lunes, agosto 31, 2009

Alicante: La provincia arrastra la tercera tasa de asuntos pendientes más alta de España

Que la Justicia alicantina se ahoga entre toneladas de papel no es ninguna novedad. Desde hace más de un año se han sucedido a la velocidad de vértigo estadísticas que lo atestiguan. Pero hay una cifra, de la que se hace eco un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya no deja lugar a dudas: la provincia arrastra, con datos del primer trimestre del 2009, la tasa de pendencia más alta de España sólo por detrás de Toledo y Castellón.


Esa medida relaciona la cantidad de asuntos pendientes de resolver al término de un periodo con la de los ya resueltos, y es más favorable cuanto menor sea partiendo del 1. Pues bien, la de Alicante se sitúa en el 1,63, por el 1,71 de Castellón y el 1,85 de Toledo, pero muy por delante de otras provincias colapsadas como Valencia (1,20), Murcia (1,41) y Tenerife (1,53).

A ello se suma que los jueces alicantinos son de los que menos resuelven en términos relativos en el conjunto del Estado. La tasa de resolución en el primer trimestre del año es de 0,92 (en este caso es mejor el valor cuanto más suba del 1), sólo por encima de los castellonenses (0,86), asturianos (0,87), toledanos (0,88) y alcarreños (0,91).

Otra de las medidas que el Poder Judicial utiliza para analizar la situación de los tribunales y juzgados de un territorio es la tasa de congestión, que suma los asuntos ingresados en un periodo a los pendientes para compararlos con los resueltos. De nuevo, Alicante se sitúa a la cabeza del colapso con un 2,64, sólo por detrás, de nuevo también, de Castellón (2,73) y Toledo (2,91).

Por jurisdicciones, la más colapsada en relación a otras provincias es la Penal, donde los juzgados acumulan más de veinte mil sentencias pendientes de ejecutar.

Fuente: laverdad.es

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"El juez de paz debe ser el hombre de confianza de su pueblo"

Juez de Paz por vocación y músico por pasión, Donato Larrañaga Arruti se considera, ante todo, un hombre con el que el pueblo de Hernani, donde ejerce, puede contar para resolver todo aquello que esté en su mano. Presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Euskadi-Epaile Artean y de la Federación Estatal de Gestión de Asociaciones de Jueces de Paz, este zarauztarra residente en Renteria despacha los trámites de los hernaniarras en un austero y acogedor despacho al lado de una sala de juicios, donde oficia desde bodas hasta cuitas entre vecinos. «Quiero que la gente sepa que los jueces de paz estamos aquí para arreglar sus asuntos», apunta.


- ¿Quiénes son los jueces de paz?

- Son hombres del pueblo, profesores, jubilados... Personas que desarrollan funciones jurisdiccionales e integran el Poder Judicial, elegidos por los Ayuntamientos y nombrados por los Tribunales Superiores de Justicia. Y, sobre todo, personas que intentan resolver los problemas de sus vecinos.

- Dice que el trabajo de juez de paz es vocacional.

- Al menos en mi caso. Pero entiendo que ha de ser así para la mayoría, ya que el juez de paz, a pesar del gran volumen de trabajo que maneja, no cobra ningún sueldo, sólo una indemnización simbólica.

- Los asuntos de los vecinos que se trae entre manos son...

- Temas civiles, sobre todo. Inscripciones de nacimiento, certificados, notificaciones y resolución de asuntos entre vecinos de pequeñas cuantías. Y en lo penal, casos leves de amenazas, coacciones, injurias... Prestamos auxilio judicial en todos los órdenes. Cumplimentamos infinidad de exhortos, o lo que es lo mismo, notificaciones por encargo de otros juzgados.

- ¿Cómo se forman para desempeñar su trabajo?

- A través de unas jornadas de formación organizadas por la consejería de Justicia del Gobierno Vasco. Son unos cursos anuales en cada provincia.

- Aún así demandan más formación.

- Sobre todo en materia civil. Es importantísimo que no nos quedemos atrasados con las novedades que surgen en los temas que tratamos.

- Destaca que el Juez de Paz debe ser una persona cercana a los vecinos del pueblo.

- Sí. Estimo que somos el primer escalón de la Justicia y la figura del juez de paz, la más cercana a las personas.

- ¿Y cómo se acerca a la gente?

- Yo a Hernani llegué hace cuatro meses y no conocía a los vecinos, así que presenté una carta a través de la página web del ayuntamiento para presentarme.

- ¿Qué les decía a los vecinos en su carta?

- Les mostraba quién soy, con quién hablan cuando se acercan al juzgado de paz, qué hago, a qué me he dedicado... Claro, yo llego a Hernani y nadie me conoce y voy a tener que tratar sus asuntos.

- Porque además también celebra bodas.

- Sí, les doy un tratamiento especial. La boda en un juzgado es meramente un contrato, por lo que hay quien viene aquí y se puede sentir muy frío. Trato de huir de eso y lo primero que hago es recibir y despedir con música a lo contrayentes. Es algo que gusta mucho, relaja, distiende...

- Afirma que al juez de paz le preocupa lo que ocurre en el pueblo.

- Sí. Y tratar que la mayoría de los temas, en lo posible, no se judicialicen. Intentar alcanzar acuerdos con la gente en discordia y llegar a ser la persona de confianza del pueblo a la hora de la toma decisiones.

