El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Antonio Terrasa, ha comparecido ayer jueves en una rueda de prensa tras haber sido reelegido por unanimidad como presidente del TSJB por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha referido a la sobrecarga que afrontan los órganos judiciales de las Islas por la crisis económica. Por otra parte, La consellera balear de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, se entrevistará con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el próximo lunes día 23 en Madrid para tratar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma.Antonio Terrasa se ha referido también al estado de los órganos judiciales en las Islas y ha remarcado que la situación más crítica se da en el juzgado penal de ejecutorias de Palma, el número 8. Ha dicho que también viven "un momento complicado" las dos salas penales de la Audiencia Provincial.
"Necesitamos también nuevos juzgados de primera instancia de Palma y hemos pedido que se cree una nueva sección de la Audiencia Provincial y en todo caso hasta que se haga se refuercen las dos secciones penales", ha pedido.
"Espero que en las creaciones del año que viene se incluyan todas estas peticiones", ha afirmado.
Terrasa ha recordado que hay refuerzos en los juzgados de lo Mercantil y Social de Palma para afrontar la sobrecarga de asuntos consecuencia de la crisis económica.
En relación a edificios judiciales, ha anunciado que el inicio del de Mahón "será realidad material en breve" y para fin de año también será efectivo el traslado a Ibiza de los jueces de primera instancia a un edificio nuevo.
Preguntado acerca de los efectos de las causas que investigan a cargos públicos, Terrasa ha afirmado que su abundancia ha contribuido a la sobrecarga de trabajo "porque se trata de no poca cantidad de causas" y además son investigaciones judiciales "verdaderamente complejas" tanto "por el volumen" como por "las dificultades de su tratamiento".
Sobre el traspaso de competencias de Justicia a la comunidad, Terrasa ha manifestado su esperanza de que el proceso "culmine finalmente" con una dotación "correcta".
Terrasa rechaza "hacer vaticinios" sobre las huelgas
Preguntado acerca de las dos recientes huelgas de jueces y la posibilidad de que se repitan, Terrasa ha rechazado "hacer vaticinios" pero ha manifestado su esperanza de que las principales reivindicaciones que motivaron los paros se vean satisfechas.
"Espero fundadamente que, a partir de aplicación efectiva del plan de modernización y de que se puedan ir viendo materializadas en concreto las mejoras que sobre el ámbito de la administración de Justicia está previsto que se produzcan, las ansias de mejora en esta expectativa se vayan cubriendo", ha señalado.
Terrasa ha agradecido "la muestra de confianza" del CGPJ al reelegirle y ha recordado que su nueva etapa al frente del TSJB se verá marcada por la renovación prácticamente integral de los órganos gubernativos de la carrera judicial, que empezará el día 26 con las elecciones a la sala de gobierno. Después se renovarán la presidencia de la Audiencia y de la Sala de lo Social del TSJB.
El presidente del TSJB ha subrayado que los nuevos cargos que resulten nombrados se deberán enfrentar al plan de modernización del CGPJ y Ministerio de Justicia han diseñado para "hacer modificaciones en profundidad de la estructura judicial", con la Oficina Judicial.
"La idea es que la actual distribución funcional de juzgados aislados se sustituya por un funcionamiento con servicios comunes", ha resumido.
Terrasa ha recordado que los objetivos de los cambios son reducir la litigiosidad, establecer proporcionalidad en los trámites, cambios en las leyes procesales, reestructurar de las funciones orgánicas y reparto de competencias dentro de la Oficina Judicial, redimensionar los recursos, mayor racionalización y control y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El presidente del TSJB ha recordado que el principal cambio que afrontarán será una nueva estructura de funcionamiento de la Oficina Judicial para que los jueces puedan dedicarse "exclusivamente a la labor de juzgar".
Con la Oficina Judicial, la tramitación y organización y mantenimiento de los recursos a cargo de los secretarios será exclusivamente política, a cargo de la Administración competente.
Para que dicha Oficina Judicial sea una realidad, se establecerán comisiones mixtas entre los jueces, el Ministerio y también la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia del Govern cuando tenga transferidas las competencias, ha recordado Terrasa.
Terrasa es presidente del TSJB desde mayo de 2004 y anteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Palma (1997-2004) y decano de los jueces de Palma (1990-1996).
