Vicente Magro, Presidente de la Audiencia Provincial, ha renunciado a optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para centrarse en su labor como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que espera revalidar en 2011.¿Cómo ha afectado la crisis económica a la Justicia?
El número de litigios civiles y mercantiles ha aumentado un 300%. En la provincia de Alicante harían falta cerca de 50 nuevas juzgados —sobre todo de mercantil, penal, de instrucción y primera instancia— para paliar los efectos de la crisis. Ya hace dos años propusimos crear una nueva figura, la de los Juzgados de Derecho Inmobiliario, para tramitar causas relacionadas con contratos, impago y ejecución de hipotecas, propiedad horizontal y desahucios por impago de arrendamientos, que en Alicante alcanzan los 3.000 al año.
Por tanto, ¿los juzgados de Alicante están saturados?
Hemos propuesto al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial otras soluciones, como los «juzgados bicéfalos», asignando un juez más a cada uno de ellos. La Conselleria de Justicia lo ve con buenos ojos y le hemos pedido que, a partir de 2011, asigne un magistrado de apoyo a los juzgados más saturados, lo que permitiría duplicar en cada uno de ellos el número de juicios que celebran. Es una solución más económica, porque mantener un nuevo juzgado cuesta cerca de 500.000 euros anuales.
¿La crisis también ha disparado los delitos contra la propiedad?
Sobre todo los casos de estafa, falsedad y fraude. En cuanto a la delincuencia organizada, hemos notado un incremento en algunas zonas de la Comunidad con fuertes núcleos industriales y turísticos. Estos grupos suelen contar con una estructura empresarial, con muchos medios económicos y materiales. Espero que a finales de este año podamos poner en marcha una sección de la Audiencia contra el crimen organizado. Tanto la Conselleria como el Ministerio de Justicia ya lo han aprobado.
Desde la Audiencia de Alicante, usted ha impulsado medidas pioneras: su protocolo de juicios rápidos se adelantó varios años a la ley que los regula.
Lo elaboramos en 2001 para resolver un problema que nos preocupaba: algunos delincuentes reincidentes, con hasta 40 delitos en sus espaldas, quedaban en libertad provisional porque los juicios tardaban nueve meses en celebrarse, y durante ese tiempo volvían a delinquir. Con el marco legal que había en aquel momento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pusimos en marcha un protocolo para celebrar esos juicios en 15 días, sobre todo para delitos contra el patrimonio como robos y hurtos. El Ministerio de Justicia conoció nuestra experiencia y, de hecho, la Ley de Juicios rápidos que entró en vigor en junio de 2004 responde a esa misma filosofía. Ahora se celebran entre 1.000 y 1.500 juicios rápidos al año en toda la provincia.
También puso en marcha un innovador programa de reeducación de maltratadores en 2004.
Se producía una situación de impunidad porque muchos maltratadores condenados a penas inferiores a dos años, unos 1.500 al año en toda la provincia, quedaban en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar al carecer de antecedentes. Además, gracias a nuestra iniciativa, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante fue el primero de toda España especializado en violencia de género y doméstica. Tuve la oportunidad de exponer estas experiencias en la Comisión del Congreso de los Diputados que tramitaba el proyecto de la Ley 4/2004 Integral contra la Violencia de Género, que creó los actuales juzgados especializados en esta materia e introdujo, tal como habíamos hecho en Alicante, los cursos de reeducación para los condenados.
fuente: ABC.es
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