Granada: El TSJA pide dos nuevos juzgados

El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, presentó la Memoria Anual de actividades y funcionamiento del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2006. La memoria considera que "sin perjuicio de la propuesta de creación de nuevos órganos judiciales elaborada por la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación para el año 2007" sería necesario crear además en Granada dos nuevos juzgados.

El TSJA basa esta petición en "la carga de trabajo" que soportan los órganos judiciales unipersonales y colegiados. En Granada, concretamente, cada órgano de Instrucción ingresó en 2006 una media de 12.211 diligencias previas y 1.594 juicios de faltas. Es más, en total los nueve juzgados de Instrucción granadinos ingresaron 109.897 diligencias previas, superando en un 104 por ciento el módulo, así como 14.345 juicios de faltas.

El TSJA se refiere tanto al más que "notable" volumen de trabajo registrado en Granada como a la situación general de estos órganos en Andalucía y asegura que, aunque en los últimos años se resuelven más asuntos, los juzgados de lo Contencioso "están al límite de su capacidad".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía advirtió hoy de la "ineficacia" de las sentencias dictadas al cabo de varios años en la jurisdicción contencioso-administrativa por la acumulación de asuntos existentes y ante el "abuso" por parte de la Administración de sus prerrogativas, que provoca a veces situaciones "irreversibles".

En la presentación de la Memoria del TSJA 2006, el presidente del Alto Tribunal andaluz manifestó así que el horizonte es "grave" y hay un "serio riesgo" para la "efectividad de las garantías constitucionales" que todos los tribunales están obligados a dispensar, puesto que existen en la actualidad más de 40.000 asuntos pendientes en la tres Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en Granada, Málaga y Sevilla.

Por ello, explicó Méndez de Lugo, "aumenta el peligro" de que la Administración tienda a "traspasar los límites" que el ordenamiento jurídico le impone, ante la falta de control real, al tiempo que se produce un "menoscabo" del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva.

La "facilidad" en el acceso al recurso de apelación alarga la ya de por sí dilatada tramitación de un asunto administrativo, que no sólo ha pasado por una vía administrativa previa, que dura a veces varios años, sino también por una vía de revisión previa obligatoria y finalmente por una doble instancia jurisdiccional, con lo que alcanzar una sentencia firme puede llevar "hasta siete años en gran número de casos", lamentó Méndez de Lugo.

El presidente del TSJA se refirió al "estatus privilegiado" de una de las partes, la Administración, que "puede ir lógicamente en detrimento" de la posición jurídica del administrado, por lo que subrayó que la Administración debe ser "sumamente rigurosa" en el ejercicio de sus prerrogativas y en cualquier la actuación administrativa.

Es "imprescindible" por lo tanto el desarrollo de mecanismos de autocontrol y "depuración" de su actividad mientras se agiliza en tiempo y forma la resolución de las controversias planteadas por los ciudadanos ante órganos contencioso-administrativos que, de este modo, verán amparado su derecho a la tutela judicial.

Aunque la Administración de Justicia debe "maximizar" sus recursos materiales y personales, también hay que someter a una evaluación rigurosa la "idoneidad" de la planta judicial, del sistema de reparto de competencias y del sistema de recursos, garantizando vías adecuadas para la unificación de criterios.

Pero mientras se alcanza una "situación aceptable", la justicia cautelar resulta "crucial", destacó Méndez de Lugo, puesto que sólo con el uso "ponderado" pero "enérgico" de las medidas cautelares que de manera muy amplia otorga la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa podrá tutelarse la "efectividad" de la sentencia y por lo tanto su "finalidad legítima".

Pese a ello, el presidente del TSJA recordó que ésta está sujeta a "grandes incertidumbres" puesto que el momento procesal en el que se adopta, normalmente al inicio del proceso, "priva" de los más elementales datos para decidir y, en cualquier caso, "no resulta procedente abordar, en sede de medidas cautelares, los temas que constituyen el fondo del litigio".

Además, continuó Méndez de Lugo, se corre el riesgo de "paralizar" actuaciones administrativas que repercuten en el ámbito del interés general. El factor tiempo, el retraso difícilmente soportable en obtener una resolución de fondo introduce un elemento que "distorsiona" el normal equilibrio entre los intereses generales, representados por la Administración, y los particulares de los administrados recurrente.

Las dilaciones en lo contencioso-administrativo se arrastran desde hace años, recordó Méndez de Lugo, que aclaró que para resolver los 40.765 asuntos pendientes tardaría la sala de Granada cuatro años y ocho meses, tres años y medio la de Málaga y casi dos la de Sevilla.

Tampoco es "alentador" el panorama en los 33 juzgados de lo contencioso-administrativo que existen en la comunidad, que redujo la pendencia hace dos años por la aplicación de los Planes de Refuerzo que "se ha roto" al no tener continuidad en los últimos años.

Así, a "duras penas" se ha conseguido contener la pendencia en la Sala de Málaga y mejorar algo en la de Sevilla, en tanto que la de Granada empeora notablemente sus indicadores, pasando de tener una tasa de congestión del 18 por ciento, lo que indica que a lo largo del año sólo se puede resolver dicho porcentaje del total de asuntos existentes en al Sala, añadiendo los pendientes en años anteriores.

La desproporción más notable respecto al módulo de entrada --que el Consejo General del Poder Judicial ha tasado en 600 ingresos al año-- se ha producido en Granada (174 por ciento), en Sevilla (163 por ciento), en Algeciras (146 por ciento), en Málaga (126 por ciento) y en Huelva (110 por ciento).

La creación en 2007 de nuevos juzgados en Granada, Málaga y Sevilla "aliviará" la carga de trabajo, si bien no será suficiente puesto que es necesaria la ampliación de juzgados en casi todos los partidos judiciales de Andalucía, así como en Melilla.

Fuente: Canal Sur Web