- Media entre los vecinos en los juicios.

- Normalmente se trata de asuntos muy leves, y hay que tratar que la gente se entienda.

- ¿Y lo hacen?

- He observado que cuando las dos partes enfrentadas se expresan, al final una de las preguntas es: '¿Usted quiere que se le castigue al denunciado y con qué? Generalmente el denunciante se echa un poco para atrás si la otra parte ha reconocido su falta. Y te dicen que eso era lo que querían, el reconocimiento.

- Es un trabajo absorbente.

- Sí, te tiene que gustar. Además, como digo en la carta a Hernani, siempre estoy dispuesto a atender en cualquier momento a la gente. Una de las cosas que me fijé cuando llegué es que suele haber mucha gente que viene al pueblo del caserío. Lo primero que hice fue preguntar cuándo se celebraba la feria, cuándo baja el casero al pueblo, porque estoy seguro que tendrán algunos asuntos a la espera de dirimirse o saber cómo hacerlo, y quería invitarles a que si alguna vez es así que bajen tranquilamente, que las puertas de este juzgado estén abiertas

- ¿Cómo se decidió a ser juez de paz?

- Me eligieron para ese cargo en Renteria, donde vivo, hace 19 años. Era muy conocido y a la vez trataba con muchas gente. Estaba vinculado con el tema cultural y deportivo del pueblo. Después de que me lo pidieran tres veces, acepté. Empecé a conocer por dentro qué era ser juez de paz, a formarme, y no sólo me gustó, sino que me enamoré de esta labor. De tal manera que aquí sigo, cada vez más implicado, tanto que hoy en día prácticamente dedico todas las horas del día al desempeño de los cargos que ostento. Tengo mucha suerte, porque además, hacer todo lo que me gusta ha sido posible gracias a mi familia, que me ha apoyado y, sobre todo, entendido.

- ¿Cuántos jueces de paz hay en Euskadi?

-Alrededor de 250, y en el Estado sobre 8.000.

- Son muchos.

- Por eso yo creo que debíamos tener una representación en el Consejo General del Poder Judicial, al que además pertenecemos. Hablan de nosotros pero 'a oído', porque no figura ningún juez de paz en el organismo a pesar de que somos los únicos que podemos constatar cómo es nuestro día a día. ¿Qué ocurriría si dejáramos de hacer nuestro trabajo? ¡Habría un parón absoluto! Tal es el volumen de asuntos que manejamos.

- El Poder Judicial propone desviar a los jueces de paz en torno a un millón de causas leves para aliviar los atascos en los juzgados.

- Me entró terror al escucharlo, porque hay que estar preparado para realizar ese tipo de trabajo, es necesaria más formación. Me parece extraño que hablen de justicia de paz con otras personas sin hablar con nosotros, cuando somos los que tenemos la información de primera mano y estamos deseando que las cosas se hagan bien y cada día mejor. La propuesta del Poder Judicial es positiva, pero ni él ni el Ministerio de Justicia nos han convocado para conocer nuestras propuestas y recoger nuestras aportaciones «de primera mano». No nos importa trabajar más, pero pedimos más formación y que se modifique el procedimiento de selección de jueces de paz, porque no estamos de acuerdo con el capricho del grupo político del momento.

- ¿Y van a hacer algo al respecto?

- Estamos tramitando una entrevista con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para hablar de las cosas que necesitamos.

Fuente: diariovasco.com

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Santiago de Compostela: El Colegio de Abogados pide un nuevo juzgado de lo social para frenar la saturación

El Colegio de Abogados de Santiago de Compostela ha expresado su "preocupación" por el colapso de los juzgados de lo social de la capital de Galicia, por lo que ha solicitado la creación de uno nuevo. La institución indicó, en un comunicado, que esta saturación ya ha sido denunciada en otras ocasiones y desde hace más de dos años, no sólo por el Colegio, sino también por sindicatos, la patronal o el colegio de procuradores.


El Colegio de Abogados indicó que el módulo de un juzgado de lo social es de 850 asuntos anuales, pero los que existen en Santiago de Compostela cerraron 2008 con más de 1.300 asuntos, una cifra que "seguramente" aumente al cierre de este año.

Según este organismo la situación es "insostenible y más teniendo presente que en época de crisis se agudiza la conflictividad laboral", por lo que los juzgados de lo social "deben dar una respuesta rápida, en beneficio de la ciudadanía".

El Colegio instó a las administraciones competentes a crear un nuevo juzgado de lo social en Compostela de modo "urgente" para paliar la "difícil" situación que atraviesa la jurisdicción social.

Fuente: ABC.es

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Chile: Ministerio de Justicia fija reforma civil como su prioridad para 2010

La reforma al procedimiento civil y la instalación de un servicio nacional de asistencia jurídica para los sectores de menores recursos, son dos de los grandes objetivos delineados por el Ministerio de Justicia para el 2010, continuando con ello, con el proceso de modernización de la judicatura en todo el país.


Los desafíos los planteó en El Bosque, el ministro (s) de la cartera, Jorge Frei, en una cuenta pública participativa, acompañado del alcalde de la comuna, Sadi Melo, junto a autoridades y vecinos del sector.

En la actividad, la autoridad hizo un repaso de los grandes cambios al sistema judicial chileno durante los últimos 10 años, y que incluyó reformas a la justicia de Familia, la puesta en marcha de la nueva Justicia Laboral, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la entrada en vigencia de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, como respuesta especializada para los jóvenes infractores de la normativa criminal.

