La digitalización, la firma electrónica y el acceso a las redes de banda ancha son algunos de los principales retos a los que se va a enfrentar en un futuro inmediato la Administración de Justicia española, según el informe impulsado por Fundación Telefónica 'Las TIC en la Justicia del futuro' y publicado en la Colección Fundación Telefónica/Ariel.El informe, que indica que la nueva oficina judicial y el expendiente digital abrirán el camino hacia un modelo de justicia en red y a su mejora administrativa, ha sido realizado con la colaboración del Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer y se centra en los necesarios cambios técnicos, organizativos y administrativos encaminados hacia un modelo en Red de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta el notable aumento de la litigiosidad, con más de nueve millones de asuntos ingresados y resueltos en el año 2008 frente a los siete millones registrados en 2003.
Al tratarse de un sector intensivo en información, la Justicia es un ámbito idóneo para comprobar las ventajas de la implantación de las TIC. Asimismo, el informe responde a una demanda ciudadana, ya que el Primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia elaborado en 2009 por la Fundación Wolters Kluwer refleja que el 85% de los encuestados considera la mejora de los medios técnicos como requisito indispensable para aumentar la eficacia del servicio. Del mismo modo, un 62% de los ciudadanos no están dispuestos a perder rigurosidad a cambio de agilidad en los procesos, un aspecto en el que las TIC se presentan como herramienta indispensable, ya que su aplicación hace posible configurar un sistema judicial más robusto frente a posibles errores.
La implantación de las TIC ofrece una gran oportunidad para responder a la petición de una Justicia más accesible, próxima y transparente, que ofrezca nuevos canales de acceso a la información. Por otro lado, mejora la relación con los ciudadanos prestando un servicio de mayor calidad capaz de garantizar con rapidez y eficacia los derechos legalmente reconocidos.
Más de 248 millones de euros de ahorro
Se mejorará, además, el acceso a la información y el uso compartido de datos a partir del expediente judicial electrónico en red mediante la digitalización de los registros civiles, el acceso a redes de banda ancha y el desarrollo de la firma electrónica. El uso del documento electrónico supondría un ahorro total de 1.400.000 horas, al reducir el tiempo de consulta a 30 segundos frente a los 4 minutos del documento en papel. Los 8 millones de expedientes anuales que se manejan en la Justicia ocupan unos 650.000 metros cuadrados, con lo que podría recuperarse más de una cuarta parte del espacio disponible y reutilizarlo en las nuevas necesidades.
Además, el coste de mantener un expediente es de unos 15 euros al año, en total aproximadamente 120 millones de euros anuales. Al digitalizarse toda la información se reducirían los costes de archivo y conservación hasta en un 95% (114 millones de euros) y el paso de la búsqueda de la información en papel a la digital ahorraría 14,4 millones de euros.
El estudio señala que la solución a la implantación y desarrollo ordenado de las TIC debe organizarse teniendo en cuenta la compleja estructura organizativa del sistema judicial, no jerárquica y que cuenta con diversos gestores y responsables de su gestión. La distinción entre “administraciones de Justicia” y “administración de la Administración de Justicia” conlleva el reparto de competencias entre el Ministerio de Justicia, diez comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Parlamento. El sistema judicial lo forman 3.589 jurisdicciones, más de 1.973 Tribunales Superiores de Justicia, 7.680 juzgados de paz y 124 fiscalías, con más de 179.000 profesionales dependiendo de estas Administraciones.
Este informe asegura que las TIC aportarán los servicios de “e-justicia” para el ciudadano mediante sistemas que faciliten la notificación y el manejo de tiempos en los juzgados, la realización de trámites, que ofrezcan acceso a la información judicial e información sobre educación legal, sistemas de subastas judiciales en red, y servicios de seguimiento en el ámbito de la violencia de género. También se desarrollarán servicios de “e-justicia” para agentes colaboradores, sistemas que permiten la interoperabilidad entre órganos judiciales, servicios comunes procesales y fiscalías (Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial o PNJ; el sistema integrado de registros de apoyo a la actividad judicial (SIRAJ), el sistema telemático Lexnet del Ministerio de Justicia, etc.). Por último, también habrá servicios de “e-justicia” para jueces y funcionarios mediante una extranet de jueces y magistrados, foros de comunicación y herramientas colaborativas, centros de atención a usuarios y herramientas de e-learning.
Fuente: Cibersur.com
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