Las negociaciones para el traspaso, desde el Gobierno central al Govern balear, de las competencias de Justicia permanecen actualmente encalladas después de que la rebaja de sueldo de los funcionarios haya hecho que el Ministerio se replantee subir el coste efectivo de la transferencia, para el que la última cifra que se manejaba eran unos 58 millones de euros.La consellera de Interior, Justicia e Innovación, Pilar Costa, explicó que en los últimos meses las negociaciones en el aspecto económico habían avanzado y se había conseguido incrementar algo más de «un 10 por ciento» el coste del traspaso, que inicialmente, hace un par de años, se fijó en unos 52 millones de euros y que había aumentado hasta los 58, último dato con el que trabajaban, pero que no estaba cerrado.
Sin embargo, a raíz del recorte del sueldo de todos los funcionarios decretada por el Gobierno, el proceso se «ralentizó». «Estamos en un punto muerto porque estamos negociando la bajada del sueldo de los funcionarios para que no se nos rebaje esa cantidad», explicó Costa.
Al parecer, el Ministerio cree que no habría que subir la cuantía económica si el salario de los empleados ha disminuido y, por tanto, la Administración autonómica vería reducido también lo que le costaría pagar los sueldos, indicó la consellera, quien puntualizó que Justicia aún no les ha comunicado esto «formalmente».
Rechazan la rebaja del coste
«Pero nosotros defendemos que no [debe ser así] porque al final, una vez que traspasen las competencias de Justicia, los funcionarios querrán que se les equipare el sueldo a los del resto de la Comunitat y en muchos casos será más elevado», dijo Costa, que añadió: «Lo que tenemos claro es que no aceptaremos las competencias si no tenemos garantizado un mínimo económico para poder ejercerlas bien».
El otro punto clave de la negociación son las infraestructuras que quedan pendientes en todo Baleares, entre ellas el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza, que deberá construirse en la antigua Sa Graduada.
Según Costa, por una parte esta cuestión está cerrada en el sentido de que el Ministerio de Justicia tiene ya un presupuesto fijado para comenzar los trabajos. Pero no se podrá poner en marcha hasta que el Gobierno disponga del solar.
En este sentido, la consellera indicó que el tema del suelo está pendiente de la permuta que hay que hacer entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Ministerio de Economía y Hacienda, y que afecta al solar donde se ubica Sa Graduada y al que ocupan los actuales juzgados, en la avenida de Isidor Macabich.
Al parecer, ambos terrenos no tienen el mismo valor y ha habido que determinar el de cada uno para poder ejecutar la permuta. «Y en esas estamos», indicó Costa, que puntualizó que no cree que sea mucha la diferencia. «Me parece que el que más valor tenía era el de Sa Graduada», apostilló.
«Me consta que desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible y más para que se aceleren los trámites», afirmó la responsable de Justicia, quien añadió que Vila incluso ha aceptado hacer la permuta sin compensación alguna aunque el solar que cede sea el que más valor tiene «para agilizar el proceso al máximo posible».
Enviada la documentación
Por su parte, un portavoz del Consistorio de Ibiza explicó que ellos están a la espera de obtener respuesta de los técnicos del Ministerio sobre la última documentación que les enviaron.
A este respecto, explicó que después de que saliera la sentencia que retiraba la declaración de Bien Catalogado a Sa Graduada, se envió a Madrid toda la documentación de la nueva situación urbanística del terreno y la declaración de edificabilidad que habían pedido, pues ya el edificio se puede echar abajo.
«En estos momentos los técnicos están en fase de valoración de los terrenos a efectos de patrimonio y de saber cuánto vale cada uno para hacer las permutas», indicaron desde el Ayuntamiento.
Con todo ello, la consellera de Justicia señaló que en septiembre retomarán de nuevo las negociaciones con el Ministerio para ver si se «desencalla» ya todo el proceso.
Fuente: diariodeibiza.es
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