En este marco, Frei recordó que en mayo pasado, su cartera envío a discusión ante el Congreso Nacional el proyecto de establece un nuevo Código Procesal Civil para el país, y que vendrá a reemplazar al actual texto que data de 1903.

El trascendental cambio, que ocurre después de 106 años de historia y que sigue los pasos de la Reforma Procesal Penal y la entrada en vigencia progresiva de los nuevos Tribunales Laborales, introduce un nuevo modelo procedimental, lo que permitirá hacer de esta justicia un mecanismo rápido y cercano para los ciudadanos, considerando que una causa de esta naturaleza puede tardar hoy más de 5 años en su tramitación a través de un juicio ordinario.

"Este es un paso histórico para Chile. Lo fue la Reforma Procesal Penal, que se inició también con la presentación de un proyecto de nuevo código hace aproximadamente 15 años", afirmó.

Fuente: La Segunda online

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Avilés: Los divorcios caen un 19% en lo que va de año

Los juzgados avilesinos constatan las previsiones de los letrados y juristas. Dicen que en tiempos de crisis las parejas con problemas se lo piensan dos veces antes de formalizar su ruptura ante los tribunales. Afrontar el pago de una vivienda en soledad, pasar pensión a los hijos y los gastos que conlleva hacer frente a un divorcio o una separación se hace más cuesta arriba en medio de una coyuntura económica adversa. Las salas de Marcos de Torniello constatan esta teoría. Entre el 1 de enero y el 31 de julio han formalizado su ruptura ante los tribunales avilesinos un total de 219 parejas, un 19 por ciento menos que en el mismo período del pasado año cuando el número de divorcios ascendió a 272.


A pesar de la caída en picado de los divorcios, de continuar la tónica de los últimos meses, 2009 acabará con más rupturas que enlaces, como ya ocurrió el año pasado. Los juzgados avilesinos cerraron 2008 con 411 bodas (un 11,23 por ciento menos que el año anterior, cuando la cifra ascendió a 463) y 414 divorcios, el 60 por ciento de ellos (249) de mutuo acuerdo entre los cónyuges.

En los siete primeros meses del año en curso se han registrado un total de 203 bodas mientras que el de rupturas, a pesar de haber descendido, se sitúa ya en 219. De estos, un total de 143 (el 65 por ciento) se cerraron de mutuo acuerdo entre los cónyuges y sólo 76 acabaron en juicio. Además, en lo que va de año se han registrado doce medidas provisionales, cuestiones previas a la demanda de separación.

Con la crisis los divorcios han caído en picado pero también los enlaces matrimoniales parecen haberse resentido. Entre el 1 de enero y el 31 de julio se han dado el sí quiero un total de 203 parejas. Durante el mismo período de 2008 el número de bodas fue de 233, lo que se traduce en una caída del 12,8 por ciento.

Los enlaces civiles siguen superando a los canónicos (123 y 80, respectivamente), como en años anteriores. La caída de las bodas va pareja al descenso vertiginoso de los enlaces por la iglesia. Y es que si entre enero y julio del año pasado se dieron el «sí quiero» entre campanas un total de 106 parejas en el mismo período de este año sólo lo han hecho 80, lo que se traduce en un descenso del 24 por ciento. Por meses, contrajeron matrimonio en el primer trimestre de 2009 un total de 54 parejas, 101 en el segundo y 48 en julio.

Bajan los enlaces civiles

Los juzgados avilesinos llevan registrados en lo que va de año 203 bodas. Del total, 127 han sido civiles y 80 por la iglesia, frente a las 106 eclesiásticas del mismo período de 2008.

Los divorcios, en picado

Un total de 219 parejas rompieron su matrimonio entre el 1 de enero y el 31 de julio. En 2008, y en el mismo período, las rupturas ascendieron a 272, por lo que la caída es del 19%.

Fuente: lne.es

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domingo, agosto 30, 2009

Murcia pide más inversiones antes de asumir las transferencias de Justicia

Las transferencias de Justicia están más cerca. El Gobierno regional vislumbra un final feliz a las negociaciones que mantiene con el Gobierno central y que entrarán el mes que viene en la recta final. El objetivo es que las nuevas competencias se reciban en las mejores condiciones de personal, gastos e inmuebles y que no ocasionen un agujero en las arcas autonómicas, sobre todo en una situación de crisis como la actual en la que se han reducido considerablemente los ingresos públicos.


El Gobierno de Valcárcel espera conseguir más fondos para la formación de los empleados públicos, para el turno de oficio y para infraestructuras y patrimonio ya que se trata de asumir 1.200 nuevos funcionarios de carrera y contratados laborales, así como 140 unidades judiciales.

El diputado regional Manuel Campos, comisionado por el Ejecutivo de Valcárcel para dirigir este proceso, indicó que las conversaciones han entrado en su fase final y sostiene que el Gobierno murciano está en condiciones de asumir la cartera de Justicia a final de año y empezar a trabajar en enero con presupuesto propio. La última fase de las negociaciones las llevará personalmente el presidente Valcárcel, que ha mostrado su interés en pilotar la recta final del traspaso.

