martes, agosto 31, 2010

Murcia: La Audiencia considera que zarandear a la esposa no constituye delito de malos tratos

Zarandear a la esposa no constituye siempre "necesariamente" un delito de malos tratos, según se indica en una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que confirma la absolución dictada por un Juzgado de lo Penal de Lorca y desestima el recurso presentado por la denunciante contra la misma.


Dice la Sala que el juez de lo penal de Lorca, en su resolución de mayo de 2008, declaró como hechos probados que cuando la mujer se presentó en el domicilio del esposo, del que se encontraba en trámites de separación, para recoger sus enseres personales, se produjeron unos incidentes.

Los mismos, añadía el juez, se originaron cuando el marido le reprochó que también estaba recogiendo cosas suyas, produciéndose entonces un incidente en el transcurso del cual "ambos se zarandearon: uno, para que ella se fuera de la casa, y la otra, para mantenerse en la misma".

Según el Juzgado de lo Penal, "no ha quedado acreditado que el acusado, en el transcurso de dicha discusión, agrediera a la denunciante".

En la sentencia que desestima el recurso presentado por ésta, la Audiencia Provincial indica que el término "zarandear" es "más equívoco de lo que parece a primera vista, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua equivale a varios conceptos que no son exactamente lo mismo y que, por tanto, introducen cierta confusión".

Añade el tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Augusto Morales, que "estamos ante un término que no representa necesariamente, siempre y en todo caso, una conducta de mal trato de obra, puede que sí y puede que no, porque dependerá de las demás circunstancias que concurran en el caso concreto".

Con todos los datos recogidos en el relato de hechos probados, dice la Sala, "no resulta factible, ni lógico, ni equitativo, construir un supuesto de malos tratos de obra contra el cónyuge; no puede decirse que el zarandeo recíproco tenga la suficiente intensidad como para configurar todo un delito, mucho menos si se analizan las demás circunstancias que concurrieron en este caso".

Fuente: La Ley

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lunes, agosto 30, 2010

Cáceres: Los forenses detectan un aumento de las agresiones en un 7,4%

¿Las personas que viven en la provincia de Cáceres son cada vez más violentas? ¿Aumentan las peleas en los bares y en las calles? ¿Crecen o disminuyen las agresiones a mujeres por parte de sus parejas?... Según los datos de la última Memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, por desgracia estamos en una sociedad cada vez más violenta.


El año pasado los forenses de esta provincia tuvieron que ver a 1.930 personas que sufrieron agresiones, ya fuera por peleas, por violencia doméstica o abusos sexuales. En el año 2008 los casos de este tipo, encuadrados en el apartado de lesiones dolosas, fueron 1.797. Lo que significa que en el último año hubo un incremento de un 7,4%.

En el caso de las lesiones en agresión, si en el año 2007 hubo 1.326 casos, se subió a 1.426 en el 2008 y a 1.490 asuntos en el 2009.

Es bastante preocupante el aumento que ha habido en esta provincia de casos de lesiones en violencia doméstica. En el año 2005 los forenses valoraron 182 casos, al año siguiente creció a 201, se llegó a 239 en el 2007, para llegar a una cifra bastante alta en el 2008: 350 casos. En el año 2009 ya se ha alcanzado la cifra de 421 lesiones por violencia doméstica, lo que supone un aumento del 20,28%, un tanto por ciento bastante elevado.

Una noticia positiva entre tanta violencia, es que están disminuyendo los reconocimientos de los forenses en los casos de agresión o abuso sexual. En el 2007 hubo 31 mujeres que tuvieron que ser exploradas por los forenses por esta causa. En el 2008 bajó la cifra a 21 y en el 2009 fueron ya 19.

Se tiene la idea equivocada de que los forenses trabajan sobre todo con cadáveres. No es así. El año pasado realizaron 3.896 informes en «sujetos vivos», mientras que hubo un total de 163 actuaciones en cadáveres para determinar las causas y circunstancias en fallecimientos por causas violentas o sospechosas de criminalidad.

En los informes sobre vivos, se encuentran los 1.930 casos de lesiones dolosas (agresiones, violencia doméstica y abusos sexuales), a las que hay que sumar 1.015 estudios sobre lesiones en accidentes de tráfico, 164 valoraciones sobre el consumo de drogas, 61 estudios sobre posibles enfermedades mentales, además de indicar si hay que internar o no en unidades de psiquiatría a 130 personas, y valorar si 195 personas tienen que ser declaradas o no incapaces (muchas de ellas en residencias de ancianos).

También tienen que hacer valoraciones sobre posibles responsabilidades médicas. El año pasado analizaron 14 supuestos errores médicos, uno menos que en el 2008.

En las actuaciones tanatológicas, a personas fallecidas, estudiaron 110 muertes violentas, de las que 42 fueron muertes suicidas y 35 por accidentes de circulación.

Llama la atención en la memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, que mientras los muertos en accidentes de circulación están bajando bastante, suben los casos de suicidios.

Si en el año 2004 hubo 77 personas que perdieron la vida en las carreteras de la provincia de Cáceres, en el año 2006 se bajó a 48 y ya en el año 2009 fueron 35. De esos 35 fallecidos 29 eran hombres y 6 mujeres. La mayoría de los muertos eran jóvenes, uno de cada tres tenía de 20 a 29 años.

Los suicidios siguen aumentando en esta provincia. Si en el año 2006 hubo 28 casos, en el año 2008 se llegó a 34, para alcanzar la cifra de 42 personas que se quitaron la vida en el año 2009.

De los casos de suicidios del año pasado, 34 eran varones y 8 mujeres . La mayoría de ellos, 18, se ahorcaron, 6 se tiraron al vacío, otros 6 se intoxicaron y 5 (todos ellos hombres) se dispararon un tiro.

La mayoría de los suicidas tenían de 40 a 49 años. Fueron 10 casos en esa franja de edad. Hay bastante menos casos de suicidios en personas jóvenes, sólo cinco tenían menos de 30 años.

Llama la atención que los meses en los que se quitó la vida más gente fue en abril, julio y agosto, cada mes con 6 muertes, mientras que hubo un mes en el que no se registro algún suicido: Fue en enero.

Un dato positivo que se refleja en la memoria de los forenses es que el año pasado se contabilizaron dos casos de homicidios, cuando en el año 2008 hubo 7 casos. Lo normal es que cada año se produzca una media de dos homicidios en esta provincia.

Los homicidios que se registraron el año pasado fue el de una mujer a la que estranguló su pareja en la zona de Valencia de Alcántara, y un hombre que murió como consecuencia de una precipitación.

Otro de los trabajos que realizan los forenses es comprobar los certificados de defunción en la localidad de Cáceres.

El año pasado hubo 1.254 certificados de defunción en esta capital de provincia. Es curioso que el mes con más fallecidos fue marzo con 130 entierros, seguido por enero con 126. El mes con menos fallecidos fue el mes de julio con 91 certificados de defunción, y el segundo fue el mes de noviembre con 94 entierros.

Fuente: hoy.es

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domingo, agosto 29, 2010

Zaragoza: El Decanato lamenta que el CGPJ no envíe un juez de refuerzo hasta finales de 2010

El titular del Decanato de jueces de Zaragoza, Ángel Dolado, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no trate a Aragón como una autonomía “uniprovincial” y adelante, al igual que en otras Comunidades, la incorporación del nuevo juez de adscripción territorial que le corresponde.


La Comisión Permanente del CGPJ aprobó, el pasado 17 de agosto, la convocatoria de las 40 primeras plazas de “jueces de adscripción territorial”, creadas por el Ministerio de Justicia como una nueva figura establecida en el Plan de Modernización 2009-2012 con el fin de lograr una Justicia titular y de calidad. La convocatoria permitirá que los jueces que asuman esta función comiencen a trabajar a partir del próximo 15 de octubre.

Aragón no está entre las doce CCAA que sí que se han visto beneficiadas por este adelanto. Hecho que ha molestado a Dolado, ya que la normativa establece, según éste, una diferencia entre los territorios con varias provincias y aquellos como La Rioja, Región de Murcia, Principado de Asturias y Cantabria, en las que los límites comunitarios coinciden con los de una sola provincial.

Por lo tanto, se ha comunicado con dos vocales del CGPJ en Aragón para mostrar su disconformidad con la decisión tomada.

Dolado ha aseverado que esta “discriminación” se debe a que los jueces aragoneses “realizan su labor muy bien y no dan problemas”, por lo que “han comprendido desde el Consejo General del Poder Judicial que en otros se necesitaba más y se ha relegado a Aragón a 30 de diciembre”.

El juez decano, que ha apuntado que con 50 nuevas plazas en total en España la modernización no va a ser del todo posible, ha señalado que estos jueces de adscripción territorial van a permitir la “posible” desaparición de la Justicia interina o de sustitución.

Con respecto al anuncio de que al año que viene saldrán otros 70 puestos de jueces, Dolado ha afirmado que “espera” que en Aragón sean dos más porque se podría cubrir tanto Zaragoza, como Huesca y Teruel.

El objetivo del Ministerio de Justicia es conformar una planta judicial con 400 plazas de jueces de adscripción territorial a lo largo de los próximos años. En la Comunidad aragonesa hay en total 132 jueces.

Fuente: aragondigital.es

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sábado, agosto 28, 2010

Sevilla: Reprochan a un juez tres años de "penosa" instrucción buscando inhibirse

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que falsificó un DNI para abrir una cuenta bancaria, en una sentencia que le aplica la atenuante de dilaciones indebidas porque el juez dedicó tres años de "penosa e inexistente instrucción" con la única finalidad de inhibirse.


La Sección Cuarta de la Audiencia, condena a J.A.P.A. porque en septiembre de 2005 abrió en una oficina de Caja Madrid en la avenida Luis Montoto de Sevilla una cuenta utilizando un DNI robado a su titular, en el que la foto original había sido sustituida por la del acusado. En dicha cuenta presentó un pagaré por importe de 7.340 euros, también falsificado, de cuyo importe se apoderó.

