El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, cree fundamental fortalecer la independencia del Poder Judicial para evitar la injerencia política y recuperar la "muy olvidada" separación de poderes de Montesquieu, evitando "la influencia política en los procedimientos u órganos judiciales".En una entrevista a diariojuridico.com, el consejero de Justicia repasa la postura adoptada por la Comunidad de Madrid en la cita celebrada hace unas semanas en Valencia entre las consejeros de este ramo y el Ministerio para la puesta en marcha del nuevo modelo judicial.
A juicio de Granados, el primer paso para abordar la implantación de la Oficina Judicial es que el Ministerio de Justicia defina el plan de financiación del nuevo modelo con la finalidad de que este proceso imparable pueda ser asumido con todas las garantías de éxito y evitar que haya modelos diferentes en cada comunidad autónoma.
Así, apuesta por acometer una serie de cambios en el sistema, que debe liderar el departamento de Francisco Caamaño. Además, ha propuesto crear 150 plazas de jueces, en vez de juzgados, para hacer frente a "la litigiosidad que existe y poder hacer más eficaz la Justicia".
Para Granados, los principales retos de la Justicia pasan por conseguir "una eficacia y agilidad en este ámbito, mejorar las infraestructuras y procedimientos y fortalecer y reforzar la independencia del poder judicial".
PROFUNDA REFORMA
En la misma línea, el consejero se muestra partidario de acometer una profunda reforma para afrontar la alta litigiosidad y carga de trabajo, que incluya reformulaciones de la asistencia jurídica gratuita, implantación real del nuevo sistema de organización dibujado por la oficina judicial así como mecanismos que eviten cualquier tipo de injerencia en el poder judicial.
Granados destaca que el Gobierno regional está invirtiendo cantidades económicas muy importantes en la informatización de los diferentes Juzgados.
"No se puede olvidar que modernizar la Justicia es mucho más. Son edificios, son incrementos de plantilla, es el nuevo modelo de Oficina Judicial, sobre la que hay que recordar que existía un pacto entre el PP y el PSOE firmado en 2003, y que hasta ahora no está arrancando porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero no lo ha estimado oportuno", denuncia.
NUEVAS COMPETENCIAS
Respecto al nuevo modelo de Justicia, Granados destaca que uno de los elementos más importantes es la asunción por parte de los Secretarios Judiciales de funciones que hasta ahora desempeñaban los jueces, además de dictar sentencias.
"La idea es positiva para centrar el cometido específico de los jueces. El problema radica en que este "reparto" de funciones distinto al actual no ha sido debidamente consensuado entre las partes con anterioridad y, por lo tanto, su puesta en marcha está generando algunos problemas que debieran haberse solucionado previamente", destaca.
En cuanto a las soluciones extrajudiciales para descargar a los tribunales, el consejero opina que considera positiva "aquellas iniciativas que hagan más soportable esa carga de trabajo o que ayuden a disminuirla, en aras de conseguir una mayor eficacia y rapidez en la Administración de Justicia".
Por otro lado, recalca que la Comunidad de Madrid apoya decididamente que sea Madrid la capital internacional del arbitraje, sin ningún género de dudas.
JUSTICIA GRATUITA
En la entrevista, Granados se pronuncia sobre el actual modelo de Justicia gratuita, el cual ha calificado de "injusto" e "inviable". "El sistema a día de hoy está completamente desvirtuado y disparado. Es necesaria una reforma en profundidad, algo en lo que estamos de acuerdo comunidades autónomas, Ministerio de Justicia y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid", señala.
De este modo, insiste en que "hay que ofrecer esta asistencia a quien realmente lo necesite y así lo acredite". "A día de hoy esto no está ocurriendo, lo que está provocando un aumento exponencial de los expedientes y recursos, incluso ante el Constitucional, que colapsan la Justicia y, en muchas ocasiones, ni si quiera están respaldados por los propios interesados. Por este motivo, el decreto que preparara el Gobierno regional no recortará derechos, sino que los garantizará, pero a aquellos que sea destinatarios de los mismos, según la ley", señala.
Fuente: que.es
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