El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha presentado al Consejo de Ministros el informe "Transformando la Administración de Justicia: nuevas estructuras funcionales y organizativas", sobre los cambios que las recientes reformas procesales aprobadas en las Cortes han operado sobre el sistema de justicia y las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para asegurar su eficacia.Una sociedad avanzada exige una Administración de Justicia con tiempos de respuesta razonables, que utilice su mismo lenguaje y las mismas herramientas de comunicación. La reforma del sistema de justicia, por tanto, es una tarea crucial e inaplazable que constituye todo un reto de Estado.
Ese cambio programado y urgente, siguiendo el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre, pasa necesariamente y en primer lugar por una racionalización de los órganos judiciales, una tarea pendiente desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003.
Así, el pasado mes de octubre el parlamento aprobó por unanimidad las dos leyes de reforma procesal, una orgánica y otra ordinaria, con el objetivo de implantar la nueva oficina judicial e introducir una serie de reformas procesales para la agilización de la justicia. Tras muchos años de reformas pendientes, estas nuevas leyes abren un tiempo de cambio para la justicia, colocando la base normativa del proceso de modernización.
La Nueva Oficina Judicial es el motor del cambio de este proceso y se concreta en una nueva estructura de órgano judicial sustentada sobre los principios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y responsabilidad por la gestión, incorporando además la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esto permitirá:
.-Que los jueces y magistrados dediquen todo su esfuerzo a la función que les atribuye la Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
.- Potenciar la figura de los secretarios judiciales, como auténticos directores de la oficina judicial.
.- Especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales.
.- Una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso y racional de funciones.
Se introducen también una serie de cambios procesales para agilizar la justicia. Entre ellos destaca la nueva competencia del secretario judicial para admitir las demandas, o impulsar la ejecución; la creación de la figura del juez de adscripción territorial; la institución de un nuevo depósito para recurrir o las nuevas competencias de procurados y graduados sociales.
Se amplía además la cobertura del proceso monitorio y de la tramitación civil como juicio verbal, cuya agilidad y eficacia se pretende potenciar.
Para asegurar la efectividad de todo este conjunto de mejoras funcionales y organizativas, el Ministerio de Justicia ha dispuesto un proceso de implantación progresivo, coordinado y planificado. En este sentido, a partir del 1 de enero comenzará la implantación del nuevo sistema, que tendrá lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las siguientes ciudades: Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.
El programa de implementación contará además con equipos de seguimiento locales y estará soportado por una base normativa, en desarrollo de las leyes de reforma procesal, en las que ya se está trabajando. El cambio exigirá además acometer importantes inversiones de adaptación tecnológica y de infraestructuras.
Por último, todo el proceso de implementación de la nueva estructura de la justicia requerirá un esfuerzo de adaptación cultural y la máxima implicación por parte de los agentes jurídicos y sociales. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha elaborado un Programa de Gestión del Cambio, que tiene como objetivo preparar a todos los colectivos profesionales implicados en la transformación.
Este Programa se concreta en un conjunto de actividades transversales, que se llevarán a cabo en paralelo al despliegue del nuevo modelo, y que inciden en tres frentes: coordinación, sensibilización y comunicación.
Fuente: La Ley
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