lunes, noviembre 30, 2009

Barcelona: Unos 300 funcionarios de Justicia se concentran en apoyo a la compañera secuestrada en Mauritania


Unos 300 funcionarios judiciales se concentraron este mediodía ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona para solidarizarse con la compañera Alicia Gámez, del Juzgado de Primera Instancia número 26, secuestrada en Mauritania. En la concentración silenciosa, convocada a las 13 horas, han participado la consellera de Justicia, Montserrat Tura; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret -que ha expresado su preocupación por la situación de los secuestrados y ha mandado un mensaje de apoyo a las familias-; la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Nuria Marín, de donde era vecina la rehén, así como otros cargos y representantes sindicales.


Los tres cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania son, además de Alicia Gámez, el director de las empresas Tabasa y Túneles del Cadí, Albert Vilalta, y el empresario del sector de la construcción Roque Pascual, que participaban en una caravana solidaria de la ONG Barcelona Acció Solidària (BAS).

Tras la concentración, Tura ha dicho que ve a Cataluña "consternada" por el secuestro "inaceptable" de tres cooperantes catalanes en Mauritania, donde han sido apresados cuando participaban en una misión humanitaria para llevar "esperanza" a un país que sufre una "extrema precariedad", y mostró su solidaridad hacia las familias de las víctimas, especialmente la de la funcionaria judicial, que están pasando un momento "difícil y de mucha tensión".

La consellera dijo que todavía se desconocen muchos detalles del secuestro y de los secuestradores, pero explicó que el convoy de la ONG fue asaltado por hombres con armas de gran calibre.

Algunas compañeras de Gámez se mostraron muy afectadas, incluso lloraron, y explicaron que no era la primera vez que la funcionaria viajaba con una ONG.

Fuente: europapress.es , efe.com

Leer Mas...

Paraguay: La huelga en tribunales toma impulso

La huelga judicial que arrancó el viernes casi sin sentirse, a partir de hoy lunes tiene ya un acatamiento de un 99 por ciento a nivel nacional según Porfiria Ocholaski, presidenta del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR).


Ocholaski manifestó que se realizó una "violación" en el Congreso en lo que refiere a la autonomía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia.

Los funcionarios judiciales exigen a los miembros de la máxima instancia judicial redireccionar los fondos que fueron otorgados para construcciones y otros gastos para el aumento salarial del 10 por ciento que reclaman.

Este lunes, los trabajadores entregaron en los pasillos del Palacio de Justicia afiches en los que repudian la decisión del Senado el pasado jueves; y cuestionan los autoaumentos que aseguran se dieron los parlamentarios.

REGISTROS.

Por su parte, fue convocada una asamblea extraordinaria de los asociados al Sindicato de Funcionarios de Registros Públicos (SIFUREP). En la misma, podrían decidir si retoman o no la huelga que habían levantado el pasado 18 de noviembre.

En el caso de este sindicato, tiene un contrato colectivo de condiciones de trabajo firmado con la Corte Suprema de Justicia, por lo que su declaración de huelga debe ser relacionada directamente con el incumplimiento de este acuerdo laboral.

NORMALIDAD.

Por otro lado, la Oficina de Antecedentes Judiciales, a través de un comunicado, informó que habilitará en forma permanente dos ventanillas para la emisión de estos documentos que fueron calificados por la Corte como servicio básico. La atención al público será de 7 a 13.

En la primera huelga, la citada oficina tuvo muchas quejas por parte de los usuarios. Ahora, comunicado mediante, informó que trabajarán normalmente durante los días que dure la huelga.

Indica el comunicado, que la emisión de los antecedentes está dentro de lo que es servicio básico, por lo que, pese a la huelga, la Oficina se ve en la necesidad de seguir funcionando con normalidad.

Fuente: ultimahora.com

Leer Mas...

Motril: El CGPJ solicitará el segundo Juzgado de lo Penal y otro de Violencia sobre la Mujer

Una cola de 800 juicios y un total de 1.354 sentencias pendientes de ejecución que hacen que los trabajadores del Juzgado de lo Penal de Motril crucen los dedos todos los días para que no se reproduzca en la Costa granadina una desgracia como la del 'Caso Mariluz'. Éstas son las credenciales que presenta Motril para reclamar con urgencia un segundo Juzgado de lo Penal. La falta de espacio físico -a los funcionarios se los comen los papeles- y la sobrecarga de litigios asfixian al único Penal de la Costa que no da abasto para atender los asuntos de los siete juzgados de instrucción de la comarca.


Desde hace años, políticos, funcionarios, abogados, jueces, fiscales y sindicatos vienen exigiendo un segundo Juzgado Penal para Motril. Pero por fin, lo pidió la voz más autorizada: el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que debe solicitarlo oficialmente para que el Gobierno asuma esta reivindicación. «Nosotros ya hemos señalado Motril como una prioridad e instaremos al Ministerio y a la Comunidad Autónoma a que planifiquen el segundo Penal para 2010», declaró la vocal territorial para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial Inmaculada Montalbán. La petición se ha trasladado al Ministerio de Justicia, que decide sobre la creación de órganos, aunque después sería la consejería de Justicia la que tendría que dotarlo de recursos. Por lo tanto, ahora ya es cuestión de voluntad política y, sobre todo, presupuestaria, que Motril pueda contar con esta mejora.

Sin discusión

La falta que hace, no la discute nadie porque las cifras son irrefutables. Los asuntos judiciales que llegan al Penal de Motril triplican el número establecido por el Consejo General del Poder Judicial para cada juzgado. Y mientras que la ratio de creación de juzgados recomienda un juzgado penal para cada tres de instrucción, el de Motril atiende las causas de siete (dos de Almuñécar y cinco de Motril). Una cifra muy superior a la media de los penales de Granada, que llevan 3,5 juzgados de instrucción cada uno, según informan los distintos sindicatos de Justicia.

Otro dato que evidencia la necesidad del segundo juzgado, es el número de asuntos registrados. El Consejo General del Poder judicial establece un máximo de 800 anuales y Motril ya lleva 797, por lo que superará fácilmente la cifra tope a finales de año.

Desde los propios sindicatos se reconoce que en los últimos meses, a medida que la carga se hacía insoportable, la Consejería ha contratado refuerzos que están aliviando la asfixiante situación del Juzgado motrileño. En el Penal de Motril trabajan ahora un segundo juez y un secretario judicial de refuerzo. A los nueve funcionarios titulares (dos de auxilio, cinco tramitadores y dos gestores) la Junta ha sumado también dos refuerzos (tramitadores) y la mitad de la plantilla tiene aprobada la prolongación de la jornada hasta finales de año. O sea, que trabajan horas extras por la tarde para sacar el trabajo atascado. Los sindicatos creen fundamental que se prolonguen los refuerzos para que los avances continúen.

«Situación normalizada»

La falta de espacio físico es otro de los handicaps del juzgado. Los armarios hace tiempo que agotaron su espacio y las torres de papeles han tomado las sillas y el suelo de la oficina del Penal.

«Este palacio de justicia nació desahogado con cinco juzgados y hasta sobraba espacio pero ahora con el Penal y el Social ya estamos justos», reconocía el decano de los Juzgados de Motril, José Rivilla, que acompañó a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial en su recorrido el pasado viernes para analizar la situación del servicio de justicia en Motril. Los vocales del CGPJ Inmaculada Montalbán y Antonio Dorado mantuvieron reuniones con los profesionales de la Justicia de Motril que le expusieron la acuciante necesidad de un segundo Penal.

Ésa es la prioridad, aunque el representante del Colegio de Abogados en la Costa, José Rojas, tampoco olvidó solicitar la ampliación física del Palacio de Justicia, un Juzgado de lo Contencioso administrativo para Motril y que en el supuesto de que a Granada le asignen un nuevo juzgado de Menores, «que éste venga para la Costa».

El representante de los abogados evidenció también la necesidad de un segundo letrado para asistir a los detenidos en el turno de oficio. Unas peticiones que ratificaron los representantes de los procuradores, que además añadieron la necesidad de un local para realizar las notificaciones. Ahora hay apenas un cuartillo en el que tienen que hacer 700 notificaciones diarias.

Los vocales del CGPJ asumieron todas las peticiones y consideraron que en las actuales circunstancias del Juzgado de Motril «no se puede dar una respuesta rápida, a pesar del esfuerzo de los magistrados y los funcionarios». El Segundo Penal será la prioridad, pero los vocales también expondrán la necesidad de un juzgado exclusivo de Violencia de género que abarque todo el partido judicial. La vocal del CPGJ insistió en que la situación de Motril es «normalizada pero necesitamos refuerzos y un segundo Penal». Por ello también solicitarán a la Junta que mantenga los refuerzos de funcionarios hasta que se rebaje la carga de trabajo.

Fuente: ideal.es

Leer Mas...

Valladolid: La Audiencia tiene "perfilado" el protocolo de mediación civil

La Audiencia provincial de Valladolid tiene, como aseveró la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría, el protocolo de mediación civil "más perfilado" que entrará en funcionamiento probablemente en el mes de enero de 2010, con lo que la ciudad se unirá a Barcelona, donde ya se desarrolla este método de composición de intereses. La vocal, que estuvo acompañada en Valladolid por la vocal territorial por Castilla y León en el CGPJ y el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle; participó en una jornada sobre la mediación civil y penal en los juzgados vallisoletanos.


Uría explicó que la mediación civil, por el momento, sólo se utiliza en un juzgado de Barcelona y también se intenta poner en marcha en Vitoria, pero recalcó que el proyecto "más perfilado" es el de la Audiencia vallisoletana que, como incidió Trebolle, las previsiones indican que podrá entrar en funcionamiento en el primer mes de 2010.