La Audiencia aplica la atenuante del retraso indebido pues la investigación judicial se llevó a cabo de manera "injustificadamente lenta, con dilaciones absolutamente injustificadas".

La sentencia enumera los hitos del proceso entre febrero de 2006 y marzo de 2009 en el juzgado de instrucción de Sevilla y dice que se centraron "más en buscar razones para inhibirse que en impulsarlo y concluirlo en un plazo razonable".

La primera denuncia fue abierta en A Estrada (Pontevedra), donde ya se aportaron el pagaré falsificado y el original, y una vez turnado al juzgado número 5 sevillano, éste lo archivó "sin realizar la más mínima actividad de investigación", dice la Audiencia.

Reabierto a instancias de la Fiscalía, el juez ordenó al Grupo de Delitos Económicos de la Policía que investigase quién era el presunto autor de los hechos, y en junio de 2006 volvió a sobreseer la causa al encontrarse el acusado en paradero desconocido y "sin dictar orden de busca y captura".

Ello motivó que J.A.P.A. fuese detenido el 4 de enero de 2007 en Madrid en virtud de órdenes de detención dictadas por otros juzgados, pero al no estar reclamado por el sevillano no fue puesto a su disposición.

Cuando el juez de Madrid notificó la detención, su compañero de Sevilla ordenó a la Policía investigar si en la Audiencia Nacional el acusado tenía abierto algún procedimiento conexo.

A ello respondió la Policía en mayo de 2007 que "no entendía el sentido de la petición" pues se solicitaba la mediación de una unidad policial "para efectuar una comunicación entre órganos jurisdiccionales perteneciente ambos al Estado español".

Cuando la Audiencia Nacional respondió en noviembre que no tenía causas abierta contra J.A.P.A., el juez ordenó a la Policía informar si había llevado a cabo alguna intervención relacionada con los hechos denunciados, y en diciembre de 2007 se inhibió a favor del juzgado 6 de la Audiencia Nacional "sin ni siquiera comprobar que la información remitida no permitía semejante decisión", sostiene la Audiencia.

Finalmente, en marzo de 2008 la Policía informó de que no había investigado al acusado, y no fue hasta febrero de 2009 cuando el juez pidió los antecedentes penales y en marzo de ese año concluyó la instrucción.

Todo ello, según la Audiencia, causó una "injustificada demora en la tramitación del proceso" que "excede de lo prudencial", pues la actuación del juzgado "se ciñó a librar oficios y comunicaciones a la Audiencia Nacional y a la Dirección General de la Policía que pretendían la inhibición del procedimiento a favor de aquella".

Fuente: La Ley

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viernes, agosto 27, 2010

Camargo: La juez de paz deja plantadas a tres parejas el día que las tenía que casar

Gonzalo y María (nombres ficticios que corresponden a G.L.M y M.T.C.R) habían organizado su boda civil con esmero. El pasado mes de abril se inició el expediente para el enlace y en julio escogieron la fecha: el 6 de agosto, a las 12.45 horas. Ese día, vestidos para la ocasión y acompañados por los padrinos y familiares, se presentaron en el Juzgado de Paz de Camargo a las 12.30 horas. Allí, en la sala de celebración de bodas, se encontraron con otras dos parejas que tenían su misma intención y a las que el destino les había deparado lo mismo.


El tiempo pasaba y los seis contrayentes con sus respectivos testigos esperaban, sin éxito, que llegara la jueza de paz para casarles, que finalmente no se presentó. Ante la tardanza, y dado que no podían localizarla por ningún medio, las empleadas, y más concretamente la secretaria del Juzgado, se ocupó de buscar la solución al problema. En el Ayuntamiento de Camargo tampoco podían resolver el asunto porque en esos momentos se celebraba un Pleno. Así las cosas, hubo que llamar a la jueza de paz de El Astillero, que se trasladó hasta Maliaño y casó a las tres parejas en un momentín.

Este matrimonio de Muriedas califica la experiencia vivida el día de su boda como «anécdota negativa» y no esconden que fue una «situación extraña, ya que no es normal que una jueza no aparezca ni coja el teléfono». Aseguran también que lo pasaron mal por la secretaria del Juzgado, por ver su impotencia de no poder resolver el asunto y el disgusto que se llevó».

Agradecimiento

En este sentido, agradecen el trato y el trabajo realizado por las empleadas del Juzgado de Paz, «se portaron excelentemente con nosotros y en todo momento preocupadas por nuestra situación». También están «muy agradecidos» con la jueza de El Astillero, porque «vino (a Maliaño) y solucionó la papeleta». De la titular de Camargo no han tenido noticias, nadie les ha dado explicaciones o les ha pedido disculpas oficialmente por su incomparecencia del día de su boda.

Gonzalo y María explican que a ellos el retraso no les perjudicó demasiado en cuanto al restaurante, ya que tenían reservada la celebración a las 15.30 horas, pero les molestó hacer esperar a sus familias fuera del Juzgado.

Fuente: eldiariomontanes.es

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El Gobierno navarro y el Ministerio de Justicia firmarán un convenio dotado con casi un millón de euros

El Gobierno de Navarra ha aprobado el convenio de colaboración que firmarán próximamente el departamento de Presidencia, Justicia e Interior, el Ministerio de Justicia y la entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad.


En la ejecución de este programa se invertirá un total de 992.006 euros hasta 2012, que aportarán al 50 por ciento el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Justicia, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno, Alberto Catalán.

Este convenio desarrollará otro ya suscrito el pasado 20 de abril por el que se creaba el programa Ius+reD, que tenía por objeto sumar esfuerzos en el proceso de modernización del Registro Civil e impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de información y comunicaciones que se derivan de la implantación de la nueva oficina judicial.

Las actuaciones concretas que se desprenden del convenio suponen una serie de mejoras tecnológicas para avanzar en la agilización de trámites, interoperabilidad entre sistemas, grabación de vistas y videoconferencias, sistemas estadísticos, gestión.

Concretamente, se desarrollará un nuevo sistema de grabación de la sala de vistas; se procederá a la agilización de los trámites de intercambio de exhortos; se creará un servicio web de denuncias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; se adquirirán equipos de videoconferencia para salas de vistas y se desarrollará una nueva aplicación informática para la tramitación de la justicia gratuita.

Fuente: 20minutos.es

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jueves, agosto 26, 2010

Cáceres: El IML puede irse del Palacio de Justicia a un nuevo edificio

En la última memoria del Instituto de Medicina Legal de Cáceres se señala que se están haciendo gestiones con los responsables del Ministerio de Justicia, para que en un futuro este Instituto tenga un edificio propio. «A lo largo de 2010 - se indica en la Memoria -, mantendremos diferentes reuniones de cara a concretar la cesión de suelo, que posibilite la posterior toma de decisiones por parte del Ministerio».


Una realidad que ayuda a apoyar la necesidad de levantar un edificio para este Instituto, es que actualmente se encuentra en una zona de la planta baja del Palacio de Justicia, un Palacio que se abrió en el año 2000 y que en la actualidad ya se ha quedado pequeño, como se ha visto al instalar el nuevo Juzgado de lo Penal.

En el caso de que se vaya el Instituto de Medicina Legal habrá sitio, posiblemente, para dos nuevos juzgados.

En la actualidad el Instituto de Medicina Legal tiene dos dependencias: en el Palacio de Justicia y en el cementerio; cuando lo normal es que todos los servicios estén agrupados en un mismo lugar. Además los forenses de Cáceres están proyectando un Laboratorio de Histopatología, en donde estudiar los órganos, los tejidos y las células.

Se da la circunstancia de que el pasado 4 de mayo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha inaugurado el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, un proyecto en el que su departamento ha invertido cinco millones de euros. El centro, de diseño moderno y funcional, tiene una superficie construida de 2.358 metros cuadrados, en una parcela de 3.140 metros cedida por la Universidad de Extremadura.

Fuente: hoy.es

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miércoles, agosto 25, 2010

Camargo: El Juzgado de Paz ya dispone de nuevo equipamiento informático

El Juzgado de Paz de Camargo, que soporta una intensa actividad por ser el más importante de Cantabria en cuanto al número de habitantes, dispone de nuevo equipamiento informático, que ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Camargo, que también ha realizado tareas de pintura y ha instalado una mesa amplia con ala en el despacho principal, que a su vez es sala de juntas y acoge tanto la celebración de matrimonios como el desarrollo de los juicios de faltas.


De esta manera, se cumple el compromiso que el alcalde, Ángel Duque, adquirió con el presidente del cuerpo de Jueces de Paz, Feliciano Vega, y la nueva jueza de paz, Carmen Sánchez, tras la toma de posesión de esta última.

En este encuentro, Vega y Sánchez informaron al regidor de la precaria situación en que se encuentra el Juzgado de Paz, tanto de espacio como de equipamientos, pese al importante volumen de trabajo que tiene, y aún conscientes de que es competencia de la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria, pidieron a Duque su colaboración para la modernización del juzgado camargués.

El alcalde se comprometió a proporcionar un ordenador en tanto se produce la informatización anunciada por Justicia, así como una mesa más amplia para la sala de juntas.

El Ayuntamiento ya ha informado sobre los problemas de espacio que sufre el Juzgado de Paz, y la necesidad de trasladar estas dependencias a una nueva ubicación. La actividad del juzgado ha crecido de forma intensa en los últimos años al tiempo que se ha incrementado la población de Camargo.

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martes, agosto 24, 2010

Baleares: Retrasan el traspaso de Justicia por la rebaja salarial de los funcionarios

Las negociaciones para el traspaso, desde el Gobierno central al Govern balear, de las competencias de Justicia permanecen actualmente encalladas después de que la rebaja de sueldo de los funcionarios haya hecho que el Ministerio se replantee subir el coste efectivo de la transferencia, para el que la última cifra que se manejaba eran unos 58 millones de euros.


