Hoy completamente saturada y sin posibilidad de crecimiento alguno, la sede de los tribunales compostelanos, en el barrio de Fontiñas, comenzó a quedarse pequeña ya a los cuatro años de abrir, en 1999, cuando hubo de ser ampliada. Aquella imprevisión administrativa la va a pagar ahora el erario autonómico. Y por partida doble: a medio plazo, financiando la construcción de un segundo recinto complementario del viejo y, a corto, costeando el alquiler de un inmueble donde montar transitoriamente el futuro Juzgado de lo Social número 3 de Santiago, cuya necesaria constitución aprobó el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria del pasado 25 de junio.
A través de una resolución difundida el pasado miércoles vía Diario Oficial de Galicia, la Secretaría Xeral e do Patrimonio de la Consellería de Facenda, a instancias de la de Presidencia, acaba de autorizar el arrendamiento de las plantas baja y primera de un edificio en la confluencia de la calle Londres con la Raxeira para alojar allí el nuevo órgano, «consonte ás necesidades do servizo a satisfacer [...] e pola proximidade coas dependencias de Fontiñas». Se trata de un bloque que actualmente ocupa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la cual se trasladará en semanas a un vecino emplazamiento, el 25-27 de la rúa Roma, donde convivirá con la Policía Autonómica.
Según fuentes oficiales, durante todo el tiempo que el juzgado permanezca en esa propiedad, la Xunta deberá abonar mensualmente al dueño de la misma 7.443 euros, si bien el desembolso de dicha cantidad le dará derecho a utilizar también los pisos segundo y bajocubierta de la casa, dentro de los cuales planea recolocar la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. De modo que, aproximadamente, la tercera sala de lo social de Santiago saldrá a las arcas públicas por unos 44.658 euros al año solo en concepto de alquiler de espacio.
¿Y cuándo entrará en funcionamiento? «Con exactitud, la fecha -explicó una portavoz de Presidencia- aún no se sabe, pero se supone que será a partir de septiembre, tras la pertinente comunicación ministerial». No obstante, consultado al respecto, el decano de los abogados de la zona, Evaristo Nogueira, afirmó: «Estaba programado que fuera de diciembre del 2010 a enero del 2011 y, al menos hasta ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido cambios en ese calendario».
Tampoco existe una certeza absoluta acerca del momento en que el citado servicio podrá cambiar ese domicilio provisorio que le han buscado por el definitivo que tendrá dentro del segundo palacio de justicia santiagués. La mudanza no debería de demorarse mucho más allá de principios del 2013, pues Presidencia encomendó a FCC que construyera el citado complejo por 3,06 millones de euros y con un plazo máximo de obra de cinco trimestres a contar desde el avance de un trámite burocrático (firma del acta de replanteo del proyecto) que, por normativa, necesariamente quedará liquidado antes de morir el verano en curso. En su interior cabrán seis juzgados y tres salas de vistas.
Fuente: lavozdegalicia.es
A través de una resolución difundida el pasado miércoles vía Diario Oficial de Galicia, la Secretaría Xeral e do Patrimonio de la Consellería de Facenda, a instancias de la de Presidencia, acaba de autorizar el arrendamiento de las plantas baja y primera de un edificio en la confluencia de la calle Londres con la Raxeira para alojar allí el nuevo órgano, «consonte ás necesidades do servizo a satisfacer [...] e pola proximidade coas dependencias de Fontiñas». Se trata de un bloque que actualmente ocupa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la cual se trasladará en semanas a un vecino emplazamiento, el 25-27 de la rúa Roma, donde convivirá con la Policía Autonómica.
Según fuentes oficiales, durante todo el tiempo que el juzgado permanezca en esa propiedad, la Xunta deberá abonar mensualmente al dueño de la misma 7.443 euros, si bien el desembolso de dicha cantidad le dará derecho a utilizar también los pisos segundo y bajocubierta de la casa, dentro de los cuales planea recolocar la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. De modo que, aproximadamente, la tercera sala de lo social de Santiago saldrá a las arcas públicas por unos 44.658 euros al año solo en concepto de alquiler de espacio.
¿Y cuándo entrará en funcionamiento? «Con exactitud, la fecha -explicó una portavoz de Presidencia- aún no se sabe, pero se supone que será a partir de septiembre, tras la pertinente comunicación ministerial». No obstante, consultado al respecto, el decano de los abogados de la zona, Evaristo Nogueira, afirmó: «Estaba programado que fuera de diciembre del 2010 a enero del 2011 y, al menos hasta ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que haya habido cambios en ese calendario».
Tampoco existe una certeza absoluta acerca del momento en que el citado servicio podrá cambiar ese domicilio provisorio que le han buscado por el definitivo que tendrá dentro del segundo palacio de justicia santiagués. La mudanza no debería de demorarse mucho más allá de principios del 2013, pues Presidencia encomendó a FCC que construyera el citado complejo por 3,06 millones de euros y con un plazo máximo de obra de cinco trimestres a contar desde el avance de un trámite burocrático (firma del acta de replanteo del proyecto) que, por normativa, necesariamente quedará liquidado antes de morir el verano en curso. En su interior cabrán seis juzgados y tres salas de vistas.
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