Este proceso, que como comentó la vocal, permitirá "aligerar" los procedimientos abiertos en los juzgados y supondrá una "alternativa a la frialdad" actual de las sentencias, se desarrolla con la intervención de un mediador y con el consentimiento de ambas partes. Pero, en primer lugar, explicó Uría, se debe decidir si el asunto se puede abocar a el proceso.

La duración, con cuatro sesiones fijadas por el protocolo, a juicio de Uría no supondrá el aplazamiento ni la dilación de los procedimientos judiciales ya que en el proyecto protocolo del CGPJ se recoge que "entra dentro de los plazos normales de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Sin embargo, en el caso de la mediación penal si que se prevé aplazar los juicios a la espera del acuerdo.

Margarita Uría insistió en que Valladolid presenta una "novedad absoluta" en cuanto a la mediación civil. De hecho, el proyecto se pondrá en marcha en dos juzgados, los número 5 y 7 de Primera Instancia. "En Valladolid hay buena voluntad, disposición y ya realidad", recalcó la vocal del CGPJ.

La representante del poder judicial indicó algunas de las áreas en las que puede ser útil esta mediación, como, principalmente, los asuntos de propiedad horizontal y los patrimonios hereditarios. Además, incidió en que los resultados en los lugares donde se lleva a cabo tanto en lo civil como en lo penal son "enormemente creativos y gratificantes" para llegar a la "paz social".

Uría agradeció especialmente que la Audiencia de Valladolid tenga avanzado el borrador del protocolo porque la Comunidad de Castilla y León no tiene transferidas las competencias de Justicia, lo que impide que el proyecto cuente con colaboración por parte de la Administración regional.

El proceso de mediación se realiza sin la intervención de las representaciones judiciales de las partes, que simplemente asesoran a los clientes sobre la idoneidad de acceder al proceso y estudian el acuerdo restitutivo final para que no vulnere los derechos del implicado.

En cuanto a los mediadores, Margarita Uría explicó que suele tratarse de abogados pero, "no necesariamente", ya que puede ser cualquier titulado universitario que siga la formación y las horas de prácticas necesarias. Feliciano Trebolle añadió que en el caso de Valladolid hay una agrupación de abogados mediadores que se encarga de esta labor formativa "adecuada".

Asimismo, Uría manifestó su voluntad de que se desarrolle un proyecto de Ley del Estatuto del Mediador. "Hay un terreno abonado para ello, porque la mediación suscita adhesión dentro del mundo de la Judicatura y entre las distintas profesiones que tienen algo que ver con la Justicia", afirmó, al tiempo que destacó que la existencia de dicha legislación sería "muy buena" tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

AMPLIACIÓN DE LA MEDIACIÓN PENAL

En cuanto a la mediación penal, que entró en funcionamiento a finales de 2008 en los Juzgados de Instrucción número 2 y Penal 2 y 4, Feliciano Trebolle indicó que en el próximo año se espera ampliar este proyecto, a Penal 1 y 3; Instrucción 1, 4, 5 y 6; y a estas secciones en Medina del Campo y Medina de Rioseco.

Actualmente están abiertos 32 asuntos con mediación, pero Trebolle puntualizó que la principal dificultad con la que se encuentran los trabajadores de los juzgados es la de localizar a los infractores e incluso a las víctimas. "Muchas veces se han caído procesos porque no se ha podido trasladar la información", indicó una de las mediadoras que desarrollan su labor en la Audiencia.

Por ello, apuntó que el objetivo para 2010 es mejorar esta capacidad de información. Por el momento, el 82 por ciento de los procedimientos de mediación terminan con acuerdo.

Fuente: La Ley

Leer Mas...

Castilla - La Mancha: La APM gana las elecciones a la Sala de Gobierno del TSJ

La candidatura avalada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha ganado las elecciones a miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La lista avalada por APM obtuvo 477 votos, seguida de Candidatura Alternativa de Castilla-La Mancha, con 445 votos, y la lista avalada por la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) con 117 votos.


Las elecciones, según un comunicado del TSJ-CM, se caracterizaron por un elevado índice de participación, dado que de los 165 jueces y magistrados de la región llamados a votar, lo han hecho 146, lo que supone un 88,48%.

Los ocho candidatos electos son los que han obtenido mayor número de votos dentro de cada una de las listas, de manera que se han proclamado candidatos electos a miembros de la Sala de Gobierno del TSJ-CM los siguientes: Juan Ramón Brigidano Martínez (magistrado Juzgado Mixto nº 1 de Toledo) con 72 votos; José Ramón Solís García del Pozo (magistrado Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete), con 67 votos; Jaime Lozano Ibáñez (magistrado Sala de lo Contencioso-Administrativo TSJ-CM), con 67 votos, y José Ramón Bernacer María (magistrado Juzgado de Menores de Toledo), con 66 votos. También han sido elegidos Cesáreo Miguel Monsalve Argandoña (magistrado Juzgado 1ª Instancia nº 1 de Albacete), con 64 votos; Raquel Iranzo Prades (presidenta de la Sección 2ª Sala Contencioso- Administrativo del TSJ-CM), con 64 votos; Emilio Buceta Miller (magistrado Sección 1ª Audiencia Provincial de Toledo), con 59 votos; Luis José Sáenz de Tejada Vallejo (juez Juzgado Mixto nº 1 de Puertollano-Ciudad Real) con 50 votos A este último, le ha sido cedido el puesto como miembro de la Sala de Gobierno por el magistrado que ha obtenido el menor número de votos dentro de los ocho candidatos electos, de los que cuatro pertenecen a la candidatura avalada por la APM y otros cuatro a la Candidatura Alternativa de Castilla-La Mancha.

Igualmente, como miembros suplentes de la Sala de Gobierno del TSJ-CM han sido elegidos otros ocho candidatos, todos ellos pertenecientes a la candidatura avalada por la APM.

La Sala de Gobierno del TSJ-CM, máximo órgano de Gobierno del Poder Judicial en la región, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Manuel Rouco Rodríguez, se renueva totalmente cada cinco años.

Forman parte de la Sala de Gobierno como miembros natos los presidentes de las Salas del TSJ-CM y los de las cinco Audiencias Provinciales de la región.

Los miembros no natos, hasta un total de ocho, son elegidos a través de sufragio mayoritario y listas abiertas que votan todos los miembros de la carrera judicial del territorio.

Entre las funciones de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran la aprobación de normas de reparto de asuntos entre las distintas secciones de cada Sala del TSJ, secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del territorio.

Igualmente, el establecimiento de los turnos para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales del territorio; la propuesta de nombramiento de Jueces y Magistrados suplentes; o la propuesta al Consejo General del Poder Judicial de las medidas necesarias para mejorar la Administración de Justicia, entre otras.

Fuente: ABC.es

Leer Mas...

domingo, noviembre 29, 2009

Paraguay: Funcionarios judiciales reiniciaron paro en tribunales

Los trabajadores del sistema judicial paraguayo retomaron el viernes la huelga que levantaron la semana pasada ante el rechazo del Senado a un reajuste salarial prometido por un miembro de ese organismo. El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR), que reúne a 4.500 trabajadores, y el Sindicato de los Registros Públicos (SIFUREP) habían desconvocado el paro de tres semanas el pasado día 18 después de que el senador Alfredo Jaeggli prometiera una subida escalonada del 10 por ciento en el presupuesto del 2010.


Sin embargo, el pleno del Senado, reunido el jueves, se opuso a esa propuesta, lo que obligó a los trabajadores del SIFJUPAR a declararse de nuevo en huelga por tiempo indefinido.

La secretaria general de SIFJUPAR, Porfiria Ocholasky, dijo que la medida de fuerza puede ser revertida antes del 20 de diciembre próximo, cuando acaba el período Legislativo, si la Corte Suprema de Justicia decide incorporar las demandas a su presupuesto en lugar de otras partidas.

La disposición de la Cámara Alta también afecta a los jueces, quienes exigen un incremento salarial del 10 por ciento y que como medida de fuerza acudieron a las audiencias con ropa informal en vez de traje. Mientras tanto, algunos gremios de fiscales y abogados repudiaron la protesta y la calificaron de "apresurada".

Elizabeth Caballero, secretaria general del SIFUREP, manifestó que esperarán hasta la próxima semana para analizar si realizan o no la huelga. Tienen informes de que la negativa del incremento salarial puede ser revertido en Senadores, indicaron.

Fuente: efe.com , abc.com.py

Leer Mas...

Cantabria: Lista de espera para cumplir condena

Javier y Juan fuman un cigarro en la puerta de entrada del nuevo albergue de Candina. Son las once de la mañana y sus otros diez compañeros también están de brazos cruzados. Deberían estar fregando o colocando muebles para cumplir con sus penas de trabajo en beneficio de la comunidad que les impuso un juez, la mayoría de ellos por dar positivo en un test de alcoholemia o por exceder los límites de velocidad. Pero ya no hay nada más que hacer. «Somos tantos que nos lo ventilamos todo en una hora», dice uno.


«Estamos esperando que traigan la lejía para dar un repaso a los suelos», contesta otro. A los pocos minutos les avisan de que la lejía no va a llegar hoy. Firman en el registro y se marchan a sus casas. Les han contabilizado cuatro horas de pena cuando, en la práctica, apenas han cumplido una.

La situación de estas personas no es un caso aislado en Cantabria, donde la proliferación de sentencias que condenan a realizar servicios comunitarios no discurre en paralelo al número de puestos que existen. Fuentes de instituciones penitenciarias cifran en 425 las plazas de este tipo que existen actualmente en la región. Todas ellas están ocupadas, y en cuanto un penado liquida su deuda, que suele rondar entre las 20 y las 40 jornadas de cuatro horas, otro ocupa inmediatamente su lugar.

