Un año. Eso es lo que ha tardado la Consejería de Justicia y Administración Pública en estudiar la petición de ayuda que la Fiscalía de Sevilla le envió, por carta, ante la «extraordinaria» carga de trabajo que padece. El departamento que dirige Begoña Álvarez ha empezado a plantearse la posibilidad de pagar horas extraordinarias a algunos de los funcionarios destinados en las oficinas del Ministerio Público, exactamente lo que le pidió la fiscal jefe, María José Segarra, en su misiva, firmada el 23 de diciembre de 2008.La idea de Justicia está aún por desarrollar, pero la intención es reforzar, como se ha hecho con los juzgados más conflictivos, las sedes de la Fiscalía que más lo necesiten. Al menos, así lo anunció un alto cargo de la consejería a los representantes de los funcionarios.
Hasta ahora, el Ministerio Público no había disfrutado de planes de apoyo específicos, como los que sí han tenido, y tienen, algunos de los juzgados más sobrecargados. Jurisdicciones como la Penal o la Mercantil, afectadas por la avalancha de sentencias por ejecutar y las consecuencias de la crisis económica, respectivamente, sí han contado con refuerzos, mientras que la Fiscalía, sufriendo los mismos efectos, no ha recibido un respaldo equiparable.
De los problemas por los que atraviesa el Ministerio Público sevillano dio cuenta la fiscal jefe en la carta que dirigió en diciembre del año pasado a la Consejería de Justicia. En resumen, Segarra advirtió de que la situación era preocupante y que urgía un plan de refuerzos para evitar una saturación de la institución. En especial, en dos de las oficinas que tiene diseminadas por la provincia, la de Osuna y la de Lora del Río, en las que la situación es «delicada».
Un 40% más de trabajo
La carta, proponía a la Administración autonómica la puesta en marcha de un plan de horas extraordinarias por un periodo de entre cuatro y seis meses, dependiendo de la materia jurídica de la que se tratase, penal en el primer caso y civil en el segundo.
En el ámbito penal, la Fiscalía sevillana solicitó a la Consejería de Justicia que se prestase a pagar las horas extraordinarias de cinco funcionarios en su sede principal del Prado de San Sebastián y de otro trabajador más en las dependencias ubicadas en Viapol.
La prolongación de la jornada laboral de estos seis funcionarios se justificaba, según Segarra, por el incremento «extraordinario» de trabajo registrado desde finales del año pasado, sobre todo en lo que al seguimiento de las ejecutorias se refiere. De acuerdo con las estadísticas del propio Ministerio Público, este aumento de asuntos se cifra en alrededor de un 40%, lo que requiere, insiste la fiscal jefe en su misiva, un esfuerzo «extraordinario» no sólo en los juzgados afectados.
De hecho, Segarra incide en que estos órganos judiciales sí han recibido el respaldo de la Administración andaluza en forma de refuerzos y en consonancia con el incremento de la carga de trabajo. Sin embargo, apunta, con la Fiscalía no ha sucedido lo mismo. O la Junta trata por igual a juzgados y a Fiscalía o, advierte, no se podrán cumplir los plazos procesados fijados al no poder hacer frente el Ministerio Público a ese «volumen extra» de trabajo.
Fuente: elmundo.es
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