Tras el desastroso estreno de la reforma procesal en los juzgados gallegos, al borde del colapso por los múltiples problemas que dio la nueva aplicación de gestión, la Xunta está decidida a asumir el control informático en la Administración judicial gallega y romper la tutela y dependencia que le une desde hace años al Ministerio de Justicia. La Xunta seguirá trabajando con el sistema Minerva NOX (que actualiza, desarrolla y financia el Gobierno para algunas comunidades) pero reclama a Madrid la cesión del programa para poder introducir cambios por su cuenta y adaptarlo a las necesidades de Galicia.La Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica llevará el peso de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. De hecho, la responsable de este departamento, Mar Pereira, ya le ha trasladado esta reclamación de manera informal al director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, y trabaja ahora en una propuesta oficial para ver cómo se plantea el traspaso. "Si vamos a seguir con el Minerva lo que pedimos es que nos cedan el código fuente (información imprescindible para poder modificar o enriquecer cualquier programa informático) para poder desarrollarlo nosotros y no depender constantemente de sus técnicos", argumenta el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.
La Xunta había barajado inicialmente la posibilidad de desvincularse por completo del Minerva NOX para comprar su propio programa. Pero tras constatar que en comunidades con sistema propio como Canarias, Navarra o Cataluña también hubo problemas para adaptarse a la reforma procesal que entró en vigor el 4 de mayo, el Gobierno gallego parece haberse decantado definitivamente por negociar con Madrid la cesión parcial del programa.
El Gobierno gallego cuenta incluso con el apoyo de los sindicatos, que en una reunión a finales de mayo coincidieron en achacar a la dependencia informática de Madrid gran parte de las incidencias que se detectan cada vez que se cambia el programa que utilizan para trabajar los juzgados. Así ocurrió el 4 de mayo, cuando entró en vigor la mayor reforma procesal de la Justicia española desde 1870 sin ensayos previos y sin tiempo para que los funcionarios se familiarizaran con una aplicación nueva, compleja y que presentaba múltiples errores.
Lo que no se sabe todavía es qué opina al respecto el ministerio que dirige Francisco Caamaño, que asume los costes de un programa que utilizan en total 12 comunidades.
Fuente: laopinioncoruna.es
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