El problema es que existen 1.600 condenados en lista de espera -sin contar a los menores de edad- para poder cumplir la sanción impuesta por el juez, y muchos de ellos pueden salir impunes, ya que las penas inferiores a treinta días de trabajo prescriben a los doce meses. El resto de España se encuentra en una tesitura parecida. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció que de los 40.000 expedientes que había que aplicar en toda España a comienzos de 2009 sólo se cumplían 14.000. Es decir, tres de cada diez.

Las sentencias por malos tratos fueron las primeras en poner de manifiesto la escasez de medios y plazas para afrontar el número de fallos judiciales que condenaban a servicios comunitarios. Pero la verdadera avalancha comenzó con la reforma del Código Penal en noviembre de 2007. Fue entonces cuando la alcoholemia y la velocidad excesiva en carretera se convirtieron en delito. Desde ese momento, los condenados a trabajar en beneficio de la comunidad se han multiplicado por diez en Cantabria. «Nos entran alrededor de doscientos expedientes al mes, y ocho de cada diez de ellos son por delitos contra la seguridad vial», confirman desde Instituciones Penitenciarias. No en vano, en el 75% de las más de 16.000 infracciones penales que se cometen al año en la región es aplicable este tipo de penas.

La Fundación Nueva Vida es una de las organizaciones que más servicios comunitarios gestiona en la región. En 2008 permitió que 130 condenados pudieran cumplir sus trabajos sociales, y en lo que va de año este número ya supera los 90. «Aquí no hay descanso, nunca hay una plaza vacía, en cuanto uno termina entra otro inmediatamente», explica Pilar, la coordinadora de esta sección en la Fundación. Ella es la que se encarga de entrevistar a todos los penados que los servicios sociales exteriores de El Dueso, institución encargada de gestionar el cumplimiento de estas penas, envía a su Fundación. «Hay que conocer sus características personales y su entorno social y laboral. No se puede enviar a todo el mundo a hacer determinado tipo de trabajo», señala Pilar.

Una vez que conocen su perfil, el penado es destinado en alguna de las instalaciones que Nueva Vida tiene repartidos por la región: centros de menores, casas de género, el albergue de Candina o sus propias oficinas. La mayoría suele terminar realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los centros de menores extranjeros no acompañados de Presanes y Camargo, «pero siempre que su disponibilidad de horario lo permita», añade Pilar. Y es que son los propios condenados los que, en función de su horario laboral remunerado, deciden cuándo y dónde ir.

En los ayuntamiento las cifras de plazas son más raquíticas que en Nueva Vida. El que más puestos tiene asignados por convenio es de Camargo, con 16, aunque en realidad trabajan allí cerca de treinta penados. Los problemas más graves de plazas los monopoliza Santander. En la capital, el Consistorio sólo oferta quince plazas, «cuando son necesarias más de noventa», según fuentes penitenciarias.

Pero, ¿por qué un trabajo no remunerado tiene tantos problemas para igualar la oferta y la demanda? Como casi siempre, por dinero. Al principio, eran los propios ayuntamientos, asociaciones y ONG los que tenían que hacerse cargo de la Seguridad Social, transporte y manutención de estas personas, por lo que en 2007 apenas existían 114 plazas para cumplir trabajos en beneficio de la comunidad en Cantabria.

En 2008 esto cambió. La Consejería de Justicia del Gobierno regional, a la vista del embotellamiento que sufría el sistema, decidió financiar con 30.000 euros estos gastos, y las plazas aumentaron hasta las 250. En diciembre de ese mismo año, fue el propio Ministerio de Justicia el que comenzó a asumir ese desembolso, y Cantabria cuenta ya con 425 puestos. Pero no son suficientes para hacer frente a los miles de casos acumulados durante los años anteriores. Ni en número ni en calidad, y es que como reconocen desde instituciones penitenciarias, «deben crearse más plazas de fin de semana urgentemente, si no la gente no puede compatibilizarlo con su trabajo ordinario».

Se suele decir que las leyes siempre van a remolque de la sociedad, pero en este caso es la legislación la que se ha adelantado a un sistema que, hoy por hoy, no puede dar abasto a la avalancha de sentencias de este tipo. Esto crea, además, una paradoja, ya que es la propia ley la causante de que los organismos oficiales estén incumpliendo el precepto legal de que el trabajo en beneficio de la comunidad esté directamente vinculado con el delito cometido. «Apenas hay plazas y mucho menos relacionadas con tráfico o violencia de género», reconocen fuentes penitenciarias. Como en el caso de Javier, Juan y sus compañeros en el albergue de Candina. Aunque no tenga nada que ver con el delito que cometieron, seguirán fregando suelos y cargando muebles. Y, por lo visto, a veces ni eso.

Fuente: eldiariomontanes.es

Leer Mas...

San Sebastián: Las demandas se enviarán a los juzgados por internet

Las denuncias, demandas y querellas se podrán interponer por internet. Sin desplazamientos, papeleos y esperas ni en los juzgados ni en las oficinas de Correos: los escritos judiciales viajarán a los juzgados de San Sebastián desde el despacho de los abogados con tan solo un clic del ordenador. El sistema comenzará a aplicarse en febrero. La capital guipuzcoana formará parte de la experiencia piloto por la que se pretende telematizar en una primera fase los procesos civiles y sociales.


El sistema ha sido presentado esta semana al Consejo General del Poder Judicial y a los responsables del Ministerio de Justicia y ya está en marcha. Así, a finales del mes que viene comenzará la formación telemática de los casi cuatrocientos procuradores, abogados y funcionarios que participarán en su primera fase de implantación con el objetivo de que, desde febrero, puedan empezar a trabajar en red.

El acuerdo entre los colegios de procuradores del País Vasco, el Consejo vasco de Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia ha posibilitado la puesta en marcha de esta iniciativa que se desarrollará durante tres meses. Una vez probada su eficacia, se pretende ampliarla al resto de jurisdicciones -no sólo a la civil y la social-, y otros territorios y comunidades autónomas.

La implantación de este expediente virtual se basará en la «filosofía de dato único y en el concepto de oficina sin papeles», y se enmarca dentro del sistema de digitalización de procesos judiciales, que en Alava y Guipúzcoa lleva desarrollándose cerca de dos meses.

Simplificará el papeleo

La agilización de los procesos y el acceso sencillo y práctico a los expedientes judiciales es una antigua demanda del sector de la justicia, cuyos protagonistas acumulan ingentes cantidades de papel que deben enviar, recoger, reenviar, administrar y archivar.

Con el nuevo expediente judicial por internet se abre paso a las nuevas tecnologías y se simplifica el trabajo diario de abogados, procuradores y jueces. Y, por ende, se espera que beneficie a los ciudadanos inmersos en un proceso judicial.

El Departamento vasco de Justicia posibilitará, según indicó la directora del Gobierno vasco para la Modernización de la Administración de Justicia, Ana Isabel Molina, «la aceleración de los trámites y procesos judiciales, la limpieza y la transparencia», evitando el actual consumo y trasiego de papeles que manejan los implicados en un proceso. Además, Molina incidió en que este sistema está capacitado para abrir la vía de tramitación electrónica de cara al ciudadano.

Fuente: diariovasco.com

Leer Mas...

Somalia: Condenan a 38 latigazos a unos niños por jugar a la pelota

Un grupo de niños de entre diez y 15 años fueron condenados en Somalia a 38 latigazos cada uno porque estaban jugando al fútbol, informa el sitio Mareeg. Lo decidió una corte islámica de Jowhar, 90 kilómetros al norte de Mogadiscio, que está bajo el control de los Shabaab, considerado el brazo armado de Al Qaeda.


Según la corte, jugar a la pelota es una pérdida de tiempo no islámica. Y para que el mensaje fuera claro, los milicianos invitaron a la población a asistir al castigo público.

En la misma ciudad se decidió que los hombres tienen obligación de usar barba. Y en algunas zonas controladas por los integristas se decidió también que las mujeres podrán usar un solo tipo de sostén, considerado apto para la moral islámica.

Según algunos testimonios, algunas jóvenes que no respetaron la orden de inmediato fueron expuestas con los senos desnudos al escarnio público.

Fuente: Minuto Digital

Leer Mas...

sábado, noviembre 28, 2009

Cataluña: El 66% de los jueces y magistrados votan en la elección de la Sala de Gobierno del TSJ

450 de los 609 jueces y magistrados titulares de Cataluña, un 66 por ciento, votaron en la elección a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano gobernativo de los juzgados catalanes. La sala está formada por 15 miembros, 8 de los cuales son miembros natos por sus cargos como presidentes de audiencias provinciales, juez decano de Barcelona y presidentes de salas del TSJC. La otra mitad, que se renueva cada 5 años, se elige en las urnas.


Las elecciones se celebraron siguiendo el sistema de listas abiertas y, de los 21 candidatos que integraban estas listas, fueron escogidos cinco miembros de la lista de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y dos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

En concreto, los miembros de la APM escogidos fueron David Velázquez Vioque, magistrado del Juzgado Penal 20 de Barcelona, Antonio Recio Córdoba, magistrado de la Sección 1 de la Audiencia de Barcelona, Cristina Ferrando Montalvá, magistrada del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, Gonzalo Ferrer Amigo, magistrado del juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona y Bárbara Córdoba Ardao, juez del Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Los dos miembros de la AJFV escogidos fueron Sebastián Moralo Gallego, magistrado de la Sala Social del TSJC, y Jesús María Barrientos Pacho, presidente de la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona.

La APM continúa, por lo tanto, siendo la asociación judicial más votada aunque es la primera vez que la AJFV --que compartía lista con el Foro Judicial Independiente y jueces no asociados-- ha obtenido representación. Los miembros de Jueces para la Democracia (JpD) no han conseguido representante.