La consellera de Interior, Justicia e Innovación, Pilar Costa, explicó que en los últimos meses las negociaciones en el aspecto económico habían avanzado y se había conseguido incrementar algo más de «un 10 por ciento» el coste del traspaso, que inicialmente, hace un par de años, se fijó en unos 52 millones de euros y que había aumentado hasta los 58, último dato con el que trabajaban, pero que no estaba cerrado.

Sin embargo, a raíz del recorte del sueldo de todos los funcionarios decretada por el Gobierno, el proceso se «ralentizó». «Estamos en un punto muerto porque estamos negociando la bajada del sueldo de los funcionarios para que no se nos rebaje esa cantidad», explicó Costa.

Al parecer, el Ministerio cree que no habría que subir la cuantía económica si el salario de los empleados ha disminuido y, por tanto, la Administración autonómica vería reducido también lo que le costaría pagar los sueldos, indicó la consellera, quien puntualizó que Justicia aún no les ha comunicado esto «formalmente».

Rechazan la rebaja del coste

«Pero nosotros defendemos que no [debe ser así] porque al final, una vez que traspasen las competencias de Justicia, los funcionarios querrán que se les equipare el sueldo a los del resto de la Comunitat y en muchos casos será más elevado», dijo Costa, que añadió: «Lo que tenemos claro es que no aceptaremos las competencias si no tenemos garantizado un mínimo económico para poder ejercerlas bien».

El otro punto clave de la negociación son las infraestructuras que quedan pendientes en todo Baleares, entre ellas el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza, que deberá construirse en la antigua Sa Graduada.

Según Costa, por una parte esta cuestión está cerrada en el sentido de que el Ministerio de Justicia tiene ya un presupuesto fijado para comenzar los trabajos. Pero no se podrá poner en marcha hasta que el Gobierno disponga del solar.

En este sentido, la consellera indicó que el tema del suelo está pendiente de la permuta que hay que hacer entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Ministerio de Economía y Hacienda, y que afecta al solar donde se ubica Sa Graduada y al que ocupan los actuales juzgados, en la avenida de Isidor Macabich.

Al parecer, ambos terrenos no tienen el mismo valor y ha habido que determinar el de cada uno para poder ejecutar la permuta. «Y en esas estamos», indicó Costa, que puntualizó que no cree que sea mucha la diferencia. «Me parece que el que más valor tenía era el de Sa Graduada», apostilló.

«Me consta que desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible y más para que se aceleren los trámites», afirmó la responsable de Justicia, quien añadió que Vila incluso ha aceptado hacer la permuta sin compensación alguna aunque el solar que cede sea el que más valor tiene «para agilizar el proceso al máximo posible».

Enviada la documentación

Por su parte, un portavoz del Consistorio de Ibiza explicó que ellos están a la espera de obtener respuesta de los técnicos del Ministerio sobre la última documentación que les enviaron.

A este respecto, explicó que después de que saliera la sentencia que retiraba la declaración de Bien Catalogado a Sa Graduada, se envió a Madrid toda la documentación de la nueva situación urbanística del terreno y la declaración de edificabilidad que habían pedido, pues ya el edificio se puede echar abajo.


«En estos momentos los técnicos están en fase de valoración de los terrenos a efectos de patrimonio y de saber cuánto vale cada uno para hacer las permutas», indicaron desde el Ayuntamiento.

Con todo ello, la consellera de Justicia señaló que en septiembre retomarán de nuevo las negociaciones con el Ministerio para ver si se «desencalla» ya todo el proceso.

Fuente: diariodeibiza.es

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lunes, agosto 23, 2010

Santiago de Compostela: La imprevisión aboca a pagar alquileres para abrir juzgados

Hoy completamente saturada y sin posibilidad de crecimiento alguno, la sede de los tribunales compostelanos, en el barrio de Fontiñas, comenzó a quedarse pequeña ya a los cuatro años de abrir, en 1999, cuando hubo de ser ampliada. Aquella imprevisión administrativa la va a pagar ahora el erario autonómico. Y por partida doble: a medio plazo, financiando la construcción de un segundo recinto complementario del viejo y, a corto, costeando el alquiler de un inmueble donde montar transitoriamente el futuro Juzgado de lo Social número 3 de Santiago, cuya necesaria constitución aprobó el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria del pasado 25 de junio.


A través de una resolución difundida el pasado miércoles vía Diario Oficial de Galicia, la Secretaría Xeral e do Patrimonio de la Consellería de Facenda, a instancias de la de Presidencia, acaba de autorizar el arrendamiento de las plantas baja y primera de un edificio en la confluencia de la calle Londres con la Raxeira para alojar allí el nuevo órgano, «consonte ás necesidades do servizo a satisfacer [...] e pola proximidade coas dependencias de Fontiñas». Se trata de un bloque que actualmente ocupa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la cual se trasladará en semanas a un vecino emplazamiento, el 25-27 de la rúa Roma, donde convivirá con la Policía Autonómica.

Según fuentes oficiales, durante todo el tiempo que el juzgado permanezca en esa propiedad, la Xunta deberá abonar mensualmente al dueño de la misma 7.443 euros, si bien el desembolso de dicha cantidad le dará derecho a utilizar también los pisos segundo y bajocubierta de la casa, dentro de los cuales planea recolocar la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. De modo que, aproximadamente, la tercera sala de lo social de Santiago saldrá a las arcas públicas por unos 44.658 euros al año solo en concepto de alquiler de espacio.

¿Y cuándo entrará en funcionamiento? «Con exactitud, la fecha -explicó una portavoz de Presidencia- aún no se sabe, pero se supone que será a partir de septiembre, tras la pertinente comunicación ministerial». No obstante, consultado al respecto, el decano de los abogados de la zona, Evaristo Nogueira, afirmó: «Estaba programado que fuera de diciembre del 2010 a enero del 2011 y, al menos hasta ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido cambios en ese calendario».

Tampoco existe una certeza absoluta acerca del momento en que el citado servicio podrá cambiar ese domicilio provisorio que le han buscado por el definitivo que tendrá dentro del segundo palacio de justicia santiagués. La mudanza no debería de demorarse mucho más allá de principios del 2013, pues Presidencia encomendó a FCC que construyera el citado complejo por 3,06 millones de euros y con un plazo máximo de obra de cinco trimestres a contar desde el avance de un trámite burocrático (firma del acta de replanteo del proyecto) que, por normativa, necesariamente quedará liquidado antes de morir el verano en curso. En su interior cabrán seis juzgados y tres salas de vistas.

Fuente: lavozdegalicia.es

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domingo, agosto 22, 2010

Maltratando a la Ley




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Honduras: Juez en investigación por comprar arma sin documentos

En un informe de investigación realizada por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, se revela que un juez está en objeto de investigación por haber comprado un arma sin tener documentos de la misma. El juez encausado es Donaldo Calero Rodríguez de 58 años, Juez de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso. La intervención en el caso del juez comenzó luego que una ciudadana lo denunciara por supuestos actos de lujuria y amenazas, según informe de la Jefatura policial en Ojo de Agua.


El pasado 30 de marzo se presentó a la Posta Policial de Ojo de Agua una señora quien presentó una denuncia de manera verbal. La mujer dijo que en un bus de la ruta interurbana que se conducía de Tegucigalpa hacia Trojes fue acosada y amenazada por un hombre que iba en el asiento a la par de ella.

La denunciante aseguró a los policías que el individuo le decía dentro del bus "venite para acá mamacita", mostrándole el arma de fuego.

Recibida la denuncia los agentes se trasladaron hacia el desvío a Yuscarán, donde se bajó el juez, según la muchacha. Los policías encontraron al juez y lo requirieron para un registro personal, decomisándole un arma de fuego y lo llevaron detenido a la posta policial de Ojo de Agua.

Al momento en que llevaron al sospechoso a la posta ya se encontraba el subcomisionado de Policía Gustavo Adolfo Fajardo a quien le reportaron lo sucedido.

Ante la novedad presentada por el suboficial III de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic), Luis Armando Torres, (asesinado el 28 de abril, cuando pretendía capturar a unos supuestos mareros), Fajardo supuestamente ordenó al alto oficial decomisar el arma de fuego y dejar ir al detenido. Según el informe de Torres, esto sucedió mientras el juez, la denunciante y el subcomisionado se ponían de acuerdo, ya que la muchacha no quiso proceder formalmente contra el denunciado.

El arma decomisada fue remitida a la jefatura departamental, con sede en Danlí.

En el informe enviado a la abogada Zunilda Suazo Mejía, inspectora General de Juzgados y Tribunales especifica en las conclusiones: "De la investigación iniciada de oficio contra el juez de Letras de Yuscarán, abogado Donaldo Calero Rodríguez, se ha obtenido información suficiente para proseguir con la misma por los inspectores de Tribunales de la ciudad de Tegucigalpa. Una vez que la investigación fue continuada por la Inspectoría General se prosiguió a tomar declaraciones del Juez Donaldo Calero y del subcomisionado Fajardo.

Habla Calero

En relación al arma que se le decomisó aseguró que "me vi en la imperiosa necesidad de conseguir un arma en virtud de que mi hija (se omite el nombre por razones de seguridad) fue objeto de secuestro en el mes de marzo y también la han seguido en moto".

La semana pasada, prosigue el juez, a la joven se le acercó un vendedor, quien la mencionó de nombre y le envió saludes a su papá.

El 30 de marzo (martes santo), Calero dice que se encontraba de turno y para dirigirse a su lugar de trabajo abordó un bus rapidito, donde aprovechó para leer el periódico.

El juez afirmó que ahí platicó con la mujer pero sobre los altos índices de criminalidad, incluso se identificó como juez.

Asegura que la joven le preguntó si andaba armado y le contestó que sí y se la mostró.