Manuel Campos eludió dar cifras, aunque la propuesta económica por parte de Murcia ya está hecha y se puso sobre la mesa en la reunión de traspaso con los altos cargos del Ministerio que se realizó el 30 de julio, donde estuvo presente la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte. Campos y su equipo de trabajo tienen auditadas todas las partidas, incluidos los gastos de teléfono y de taxis. Señaló que el Ministerio de Justicia ha dado todas las facilidades y que la sintonía es buena.

Los puntos en los que el Gobierno regional ha incidido afectan principalmente al capítulo de personal. El Ministerio destina ahora 50 euros por funcionario para formación, mientras que Murcia pretende que esa asignación se incremente hasta los 250 con el fin de equipararla a la Administración autonómica. Asimismo, hay que crear el servicio de riesgos laborales (formación, atención médica, vacunaciones, etc.), por lo que dicho gasto debe incluirse en el paquete de transferencias. Otra partida valorada son los gastos en idiomas y traducciones.

Déficit de infraestructuras

En el capítulo de gastos corrientes y subvenciones, Manuel Campos señala que debe incrementarse un 25% el dinero para el turno de oficio. El Colegio de Abogados lo cobra en función de las certificacioens de los servicios que prestan los profesionales, y la tendencia marcada por La Unión Europea es aumentar esta partida para darle mayores garantías a la justicia de oficio, que va en aumento debido al mayor número de detenciones. El Ministerio, según, Campos se muestra receptivo.

Otro de los caballos de batalla de las negociaciones es el factor de población. El Gobierno murciano quiere que se tome en consideración el padrón del año que viene.

Para Campos, todavía existe «un gran déficit en materia de infraestructuras de ahí que la consejera haya exigido la deuda histórica, es decir, que se compense a la Región de Murcia por la menor inversión en Justicia en comparación con otras autonomías».

Ha detallado que tan sólo un tercio de los edificios judiciales son de titularidad del Ministerio con lo que, a su juicio, el Gobierno central «tendrá que subsanar esta deficiencia». Murcia recibirá 140 unidades judiciales, incluidas las cinco nuevas que entrarán en servicio este año. Un equipo de técnicos y arquitectos está supervisando todos los inmuebles y dependencias para valorar su estado. «Lo que no invierte el Ministerio tenemos que justificarlo para demostrar que es necesario».

Otra de las prioridades será la digitalización. «Eliminando la lentitud del papel mejoraremos los tiempos y la calidad del servicio», explica el comisionado.

La semana próxima se reunirá la comisión técnica para valorar las propuestas.

Fuente: laverdad.es

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sábado, agosto 29, 2009

Galicia: Inversión de 97 millones para las infraestructuras judiciales

El plan de infraestructuras judiciales -presentado en el Consello da Xunta por el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda- prevé una inversión de más de 97 millones de euros a corto y medio plazo. Esta cantidad se dirigirá a obras de rehabilitación, ampliación o nueva construcción de edificios judiciales en Galicia.


El objetivo del Gobierno gallego es paliar las actuales deficiencias y prevenir las necesidades estructurales de la planta judicial, de manera que se detecten las necesidades y se anticipen posibles problemas. Se llevarán a cabo, por un lado, las reformas físicas necesarias en edificios en funcionamiento y, por otro, se planificará la construcción de nuevos inmuebles en aquellos casos en que el incremento de la planta judicial desborde a la capacidad física de las actuales dependencias.

El borrador del plan recupera los proyectos promovidos en el Gobierno de Manuel Fraga para disponer de grandes juzgados en las ciudades de La Coruña y Vigo. Para ello sería necesario un desembolso que ronda los 40 millones de euros.

Para realizar una aproximación a las necesidades de Galicia en materia judicial para los próximos años, se partió de la premisa de que el Ministerio de Justicia le asigne a la comunidad una media de ocho nuevos órganos judiciales al año, teniendo en cuenta la carga de trabajo de asuntos de entrada por órgano judicial, así como su evolución y proyección, debidamente confrontada con las memorias de necesidad del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).

El plan se divide en dos partes, con un plazo de seis años para su ejecución, con actuaciones a corto y medio plazo. En el primer período están previstas obras de rehabilitación o nueva construcción en diez partidos judiciales, con un presupuesto de más de 50 millones de euros, a los que se suman otros diez mil, que ya están en ejecución.

Fuente: elcorreogallego.es

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Sólo hay seis jueces laborales exclusivos en todo Paraguay

Sólo hay seis jueces especializados en toda la República en la jurisdicción Laboral. De ellos, cinco están en Asunción, y uno en el interior, según el camarista de ese fuero, Ángel Daniel Cohene. Después, la mayoría de las circunscripciones tienen jueces multifueros. Es decir, que atienden también casos civiles y comerciales, a más de los de la Niñez y Adolescencia.


Este fuero se caracteriza por ser una jurisdicción tuitiva con respecto al trabajador, ya que es la parte más débil en la relación laboral. El Código Procesal del Trabajo, que se utiliza en los juicios, data del 31 de agosto de 1961. Es uno de los más antiguos aún vigentes en el país.

Luego de un despido injustificado, que no tiene asidero legal, las demandas planteadas en contra de los empleadores, tienen plazos mucho más breves que las acciones ordinarias en el área Civil y Comercial. Esto, porque el trabajador no tiene tiempo para esperar ya que debe mantener a su familia.