'No asumiremos competencias a cualquier precio'
La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, remarcó ayer que sólo aceptará el traspaso de las competencias de Justicia a Baleares si el Ministerio dirigido por Francisco Caamaño "actualiza" el coste efectivo de la transferencia fijado en 55 millones de euros, teniendo en cuenta que esta cifra es superior, ya que hay que añadirle los alquileres provisionales de edificios que el Ministerio ha realizado en los últimos meses a la espera de que se construyan los nuevos Juzgados, como el de Ibiza.
Tras entregar el premio europeo Access-it 2009 Good Practice Label, Costa anunció que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con Caamaño le trasladará que los 55 millones de euros "no son suficientes", a pesar de que supone un incremento del 9% en relación a la primera cifra de coste efectivo del traspaso de competencias que fijó el Ministerio de Justicia.
La consellera balear se debía haber reunido el 3 de noviembre con el ministro, una cita que fue anulada y que finalmente se celebrará el lunes en el Ministerio de Justicia. Por otro lado, ha añadido que en este encuentro transmitirá al ministro de Justicia que para que se lleve a cabo el traspaso de las competencias, también es necesario que se llegue a un acuerdo respecto al "anexo de inversiones" en los 26 edificios judiciales, que el Govern cifra en 121 millones, siendo "irrenunciables" los nuevos Juzgados de Mahón, Ciutadella e Ibiza, algo que, a su juicio, es compartido por el Ministerio.
Asimismo, indica que también son importantes los nuevos edificios judiciales de Manacor e Inca, así como dar una solución a la "falta de espacio" en el actual edificio que comparten el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y la Audiencia Provincial.
"Tenemos ganas de tener las competencias gestionadas, pero no las queremos si no vienen bien financiadas", insiste Costa, quien indica que en la reunión del lunes negociará con Caamaño el informe realizado hace unos meses en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares.
Concretamente, este estudio, que fue remitido el pasado mes de mayo al ministro por el conseller de Presidencia, Albert Moragues, cuando las competencias de Justicia estaban adscritas a su departamento, concluye que se deben destinar 96,5 millones de euros a la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza, así como 24,4 millones de euros a la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón.
De este modo, el Govern considera que se respondería a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en las islas en un plazo aproximado de entre 20 y 25 años, si bien estima que las citadas cantidades económicas pueden ir variando con el tiempo.
Costa remarca que su intención es poner de manifiesto en la reunión del próximo lunes la "firme voluntad" del Ejecutivo balear de alcanzar un acuerdo para lograr el traspaso de las competencias de Justicia con las "mejores condiciones económicas posibles", lo que se traduce en consensuar el coste efectivo de la transferencia y el anexo de inversiones para construir nuevos juzgados en el archipiélago.
"Estamos abiertos a todos, pero no asumiremos las competencias a cualquier precio, ya que, desgraciadamente, tenemos ejemplos en el caso de las competencias en salud o educación que hemos visto por experiencia que ha supuesto un coste para la Comunidad Autónoma para poderlas mantener en unas condiciones dignas", recalcó la consellera.
Pese a que Costa dijo que el Govern ya maneja estudios en los que ya se tiene "claro" cuáles pueden ser las cifras económicas en las que estaría de acuerdo para que se traspasaran las competencias de Justicia, señaló que, hasta el próximo lunes, no se van a hacer públicas por "respeto" al Ministerio y por una "estrategia negociadora".
La titular balear de Innovación, Interior y Justicia ha reconocido que se hace "difícil" hablar de plazos, si bien esperó que en 2010 "tengamos claro hacia dónde deben ir las negociaciones, en el sentido de si es posible llegar a un acuerdo o si seguiremos discutiendo sobre el traspaso de competencias".
Finalmente, Costa remarca que el citado estudio sobre las necesidades en materia de infraestructuras judiciales permitirá que la negociación con Caamaño pueda ser lo "más rigurosa posible" y, en esta línea, confió en que el ministro dé una respuesta a este informe que calificó de "muy serio".
Propiedad de los edificios existentes
Durante la presentación de este informe el pasado 13 de mayo de este año, Moragues explicó que el Govern no exigirá al Ministerio que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclamará la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.
No obstante, apunta que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.
Concretamente, el objetivo del Ejecutivo balear es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.
Así, el citado estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente. Asimismo, se propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).
Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.
Con estas actuaciones, el Govern sostiene que no sólo se mejorarán los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.
Fuente: elmundo.es , mallorcadiario.com , europapress.es
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