lunes, noviembre 23, 2009

Francisco Caamaño probará la nueva Oficina Judicial en Aragón

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la Diputación General de Aragón, Rogelio Silva, han firmado cuatro convenios de colaboración para impulsar la nueva Oficina Judicial, la apuesta personal de Caamaño para esta legislatura. Cada convenio incluía un sistema diferente que contribuirán a desarrollar de forma más rápida la nueva Oficina Judicial. Los cuatro modelos son el ‘LexNet’, el ‘Minerva’, el ‘Ainoa’ y el ‘Fortuni’.



El sistema “LexNet” garantiza la presentación de escritos y el envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, siendo, por tanto, un medio de transmisión seguro de información. La firma de este convenio supone avanzar en la consolidación progresiva de la Oficina Judicial sin papel, mediante el impulso de las notificaciones judiciales por vía telemática.

En cuanto al ‘Minerva’, la implantación del sistema en Aragón va a garantizar que esta comunidad cuente con la infraestructura técnica necesaria para la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial. Con la implantación de este sistema podrá acceder a todos los esquemas de tramitación procesal que servirán de base para la gestión diaria de la Oficina Judicial. Este modelo ya ha sido firmado en otras autonomías.

Mediante el ‘Ainoa, el ministerio de Justicia cede al Gobierno de Aragón los derechos del sistema Aino@ para su utilización tanto por su personal propio como por el de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma que realicen labores de recursos humanos y nóminas.

Por último, el ‘Fortuny’ permitirá la homogenización del uso de las aplicaciones de gestión procesal en todo el ámbito nacional, lo que permitirá avanzar en la consolidación de la información centralizada y constituir una herramienta potente para la toma de decisiones que estará a disposición de la Fiscalía General del Estado. Este convenio también ha sido firmado en otras comunidades autónomas como Andalucía o Galicia.


IU considera una "agresión" sacar todos los juzgados del centro de Zaragoza


Izquierda Unida manifestó su "oposición frontal" a la operación anunciada por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA, Rogelio Silva, de concentrar en recinto Expo todas las sedes judiciales. Su coordinador general en Aragón, Adolfo Barrena, y su portavoz municipal y responsable del Plan Integral del Casco Histórico, José Manuel Alonso, consideraron este planteamiento como la "una de las mayores agresiones" a la ciudad y el Casco Histórico al renunciar a su compromiso --acordado con el ayuntamiento-- de impulsar el Distrito de la Justicia en el centro de Zaragoza, aprovechando edificios como el palacio de Fuenclara o la Imprenta Blasco.

Además, ambos destacaron que contribuirá a un "vaciado importantísimo" del entorno de los actuales juzgados, por ser una de las actividades más dinamizadoras y porque supondrá la marcha a Ranillas de numerosos despachos de abogados o procuradores.

Para Barrena, supone una "acción grave" de la DGA que logra "despreciar, ningunear y tomar el pelo al ayuntamiento" y por eso ha presentado una interpelación para debatir en las Cortes una moción en la que exigirá el respeto al acuerdo adquirido con el consistorio, la apuesta por revitalizar el Casco Histórico y el rechazo a cualquier operación especulativa para pagar el traslado.

El diputado de IU también mostró interés en entrevistarse con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para conminarle a que "meta en cintura a los consejeros que van por libre". Y es que, en su opinión, llevar la Ciudad de la Justicia a Ranillas es "una ocurrencia" del consejero Silva.

Alonso, por su parte, instó al alcalde Belloch a que "se implique y si no le gusta que se oponga de verdad", en referencia a sus declaraciones en las que lamentaba esta decisión de la DGA. IU presentará una moción ante el pleno para que los grupos municipales "se opongan a cualquier recalificación" para costear la operación, pedirá una reunión de la Oficina del PICH con responsables de la DGA para aclarar sus pretensiones y contactará "con vecinos y comerciantes" del Casco Histórico "para pedir que se mantengan los tribunales donde están".

Fuente: elconfidencialautonomico.com , elperiodicodearagon.com

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