Así, si es que se cumplen los plazos legales, una demanda en esa instancia no debería tardar más de tres meses, como máximo cuatro meses. Pero, por el recargo de trabajo, esto no se da casi nunca. Uno de los motivos es la escasa cantidad de jueces que tengan a su cargo exclusivamente estas causas. Además, también está que los empleadores, normalmente alargan la demanda para que el trabajador termine por aceptar cualquier cosa, para evitar un largo pleito.

CAMARISTA. Ángel Daniel Cohene fue juez Laboral, y ahora integra la Primera Sala del Tribunal de Apelación en ese fuero. También es presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales.

Señala que existe preocupación porque hay sólo cinco jueces en lo Laboral en Asunción, y uno en el interior, específicamente en Ciudad del Este. Los demás no son exclusivos del fuero. Es más, alega que sólo hay dos tribunales de Apelación en el fuero Laboral, y ambos son de Asunción.

Explica que, en promedio, cada juzgado recibe al año unas 240 causas, las cuales se suman a que tienen un déficit de 100 a 120 expedientes del año anterior, que no fueron resueltos. Además, la mayoría de las sentencias son apeladas, por lo que son muchos los procesos que llegan a los tribunales de Alzada.

Según refirió pese a que existen pocos jueces, la jurisdicción laboral es la que mejor trabaja, a juzgar por las pocas quejas que se hacen contra los magistrados de ese fuero. Indica que en 7 u 8 meses, ya se termina el procedimiento laboral en primera instancia, a diferencia de otros fueros.

Cohene apunta que ya hicieron un reclamo a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Asociación de Magistrados Judiciales para la creación de más juzgados de Primera Instancia en lo Laboral, así como un tribunal de Apelación más, pero hasta el momento no se tuvo una respuesta del máximo tribunal.

Según Cohene, existe una sobrecarga de trabajo con respecto a los cinco juzgados de Asunción, por lo que es evidente que hacen falta más magistrados, no sólo en la capital, sino también en el interior. Varias circunscripciones ya reclamaron esto.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO DIO UNA RESPUESTA SOBRE EL TEMA

Según explicó el Dr. Daniel Cohene, hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no dio una respuesta acerca del pedido de la creación de más juzgados en lo Laboral en Asunción, y por lo menos un Tribunal de Apelación más en ese fuero.

Señaló que incluso existen reuniones con asociaciones de abogados laboralistas que también reclaman más magistrados especializados en el área del Trabajo, ya que el proceso debe ser más breve que cualquier otro fuero.

En ese sentido, el pedido formal se realizó a través de la Asociación de Magistrados Justiciales del Paraguay, que a la fecha preside, pero aún no tuvieron una respuesta de parte del máximo tribunal.

Por otro lado, en otras circunscripciones del país, también hubo solicitudes concretos para la creación de juzgados con jueces especializados en el área Laboral.

En el Guairá existe un reclamo de la población, y sólo Ciudad del Este tiene un juez que se encarga exclusivamente de los casos laborales.

En la mayoría de las poblaciones con juzgados de primera instancia del interior, existen jueces multifueros.

Ellos se encargan de los casos Civiles y Comerciales, de la Niñez y Adolescencia y Laboral. Es decir, deben manejar un promedio de seis códigos procesales.

Fuente: ultimahora.com

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Cataluña: La Generalitat destina más de 63 millones a la asistencia jurídica gratuita

La Generalitat destinará durante este año más de 63 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita con abogado a las personas sin recursos, tras el acuerdo firmado en Barcelona por la consellera de Justicia, Montserrat Tura, y el presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, Josep Canicio.


El convenio prevé un incremento del 18 por ciento en el presupuesto destinado a la prestación de este servicio --el aumento más importante que ha registrado esta partida en los últimos cinco años-- para afrontar el crecimiento de la actividad en materia de asistencia jurídica gratuita y de asistencia al detenido previsto para este año, según informó Tura en la rueda de prensa que siguió a la firma del acuerdo.

En concreto, los profesionales que formen parte del turno de oficio verán incrementada en un 1,6% respecto al año anterior la cantidad percibida por sus actuaciones, el equivalente al aumento del IPC en Cataluña durante 2008. La Generalitat también destinará un 15 por ciento más de recursos a compensar los gastos de gestión de los colegios para la prestación de este servicio.

El convenio obliga a los colegios de abogados a establecer turnos específicos en materia de asistencia a víctimas de violencia de género, extranjería, menores y detenidos, y a supervisar la formación de estos profesionales para lograr una atención más especializada.

Asimismo, se incorporará una nueva aplicación informática en todos los colegios de abogados antes de final de año que posibilitará que el usuario solicite el servicio de manera telemática, y que se tramite el procedimiento de reconocimiento de este derecho por parte de los diferentes organismos implicados.

La asistencia jurídica gratuita es un servicio público dirigido a quienes no disponen de los recursos necesarios para sufragar el coste de su representación ante los tribunales. Tienen derecho todas las personas que acrediten unos ingresos anuales inferiores al doble del indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), que este año se sitúa en 14.762 euros anuales.

El reconocimiento de este derecho incluye, entre otras prestaciones, la designación de un abogado y un procurador de oficio, el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso judicial, y la mediación familiar.