El alto tribunal catalán también está pendiente de la reelección o substitución a finales de año de su presidenta, Maria Eugenia Alegret, decisión que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alegret, que es presidenta desde 2004, es favorita para ser reelegida, pero tiene como rivales al presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona y portavoz de JpD, Miguel Angel Gimeno, y al magistrado de la Audiencia de Barcelona y ex juez decano de la capital catalana, Joaquim Bayo. Su elección coincidirá con la de los presidentes de los tribunales superiores de Valencia y Euskadi, lo que puede retrasar el proceso.

Fuente: EcoDiario

Leer Mas...

viernes, noviembre 27, 2009

Vigo: El Poder Judicial propone crear el sexto juzgado de lo Social en el 2010

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha efectuado el segundo movimiento en los últimos meses para blindar a Vigo contra la crisis. El Poder Judicial aprobó la creación en octubre un tribunal de lo Mercantil, especializado en concursos de acreedores, y ahora recomienda reforzar a la ciudad con el sexto juzgado de lo Social para agilizar las demandas de los trabajadores por despidos improcedentes y reclamación de salarios adeudados, principalmente.


Vigo y Santiago serán las únicas ciudades de Galicia que podrían acoger sendas salas sociales. «Vamos a crear el doble de juzgados que en un año normal», indicaron fuentes del Poder Judicial en Santiago en la celebración de las sextas jornadas de Comunicación y Justicia.

Con ello, el alto órgano judicial confía en atajar el desbordamiento de trabajo en los tribunales laborales vigueses, que están dotados del mismo número de jueces (cinco) desde hace quince años a pesar de que la cifra de pleitos se ha duplicado, a causa de la crisis económica.

La decisión se ha tomado 20 días después de que el Poder Judicial enviase a un magistrado y un secretario provisionales para ayudar a sus colegas de Vigo a agilizar los expedientes de despidos. Estos asuntos tienen prioridad porque la ley laboral establece un plazo máximo de dos meses para dictar la sentencia. Algunos abogados laboralistas felicitaron recientemente a los juristas vigueses porque eran los pocos de España que aún conseguían respetar los plazos legales, a diferencia de otros muchos juzgados de las grandes capitales o ciudades de tamaño similar que no logran resolver los despidos a tiempo. Estos retrasos, que por el momento Vigo no padece, suponen pérdidas para las empresas pues deben abonar los salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de despido hasta la sentencia. Salvo dilaciones indebidas de la Justicia, cuando más tiempo transcurra, más pagan los empresarios.

En 1995, los cinco jueces de lo Social de Vigo tramitaron un total de 567 demandas por despido improcedente. En el 2008, ya ascendían a 1.231, más del doble. En el mismo período, los juicios por cantidades adeudadas han pasado de 975 a 1.979. En el primer semestre de este año, los cinco juzgados acumulaban 3.456 casos sin resolver.

Fuente: lavozdegalicia.es

Leer Mas...

Garzón podría ser suspendido en torno a la Navidad

El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, está a punto de ser suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según han asegurado fuentes jurídicas de todo crédito, Luciano Varela, juez instructor del Tribunal Supremo encargado de investigar la presunta prevaricación de Garzón en el Caso de la memoria histórica, se inclina por lapertura de juicio oral, esto es, el procesamiento de Garzón.


Si una de las partes, la acción popular, se inclina por el juicio oral, el Supremo se lo comunicará al CGPJ y éste deberá suspenderlo de empleo y sueldo hasta que se conozca la sentencia. Esto es así por imperativo del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: “La suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar, entre otros casos, cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Fuente: Gaceta.es

Leer Mas...

Valencia: El CGPJ niega a los funcionarios el uso del parking y se lo otorga a los jueces y secretarios

El Consejo General del Poder Judicial ha otorgado a jueces y secretarios judiciales el uso de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia, y ha soliviantado a los funcionarios, que llevan años reclamando los estacionamientos apelando al derecho a la igualdad reconocido en la Constitución.


Dice el CGPJ que jueces, secretarios y funcionarios judiciales son iguales de puertas para fuera del juzgado: «el trabajo, la responsabilidad, su estatuto orgánico y el contenido de su labor profesional no son los mismo, por lo que difícilmente se les puede tratar como iguales» de puertas para dentro. Y ello, por varios motivos: por razones de seguridad; porque la presencia «puntual» de jueces y magistrados «es ineludible en las vistas, juicios y diligencias», y porque «se ven obligados diariamente a cargar y trasladar a sus domicilios numerosos expedientes judiciales, algunos muy voluminosos, para su estudio y resolución». El Consejo pone fin así a un contencioso iniciado después de que el decano de Valencia acordara que el uso de las plazas de aparcamiento asignadas por la Conselleria a cada juzgado fuera atribuido, por este orden, al magistrado, al secretario y a los funcionarios, teniendo preferencia, entre éstos últimos, los auxiliares. Un juzgado de instrucción tiene tres aparcamientos para quince funcionarios, contando al juez y al secretario.

Según el CGPJ que las razones esgrimidas por el juez decano y avaladas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia «podrán gustar más o menos a los afectados» pero son «suficientes para entender que el acuerdo no es arbitrario». La resolución del Consejo es, según el decano Pedro Viguer, «sumamente relevante» a «nivel nacional» por cuanto «zanja» la polémica y reconoce la competencia de los decanos y de los TSJ para decidir sobre el uso de los aparcamientos.

Fuente: ABC.es

Leer Mas...

jueves, noviembre 26, 2009

Vigo: La Xunta buscará nueva ubicación al Registro Civil y los archivos judiciales

Sólo unos días después de su nombramiento como nuevo juez decano de Vigo, Germán Serrano se reunió con la delegada territorial de la Xunta, Lucía Molares, para analizar la situación judicial que atraviesa la ciudad. Entre las prioridades, la falta de espacio en la calle Lalín para hacer frente a la nueva dotación que se prevé conseguir para el año próximo, un juzgado de Primera Instancia que, en todo caso, podría ser modificado por un magistrado de refuerzo en la Sección Sexta.


Esta vez es definitivo. La Xunta se ha comprometido, a través de su delegada territorial en Vigo, a buscar alternativas de ubicación al Registro Civil y a los archivos judiciales con el objeto de dejar espacio libre en la calle Lalín de cara al posible nuevo juzgado que se constituiría el año próximo. Así se lo hizo saber el martes al nuevo juez decano vigués, Germán Serrano, la delegada lucía Molares con la que mantuvo su primera reunión sólo días después de haber tomado posesión de su cargo.

Para el representante de los jueces vigueses la mejor alternativa para conseguir espacio a falta de la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia es el traslado del Registro Civil, que actualmente ocupa dos plantas en el edificio antiguo. La propuesta ya había sido lanzada en época del gobierno bipartito y ahora, Molares se comprometió a buscar alternativas u otras posibles ubicaciones tanto para el registro como para los archivos. Se trata, según explicó la delegada de ‘dar una solución urgente y transitoria mientras llega la Ciudad de la Justicia’.

Vigo espera contar con un Juzgado de Primera Instancia que se constituiría el año próximo para comenzar a funcionar en 2011, sin embargo, tendrá que ser el Consejo General del Poder Judicial quien finalmente decida si habrá nuevo órgano o por el contrario se refuerza con un magistrado más la Sección Sexta de la Audiencia. Por su parte, Serrano aseguró que ‘la opción del traslado es más factible en bloque’ de ahí que se haya propuesto el Registro Civil que ‘es un servicio público’.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, Molares aseguró que el alcalde comunicó por carta al conselleiro de Presidencia el pasado 5 de octubre, que iba a iniciar el procedimiento de expropiación de los terrenos. Así, matizó que ‘una vez superada esta etapa, la Xunta pondrá en marcha el proyecto ya que cuenta con una inversión de 15 millones de euros consignados en los próximos presupuestos de 2010 a través del Plan de Infraestructuras Judiciales de Galicia’.

Un punto de mediación familiar en Vigo para descargar asuntos judiciales

El juez decano de Vigo propuso a la delegada territorial la creación en Vigo de un punto de mediación familiar, un servicio que actualmente sólo oferta Santiago de Compostela y que evitaría judicializar determinados asuntos relacionados con los procedimientos matrimoniales. Según explicó Serrano ‘es una herramienta muy eficaz porque resuelve acuerdos sin necesidad de llegar a los tribunales, evitando procesos largos y costosos y descargando el trabajo de los jueces’.

Afirmó asimismo que haría una falta una oficina para su puesta en marcha con un personal compuesto por un abogado y un psicólogo. En este sentido, Lucía Molares señaló que la Xunta de Galicia ‘estaría en disposición de ponerlo en marcha’, mostrando su total colaboración para que Vigo tenga ese servicio.

Por otra parte, tanto el juez decano como la delegada territorial abordaron la puesta en marcha del Juzgado de lo Mercantil. A este respecto Molares señaló que la Xunta realizará un seguimiento exhaustivo de las obras de reforma para que estén listas el 30 de diciembre. Serrano anunció que la plaza de magistrado ya salió a concurso este mismo mes y que el Diario Oficial de Galicia acaba de publicar las plazas de funcionarios.

Respecto al nuevo juzgado de Familia cuya creación con carácter urgente fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial, Germán Serrano aseguró que ‘finalmente el CGPJ analizó la situación y viendo los datos acordó que no otorgarle esa prioridad’. Según dijo, ‘el esfuerzo que realizan los actuales jueces de Familia ha hecho que la situación de estos juzgados haya cambiado notablemente respecto a años atrás y que el tiempo de respuesta en la actualidad sea razonable’.

Fuente: atlantico.net

Leer Mas...

