El número de asuntos pendientes de resolver en el año 2008 se incrementó en el 69,87% de los tribunales españoles lo que supone que sus tiempos de respuesta empeoraron ocho puntos con respecto al año anterior. Así se ha puesto de relieve en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que cuenta con diez parámetros con los que cada año calibra la marcha de la Justicia en España.Los técnicos del Observatorio, creado por la Fundación Wolters Kluwer y presidido por el magistrado y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, achacan este notable empeoramiento del indicador a las huelgas rotativas de funcionarios que se produjeron en dicho período, así como el incremento de la entrada de asuntos y la interinidad, circunstancias todas ellas que han contribuido a agravar la situación tradicional de retraso en la resolución de asuntos.
IPC de la Justicia
El Observatorio, que presentó en la sede del Auditorio del despacho Garrigues el Índice Global de la Actividad Judicial –una especie de PIB o IPC de la Justicia con el que poder estudiar la evolución del sistema en su conjunto–, ha estudiado a través de tres de sus indicadores la carga total de trabajo que soportan nuestros tribunales, calibrando tanto el número de asuntos recibidos en el año como los pendientes de resolución de períodos anteriores y poniéndolos en relación con la capacidad máxima de absorberlos que tiene la actual plantilla de jueces y magistrados.
De esta forma, teniendo en cuenta que los litigios que entran superan en un 8,59% la capacidad máxima de resolver que tienen nuestros juzgadores, el Observatorio concluye que España necesita 700 nuevos jueces, es decir, que la planta actual debe ampliarse un 13,11%.
Pese a todo, este indicador –el que mide la la necesidad de incrementar el número total de jueces en atención a la carga de trabajo recibida en el año– ha mejorado tres puntos con respecto al año anterior lo que puede deberse, según resaltó el director del Observatorio Enrique López durante la presentación, a que “las unidades judiciales fueron creadas dónde realmente hacían falta”. En este sentido, desde el Observatorio consideran relevante que para crear nuevos órganos se atienda a las necesidades reales y no a criterios de reparto político entre Comunidades Autónomas.
En este indicador ha quedado patente que los órganos judiciales con una peor relación entre la planta judicial que tienen en atención a la carga de trabajo que soportan son los Juzgados de lo Social y los de lo Mercantil, una situación que puede tener mucho que ver con la actual coyuntura económica.
De todo ello se deduce que la actual plantilla de jueces y magistrados de España no tiene capacidad para absorber las cotas de litigiosidad alcanzadas en los últimos años. Por ello, y en aras a mejorar la actual situación de la Justicia, López pedía ayer que se “aborden reformas legales tendentes a reducir la litigiosidad”, ya que no resulta razonable que un sistema judicial soporte “incrementos sostenidos de litigiosidad superiores al 6% anual”.
Ejecuciones
Otro de los indicadores estudiados por el Observatorio es el tiempo que se tarda en ejecutar las resoluciones, un dato que interesa a los ciudadanos por cuanto éstos no sólo se contentan con el hecho de que se dicte la sentencia que reconoce su derecho, sino que esperan que ésta se ejecute.
En este caso, el informe apunta a que un 44,21% de las ejecuciones solicitadas sobre resoluciones firmes no son resueltas dentro del año en curso. Este indicador observa una mejora del 0,62% con respecto a 2007 lo que ha podido deberse a una mejor organización del trabajo en las oficinas judiciales. En el estudio destaca la eficacia de la actividad ejecutoria de los Juzgados de lo Social que alcanza una tasa del 95%.
En el extremo opuesto se encuentra la primera instancia civil, con un 32,53% de resoluciones firmes ejecutadas.
Los mejores resultados que arroja el estudio son los que se desprenden de los indicadores que evalúan la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia. En este punto, las cifras demuestran que de todas las sentencias que se apelan sólo el 23,78% resultan modificadas por la instancia superior. Y sólo el 9,67% de las sentencias y resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo fueron revocadas.
En este ámbito, el mejor resultado corresponde a la casación penal, con un índice de confirmación de sentencias del 95,84% y el peor a la jurisdicción contencioso-administrativa cuyo índice de confirmación es del 84,05%.
Finalmente, el Observatorio concluye señalando que el IPC de la Justicia registrado para 2008 es del 68,40% frente al 73,01% registrado en 2007, lo que supone una caída de cerca de cinco puntos como consecuencia de la variación negativa de los indicadores referidos a carga de trabajo, duración de los procesos, cumplimiento del módulo de dedicación y comparación interanual de la duración de los procesos.
Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, apuntó que los resultados del Observatorio muestran que “pese a los esfuerzos que se han realizado, la situación no ha mejorado lo suficiente”. En igual sentido, Alfonso Cuenca, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, apostó por “tomarnos en serio la implantación, de una vez por todas, de métodos alternativos de resoución de conflictos”.
Antonio Garrigues, presidente del despacho Garrigues, aplaudió la iniciativa de la Fundación Wolters Kluwer de medir la actividad de la Justicia porque “todo lo que se mide, mejora”. Para Caridad Hernández García, directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, “se ha tomado impulso para dar en poco tiempo los resultados que la ciudadanía espera en relación a la Justicia”. No obstante, reconoció que hay “mucho trabajo por delante”. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció toda la experiencia de las escuelas de práctica jurídica para enseñar técnicas de mediación, de transacción y para coadyuvar a implantar la cultura del arbitraje.
Fuente: expansion.com
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