Josep Mediñà y Antonia Veredas, su esposa, durmieron en casa de su hijo. Lo mismo que desde hace 16 meses, cuando, al volver de vacaciones, se encontraron su piso, en el Raval de Barcelona, ocupado por otra familia. Desde entonces, viven enmarañados en procesos judiciales para recuperar su vivienda.El último, el mes pasado. Estaban esperando el "lanzamiento" (desalojo por orden judicial) de las personas que viven en el piso que ellos tienen alquilado por 148 euros mensuales al Patronato de la Vivienda de Barcelona, cuando una "interlocutoria" del juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 57, Carlos Tortras, paralizó el proceso. El juez, el mismo que había ordenado desalojar el piso semanas antes, adujo en esta ocasión que quedaba "acreditada la precariedad económica de la solicitante", la persona que ocupaba el piso sin contrato. Impuso una caución (fianza) de un euro.
Antes se habían producido varias decisiones judiciales. En abril, la titular del mismo juzgado, Eva María Atarés, decidió que la familia Mediñà era la titular legal de la vivienda y que debían recuperarla. Antes, un auto de octubre de 2008 emitido por el Juzgado de Instrucción número 13, desestimaba una demanda penal de "usurpación", sobre la base de testimonios que decían que la vivienda llevaba años desocupada. El auto, sin embargo, abría el camino a otros procesos. La abogada de los reclamantes recurrió a la vía civil y la juez Atarés, atendiendo a otros testigos y al Patronato Municipal de la Vivienda, dio la razón a los demandantes.
La demandada, María José O. E., presentó recurso y fue admitido. Mientras, los demandantes pidieron la ejecución de sentencia y el desalojo. La petición fue atendida por Tortras y paralizada tras otro recurso de la demandada. En esta nueva decisión, del 1 de octubre, el juez alude a la "precariedad económica" de los ocupantes y fija la "caución".
En el piso viven al menos tres personas, pero sólo se ha procedido contra María José O. E. Ésta ha contado que alquiló el piso a alguien llamado "Jaime", de quien supo por un cartel en el que figuraba un número de teléfono móvil. Jaime, relató a la policía la acusada, que no respondió a los intentos de este diario de recabar su versión, le dio las llaves a cambio de 1.500 euros y sin mediar documento alguno.
La vecina que declaró a favor de la acusada en el proceso es la inquilina del piso 1ª (el ocupado es el 1º 2ª y son contiguos). Esa vecina no está localizable: no pagaba el alquiler y el Patronato de la Vivienda instó un proceso de desahucio que se hizo efectivo hace unas semanas.
La actitud del Gobierno autónomo, propietario de la finca, y del Patronato de la Vivienda de Barcelona, que la gestiona, ha sido no hacer nada hasta que haya decisión judicial firme. Un portavoz del consistorio sostuvo que no cabe otra posibilidad hasta que los titulares del contrato recuperen el piso. Éstos habían pedido una vivienda provisional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) difundió un comunicado con el que trata de salir al paso de la polémica que ha levantado el caso, en el que aseguraba: "El caso no se trata de una okupación de vivienda".
Fuente: elpais.com
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