Fuente: La Ley

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Venezuela: Advierten de represalias contra el SUONTRAJ

El delegado del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), Kennedy Bolívar, denunció que pretenden acabar con la dirigencia sindical tribunalicia para evitar la discusión del contrato colectivo. “Buscan no reconocer el contrato colectivo, no pagarle a los trabajadores las deudas que tienen de Fideicomiso del 2006, las madres trabajadores sin los cheques de las guarderías, no hay sedes dignas de trabajo, no se reconocieron los aumentos salariales ni los bonos navideños”.


Explicó que "la oficina de asesoría laboral, que le gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en este caso Francisco Ramos Marín, fueron a notificar a la ciudad de Mérida al compañero Francisco Cermeño la remoción del cargo de secretario de SUONTRAJ, para ir descabezando el SUONTRAJ”.

Bolívar adelantó que también a Luis Galviz, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), se le avisó que se le notificará de su remoción.

“Es decir descabezada la dirigencia sindical con la finalidad de no firmar un contrato colectivo, sino tener un contrato patronal, que el sindicato Sintraj que es con quien desean firmar el contrato colectivo, no ha querido reconocer que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no quiere firmar para este año ni para el próximo”.

Reiteró que no quieren reconocer el fuero sindical, la deuda de los trabajadores y “se pretenden aniquilar las organizaciones sindicales”.

Adelantó que la semana entrante acudirán a Costa Rica a un reunion con organizaciones sindicales de la justicia e interpondrán un escrito ante la Corte Interamericana.

Fuente: ultimahoraonline.com

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viernes, agosto 28, 2009

Albacete: Cerca de 600.000 euros para demoler el Giner de los Ríos

Casi 600.000 euros invertirá el Ministerio de Justicia en la demolición de las instalaciones del viejo colegio Giner de los Ríos, en la antigua carretera de Madrid, para levantar en el solar que quedará la nueva Ciudad de la Justicia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba esta semana el anuncio de la licitación de los trabajos de demolición del antiguo colegio, estableciendo para ello un presupuesto total -Iva incluido- de 556.744, 52 euros.


El plazo de ejecución de los trabajos será de 3,5 meses desde el inicio de los mismos. La adjudicación se realizará al presupuesto más bajo de cuantos se presenten, siendo la fecha tope para ello el 5 de septiembre próximo. En la Ciudad de la Justicia se ubicarán las nuevas dependencias de los juzgados albaceteños ya que no se ajusta a las necesidades ni de espacio ni arquitectónicas de las instituciones judiciales en la capital, y se realizará una presentación preliminar del nuevo proyecto que supondrá la construcción de tres edificios independientes, uno destinado a la sede de los Juzgados Centrales de Albacete, otro para albergar al Instituto de Medicina Legal y un tercero destinado a acoger el Archivo Territorial de Justicia.

Con el derribo quedará limpia una parcela de unos 34.000 metros cuadrados para las nuevas dotaciones judiciales de Albacete, que el Ministerio de Justicia valoró en cerca de 15 millones de euros, tal y como se contempla en las partidas plurianuales establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Con la demolición del edificio, que data de los años cincuenta, se acabarán los problemas de vandalismo que está sufriendo el edificio en los últimos meses y que está ocasionando importantes destrozos.

Y es que cuando la Diputación cedió el edificio al Ministerio, cesó la vigilancia privada que tenía contratada la institución provincial. Por ello, la propia Gerencia de Justicia tuvo que solicitar una partida para la contratación de la vigilancia privada que realiza una cobertura dinámica que se complementar con la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Denuncias

Pero la vigilancia no ha frenado el problema, aunque lo ha paliado bastante. Y es que la custodia del edificio no es fácil por sus grandes dimensiones.

La Policía ha recibido numerosas denuncias e incluso se llegó a a incautar varios objetos a un chatarrero de Albacete aunque en su mayor parte eran tapas de alcantarilla, puertas o tubos que se habían llevado los vándalos del edificio.

Tras el derribo del actual edificio, se pretende que las obras puedan comenzar a finales del 2010 una vez que se haya superado toda la tramitación administrativa que es de inexorable cumplimiento.

Fuente: laverdad.es

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Corrientes, Argentina: La Justicia ratificó que está en el límite de sus gastos

El Superior Tribunal de Justicia terminó su ronda de diálogo con el personal del Poder Judicial, funcionarios y trabajadores, con la conclusión de que otorgar un aumento salarial en este momento “sería poner en riesgo” la delicada situación financiera de esta área del Estado.


En realidad, los tres poderes de la provincia tienen inconvenientes para subir sus gastos por la sencilla razón de que se transita el fin del mes ocho sin que el Ejecutivo y el Legislativo se hayan puesto de acuerdo en sancionar la ley de Presupuesto para el presente año. Y la situación podría tener mayor complicación el año que viene si se tiene en cuenta que en septiembre próximo vence el plazo para la sanción del gasto público 2010.

Pero más allá de lo que ocurra el próximo período, para las autoridades de los tres poderes lo más preocupante es terminar 2009 con los sueldos al día y la prestación de los servicios básicos.

La ronda de diálogo del Superior Tribunal, a cargo del presidente Eduardo Farizano, terminó con la reunión que este mantuvo con la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj).

Farizano le explicó lo mismo que a la cúpula del Colegio de Magistrados, con el que se reunió el lunes: no hay condiciones para ningún aumento salarial. Tanto jueces como trabajadores reclamaron una suba del 30 por ciento.