El Gobierno de Cantabria presentará el proyecto de Ley de creación del Defensor de Pueblo en marzo de 2010

El Gobierno de Cantabria espera remitir al Parlamento hacia el mes de marzo de 2010 el proyecto de ley para crear en la región la figura del Defensor del Pueblo, prevista en el Estatuto de Autonomía cántabro y pendiente aún de desarrollo. Para su aprobación, el Ejecutivo aboga por alcanzar "el máximo consenso", no en vano, es necesario el apoyo de tres quintas partes de la Cámara regional para poder sacar la ley adelante.


El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, aseguró que el Gobierno hará un "esfuerzo" para "tender la mano" a todos los grupos parlamentarios y "en especial" al Partido Popular para alcanzar ese consenso.

De hecho, no esperará a la tramitación parlamentaria y propiciará reuniones con todos los agentes implicados y los partidos políticos antes de la remisión del texto al Parlamento, con el fin de recoger sus aportaciones y conseguir así "la mejor de las leyes".

Según explicó Mediavilla en rueda de prensa, el Gobierno lleva ya tiempo trabajando en la redacción del anteproyecto de ley, con la vista puesta en el primer periodo de sesiones de 2010 para su remisión a la Cámara. Ahora empezará a enriquecer la propuesta con esas reuniones con los colectivos afectados y también con la experiencia de otras regiones.

Así, el próximo martes, 1 de diciembre, se conocerá la experiencia de Aragón. Será en el marco del 'Foro Jurídico de Cantabria', una iniciativa que ponen en marcha el Gobierno regional y el Colegio Notarial de Cantabria como punto de encuentro, debate y reflexión entre profesionales del sector jurídico.

Este foro, que se convocará trimestralmente y al que se invita a sumarse a otros colectivos de este ámbito, arrancará precisamente con una sesión dedicada a la figura del Defensor del Pueblo, tema elegido coincidiendo con esos trabajos de la Comunidad Autónoma para su creación.

"DEBE PRIMAR" EL CONSENSO

El consejero de Presidencia consideró que la necesidad de crear el Defensor del Pueblo es compartida por los tres partidos con representación parlamentaria e insistió en que el consenso "debe primar" en todo momento. "Debe ser condición sine qua non. Merece la pena gastar horas y esfuerzos en alcanzar este consenso", apostilló el consejero, que en su caso se comprometió a dedicar "muchas horas" de su tiempo para lograrlo.

Una vez aprobada la ley, el nombramiento del Defensor del Pueblo de Cantabria también requerirá el apoyo de tres quintas partes del Parlamento regional. Para Mediavilla, el nombramiento de ese primer Defensor del Pueblo es "fundamental" para el futuro de la institución y, por eso, es necesario elegir una persona "de reconocido prestigio e independiente" que pueda "encarnar" bien esa función. Todavía no se ha pensado en nadie.

El titular de Justicia incidió en al importancia de esta figura. Según recordó, en 2008, el Defensor del Pueblo nacional recibió 92.388 quejas de toda España, el 0,97 por ciento de ciudadanos cántabros (225 quejas). Con la creación del Defensor del Pueblo de Cantabria cree que aumentará esa actividad por la "cercanía" de la institución y la extensión de su conocimiento.

FORO JURÍDICO

Por lo que respecta al Foro Jurídico de Cantabria, presentado por el consejero junto por el decano del Colegio Notarial de Cantabria, José Corral, dedicará su primera sesión al análisis de la figura del Defensor del Pueblo. Será el próximo martes, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la ONCE, en Santander.

El ponente será Fernando García Vicente, el 'Justicia' de Aragón, nombre que recibe allí el Defensor del Pueblo. Se trata de un especialista en derecho público y privado que suma ya tres mandatos al frente de este cargo, para el que fue elegido por primera vez en mayo de 1998.

Tras este primer encuentro del foro, la actividad se desarrollará con periodicidad trimestral. El tema de la próxima sesión se prevé que sea la mediación, otro tema en el que el Gobierno regional prepara un anteproyecto de ley.

El objetivo del Foro Jurídico de Cantabria es contribuir al intercambio de experiencias en diferentes materias jurídicas, dando cabida a todas las sensibilidades, opiniones y profesionales del ámbito jurídico.

El decano del Colegio Notarial explicó que las sesiones del foro comenzarán con una ponencia y se abrirán después el debate entre todos los presentes. Después, los resultados y conclusiones se recogerán en actas.

Fuente: Cantabria Liberal

Leer Mas...

La pulsera, medida estrella contra la violencia, no funciona

Una de las medidas estrella del Ministerio de Igualdad, las pulseras GPS para maltratadores, no está siendo efectiva. De los 3.000 dispositivos que el departamento de Bibiana Aído puso a disposición de la justicia el pasado 23 de julio, a día de hoy, tan sólo 51 están activos.


La escasa aplicación responde a la voluntad de los jueces, quienes se encargan de calcular las posibilidades de que un maltratador quebrante una orden de alejamiento y mate a su pareja. Si el riesgo es elevado, se impone este dispositivo para que se controle en todo momento la proximidad entre víctima y agresor. Los resultados apuntan a que "se quedan cortos" al calcular dichos riesgos, apunta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, quien considera que animar a las víctimas a que denuncien su situación no es suficiente.

"Un punto de reflexión importante es la adopción de las medidas de protección adecuadas en cada caso, la adecuada valoración del riesgo en cada denuncia que se presenta", dado que "hay un porcentaje de mujeres que denunciaron y pidieron medidas de protección y, a pesar de todo, las mataron", por lo que cabe preguntarse si dichas medidas fueron suficientes. En 2008, un total de 76 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Un año después, la cifra desciende hasta 49.

De las 49 mujeres asesinadas este año, 33 eran de nacionalidad española y 16 extranjera. En 26 casos perdieron la vida a manos de la persona con la que compartían su vida, mientras que las otras 23 fueron víctimas de sus ex parejas o de personas con las que estaban en fase de ruptura. La presidenta de Themis lamenta "constatar cómo hay un porcentaje importante de gente joven con problemas de violencia de género". Y es que, las cifras, en lo que a edades se refiere, apuntan a que 25 de las 49 víctimas tenían entre 21 y 40 años.

Fuente: Gaceta.es

Leer Mas...

Logroño: Sanz recibe una oferta "a la baja" del ministro en el coste del Palacio de Justicia

La primera oferta económica sobre el Palacio de Justicia está sobre la mesa. La puso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la reunión que mantuvo el martes con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Esta propuesta será el punto de partida para negociar la dotación económica que debería acompañar a la construcción del edificio, el último fleco para cerrar el traspaso de competencias de Justicia a la Comunidad.


Porque según explicó el presidente, las comisiones técnicas que han trabajado en los últimos meses «han fijado prácticamente» la cuantía en la que está valorada esta competencia. Desde que Sanz y Caamaño se reunieran el pasado mes de julio, se han realizado más de una decena de reuniones de distintas áreas, como Personal, Nuevas Tecnologías, Coste Efectivo, Ponencia Técnica y Obras y Patrimonio.

Es decir, sólo queda acordar el coste del Palacio de Justicia. La oferta del ministro, como es habitual en una negociación, «ha sido a la baja». Por ello, el presidente se ha comprometido a estudiarla y hacer una contraoferta en 15 ó 20 días, ya que «no estamos satisfechos, queremos más». No obstante, el jefe del Ejecutivo no quiso hablar de cifras concretas porque «no sería prudente para quien tiene la voluntad de llegar a un acuerdo».

«Disposición»

Y es que ambas administraciones mantienen el compromiso al que llegaron el pasado verano de cerrar el traspaso de la competencia el 1 de enero de 2010. Ambas partes tienen la «disposición» y quieren llegar a un acuerdo «lo antes posible».

En su propuesta, el Gobierno regional intentará «apretar un poco más» la cantidad económica, tal y como avanzó Sanz. En la reunión también se habló del lugar adecuado para construir el Palacio y Sanz confirmó que se sigue apostando por el solar del viejo Hospital Militar, en la zona de Murrieta.

A la pregunta de si ya se puede afirmar con certeza que el Gobierno regional construirá el Palacio, el presidente afirmó que «si se produce la transferencia de la competencia, sí». Por tanto, si esto no ocurre lo llevará a cabo el Ministerio «en contra de la voluntad del Gobierno de La Rioja».

«Habrá sede judicial de todas todas y será lo antes posible»

«Habrá Palacio de Justicia de todas todas», aseguró rotundo el ministro de Justicia a la conclusión de su encuentro con Pedro Sanz. «En todo caso, el Ministerio de Justicia se compromete a llevar a cabo la obra y a acometerla lo antes posible», añadió Francisco Caamaño, quien concluyó que «una cuestión distinta es ver cómo se gestiona con la Comunidad Autónoma».

El ministro destacó que el Palacio de Justicia tiene una dotación presupuestaria «considerable», aunque advirtió de que hay que estudiarla y analizarla conjuntamente entre ambas administraciones.

Caamaño también comunicó a Sanz que el Ministerio de Justicia ha pensado en Logroño como una de las ciudades piloto para el despliegue del plan de modernización y de la nueva oficina judicial y le transmitió su «ilusión» por que se pudiese gestionar por parte de la Comunidad con competencias propias.

Fuente: elcorreodigital.com , larioja.com

Leer Mas...

Alcoi: Abren expediente a dos funcionarios de los juzgados por presunto "mobbing" a una compañera

La Conselleria de Justicia ha incoado un expediente disciplinario a dos funcionarios de los juzgados de Alcoi (Alicante), como consecuencia de faltas graves y muy graves, por someter a "acoso moral" a una compañera "víctima de violencia de género" y que sufrió un cáncer, según informa en un comunicado la Asociación Antimobbing de la Comunidad Valenciana.


Fuentes de la Conselleria confirmaron a Europa Press la apertura de los expedientes, aunque no precisaron las causas. La asociación antimobbing explicó en el comunicado que una funcionaria de los juzgados de Alcoi, "recién incorporada después de una larga y dolorosa enfermedad" a su trabajo, tuvo que "ser asistida varias veces en urgencias por crisis de ansiedad, taquicardia y náuseas, debido al acoso laboral y moral" que sufría por parte de dos compañeros, también funcionarios.

