Los jueces cargan contra el Ministerio de Igualdad

Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de lanzar un mensaje "confuso, por lo ambiguo, y equivoco, por lo genérico," que pone de manifiesto su pretensión de "cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas" de los casos de violencia de género. Responden así a las declaraciones del delegado de Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, sobre "la falta de equiparación" entre las más de 500 mujeres en "riesgo alto o extremo" y las 369 pulseras GPS activadas, que, según él, dependen de "la valoración de las sedes judiciales".


En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha señalado que "cualquiera que piense con un mínimo de sentido común" verá como "evidente" que, "cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas". Asimismo, ha indicado que afirmaciones como las de Lorente "no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos".

"Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso", ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como "demagógicas", ya que "contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones", además de "poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles".

Asimismo, ha señalado que "no se puede pretender que, sobre la base de cualquier tipo de denuncia, esa medida se adopte sin más", puesto que, "como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justificaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen".

Francisco de Vitoria

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha coincidido en apuntar que "los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación" y ha afirmado que "los jueces valoran en función de informes" y, por lo tanto, "han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento". De esta forma, ha concluido que "si faltan más, corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen".

Además, ha destacado que, en muchos casos, las mujeres que resultan asesinadas ni siquiera han llegado a denunciar, tal y como refleja el balance del primer semestre sobre violencia de género presentado el pasado miércoles, algo a lo que también se ha referido el portavoz de Jueces para la democracia, José Luis Ramírez, quien ha puntualizado que el problema que plantea la Ley de Violencia de Género es que "no diferencia entre supuestos concretos" y "se le ha acabado otorgado la misma importancia a un caso menor, como conflictos derivados del divorcio o las separaciones, que a los más graves".

En este sentido, Ramírez ha explicado que mientras los casos leves pasan a ser "los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de violencia", los más graves, sin denuncia interpuesta, "no se suelen investigar". Por ello, ha apostado por "no esperar a que se ponga la denuncia", como método para atajarlo, debido a que "en una situación de maltrato real es difícil que la mujer salga del círculo y se atreva a denunciar".

Así, ha recomendado "utilizar otro tipo de políticas para investigar, como pueden ser los partes de lesiones en los hospitales o los avisos de 'situaciones extrañas' en las familias detectadas por los servicios sociales. En cualquier caso, ha advertido de que "hay determinados hechos que son inevitables, por más medios que se pongan y más políticas que se desarrollen, y si no se acepta esto no se comprenderá la realidad sociológica y criminológica".

Por último, en referencia a la caída de la confianza de los españoles para atajar la violencia machista frente al crecimiento de los que piden mayores penas, Ramírez ha asegurado que "endurecer las penas no sirve absolutamente para nada", ya que "no tiene ningún efecto disuasorio" y ha apostado por la pedagogía como alternativa a las vías puramente penales. "Lo que sirve es una prevención y una eficacia en la acción policial y de la justicia", ha concluido.

Fuente: gaceta.es