"Le mostré el arma que estaba debajo del periódico, entre mis piernas, yo nunca toqué el arma, hasta que me bajé en el desvío a Yuscarán para esperar el bus que me trasladara a los Juzgados".

Al lugar llegaron los agentes, quienes lo requirieron para el registro personal encontrándole el arma y trasladándolo a la posta de Ojo de Agua.

En la estación policial, el juez afirma que preguntó cuál era el motivo de la detención y estos le contestaron que una mujer lo había denunciado por amenazas a muerte, a lo que él respondió que deseaba encararla.

"La trajeron y yo le pregunté frente al Comisionado de Danlí que si la había amenazado y ella dijo que no".

"Después dijo que yo la había tocado y yo le dije que en todo caso sería cuando le dio vuelta a la página del periódico; pero si te toqué yo ya estoy muy viejo para andar en esas cosas y si lo hice fue sin intención y discúlpame pero para que resolvamos este asunto interponé la denuncia y ella dijo que no y se fue", relató el juez. Según Calero, por no haber denuncia formal, el comisionado lo dejó en libertad y solo quedó el arma decomisada por no portar documentos de propiedad.

El arma, según el informe, es tipo pistola, marca Armscor, calibre 9 mm, serie A855922, con un cargador y siete proyectiles.

Se asegura que el juez tenía conocimiento pleno que "la misma no tenía los documentos de propiedad respectivos y por ende no se encontraba registrada en el Registro de Armas correspondiente".

La inspectora general, Zunilda Suazo Mejía ordenó que se remitiera copia del informe de investigación junto a la copia del expediente a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera judicial.

Además se ordenó el envío de otra copia al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Se violó la ley de control de armas de fuego

El juez violentó el artículo 28 de la Ley de Control de Armas de Fuego el cual establece: "No necesitarán licencia para portar armas de fuego los diputados, jueces, magistrados, fiscales, miembros del cuerpo diplomático y todos los restantes funcionarios que disfruten de inmunidad por mandato constitucional, sin embargo, sus armas deberán estar registradas y sujetas a la prueba de balística.

Respecto a la denuncia verbal se investiga si incumplió el artículo 44 de la Ley de la Carrera Judicial y el Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales, porque en su condición de juez debió comportarse de manera que no pusiera en duda su honorabilidad.

Fuente: elheraldo.hn

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Perú: Ministro sugiere una cárcel en mitad de la selva para delincuentes reincidentes

El ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, dijo estar a favor de reabrir una prisión en medio de la selva para delincuentes reincidentes, como una medida extrema para combatir la inseguridad ciudadana en el país. "Quizá es hora de pensar en medidas más extremas como la cadena perpetua o tal vez en medidas más reeducadoras como el penal El Sepa que se pensaba en algún momento replantear en alguna zona de la selva y que seguramente el Ministerio de Justicia sigue evaluando", dijo Cornejo.


El ministro acogió de esa forma las palabras del presidente peruano, Alan García, que el lunes indicó que el Congreso debería establecer que "cuando hay dos delitos graves (se aplique) la cadena perpetua automática. Punto, y ya no salen: se irán al medio de la selva" a continuar su condena.

Los constantes atracos de bandas de asaltantes en las carreteras y zonas comerciales han generado una ola de críticas contra el Gobierno y la policía peruana por la insuficiencia de medidas de protección y sanciones severas para los delincuentes.

El aludido penal de El Sepa fue creado en 1951, en una inhóspita región selvática entre las regiones de Madre de Dios y Cuzco, para resocializar a sentenciados por delincuencia agravada, pero también fue centro de reclusión de políticos, motivo por el cual fue cerrado definitivamente en los años 90.

Cornejo indicó que lo que se busca es un cambio de conducta en los delincuentes porque "los miembros de estas bandas organizadas, y tan salvajes en su accionar, casi todos son personas que han sido sentenciadas, han entrado y salido varias veces del penal".

El mandatario peruano también declaró ser partidario de "cortar la cabeza a 50 violadores", pues "hay ciertos crímenes que deben ser castigados con la vida", terciando así en el debate sobre la pena de muerte que existe en el país.

El Grupo Fujimorista en el Congreso presentó un proyecto de ley para aplicar la pena capital a los delitos que tengan a los niños como víctimas, que se sumaría al delito de traición a la patria que ya merece actualmente la pena máxima aunque hace muchos años que no es aplicada.

Fuente: EPA

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sábado, agosto 21, 2010

Objeción denegada

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Los magistrados británicos proponen utilizar los centros comerciales para celebrar juicios

La Asociación de Magistrados de Gran Bretaña propondrá al Gobierno utilizar los centros comerciales como tribunales para acelerar la administración de justicia. Los juicios podrían celebrarse también los sábados o después del cierre de los comercios, y podrían ahorrarse millones de libras de dinero público cerrando algunos tribunales actualmente infrautilizados o que resulta caro operar.


Un objetivo, según el vespertino londinense Evening Standard, es reducir el tiempo que víctimas, testigos y otros emplean viajando para asistir a un juicio permitiendo su celebración cerca de donde viven o trabajan los afectados.

El vicepresidente de la Asociación de Magistrados, John Howson, explicó al periódico que podrían servir para la celebración de juicios tanto los centros comerciales como las salas que pudieran estar libres en los ayuntamientos y todo tipo de centros cívicos.

"¿Por qué no utilizar algún espacio de un centro comercial con un gran escaparate de forma que todo el mundo pueda ver lo que allí sucede?", preguntó Howson, según el cual "hay que administrar la justicia donde está la gente".

"Podríamos celebrar un juicio por ejemplo en el centro comercial de Westfield (Londres) en lugar de llevar al que ha cometido un robo en una tienda a la comisaría y tardar horas en preparar los correspondientes documentos", explicó.

La propuesta de la Asociación de Magistrados sigue al anuncio, este año, por el ministerio de Justicia de su intención de cerrar más de ciento cincuenta tribunales para así ahorrar el equivalente de cerca de 45 millones de euros al año.

El ministerio de Justicia argumenta que la actual red de tribunales de magistrados no se ajusta a las necesidades de una comunidad moderna debido a los cambios experimentados por la población, el trabajo, los transportes y las comunicaciones.

Fuente: EPA

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viernes, agosto 20, 2010

Murcia: La Consejería de Justicia asumirá las direcciones generales «más calientes»

La recepción de las competencias de Justicia el próximo 1 de enero de 2011 obliga a la Comunidad Autónoma a crear una nueva consejería y a reestructurar el resto del Gobierno regional, con el fin de que ésta incluya también los temas relacionados con la seguridad ciudadana, protección civil y la lucha contra la violencia de género.


De este modo, la nueva Consejería de Justicia absorberá la Dirección General de Carreteras (dependiente hasta el momento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio), cuyo responsable es José Antonio Guijarro; la Dirección General de Emergencias (Presidencia y Administraciones Públicas), dirigida por Luis Gestoso; el Instituto de la Mujer (incluido en Política Social, Mujer e Inmigración), presidida por Teresa Moreno, y la coordinación de policías locales, integrada en la Consejería de Presidencia. La intención del Gobierno es crear varias direcciones generales «sin introducir cambios importantes» en estos departamentos y tampoco de forma inmediata, según informaron fuentes próximas del Gobierno regional.

La consejería se completará en enero con la creación de la Dirección General de Justicia, y sus correspondientes nombramientos, coincidiendo con la llegada de las competencias.

Últimos flecos

En la actualidad, el presidente está perfilando el decreto para la creación de la nueva consejería, que probablemente reciba el nombre de Consejería de Justicia, Seguridad y Movilidad Vial, así como la atribución de las competencias de otras consejerías y que asumirá su responsable Manuel Campos, diputado regional del PP responsable de la negociación con el Ministerio de Justicia en los últimos dos años.

Valcárcel y Campos se reunirán a lo largo de este mes para estudiar y configurar el organigrama de la consejería, que se creará los primeros días de septiembre, previsiblemente entre el 3 y el 10 del citado mes, con el fin de que el presidente lo comunique a los miembros de su equipo en el Consejo de Gobierno.

A partir de ese momento, el nuevo consejero tomará posesión y con un equipo muy reducido, que estará formado inicialmente por dos personas, terminará los trámites que quedan de tipo técnico que restan para recibir las transferencias. Los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas tendrán que emitir sendos informes favorables, la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá para validar la transferencia y, por último, el Ejecutivo central aprobará el correspondiente decreto el 30 de octubre.

Campos examinará a partir de enero las competencias y el material humano para reorganizar los departamentos, continuar su línea de trabajo e introducir las aportaciones y modificaciones necesarias. Además, el titular de Justicia desarrollará los planes de infraestructuras, elaborará el proyecto de la justicia regional e iniciará una ronda de contactos con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el Colegio de Abogados y procuradores, entre otros, para conocer de cerca los problemas que se han planteado todos estos años y buscar soluciones.

La nueva Consejería de Justicia, Seguridad y Movilidad Vial continuará con la línea marcada por el Ministerio de Justicia con la Oficina Judicial en la Región de Murcia, incluido en el programa piloto del Gobierno central. Otro de los retos de Manuel Campos al frente de Justicia será constituir el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, incidir en la formación de los funcionarios y potenciar la coordinación de policías locales con protocolos y señas comunes de identificación con el objetivo de ofrecer un mejor servicio. Y, además, se mejoraría la coordinación con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Fuente: larazon.es

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Valencia de Alcántara: Las obras del Palacio de Justicia han tenido un coste de un millón de euros

El Subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís Fernández, visitó el miércoles las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, una obra que ha tenido un coste de un millón de euros.


Fernando Solís Fernández, acompañado del Gerente Territorial del Ministerio de Justicia, Julián González Martín-Millanes y del alcalde de Valencia de Alcántara, Luis Cándido Moreno Morgado, visitó las instalaciones del Juzgado Mixto de Valencia de Alcántara, una vez finalizadas y recepcionadas las obras de remodelación y mejora de accesibilidad ejecutadas durante el último año.

Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, la actuación se enmarca dentro del Programa de Accesibilidad de los Edificios Judiciales y han consistido en la remodelación de espacios e instalación de ascensor.

Además, ha añadido que ha sido preciso realizar actuaciones de consolidación estructurales adicionales, sobrevenidas durante la obra, lo que ha obligado, según ha dicho, al traslado del Juzgado a una dependencia provisional cedida por el Ayuntamiento valentino en la Fortaleza.

El importe final de las actuaciones realizadas asciende a un millón de euros y durante las obras se han mantenido quince puestos de trabajo por parte de la empresa adjudicataria.

Fuente: europapress.es

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jueves, agosto 19, 2010

Tres meses en la cárcel por "desinterés y pasividad"

Juan José Ponce Caro, vecino de Tomelloso (Ciudad Real), se vio envuelto en un absurdo que le hizo estar 90 días en la cárcel, a pesar de que era totalmente inocente. Además del error, lo último que esperaba Juan José era que el Consejo General del Poder Judicial le responsabilice ahora a él de lo sucedido. El Poder Judicial ha analizado el caso de Juan José dentro de los expedientes que tramita por errores judiciales. Y la conclusión que extrae es imputar el cautiverio que vivió "a su propia falta de diligencia y cuidado".


Juan José no lo ve así y reclama al Ministerio de Justicia una indemnización de 1.000 euros por cada uno de los 90 días que pasó entre rejas injustamente acusado de un delito que en realidad había cometido la persona que le robó su DNI y que luego le suplantó ante la policía tras ser detenida por un robo con intimidación.

La imparable maquinaria judicial se puso en marcha contra Juan José y este, de un día para otro, acabó en prisión. De nada sirvieron sus lamentos. Día tras día, durante 90 días, pedía una y otra vez que le dejaran libre, que él no había hecho nada. Pero nadie, salvo su abogado, le hacía caso. Ni el juez ni los funcionarios de la cárcel, que debieron pensar que eso mismo sueltan muchos internos al llegar al presidio.

Sin embargo, Juan José era inocente de verdad. Sus problemas con la justicia nacieron cuando un delincuente le arrebató el DNI en un viaje que hizo desde su pueblo a Toledo. No le dio mayor importancia. Tiempo después se produjo un robo con intimidación y la policía de Toledo detuvo a tres personas. Una de ella exhibió el DNI de Juan José y se hizo pasar por él. En el DNI constaba, lógicamente, el domicilio de Juan José, en la calle de México del municipio extremeño de Tomelloso. El delincuente detenido, que luego quedó en libertad con cargos, argumentó que se dedicaba a la venta ambulante y que su domicilio no era fijo. Aun así, facilitó el que figuraba en el DNI y otro situado en el Cerro de la Mica, número 48, en Madrid.

Los dos juzgados que tramitaron el caso, primero el que instruyó e investigó el robo y después el Penal número 1 de Toledo, que lo juzgó, se entendieron con Juan José, o eso creyeron los jueces, vía exhorto, a través del juzgado de Tomelloso.

En los siguientes meses Juan José recibió en su casa diversas resoluciones judiciales: una en la que se le informaba de que el juzgado instructor veía un delito en su conducta y transformaba las diligencias en un procedimiento abreviado; otra avisándole de la apertura del juicio oral, y una más comunicándole que el fiscal le pedía seis meses de cárcel. También fue informado de que debía nombrar abogado y asistir a un juicio el 16 de septiembre de 2003 en Toledo. No hizo caso. Creyó la que la cosa no iba con él porque no había hecho nada malo.

El juicio se celebró en su ausencia. El 24 de septiembre de 2006, salió la sentencia: seis meses de cárcel. Como no la recurrió, esta devino firme y el juzgado ordenó su ingreso en prisión el 24 de octubre de 2005. Ya en la cárcel, a través de su abogado, pidió al juzgado, como medida urgente, que dejara en suspenso la pena por ser un delincuente primario y ser la condena inferior a dos años. Pero el juzgado desestimó su petición basándose en que tenia un antecedente delictivo por un delito contra la seguridad vial (y éste sí era real).

Su abogado siguió insistiendo en su inocencia y el 30 de noviembre de 2003 pidió una prueba pericial al juzgado. El juzgado acordó, con fecha 16 de diciembre de 2003, que se practicase una prueba dactiloscópica y otra fotográfica para verificar que las huellas y aspecto físico de la persona detenida en agosto de 1997 no se correspondían con Juan José. El informe de la Guardia Civil de Ciudad Real le dio la razón, y fue puesto en libertad las vísperas de Navidad de 2003.

Juan José ha admitido que recibió las notificaciones del juzgado, pero que no hizo caso porque él no había hecho nada y creyó que se traba de un error. Su abogado expuso que se trata de una persona de "bajo nivel cultural y condición muy humilde".

El Poder Judicial ha analizado su caso y entiende que la culpa es de Juan José por no haber alertado del error al juzgado. Y atribuye todo a su "desinterés y pasividad". "La actitud diligente que tuvo cuando fue a la cárcel, pudo también realizarla durante la tramitación del procedimiento, haciendo constar simplemente que no había sido objeto de detención por un robo y que alguien, sirviéndose de su DNI, suplantó su personalidad", señala el Consejo.

El Poder Judicial sostiene que el juzgado actuó "con la diligencia razonable una vez fue alertado" por el abogado de Juan José del error. Y que ordenó su libertad en cuanto le llegó el informe policial sobre las huellas. Sin embargo, desde que el abogado alertó del error, el 30 de noviembre, hasta que el juzgado ordenó la citada prueba pericial pasaron 16 días. El Poder Judicial subraya, además, que en el caso de Juan José no hay un funcionamiento anormal de la Administración de justicia susceptible de indemnización, ya que, según el informe, "la razón fundamental de la privación de libertad que sufrió, sustancialmente se debe a su propia falta de diligencia y cuidado".

Fuente: elpais.com

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miércoles, agosto 18, 2010

La judicatura consigue una subida de entre 1.100 y 1.800 euros anuales para mitigarles el recorte del 5% aplicado a los funcionarios

El ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales han llegado a un acuerdo para que todos los jueces y magistrados se repartan de forma casi lineal el complemento de productividad que antes sólo cobraban quienes superaban un número determinado de resoluciones establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


Si antes un magistrado podía percibir hasta una retribución adicional de hasta el 10% de su salario por rebasar los objetivos de su juzgado o tribunal -el sueldo fijo oscila entre 46.000 y 108.000 euros brutos-, con el pacto alcanzado ahora todos los miembros de la judicatura, sin distinción, recibirán este año, como mínimo, un plus de 1.100 euros brutos a cuenta del complemento de productividad de 2009, que estaba pendiente de abonar. Ahora bien, esa cantidad aumentará de forma progresiva hasta 1.800 euros en el caso de los jueces que resuelvan más asuntos, de modo que en el mejor de los supuestos estos últimos se beneficiarán de 58 euros más al mes que el resto.

El CGPJ ha actuado como mediador para negociar la nueva fórmula, que cuenta con el beneplácito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora; de Jueces para la Democracia, de signo progresista; de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. El pacto con el ministerio de Justicia se cerró a finales de julio, dos meses después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubiera recortado un 5% los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la judicatura. En la práctica, la generalización del plus de productividad a todos los jueces compensa parcialmente la reducción salarial sufrida por ese colectivo.

Carga de trabajo

Ahora bien, esa decisión sólo afecta al complemento de productividad de 2009, una partida que asciende a 6,9 millones de euros. El ministerio de Justicia y los colectivos judiciales tendrán que volver a la mesa de negociaciones para abordar el marco general de las futuras retribuciones en un contexto complicado: el número de asuntos no deja de aumentar en la Administración de Justicia (casi diez millones este año), cientos de juzgados de las grandes ciudades y sus extrarradios están saturados de expedientes por la crisis económica, que incide en las áreas de Mercantil, Civil y Social; y con ese telón de fondo persiste el malestar de la carrera judicial, tras las amenazas de huelga del pasado año por el castigo impuesto del magistrado Rafael Tirado, a raíz del 'caso Mari Luz', y en demanda de una modernización de la Justicia.

De momento, las asociaciones profesionales parecen haber frenado el sistema de incentivos que intentó establecer el Ejecutivo central, apoyándose en una ley de 2003 sobre los sueldos de la judicatura que permite remunerar mejor a los jueces más productivos. De hecho, la primera tentativa para implantar esa fórmula ya había sido frustrada por el Tribunal Supremo en 2006, cuando revocó el reglamento que desarrollaba la ley de retribuciones estableciendo un sistema de módulos de trabajo.

Expresado en lenguaje sencillo, ese reglamento asignaba un número de asuntos a resolver anualmente para cada órgano judicial -una carga de trabajo calculada por el CGPJ y denominada 'módulo'- y ofrecía una subida salarial de entre un 5% y un 10% al juez o magistrado que superara en un 20% el módulo correspondiente a su juzgado o tribunal. En cambio, el que se situara un 20% por debajo de esa línea se exponía a una rebaja del 5% del salario fijo.

El argumento esgrimido por el Supremo para suprimir esa fórmula -la ponente era Margarita Robles- fue que el rendimiento de un juez no se puede medir exactamente por la cantidad de sentencias que dicta. Aquella resolución del alto tribunal puso de relieve la gran controversia que los módulos habían generado dentro de la carrera judicial. Y es que si bien la proporción de jueces que cobraron el complemento salarial fue bastante reducida al principio, el número fue aumentando paulatinamente hasta que, cuando el Supremo anuló el sistema en 2006, el 40% de la judicatura percibía la retribución variable, lo que se había traducido en un incremento de la productividad de los tribunales.