Así, la asociación sostiene que estos dos funcionarios recriminaban a la mujer que "olía a tumor podrido" y la llamaban "maltratada" o "cancerosa maltratada". La entidad indicó además que ambos funcionarios "utilizaron su cargo" para conocer el caso de violencia de género de su compañera "de primera mano" y obtuvieron los atestados del caso "para someterla a comentarios vejatorios y hacer escarnio habitual de su desgracia con detalles escabrosos".

La funcionaria denunció los hechos por lo que, según esta asociación, "la Dirección General de Justicia ha abierto expediente contra ambos funcionarios" por "dos faltas disciplinarias muy graves y cuatro faltas disciplinarias graves".

"Te voy a romper las piernas"

Según la denuncia de la funcionaria, uno de los compañeros "estaba tan crecido en su acoso que, ante terceras personas, le llegó a gritar" a esta mujer que "le iba a romper las piernas", mientras la denunciante estaba en una guardia.

Asimismo, Antimobbing afirma que "a las dos horas" de que la mujer pusiera la denuncia, los dos funcionarios "tenían el original" y lo estaban "fotocopiando para su uso personal", antes de que les fuera notificada la denuncia de forma legal, por lo que "hicieron abuso de su cargo y función y del hecho de trabajar en el Palacio de Justicia" para hacerse con este documento.

Fuente: expansion.com

Leer Mas...

miércoles, noviembre 25, 2009

Los inminentes retos tecnológicos de la Justicia

La digitalización, la firma electrónica y el acceso a las redes de banda ancha son algunos de los principales retos a los que se va a enfrentar en un futuro inmediato la Administración de Justicia española, según el informe impulsado por Fundación Telefónica 'Las TIC en la Justicia del futuro' y publicado en la Colección Fundación Telefónica/Ariel.


El informe, que indica que la nueva oficina judicial y el expendiente digital abrirán el camino hacia un modelo de justicia en red y a su mejora administrativa, ha sido realizado con la colaboración del Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer y se centra en los necesarios cambios técnicos, organizativos y administrativos encaminados hacia un modelo en Red de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta el notable aumento de la litigiosidad, con más de nueve millones de asuntos ingresados y resueltos en el año 2008 frente a los siete millones registrados en 2003.

Al tratarse de un sector intensivo en información, la Justicia es un ámbito idóneo para comprobar las ventajas de la implantación de las TIC. Asimismo, el informe responde a una demanda ciudadana, ya que el Primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia elaborado en 2009 por la Fundación Wolters Kluwer refleja que el 85% de los encuestados considera la mejora de los medios técnicos como requisito indispensable para aumentar la eficacia del servicio. Del mismo modo, un 62% de los ciudadanos no están dispuestos a perder rigurosidad a cambio de agilidad en los procesos, un aspecto en el que las TIC se presentan como herramienta indispensable, ya que su aplicación hace posible configurar un sistema judicial más robusto frente a posibles errores.

La implantación de las TIC ofrece una gran oportunidad para responder a la petición de una Justicia más accesible, próxima y transparente, que ofrezca nuevos canales de acceso a la información. Por otro lado, mejora la relación con los ciudadanos prestando un servicio de mayor calidad capaz de garantizar con rapidez y eficacia los derechos legalmente reconocidos.

Más de 248 millones de euros de ahorro

Se mejorará, además, el acceso a la información y el uso compartido de datos a partir del expediente judicial electrónico en red mediante la digitalización de los registros civiles, el acceso a redes de banda ancha y el desarrollo de la firma electrónica. El uso del documento electrónico supondría un ahorro total de 1.400.000 horas, al reducir el tiempo de consulta a 30 segundos frente a los 4 minutos del documento en papel. Los 8 millones de expedientes anuales que se manejan en la Justicia ocupan unos 650.000 metros cuadrados, con lo que podría recuperarse más de una cuarta parte del espacio disponible y reutilizarlo en las nuevas necesidades.

Además, el coste de mantener un expediente es de unos 15 euros al año, en total aproximadamente 120 millones de euros anuales. Al digitalizarse toda la información se reducirían los costes de archivo y conservación hasta en un 95% (114 millones de euros) y el paso de la búsqueda de la información en papel a la digital ahorraría 14,4 millones de euros.

El estudio señala que la solución a la implantación y desarrollo ordenado de las TIC debe organizarse teniendo en cuenta la compleja estructura organizativa del sistema judicial, no jerárquica y que cuenta con diversos gestores y responsables de su gestión. La distinción entre “administraciones de Justicia” y “administración de la Administración de Justicia” conlleva el reparto de competencias entre el Ministerio de Justicia, diez comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Parlamento. El sistema judicial lo forman 3.589 jurisdicciones, más de 1.973 Tribunales Superiores de Justicia, 7.680 juzgados de paz y 124 fiscalías, con más de 179.000 profesionales dependiendo de estas Administraciones.

Este informe asegura que las TIC aportarán los servicios de “e-justicia” para el ciudadano mediante sistemas que faciliten la notificación y el manejo de tiempos en los juzgados, la realización de trámites, que ofrezcan acceso a la información judicial e información sobre educación legal, sistemas de subastas judiciales en red, y servicios de seguimiento en el ámbito de la violencia de género. También se desarrollarán servicios de “e-justicia” para agentes colaboradores, sistemas que permiten la interoperabilidad entre órganos judiciales, servicios comunes procesales y fiscalías (Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial o PNJ; el sistema integrado de registros de apoyo a la actividad judicial (SIRAJ), el sistema telemático Lexnet del Ministerio de Justicia, etc.). Por último, también habrá servicios de “e-justicia” para jueces y funcionarios mediante una extranet de jueces y magistrados, foros de comunicación y herramientas colaborativas, centros de atención a usuarios y herramientas de e-learning.

Fuente: Cibersur.com

Leer Mas...

Sevilla: Condenado un abogado que inventó sentencias y se apoderó de minutas

Un abogado sevillano ha sido condenado por un delito de deslealtad profesional, pues entre los años 2000 y 2003 se inventó sentencias, falsificó firmas, se apropió de las minutas de sus clientes, perdió los documentos que le entregaron y dejó pasar los plazos de los pleitos. La sentencia del juzgado penal 11, explica que como consecuencia de la mala práctica del acusado uno de sus clientes perdió la pensión de invalidez, otro no recuperó sus reclamaciones salariales al Servicio Andaluz de Salud (SAS), una mujer perdió su vivienda en el proceso de divorcio y una familia se quedó sin derecho a reclamar una indemnización por caducidad de los plazos.


Fruto del "cúmulo de denuncias e irregularidades" que cometió el acusado J.M.C.G., de 48 años, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla acordó su baja definitiva de la corporación.

La sentencia impone al abogado una multa de 3.456 euros y fija en 14 el número de afectados que serán indemnizados, mientras que otros siete renunciaron a las acciones penales en el momento del juicio.

El acusado trabajaba "sin la más mínima seriedad y diligencia" y llegó a "perder documentación de relevancia" de sus clientes, que se han visto imposibilitados a emprender nuevas acciones con ayuda de otro abogado, según el fallo.

Uno de ellos fue M.S.B., que necesitaba tramitar su pensión de invalidez pero el abogado le "estuvo dando largas" hasta que perdió la invalidez definitiva y ahora cobra exclusivamente la no contributiva.

En el caso de M.H.G., una mujer que acudió al procesado para que le tramitara su separación, el abogado "llegó a falsificar documentos judiciales a fin de aparentar la existencia de un procedimiento ante los tribunales", según el juez.

Las actuaciones judiciales fueron iniciadas por A.M.T., hijo de una mujer que pretendía reclamar por negligencia a una clínica sevillana por no detectar su encharcamiento de pulmones pero el asunto fue archivado por prescripción de los plazos.

En este caso, la familia solicitaba 8.113 euros pero, al no poder determinar cuál habría sido el resultado del pleito, el juez opta por fijar la indemnización en el 30 por ciento del importe, esto es, 2.676 euros más los 1.051 euros entregados a cuenta.

Otro de los afectados perdió la indemnización de 4.819 euros a que tenía derecho por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a causa de la negligencia del acusado.

Otra mujer demandó al letrado porque debido a su pasividad su ex cónyuge se quedó con la mayor parte de los bienes en la separación matrimonial y la víctima perdió hasta su casa.

En este caso, la sentencia fija la indemnización en 3.000 euros por los daños morales, pues el acusado llegó a aportarle "supuestas cédulas de citación para juicios que no existían".

J.M.C.G. se anunciaba en periódicos y en las 'páginas amarillas' y en algunos casos cobraba a sus clientes en un quiosco situado junto al edificio de oficinas Sevilla-2 de la avenida San Francisco Javier de Sevilla.

Los afectados pidieron que las compañías aseguradoras del Colegio de Abogados fuesen declaradas responsables subsidiarias del pago de las indemnizaciones, lo que rechaza la sentencia ya que las pólizas excluyen expresamente los siniestros que sean consecuencia de una mala práctica "dolosa o intencional", que según el juez se da en este caso.

Fuente: La Ley

Leer Mas...

La Unión Europea da luz verde a los cortes en Internet sin orden judicial

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer martes por una amplia mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones la reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones. La normativa permite que los países de la UE puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido. En España, la legislación exige una autorización judicial previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.


La aprobación de la Eurocámara pone punto y final a dos años de tramitación de la reforma, que fue propuesta por la Comisión en 2007. Los Gobiernos de los 27 ya la ratificaron el pasado lunes. Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 18 de diciembre, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la UE. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlas a sus respectivas legislaciones nacionales.

