico (conducción temeraria o bajo la influencia del alcohol) y atentado a la autoridad.
En cuanto a los delitos de agresión sexual, señala que por fortuna han sido pocos aunque no debería haber ninguno.
En Ciudad Real también afortunadamente las bandas organizadas «están bastantes controladas». Al hilo de ello, la magistrada dice que «de enjuiciarse ha habido uno o dos casos».
La titular de Menores, que tiene las ideas claras y la experiencia de haber pasado por la Audiencia Provincial de San Sebastián, estando en Menores en segunda instancia, es partidaria de las sentencias ejemplarizantes. Por ello, prácticamente todas las que dicta conllevan medidas correctoras.
Fuente: La Tribuna Digital
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