Solución de compromiso

A partir de entonces, el ministerio de Justicia intentó mantener los incentivos salariales, tomando como referencia no los módulos, sino las estadísticas judiciales; pero la decisión del Supremo dejó 'tocado' el modelo retributivo de los jueces, que se debate en una situación de interinidad y afronta un dilema: aunque hay más jueces cada año, cómo evitar un retroceso en la productividad.

El acuerdo alcanzado el mes pasado es una solución de compromiso entre las asociaciones judiciales y el ministerio de Francisco Caamaño. El plus de productividad se repartirá entre toda la judicatura, ponderando la situación de los diferentes órdenes jurisdiccionales y, dentro de ellos, comparando a los jueces que ejercen en el mismo tipo de órganos judiciales. En cada uno de ellos, el CGPJ establecerá una especie de ránking de productividad -ya ha comenzado a reunir los datos-, de modo que el 40% de jueces más resolutivos recibirán el máximo del plus: 1.800 euros brutos.

Esa cantidad irá descendiendo proporcionalmente con dos otros grupos de jueces situados más abajo en la clasificación: el 30% que siga a los primeros y el 20% situado en la cola, que percibirá el mínimo del plus, 1.100 euros. Siempre en el bien entendido de que, actualmente, los jueces cumplen razonablemente con su trabajo y que en muchos casos tienen que hacer frente a una enorme carga de trabajo, según el Consejo General.


Fuente: diariovasco.com

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martes, agosto 17, 2010

Los secretarios judiciales pedirán al Gobierno la creación de figuras de adscripción territorial

Los secretarios judiciales plantearán al Ministerio de Justicia la creación de la figura "absolutamente esencial" del secretario de adscripción territorial, en la misma línea que se ha hecho con los jueces. Los secretarios judiciales valoran como "extraordinaria" esta medida, y por eso plantean exportarla a su campo, según ha explicado el presidente del Colegio Nacional de este colectivo, Rafael Lara Hernández.


La adscripción territorial es una fórmula de reciente creación mediante la cual se envía a un juez durante un período limitado a una zona con necesidades específicas, pero sin crear un nuevo juzgado.

El objetivo es evitar que "la única solución sea crear juzgados", ha resaltado Lara, quien ha añadido que las últimas reformas procesales les han dado más responsabilidad y competencias a estos profesionales, que a esta petición suman la de más plazas de secretarios judiciales.

Lara ha recordado que en la última reunión, en Valencia, de las comunidades con competencias de Justicias, se elogió la figura del juez de adscripción territorial y se abogó por extenderla a otros campos de la Justicia.

Por tanto, considera que los "cimientos" están ya puestos y en septiembre se hará la propuesta de manera formal al Ministerio de Justicia para que inicie las reformas legislativos que permiten crear los secretarios judiciales de adscripción territorial.

"LOS JUECES NO SOMOS EL PROBLEMA"

Por otra parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, ha reivindicado el trabajo y la independencia de jueces y magistrados.

"Los jueces y magistrados no somos el problema de la Justicia", ha aseverado Chamorro, quien considera que en realidad los problemas se deben a la falta de medios materiales, de inversión y de "voluntad política" de los gobernantes.

Chamorro ha criticado que los medios de comunicación quieran "crear la imagen" de que los jueces actúan en función de intereses políticos o ideológicos.

En su opinión, no es que produzca una "judicialización de la política" sino que, al contrario, "se politiza la Justicia desde fuera".

Fuente: que.es

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lunes, agosto 16, 2010

El CGPJ asume por primera vez la inspección de los tribunales militares

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido cerrar el «limbo» que existía sobre la inspección de los juzgados y tribunales militares, y, por ello, a partir del próximo año asumirá esa competencia, que le viene reconocida por la propia Constitución. Es la primera vez que las inspecciones ordinarias a estos juzgados togados se incluyen dentro del «control de la actividad» de los órganos judiciales españoles, y, como tal, se recoge en el Proyecto de Presupuesto del CGPJ para 2011.


«Se van a realizar visitas a juzgados y tribunales militares», se limita a señalar al respecto el citado documento. Hasta estos momentos, la Inspección del Consejo sólo entraba a analizar la situación de un órgano judicial togado cuando se había registrado un hecho excepcional o cuando se producía una denuncia por cualquier funcionamiento erróneo. A partir de ahora «se incluirán en la inspecciones ordinarias, como el resto de juzgados y tribunales españoles», señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

«Es asumir la normalidad del Poder Judicial, de velar por la independencia de todos los juzgados y tribunales de España», recalcaron al respecto las citadas fuentes, y de articular un sistema que incluya a esos órganos judiciales militares, al igual que los que integran el resto de las jurisdicciones, dentro de las inspecciones ordinarias del Consejo.

Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas expusieron la contradicción que supone que el «control» de los juzgados militares dependiese del Ministerio de Defensa y no del Consejo, «que es quien tiene atribuída por la Constitución la competencia para la inspección de todos los juzgados y tribunales españoles».

Por otro lado, el CGPJ prevé elaborar un informe conjunto con el resultado de las inspecciones realizadas, que se trasladará al Ministerio de Justicia –en el ámbito donde tiene competencias– o la comunidad autónoma correspondiente, «para adoptar las medidas que permitan reflotar y estabilizar el juzgado o sala de que se trata».


Inspección «virtual»

Junto a ello, seguirá con la «tarea inspectora virtual, a fin de obtener la mayor información en tiempo real sobre la situación de los asuntos de cada órgano judicial», y, de esa forma, poder adoptar las medidas preventivas necesarias.


Suspenso al régimen disciplinario

La última encuesta del CGPJ realizada a la Carrera Judicial revela que los jueces no están nada satisfechos con la actuación del Consejo en lo que se refiere al régimen disciplinario. De hecho, es el área que recibe, junto a los planes de urgencia y medidas de refuerzo, peor valoración: 2,9 sobre 10.

Esta materia ha motivado quejas de colectivos judiciales, como el Foro Judicial Independiente, quien considera que la Comisión Disciplinaria se ha convertido en un «instrumento de presión».

De las 21 áreas del CGPJ valoradas por los jueces, sólo seis merecen un aprobado. El Fondo Documental recibe la mejor nota: un siete.

Fuente: larazon.es

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domingo, agosto 15, 2010

"Alicante necesita cuanto antes la sección contra el crimen organizado"

Vicente Magro, Presidente de la Audiencia Provincial, ha renunciado a optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para centrarse en su labor como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que espera revalidar en 2011.


¿Cómo ha afectado la crisis económica a la Justicia?

El número de litigios civiles y mercantiles ha aumentado un 300%. En la provincia de Alicante harían falta cerca de 50 nuevas juzgados —sobre todo de mercantil, penal, de instrucción y primera instancia— para paliar los efectos de la crisis. Ya hace dos años propusimos crear una nueva figura, la de los Juzgados de Derecho Inmobiliario, para tramitar causas relacionadas con contratos, impago y ejecución de hipotecas, propiedad horizontal y desahucios por impago de arrendamientos, que en Alicante alcanzan los 3.000 al año.

Por tanto, ¿los juzgados de Alicante están saturados?

Hemos propuesto al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial otras soluciones, como los «juzgados bicéfalos», asignando un juez más a cada uno de ellos. La Conselleria de Justicia lo ve con buenos ojos y le hemos pedido que, a partir de 2011, asigne un magistrado de apoyo a los juzgados más saturados, lo que permitiría duplicar en cada uno de ellos el número de juicios que celebran. Es una solución más económica, porque mantener un nuevo juzgado cuesta cerca de 500.000 euros anuales.

¿La crisis también ha disparado los delitos contra la propiedad?

Sobre todo los casos de estafa, falsedad y fraude. En cuanto a la delincuencia organizada, hemos notado un incremento en algunas zonas de la Comunidad con fuertes núcleos industriales y turísticos. Estos grupos suelen contar con una estructura empresarial, con muchos medios económicos y materiales. Espero que a finales de este año podamos poner en marcha una sección de la Audiencia contra el crimen organizado. Tanto la Conselleria como el Ministerio de Justicia ya lo han aprobado.

Desde la Audiencia de Alicante, usted ha impulsado medidas pioneras: su protocolo de juicios rápidos se adelantó varios años a la ley que los regula.

Lo elaboramos en 2001 para resolver un problema que nos preocupaba: algunos delincuentes reincidentes, con hasta 40 delitos en sus espaldas, quedaban en libertad provisional porque los juicios tardaban nueve meses en celebrarse, y durante ese tiempo volvían a delinquir. Con el marco legal que había en aquel momento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pusimos en marcha un protocolo para celebrar esos juicios en 15 días, sobre todo para delitos contra el patrimonio como robos y hurtos. El Ministerio de Justicia conoció nuestra experiencia y, de hecho, la Ley de Juicios rápidos que entró en vigor en junio de 2004 responde a esa misma filosofía. Ahora se celebran entre 1.000 y 1.500 juicios rápidos al año en toda la provincia.

También puso en marcha un innovador programa de reeducación de maltratadores en 2004.

Se producía una situación de impunidad porque muchos maltratadores condenados a penas inferiores a dos años, unos 1.500 al año en toda la provincia, quedaban en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar al carecer de antecedentes. Además, gracias a nuestra iniciativa, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante fue el primero de toda España especializado en violencia de género y doméstica. Tuve la oportunidad de exponer estas experiencias en la Comisión del Congreso de los Diputados que tramitaba el proyecto de la Ley 4/2004 Integral contra la Violencia de Género, que creó los actuales juzgados especializados en esta materia e introdujo, tal como habíamos hecho en Alicante, los cursos de reeducación para los condenados.

fuente: ABC.es

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sábado, agosto 14, 2010

Madrid: La Comunidad invierte 1,6 millones de euros en la reforma de sedes judiciales

La Comunidad de Madrid ha destinado 1,6 millones de euros a las obras de reforma realizadas en diferentes instalaciones para albergar algunos de los órganos judiciales que entraron en funcionamiento el pasado 1 de enero.