Los eurodiputados bloquearon el pasado mes de mayo la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, a principios de noviembre, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.

A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática".

Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".

El Parlamento justificó su cambio de postura argumentando que los servicios jurídicos de las instituciones europeas habían dictaminado que la enmienda para prohibir el corte de Internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y habría sido anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y aseguró que la nueva normativa supone un avance importante para los derechos de los internautas.

Por su parte, la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding, aseguró que la reforma en ningún caso avala las 'leyes de tres avisos', que "permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo justo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna".

"La reforma de las telecos de la UE traerá más competencia a los mercados de telecomunicaciones de Europa: servicios fijos, móviles y de Internet mejores y más baratos; y conexiones a Internet más rápida para todos los europeos", señaló Reding en un comunicado.

SEPARACIÓN FUNCIONAL

La principal novedad de la reforma aprobada este martes es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.

También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto originalmente la Comisión Euorpea, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.

Los Estados miembros y la Eurocámara han rechazado la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.

NEUTRALIDAD DE LA RED

Finalmente, el nuevo marco incluye nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día. Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.

También se incluyen garantías adicionales para asegurar la neutralidad de la red e impedir que los operadores discriminen entre varios tipos de transmisión de datos en Internet, como voz o servicios 2P2. Las nuevas reglas dan poderes a los reguladores nacionales para que fijen niveles mínimos de calidad para los servicios de transmisión de red para promover esta neutralidad.

Además, los proveedores deberán informar a sus clientes antes de firmar el contrato sobre la naturaleza de los servicios, incluyendo las técnicas de gestión del tráfico y su impacto en la calidad del servicio, así como otras limitaciones (como topes al ancho de banda o la velocidad de conexión disponible). Finalmente, el Ejecutivo comunitario hará uso de sus poderes para vigilar que se respete la neutralidad de la red.

Fuente: Gaceta.es

Leer Mas...

martes, noviembre 24, 2009

Cataluña: La consellera de Justicia propone usar el ADN para disuadir a violadores y asesinos ya condenados

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, presentó un estudio que propone una reforma legal para utilizar el registro de ADN no codificante --el que solo ofrece información sobre la identidad de las personas-- para disuadir a violadores y asesinos ya condenados. Hasta ahora solo se permite extraer el ADN como prueba en una investigación.


Según este estudio, realizado por la catedrática de derecho penal de la Universidad de Barcelona (UB) Mirenchu Corcoy y los profesores Víctor Gómez y Fernando Rodríguez, también de la UB, las bases de datos obtenidos a partir del ADN pueden ser un medio de control eficaz para la futura reincidencia delincuentes peligrosos.

Esta medida, que supondría una restricción del derecho a la intimidad, debería respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: es necesario que esté prevista por ley, que tenga como finalidad evitar la comisión de futuros delitos --que por su naturaleza dejen rastros biológicos en el lugar de los hechos-- y que sea proporcionada.

Por lo tanto los especialistas proponen aplicarla solo en casos de delitos contra la vida, la salud, la libertad y la libertad sexual, siempre que sean graves --más de cinco años de prisión-- y que se practique a sujetos con riesgo de reincidencia que se encuentren en situación de tercer grado penitenciario y en libertad condicional. Además, debería cancelarse como mucho pasados diez años.

Una base de datos de ADN podría utilizarse como medida de seguridad post delictual, alternativa a la libertad vigilada --que es mucho más restrictiva-- ya que puede ser un instrumento de autocontrol para aquellas personas que no pueden dominarse, como en el caso de los inhibidores sexuales. Sin embargo, el marco normativo español actual que regula estas bases es "insuficiente".

La extracción del ADN para esta finalidad deberá ser solicitada por el juez en la sentencia, aunque si más adelante no se detecta posible reincidencia podría quedar anulada. El acceso a estas bases de datos deberá ser limitado a la policía, cuerpos de seguridad y a jueces y fiscales.

El estudio forma parte de las ocho propuestas realizadas hasta ahora por la llamada Comisión Mena para el estudio de la prevención de la reincidencia en los delitos graves y se suma a otras recomendaciones que ya se están aplicando.

CAMBIOS EN LAS LEYES

En caso de que esta propuesta siga su curso, deberá reformarse la ley de 2007 que regula las bases de datos policiales sobre identificación obtenidos a partir de ADN, añadiendo sus nuevas finalidades.

También deberá añadirse en la reforma del Código Penal, especificando que la conservación del ADN puede utilizarse como medida no privativa de libertad. Serán necesarias, además, algunas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Montserrat Tura especificó que como las tres leyes son de ámbito estatal, la propuesta será trasladada a los ministerios correspondientes.

Fuente: La Ley

Leer Mas...

Castilla y León: 32 jueces optan a 14 vacantes de la Sala de Gobierno del TSJ

285 jueces y magistrados destinados en juzgados y tribunales de Castilla y León están llamados a votar el próximo jueves las 14 vacantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad autónoma, unos comicios que están convocados también por el Consejo General del Poder Judicial para todas las comunidades autónomas. Castilla y León es la segunda región española, después de Andalucía (15), en número de vocales que deben de ser renovados, superando a Cataluña, Canarias o Galicia (7). También se renovarán las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.


Tres candidaturas concurren a estos comicios que han creado una fuerte espectación entre la judicatura desde que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en toda España, saliese derrotada en el 2004 en la región consiguiendo tan sólo un vocal de los 14 electos de la Sala de Gobierno. De hecho, la dirección nacional de la APM, en su congreso celebrado a finales de octubre en Valladolid, consideró como uno de sus objetivos prioritarios recuperar el espacio perdido en la Sala del TSJ de Castilla y León, donde su presidente, José Luis Concepción (APM), está en minoría desde el 2005.

La actual Sala de Gobierno está 'controlada' por el movimiento de jueces no asociados, que ha formado candidatura este año con las asociaciones Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI), de tendencia moderada.

Estos tres colectivos agrupados presentan en sus listas a cuatro jueces de Valladolid, tres de León (entre ellos el décano de Ponferrada), dos de Salamanca, y uno de las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Esta candidatura se ha renovado completamente a excepción del magistrado del TSJ por Burgos, Eusebio Revilla.

En las elecciones de octubre del 2004, este movimiento logró el 64% de la representación en el TSJ, frente al 7% de la APM. Precisamente para «combatir este movimiento asambleario de tinte estudiantil», como definió un juez de Burgos en el Congreso de la APM, ésta agrupación de tendencia consevadora ha integrado en su lista a magistrados independientes, como el juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El resto de la lista la integran otros dos decanos, el de Valladolid y Burgos, y el juez de Arenas de San Pedro.

Fuentes de la APM consideran que sería una victoria obtener al menos la mitad de los 14 puestos vacantes, con lo que se demostraría que el movimiento de jueces no adscritos a ninguna asociación mayoritaria «es algo coyuntural» dentro de la judicatura española. La APM defiende el mantenimiento de las Salas de Gobierno con plena independencia. Recoge en su programa que trabajará porque los jueces puedan ejercitar acciones después de que se archiven las denuncias y querellas contra ellos y por campañas de prensa.

Tercera lista

La tercera candidatura que se presenta es Jueces para la Democracia (JD), que en este caso ha decidido presentar sólamente cuatro candidatos, entre los que están las magistradas de Zamora y Benavente, Esther González y Tania Chico. Esta organización, con representación en todo el Estado, aunque minoritaria en cuanto a afiliación en Castilla y León, tiene el 28% de la representación de la Sala de Gobierno del TSJ en el cupo de miembros natos, es decir, los presidentes de Audiencia Provinciales de Palencia, Salamanca y Zamora. En el último mandato, estos jueces se han aliado en votaciones junto a los no adscritos.

Fuente: nortecastilla.es

Leer Mas...

lunes, noviembre 23, 2009

El 70% de los juzgados empeoró su tiempo de respuesta en 2008

El número de asuntos pendientes de resolver en el año 2008 se incrementó en el 69,87% de los tribunales españoles lo que supone que sus tiempos de respuesta empeoraron ocho puntos con respecto al año anterior. Así se ha puesto de relieve en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que cuenta con diez parámetros con los que cada año calibra la marcha de la Justicia en España.


Los técnicos del Observatorio, creado por la Fundación Wolters Kluwer y presidido por el magistrado y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, achacan este notable empeoramiento del indicador a las huelgas rotativas de funcionarios que se produjeron en dicho período, así como el incremento de la entrada de asuntos y la interinidad, circunstancias todas ellas que han contribuido a agravar la situación tradicional de retraso en la resolución de asuntos.

IPC de la Justicia

El Observatorio, que presentó en la sede del Auditorio del despacho Garrigues el Índice Global de la Actividad Judicial –una especie de PIB o IPC de la Justicia con el que poder estudiar la evolución del sistema en su conjunto–, ha estudiado a través de tres de sus indicadores la carga total de trabajo que soportan nuestros tribunales, calibrando tanto el número de asuntos recibidos en el año como los pendientes de resolución de períodos anteriores y poniéndolos en relación con la capacidad máxima de absorberlos que tiene la actual plantilla de jueces y magistrados.

De esta forma, teniendo en cuenta que los litigios que entran superan en un 8,59% la capacidad máxima de resolver que tienen nuestros juzgadores, el Observatorio concluye que España necesita 700 nuevos jueces, es decir, que la planta actual debe ampliarse un 13,11%.

Pese a todo, este indicador –el que mide la la necesidad de incrementar el número total de jueces en atención a la carga de trabajo recibida en el año– ha mejorado tres puntos con respecto al año anterior lo que puede deberse, según resaltó el director del Observatorio Enrique López durante la presentación, a que “las unidades judiciales fueron creadas dónde realmente hacían falta”. En este sentido, desde el Observatorio consideran relevante que para crear nuevos órganos se atienda a las necesidades reales y no a criterios de reparto político entre Comunidades Autónomas.