En detalle, a los trabajadores, Farizano les dijo que “el incremento implicaría que las arcas del Poder Judicial llegaran al mes de diciembre con un déficit de 31 millones de pesos, casi 12 millones más del déficit actualmente proyectado sin recomposición salarial alguna”.

“El riesgo de otorgar un incremento es muy grande”, afirmó Farizano.

Actualmente, todas las reparticiones del Estado provincial gastan sus recursos en base al presupuesto ejecutado en 2008. Es decir, la justicia tiene 183 millones de pesos para gastar este año de acuerdo con la ley, pero ya proyecta elevar esta cifra a 203 millones a fin de año porque debe garantizar el funcionamiento de los juzgados.

La situación es más complicada aún para dar un aumento salarial si se tiene en cuenta que, sin nuevos incrementos, el 86 por ciento de ese presupuesto está destinado al personal y sólo el 14 por ciento restante se destina a gastos de funcionamientos. Hace varios meses que está frenada la gran mayoría de las inversiones para la apertura de nuevas dependencias judiciales.

El salario mínimo de bolsillo de los judiciales apenas supera los 1.600 pesos, pero significan 400 pesos más de los que actualmente paga el Poder Ejecutivo, es decir, 1.100. Este es el salario más bajo de un joven policía, de un enfermero o de un obrero de vialidad provincial, por ejemplo.

La única posibilidad de que la justicia recomponga los salarios es que sea sancionado el Presupuesto 2009. El área de Administración del STJ determinó, en diciembre pasado, que necesita 277 millones de pesos para gastar en todo 2009. Debió bajar a 258 millones sus pretensiones por un pedido del ministerio de Hacienda. Pero ni siquiera cuenta con esa cifra.

Mientras tanto, el Ejecutivo cuenta con dos problemas políticos que sientan la base argumental para la negación de todo pedido de aumento salarial en la provincia: no hay acuerdo político con la oposición provincial para sancionar una ley de Presupuesto 2009 y tampoco con el gobierno nacional para refinanciar la deuda que vence este año.

Fuente: La Republica

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jueves, agosto 27, 2009

Galicia: La Xunta prorroga un mes el refuerzo en los juzgados

La Consellería de Presidencia aseguró que mantendrá el personal de refuerzo en los juzgados hasta el 31 de septiembre y entonces decidirá "de acuerdo con los sindicatos" cómo "mejorar la eficiencia" en la Administración de Justicia. Los planes iniciales de la Xunta pasaban por no renovar ya los contratos de los 54 funcionarios eventuales que expiraban en agosto, antes de acometer la reorganización, una medida que no contó con el respaldo de los sindicatos.


En la última reunión de la mesa sectorial, el director general de Justicia, Juan José Martín, ya dejó abierta la posibilidad de ampliar en 30 días la estancia de este medio centenar de interinos. Algunos de ellos, sin embargo, aún no habían recibido la comunicación de la Xunta que renueva su contrato por un mes más. Varios jueces consultados lamentan la improvisación del Gobierno y recuerdan que todavía en las últimas semanas Justicia alegaba "la falta de fondos" para no mantener los refuerzos.

El resto del personal eventual de la judicatura, 79 trabajadores, -11 menos que los indicados por los sindicatos- en principio tendría garantizada según la Xunta su continuidad hasta final de año, momento en que Justicia aprovechará para crear nuevas plazas de funcionario y hacer frente a necesidades "coyunturales".

El director general de Justicia negó que se trate de un problema de ahorro y aludió a una "mejor organización que garantice la eficiencia" en los juzgados. Juan José Martín apeló al estudio que elabora su departamento para racionalizar la ubicación de los funcionarios. Con todo, admitió que más allá del 31 de septiembre ninguno de los 54 trabajadores interinos tienen garantizada su permanencia en la Xunta.

Fuente: elpais.com

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miércoles, agosto 26, 2009

Málaga: STAJ solicita se extremen las precauciones contra la Gripe A


La delegación en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que se extremen las precauciones de sanidad e higiene para los trabajadores de la Ciudad de la Justicia ya que al tratarse de la sede judicial de mayor dimensión de Andalucía, estos empleados corren más riesgo de contagio de la Gripe A por la mayor afluencia de visitantes y trabajadores. Alrededor de 1.100 personas trabajan en este edificio y más de 4.000 lo visitan cada día.


Los trabajadores exigen un protocolo de actuación y que se catalogue como grupo de riesgo debido a que en ocasiones tienen que tratar con personas que tienen descuidadas las medidas de higiene. Juan Antonio Luque, secretario de sección sindical en Málaga, insiste en que se les incluyan en el plan de vacunación preferente para evitar contraer la Gripe AHN1N1.

La preocupación que existe en el colectivo de trabajadores de Justicia por la futura propagación del virus a partir del próximo otoño, hace que sea necesario que se adopten medidas preventivas higiénico-sanitarias para proteger así la salud de los trabajadores.

Esta solicitud se hizo el pasado 10 de agosto a la Consejería de Salud y aún no han recibido respuestas. Luque asegura que entre los trabajadores hay temor por la desinformación que rodea a este virus.

Fuente: cope.es

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Chile: Expertos coinciden en que la nueva justicia laboral requiere cambios

Tras la experiencia en diez regiones, se espera con expectación la puesta en marcha de la nueva justicia laboral en la Región Metropolitana a fines de agosto, pero también con cierta preocupación por una eventual mayor judicialización de los conflictos laborales, dado que en la zona se concentra la mayor cantidad de empresas, de trabajadores y sindicatos.