La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha recordado que hace un año -el 1 de agosto de 2009- el Ministerio de Justicia aprobó la creación en la Comunidad de 17 nuevos órganos judiciales y 24 unidades judiciales que, según la Ley, debían entrar en funcionamiento el pasado 1 de enero.

Consecuencia de ello, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha aportado 1,6 millones de euros a diversas obras, entre las que se incluye el acondicionamiento del Edificio "C" del complejo situado en el número 6 de la calle de Manuel Tovar, en Madrid, para que albergue los Juzgados de Violencia sobre la Mujer números 6, 7 y 11.

También se han realizado las pertinentes obras en el número 10 de la calle de Génova, donde se instala la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como en la planta 12 de la Audiencia Provincial, Sección 29, situada en la calle de Santiago de Compostela, para acoger la Sección 30.

En el edificio "B" de la calle de Manuel Tovar también se han adaptado espacios para instalar salas de vistas, Fiscalía y Galería de Comunicación.

Fuera de la capital, la Comunidad de Madrid ha ejecutado diversas obras para instalar un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la planta tercera del edificio de Juzgados de Coslada.

En Alcalá de Henares se ha adaptado un local en el número 16 de la calle Luis Madrona para albergar el Juzgado de Primera Instancia número 6.

Por su parte, el número 4 de la Ronda de San Juan, en Navalcarnero, ha sido reformado para acoger el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, mientras que el número 2 se asentará en la calle Malacuera de Torrelaguna.

Fuente: ABC.es

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viernes, agosto 13, 2010

Las cárceles se llenan con más de un millar de conductores condenados

Usted, que nunca ha pisado una comisaría, puede ser el siguiente en ir a la cárcel. Atención a las copas del verano, a ponerse bravo si le paran en un control o decide recorrer la calle como una flecha para que no se le cierren los semáforos. Los jueces han enviado ya a prisión a 1.033 conductores solo por delitos contra la seguridad vial, casi una cárcel al completo aunque obviamente cada uno cumple donde le toca. Además hay otras 2.537 personas entre rejas a las que les consta una infracción de tráfico como delito principal, que no único.


Una conducción temeraria, el exceso de alcohol o de velocidad y carecer de carné de conducir están tipificados como delitos desde hace tres años. Si la pena no excede del año es habitual que se sustituya por multa o trabajos en beneficio de la comunidad; también cuando es de dos años pero se trata de gente sin antecedentes. Ahora bien, si el conductor reincide la prisión es una medida casi automática. Es lo que les ha pasado a Javier, Fernando, José —los tres son nombres supuestos— y a Daniel Navarro, este sí real, que están en la cárcel madrileña de Valdemoro donde jamás imaginaron que podrían acabar.

Alcohol y reincidencia

En este centro cumplen condena a fecha de hoy 22 hombres por conducción temeraria, uno por negarse a la prueba de alcoholemia y otros 13 por haber rebasado la tasa de alcohol que marca la ley. Todos son lo que en el argot se conoce como delincuentes primarios, es decir, sin antecedentes. Nuestros cuatro protagonistas están en la sección abierta de la prisión, sin rejas en las celdas, con la puerta del recinto entornada y salidas de fin de semana: «Un colegio mayor para niños malos», según descripción de un funcionario. Pero antes han convivido con presos de todo tipo al otro lado del muro de la cárcel.

Javier, madrileño de 44 años, trabajaba como encuadernador. Le condenaron a 15 meses por conducción temeraria y a otros seis por no someterse a la prueba de alcoholemia. Jamás había delinquido. Pagó la multa alternativa y pidió un indulto. Meses después dio positivo en una alcoholemia. Lleva en prisión desde abril de 2009 y en un mes obtendrá la libertad condicional. «Entré acojonado. Yo no sabía ni que había televisión en las cárceles. La clave está en no mezclarte con cierta gente». Cada fin de semana vuelve a casa. Asegura que ha aprendido la lección. «Nunca pensé que iban a ser tan estrictos. Yo solo digo que todo el mundo se lo piense dos veces antes de coger el coche con unas copas».

Fernando, también madrileño, excelentes modales y apostura, tenía una buena vida. Siempre ha trabajado en tareas de mantenimiento. A raíz de la muerte de una persona cercana empezó a beber y se perdió. Cuando se le cruzaban los cables cogía el coche de su mujer —él no tiene carné— y se iba de fiesta. Le pararon en un control de alcoholemia en Fuenlabrada a mediados del año pasado y dio 1,60 gramos por litro en la prueba. «No sé cuánto pero había bebido mucho». Le impusieron una multa de 1.500 euros y 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Pagó y cumplió —«estuve haciendo chapuzas en unos colegios a los que me mandaron»—, pero a los tres meses volvió a las andadas. Esta vez dio 1,20. Ya era reincidente; a los cuatro días le condenaron en un juicio rápido a diez meses de prisión. También pasa los fines de semana fuera, en un mes tendrá la condicional y en diciembre será de nuevo un hombre libre. «He estado en dos prisiones. Tenía miedo a que me violaran o me mataran. Qué sé yo. Es duro, mucho, yo no había pisado una comisaría en mi vida». Dos días antes de ingresar pidió la baja voluntaria en la empresa. «No le iba a decir a mi jefe que me iba al talego». Ahora irá al paro. «Ni mis hermanos saben que estoy aquí, solo mi mujer que me ha apoyado sin fisuras».

«Crees que nunca acabará», reflexiona José, que tampoco se llama así. Este ecuatoriano cuarentón se ha deslomado en las obras desde hace diez años. «Ya estoy buscando trabajo. Lo encontraré, siempre lo he hecho». Dio positivo en una alcoholemia en 2008 y un año después, bajó a mover el coche mal aparcado, en mitad de un cumpleaños con mucho alcohol. Se asustó al ver a la Policía Municipal —se había metido en dirección prohibida— y se negó a hacerse la prueba. Le cayeron cuatro meses de los que ya ha cumplido dos. «Mi hijo de ocho años cree que estoy trabajando en Alicante. Me dice que mejor me venga a Madrid que así estaremos juntos. Cuánto duele oír eso de un niño».

«Recurre, que yo no soy Farruquito»

Daniel Navarro ladea la sonrisa. Cae bien a la primera. En 2003 se fue a la concentración motera «Pingüinos» de Valladolid. Allí vivió una historia surrealista. Se enfangó con un camarero de madrugada que le sacó un cuchillo jamonero. Acabó con su furgoneta entre tiendas de campaña y pinares, según él, huyendo. Lo detuvo la Guardia Civil y dio positivo en la alcoholemia. Cuando faltaban 20 días para que prescribiera, a los cinco años, le condenaron. Un año de cárcel y tres sin carné. «Yo trabajaba como transportista y mensajero. Le dije a la abogada "recurre que yo no soy Farruquito, no he matado a nadie”. En qué hora. El juez no admitió el recurso y me puso en busca y captura. Al salir de una discoteca me detuvo la Policía y salió la busca». Tiene un contrato de camarero esperándolo. Mañana empieza. «Olvídense de los farruquitos. Como te trinquen, vas adentro. Y eso que a mí me llamaban el "trina" porque solo bebía cada dos meses».

Fuente: ABC.es

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jueves, agosto 12, 2010

País Vasco: Siete nuevos jueces para reducir el número de suplentes

Euskadi contará a finales de este año con siete nuevos jueces de carrera para utilizar menos a los sustitutos y para aligerar la carga de trabajo de los órganos judiciales, que, si bien no es tan alta como en otras autonomías, sí es perceptible en la jurisdicción de lo Contencioso y, más recientemente, en las de Mercantil y Social, debido a la recesión económica.


Según explicó el Departamento de Justicia, en diciembre próximo está prevista la creación de tres juzgados en Bilbao (Contencioso), Tolosa (Mixto) y San Sebastián (Social), con sus correspondientes funcionarios. También empezará a trabajar un magistrado más en la Sección Sexta de la Audiencia de Bilbao. Pero la principal novedad es que se asignarán al conjunto del País Vasco otros tres jueces denominados de adscripción territorial, una figura novedosa que es del agrado de las once autonomías que ejercen las competencias de Justicia, entre ellas Euskadi.

Y es que, en tiempos de enormes dificultades presupuestarias, esos jueces, pagados como los demás por el Ministerio de Justicia, no llevan aparejada la implantación de juzgados nuevos, de cuyos gastos materiales y de personal deben encargarse las comunidades. Además, los jueces 'volantes' encajan mejor en la nueva oficina judicial, denominación que recibe la reforma organizativa de la Administración de Justicia, que empezará a aplicarse en Euskadi a la vuelta del verano y según la cual, la mayor parte de la tramitación de los juzgados se descargará sobre unos servicios comunes para todos ellos.

Los jueces de adscripción territorial, contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no tendrán un destino fijo, sino que estarán a las órdenes del Tribunal Superior del País Vasco para moverse por un territorio concreto, allí donde hagan más falta, aunque eventualmente su radio de acción puede abarcar toda la comunidad. Su misión es apoyar a los órganos saturados de trabajo y cubrir los órganos vacantes o cuyo titular se encuentre de baja, de permiso o realizando cursillos de formación.

Los siete nuevos refuerzos para Euskadi se sumarán a una plantilla que se compone actualmente de 217 jueces y magistrados. A ese colectivo de 'fijos' hay que añadir una bolsa de 107 suplentes que no son jueces de carrera, sino juristas que acreditan unos requisitos y tapan los 'huecos' provisionales que dejan los titulares de los juzgados y tribunales.

Plan de Modernización

Para hacerse una idea del protagonismo de los sustitutos, un día cualquiera en Bilbao, once de los 55 órganos unipersonales de ese partido judicial están ocupados por ellos. Esta Justicia 'interina' ha despertado críticas entre los jueces de carrera, que cuestionan su calidad y exigen una reducción del número de suplentes, algunos de los cuales llevan hasta veinte años realizando esa labor en Euskadi.