En este indicador ha quedado patente que los órganos judiciales con una peor relación entre la planta judicial que tienen en atención a la carga de trabajo que soportan son los Juzgados de lo Social y los de lo Mercantil, una situación que puede tener mucho que ver con la actual coyuntura económica.

De todo ello se deduce que la actual plantilla de jueces y magistrados de España no tiene capacidad para absorber las cotas de litigiosidad alcanzadas en los últimos años. Por ello, y en aras a mejorar la actual situación de la Justicia, López pedía ayer que se “aborden reformas legales tendentes a reducir la litigiosidad”, ya que no resulta razonable que un sistema judicial soporte “incrementos sostenidos de litigiosidad superiores al 6% anual”.

Ejecuciones

Otro de los indicadores estudiados por el Observatorio es el tiempo que se tarda en ejecutar las resoluciones, un dato que interesa a los ciudadanos por cuanto éstos no sólo se contentan con el hecho de que se dicte la sentencia que reconoce su derecho, sino que esperan que ésta se ejecute.

En este caso, el informe apunta a que un 44,21% de las ejecuciones solicitadas sobre resoluciones firmes no son resueltas dentro del año en curso. Este indicador observa una mejora del 0,62% con respecto a 2007 lo que ha podido deberse a una mejor organización del trabajo en las oficinas judiciales. En el estudio destaca la eficacia de la actividad ejecutoria de los Juzgados de lo Social que alcanza una tasa del 95%.

En el extremo opuesto se encuentra la primera instancia civil, con un 32,53% de resoluciones firmes ejecutadas.

Los mejores resultados que arroja el estudio son los que se desprenden de los indicadores que evalúan la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia. En este punto, las cifras demuestran que de todas las sentencias que se apelan sólo el 23,78% resultan modificadas por la instancia superior. Y sólo el 9,67% de las sentencias y resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo fueron revocadas.

En este ámbito, el mejor resultado corresponde a la casación penal, con un índice de confirmación de sentencias del 95,84% y el peor a la jurisdicción contencioso-administrativa cuyo índice de confirmación es del 84,05%.

Finalmente, el Observatorio concluye señalando que el IPC de la Justicia registrado para 2008 es del 68,40% frente al 73,01% registrado en 2007, lo que supone una caída de cerca de cinco puntos como consecuencia de la variación negativa de los indicadores referidos a carga de trabajo, duración de los procesos, cumplimiento del módulo de dedicación y comparación interanual de la duración de los procesos.

Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, apuntó que los resultados del Observatorio muestran que “pese a los esfuerzos que se han realizado, la situación no ha mejorado lo suficiente”. En igual sentido, Alfonso Cuenca, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, apostó por “tomarnos en serio la implantación, de una vez por todas, de métodos alternativos de resoución de conflictos”.

Antonio Garrigues, presidente del despacho Garrigues, aplaudió la iniciativa de la Fundación Wolters Kluwer de medir la actividad de la Justicia porque “todo lo que se mide, mejora”. Para Caridad Hernández García, directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, “se ha tomado impulso para dar en poco tiempo los resultados que la ciudadanía espera en relación a la Justicia”. No obstante, reconoció que hay “mucho trabajo por delante”. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció toda la experiencia de las escuelas de práctica jurídica para enseñar técnicas de mediación, de transacción y para coadyuvar a implantar la cultura del arbitraje.

Fuente: expansion.com

Leer Mas...

Francisco Caamaño probará la nueva Oficina Judicial en Aragón

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la Diputación General de Aragón, Rogelio Silva, han firmado cuatro convenios de colaboración para impulsar la nueva Oficina Judicial, la apuesta personal de Caamaño para esta legislatura. Cada convenio incluía un sistema diferente que contribuirán a desarrollar de forma más rápida la nueva Oficina Judicial. Los cuatro modelos son el ‘LexNet’, el ‘Minerva’, el ‘Ainoa’ y el ‘Fortuni’.



El sistema “LexNet” garantiza la presentación de escritos y el envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, siendo, por tanto, un medio de transmisión seguro de información. La firma de este convenio supone avanzar en la consolidación progresiva de la Oficina Judicial sin papel, mediante el impulso de las notificaciones judiciales por vía telemática.

En cuanto al ‘Minerva’, la implantación del sistema en Aragón va a garantizar que esta comunidad cuente con la infraestructura técnica necesaria para la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial. Con la implantación de este sistema podrá acceder a todos los esquemas de tramitación procesal que servirán de base para la gestión diaria de la Oficina Judicial. Este modelo ya ha sido firmado en otras autonomías.

Mediante el ‘Ainoa, el ministerio de Justicia cede al Gobierno de Aragón los derechos del sistema Aino@ para su utilización tanto por su personal propio como por el de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma que realicen labores de recursos humanos y nóminas.

Por último, el ‘Fortuny’ permitirá la homogenización del uso de las aplicaciones de gestión procesal en todo el ámbito nacional, lo que permitirá avanzar en la consolidación de la información centralizada y constituir una herramienta potente para la toma de decisiones que estará a disposición de la Fiscalía General del Estado. Este convenio también ha sido firmado en otras comunidades autónomas como Andalucía o Galicia.


IU considera una "agresión" sacar todos los juzgados del centro de Zaragoza


Izquierda Unida manifestó su "oposición frontal" a la operación anunciada por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA, Rogelio Silva, de concentrar en recinto Expo todas las sedes judiciales. Su coordinador general en Aragón, Adolfo Barrena, y su portavoz municipal y responsable del Plan Integral del Casco Histórico, José Manuel Alonso, consideraron este planteamiento como la "una de las mayores agresiones" a la ciudad y el Casco Histórico al renunciar a su compromiso --acordado con el ayuntamiento-- de impulsar el Distrito de la Justicia en el centro de Zaragoza, aprovechando edificios como el palacio de Fuenclara o la Imprenta Blasco.

Además, ambos destacaron que contribuirá a un "vaciado importantísimo" del entorno de los actuales juzgados, por ser una de las actividades más dinamizadoras y porque supondrá la marcha a Ranillas de numerosos despachos de abogados o procuradores.

Para Barrena, supone una "acción grave" de la DGA que logra "despreciar, ningunear y tomar el pelo al ayuntamiento" y por eso ha presentado una interpelación para debatir en las Cortes una moción en la que exigirá el respeto al acuerdo adquirido con el consistorio, la apuesta por revitalizar el Casco Histórico y el rechazo a cualquier operación especulativa para pagar el traslado.

El diputado de IU también mostró interés en entrevistarse con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para conminarle a que "meta en cintura a los consejeros que van por libre". Y es que, en su opinión, llevar la Ciudad de la Justicia a Ranillas es "una ocurrencia" del consejero Silva.

Alonso, por su parte, instó al alcalde Belloch a que "se implique y si no le gusta que se oponga de verdad", en referencia a sus declaraciones en las que lamentaba esta decisión de la DGA. IU presentará una moción ante el pleno para que los grupos municipales "se opongan a cualquier recalificación" para costear la operación, pedirá una reunión de la Oficina del PICH con responsables de la DGA para aclarar sus pretensiones y contactará "con vecinos y comerciantes" del Casco Histórico "para pedir que se mantengan los tribunales donde están".

Fuente: elconfidencialautonomico.com , elperiodicodearagon.com

Leer Mas...

domingo, noviembre 22, 2009

Santiago de Compostela: La sala de la Audiencia supera sus primeros diez años de asfixia

Era uno de esos sueños que, porque mordían en las entrañas del localismo, se antojaban imposibles. Sin embargo, ya han pasado diez años desde que empezase a funcionar la sala compostelana de la Audiencia Provincial de La Coruña; y no se ha producido ningún cataclismo, bien al contrario.


La historia de la sección sexta a lo largo de estos dos lustros es también un retrato sociológico de la delincuencia de una ciudad, de su tipología, de su evolución. El denominado caso Pastor, el asesinato de Beatriz Garaboa Ríos o el juicio a los vecinos de o Eixo, así como la muerte del hincha de fútbol Manuel Ríos Suárez, ocupan solo una mínima parte del océano de folios en el que navegan, cada día, los magistrados Ángel Pantín Reigada -presidente de la sala-, José Ramón Sánchez Herrero, Leonor Castro Calvo, José Gómez Rey y ahora también, apoyando como magistrado emérito, el ex conselleiro Antonio Pillado. Y, por supuesto, un equipo de funcionarios sin el que el barco ni habría zarpado.

Tipología propia

Sociológicamente, la materia penal ha sido muy ilustrativa para saber qué tipo de delincuencia generan Santiago de Compostela y su área de influencia. El presidente enumera «muchos casos de tráfico de drogas», con la particularidad de que, cuando se ha tratado de tramas bastante organizadas -con una estructura, eso sí, de andar por casa- el origen hay que buscarlo en la zona de Ribeira. Pero ha habido una evolución: en los últimos años, muchas de estas organizaciones pseudoartesanas se han trasladado al extrarradio de la capital de Galicia, a zonas como Milladoiro o Bertamiráns. «En Santiago capital ha habido algún grupo en la zona de Pontepedriña, pero parece que ahora se han ido más a la periferia, y tampoco es una problemática especialmente acuciante».

Los juicios de lesiones, que llegan en gran cantidad, tienen su aquel. Pantín explica que «es el asunto de los famosos dientes: en las agresiones que causan deformidad, la pena excede de las competencias del juzgado de lo penal y nos llegan a nosotros».

No han faltado estafas que juzgar en estos diez años. Y, aunque no hayan sido económicamente demasiado importantes, en muchos casos acaban también en la Audiencia porque el instrumento del delito ha sido un cheque falsificado.

Fuente: lavozdegalicia.es

Leer Mas...