Hasta 4,36 millones de euros podría embolsarse la agencia de viajes que se haga con el contrato que ha sacado a concurso el Ministerio de Justicia. El importe, en el que no se incluye IVA, se desglosa en dos anualidades de 2,18 millones de euros cada una. La empresa que resulte adjudicataria del contrato tendría asegurado el pago del primer año, ya que es potestad del ministerio el prorrogar el acuerdo hasta 2011.
El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de noviembre y quien se haga con el contrato deberá aportar una garantía de 20.800 euros. Entre los trabajos que deberá desarrollar la agencia que finalmente resulte elegida se encuentran la reserva, emisión o modificación de títulos de viaje, reservas hoteleras, de vehículos de alquiler u otros servicios como gestión de congresos, reuniones o conferencias.
Los beneficiarios que se aprovecharán de los servicios de la agencia serán desde jueces y fiscales, hasta abogados al servicio del Ministerio de Justicia y becarios incluidos en sus planes de estudio. Eso sí, el departamento que dirige Francisco Camaaño exige que la agencia contratada consiga los precios más económicos, ya que el ministerio se reserva el derecho a contratar los servicios a otras empresas si encuentra tarifas menos caras en el sector que las que le ofrece el adjudicatario del contrato.
En la estimación que han hecho en Justicia se prevé un gasto anual de 365.000 euros en hoteles y 1,81 millones de euros en transportes (avión y tren). Además, la agencia encargada de llevar los viajes de Justicia debe prestar un servicio de atención telefónica diario las 24 horas del día y debe disponer de una persona en la sede del ministerio dedicada únicamente a cubrir este servicio.
Fuente: revista80dias.es
El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de noviembre y quien se haga con el contrato deberá aportar una garantía de 20.800 euros. Entre los trabajos que deberá desarrollar la agencia que finalmente resulte elegida se encuentran la reserva, emisión o modificación de títulos de viaje, reservas hoteleras, de vehículos de alquiler u otros servicios como gestión de congresos, reuniones o conferencias.
Los beneficiarios que se aprovecharán de los servicios de la agencia serán desde jueces y fiscales, hasta abogados al servicio del Ministerio de Justicia y becarios incluidos en sus planes de estudio. Eso sí, el departamento que dirige Francisco Camaaño exige que la agencia contratada consiga los precios más económicos, ya que el ministerio se reserva el derecho a contratar los servicios a otras empresas si encuentra tarifas menos caras en el sector que las que le ofrece el adjudicatario del contrato.
En la estimación que han hecho en Justicia se prevé un gasto anual de 365.000 euros en hoteles y 1,81 millones de euros en transportes (avión y tren). Además, la agencia encargada de llevar los viajes de Justicia debe prestar un servicio de atención telefónica diario las 24 horas del día y debe disponer de una persona en la sede del ministerio dedicada únicamente a cubrir este servicio.
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