La aparición de los jueces de adscripción territorial responde a esa demanda, que fue incluida en el Plan de Modernización de la Justicia. El Gobierno central ha creado 50 plazas de ese tipo para las 17 autonomías (tres de ellas en el País Vasco) y ha previsto aprobar otras cien más para los ejercicios de 2011 y 2012, sin contar los juzgados completos que se puedan crear para absorber un volumen de asuntos judiciales que no deja de crecer en España.

Las autonomías, incluido el Gobierno Vasco, han pedido formalmente al Ministerio de Justicia que, en adelante, cree menos juzgados en sus territorios, ya que el coste de cada uno de ellos para las arcas autonómicas, sólo en nóminas, puede rondar los 250.000 euros anuales . Por el contrario, reclaman más jueces 'volantes' que no obliguen a incrementar demasiado la plantilla de funcionarios y que respondan a la filosofía de la nueva oficina.

Fuente: diariovasco.com

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miércoles, agosto 11, 2010

Galicia: La Xunta reclama al Gobierno el control sobre el sistema informático de los juzgados

Tras el desastroso estreno de la reforma procesal en los juzgados gallegos, al borde del colapso por los múltiples problemas que dio la nueva aplicación de gestión, la Xunta está decidida a asumir el control informático en la Administración judicial gallega y romper la tutela y dependencia que le une desde hace años al Ministerio de Justicia. La Xunta seguirá trabajando con el sistema Minerva NOX (que actualiza, desarrolla y financia el Gobierno para algunas comunidades) pero reclama a Madrid la cesión del programa para poder introducir cambios por su cuenta y adaptarlo a las necesidades de Galicia.


La Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica llevará el peso de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. De hecho, la responsable de este departamento, Mar Pereira, ya le ha trasladado esta reclamación de manera informal al director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, y trabaja ahora en una propuesta oficial para ver cómo se plantea el traspaso. "Si vamos a seguir con el Minerva lo que pedimos es que nos cedan el código fuente (información imprescindible para poder modificar o enriquecer cualquier programa informático) para poder desarrollarlo nosotros y no depender constantemente de sus técnicos", argumenta el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.

La Xunta había barajado inicialmente la posibilidad de desvincularse por completo del Minerva NOX para comprar su propio programa. Pero tras constatar que en comunidades con sistema propio como Canarias, Navarra o Cataluña también hubo problemas para adaptarse a la reforma procesal que entró en vigor el 4 de mayo, el Gobierno gallego parece haberse decantado definitivamente por negociar con Madrid la cesión parcial del programa.

El Gobierno gallego cuenta incluso con el apoyo de los sindicatos, que en una reunión a finales de mayo coincidieron en achacar a la dependencia informática de Madrid gran parte de las incidencias que se detectan cada vez que se cambia el programa que utilizan para trabajar los juzgados. Así ocurrió el 4 de mayo, cuando entró en vigor la mayor reforma procesal de la Justicia española desde 1870 sin ensayos previos y sin tiempo para que los funcionarios se familiarizaran con una aplicación nueva, compleja y que presentaba múltiples errores.

Lo que no se sabe todavía es qué opina al respecto el ministerio que dirige Francisco Caamaño, que asume los costes de un programa que utilizan en total 12 comunidades.

Fuente: laopinioncoruna.es

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martes, agosto 10, 2010

Soria: Justicia invertirá 450.000 euros en las obras para el Instituto de Medicina Legal

El Ministerio de Justicia invertirá alrededor de 450.000 euros en la reforma de las dependencias de la sala de autopsias del hospital Virgen del Mirón en las que trabajan las cuatro forenses del Instituto de Medicina Legal de Soria. Esta actuación nace gracias al convencio firmado hace un par de años entre el Ministerio de Justicia y Sacyl debido a las quejas realizadas por los trabajadores del servicio de Anatomía Patalógica en las que señalaban las pésimas condiciones de su lugar de trabajo que, básicamente, no cumplía con los requisitos para llevar a cabo las autopsias.


De esta forma, técnicamente, en estas instalaciones se localizaría la clínica del Instituto de Medicina Legal que tiene su base en el Palacio de los Condes de Gómara.

Ahora, según indicaron fuentes de la Subdelegación, el proyecto está ya redactado, acabado, aprobado técnicamente y supervisado por los que saldrá próximamente a licitación.

La obra conllevaría la reforma integral, ampliación de espacios ya que se asimilan dependencias contiguas al centro de autopsias y se incluirán, además, todos los elementos necesarios para que las instalaciones queden modernas y funcionales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Soria ya ha aprobado la redacción del proyecto de ejecución y la concesión de la licencia de obras.

Fuente: heraldodesoria.es

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Venezuela: Las vacaciones judiciales están en suspenso

En veremos. Así está el tradicional receso que los tribunales del país venían disfrutando por estas fechas, según fuentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Aunque en la última reunión de la Sala Plena, celebrada el pasado 28 de julio, los miembros del máximo juzgado acordaron paralizar las actividades tribunalicias entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre próximos, al parecer esa decisión será revisada.


El viernes los magistrados, abogados y demás personal de la Sala Penal del TSJ fueron informados de que las actividades no se interrumpirán. La misma noticia recibieron quienes integran la Sala Constitucional, instancia que por ser la competente para conocer de denuncias de faltas contra los derechos fundamentales nunca deja de laborar y siempre tiene personal de guardia.

Sin embargo, el cambio no se limitará al máximo juzgado, pues los tribunales penales también se verán afectados. Respecto a las razones que motivarían esta decisión, tanto en el TSJ como en los juzgados penales afirmaron que la misma responde a la cercanía de las elecciones parlamentarias, las cuales están pautadas para el 26 de septiembre.

"Aseguran tener información de que algunos grupos podrían provocar un conflicto en las cárceles aprovechando el receso y por ello quieren tener a todos los jueces listos", indicó un magistrado, afirmación que fue corroborada por una juez.

Sin embargo, otros tres magistrados negaron la versión y aseguraron que "hasta ahora no hay ningún motivo para suspender unas vacaciones a las que está acostumbrado el país y en las que la Justicia no se paraliza, pues siempre hay jueces de guardia". Los consultados, miembros de las salas Constitucional, Electoral y Político Administrativa, sugirieron esperar hasta la próxima plenaria, a realizarse este miércoles, para despejar las dudas.

Con respecto a los demás juzgados se pudo conocer que en los de Niños y Adolescentes y Civiles seguían en pie los planes para iniciar el asueto.

Vacaciones criticadas

El receso ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años, pues los tribunales cesan sus actividades dos veces al año (en agosto y en diciembre) y eso contribuye a agravar el retardo judicial.

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su informe correspondiente al año 2008, afirmó que las vacaciones de agosto atentan contra el derecho a la justicia expedita. Opinión similar tienen en el Ministerio Público.

Durante el receso el TSJ establece un sistema de guardias y afirma que así garantiza el acceso a la Justicia. No obstante, durante este período los jueces penales solo pueden recibir casos en flagrancia y no se celebran más que los juicios ya iniciados.

Fuente: eluniversal.com

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lunes, agosto 09, 2010

Los jueces cargan contra el Ministerio de Igualdad

Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de lanzar un mensaje "confuso, por lo ambiguo, y equivoco, por lo genérico," que pone de manifiesto su pretensión de "cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas" de los casos de violencia de género. Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre "la falta de equiparación" entre las más de 500 mujeres en "riesgo alto o extremo" y las 369 pulseras GPS activadas, que, según él, dependen de "la valoración de las sedes judiciales".


En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha señalado que "cualquiera que piense con un mínimo de sentido común" verá como "evidente" que, "cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas". Asimismo, ha indicado que afirmaciones como las de Lorente "no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos".

"Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso", ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como "demagógicas", ya que "contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones", además de "poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles".

Asimismo, ha señalado que "no se puede pretender que, sobre la base de cualquier tipo de denuncia, esa medida se adopte sin más", puesto que, "como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justificaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen".

Francisco de Vitoria

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha coincidido en apuntar que "los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación" y ha afirmado que "los jueces valoran en función de informes" y, por lo tanto, "han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento". De esta forma, ha concluido que "si faltan más, corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen".

Además, ha destacado que, en muchos casos, las mujeres que resultan asesinadas ni siquiera han llegado a denunciar, tal y como refleja el balance del primer semestre sobre violencia de género presentado el pasado miércoles, algo a lo que también se ha referido el portavoz de Jueces para la democracia, José Luis Ramírez, quien ha puntualizado que el problema que plantea la Ley de Violencia de Género es que "no diferencia entre supuestos concretos" y "se le ha acabado otorgado la misma importancia a un caso menor, como conflictos derivados del divorcio o las separaciones, que a los más graves".

En este sentido, Ramírez ha explicado que mientras los casos leves pasan a ser "los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de violencia", los más graves, sin denuncia interpuesta, "no se suelen investigar". Por ello, ha apostado por "no esperar a que se ponga la denuncia", como método para atajarlo, debido a que "en una situación de maltrato real es difícil que la mujer salga del círculo y se atreva a denunciar".

Así, ha recomendado "utilizar otro tipo de políticas para investigar, como pueden ser los partes de lesiones en los hospitales o los avisos de 'situaciones extrañas' en las familias detectadas por los servicios sociales. En cualquier caso, ha advertido de que "hay determinados hechos que son inevitables, por más medios que se pongan y más políticas que se desarrollen, y si no se acepta esto no se comprenderá la realidad sociológica y criminológica".

Por último, en referencia a la caída de la confianza de los españoles para atajar la violencia machista frente al crecimiento de los que piden mayores penas, Ramírez ha asegurado que "endurecer las penas no sirve absolutamente para nada", ya que "no tiene ningún efecto disuasorio" y ha apostado por la pedagogía como alternativa a las vías puramente penales. "Lo que sirve es una prevención y una eficacia en la acción policial y de la justicia", ha concluido.

Fuente: gaceta.es

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