La Comisión de Hacienda del Senado, que preside Soledad Alvear, realizó dos audiencias para evaluar la experiencia en las demás regiones, escuchando la opinión de distintos sectores.

La Región Metropolitana está preparada, señalaron tanto la directora del Trabajo, Patricia Silva, como el defensor laboral, Zarko Luksic y la directora de la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandra Krauss. La Región contará con 42 defensores laborales y 34 jueces especializados, con oficinas en Santiago, San Miguel, San Bernardo, Puente Alto, Melipilla, Talagante y Colina.

Defensoría gratuita

Una de las observaciones de la senadora Alvear es que a futuro debería ser importante considerar la posibilidad de una defensoría laboral gratuita para las micro y pequeñas empresas, así como formar un tribunal colegiado, integrado por tres jueces, en lugar de uno solo, como está establecido. Ello garantizaría que distintos criterios puedan estar presentes en el momento de evaluar la prueba y daría garantía a todos de un debido proceso, argumenta.

La defensoría laboral, que opera en forma gratuita para los trabajadores que tengan un ingreso familiar de hasta $380.000, es en la actualidad sólo un programa, pero se plantea que a futuro sea creada por ley.

En cuanto al monto, la parlamentaria opina que podría asimilarse el sistema a la defensoría penal, donde se establece una gradualidad, con sistemas de copago mientras mayores sean los ingresos.

Andrés Fuentes, abogado y gerente de Price Waterhouse, plantea que la defensoría laboral debería ser asequible a empresarios o a empleadores que acrediten un determinado nivel de ventas, algo que es perfectamente definible y demostrable.

"A un pequeño empresario se le puede poner algún parámetro que permita estimar que carece de los medios necesarios para pagarse una asesoría profesional. Algo que, por lo demás, es un derecho constitucional", señala Alvear. Y agrega que "el apoyo a sindicatos pequeños también podría ser interesante".

Aspectos a corregir

La nueva justicia laboral es una realidad, y hay que prepararse para ello, dijo el viernes el abogado laboralista Enrique Uribe, en un seminario sobre la Justicia Laboral en la Región Metropolitana, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). La justicia ha sido más rápida, hay más jueces, pero, en su opinión, hay que tener en cuenta determinados principios que pueden estar vulnerándose, como el debido proceso o el oír a las dos partes; la bilateralidad de la audiencia en el juicio monitorio o el efecto relativo de la sentencia en los casos de tutela de derechos fundamentales.

Aunque no conoce a nadie que no conteste una demanda, Uribe señala que por el hecho de no contestarla, un juez en definitiva puede tener por acreditados los hechos que están señalados en la demanda, donde las contestaciones no se hacen porque no llegan las notificaciones, y ése es un aspecto que debiera ser corregido.

En la Comisión de Trabajo hubo quienes plantearon que hay que darle tiempo a la aplicación en la Región Metropolitana para entrar a postular modificaciones a la nueva justicia laboral.

La nueva justicia laboral

Está diseñada para dar un máximo de celeridad a los procesos y que se respeten los derechos laborales.

En este nuevo sistema aumentan los tribunales especializados, elevándose de 20 a 84 el número de jueces, y hay una defensoría especializada gratuita para los trabajadores de menos recursos.

Además, establece un procedimieto monitorio expedito para casos por un monto de hasta 10 ingresos mínimos, equivalente a $1.650.000 en los que interviene la Dirección del Trabajo, buscando una conciliación entre las partes, con el objetivo de evitar que muchos juicios lleguen a los tribunales.

Por otra parte, la nueva justicia laboral establece plazos perentorios para cada una de las instancias del juicio, lo que en la experiencia de las regiones ha permitido rebajar la duración de los juicios laborales desde 14 meses a dos meses y medio.

Los derechos fundamentales y la experiencia en regiones

El tema de los derechos fundamentales es uno de los cambios de fondo que hace la nueva justicia laboral, trasladando materias que antes estaban destinadas a los grandes tribunales, tales como la discriminación y el acoso laboral.

En la experiencia de las regiones ya hay fallos de discriminación por edad, por vulneración de comunicación privada por correo electrónico y represalias cometidas producto de una fiscalización laboral, señala Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo.

Pero hace notar que se trata de un tema muy delicado, pues si se comprueba que ha habido un despido con vulneración de un derecho fundamental, se puede más que duplicar el monto de las indemnizaciones a pagar, y esto debe ser administrado con mucho criterio. En especial por los tribunales superiores de justicia, que cuando conozcan de recursos, deberán ir encuadrando una jurisprudencia adecuada que, junto con valorar y garantizar el cumplimiento de esos derechos, sea objetiva y estricta al interpretarlos, porque de lo contrario se puede generar un problema en el que el tema económico se convierta en demandas permanentes dentro de las empresas.

Christian Alvarado, del estudio de abogados Grasty Quintana, Majlis & Cía., alude a un fallo sobre el despido de cerca de 20 personas en un colegio. Una de las trabajadoras tenía 58 años, y recurrió al procedimiento de tutela por discriminación de garantías. La empresa dijo que ofreció pagar indemnizaciones a todas las personas, sin discriminación, pero el tribunal lo acogió, y ordenó pagar una indemnización extra. Luego, el fallo fue anulado por la Corte.

"Se nota un carácter demasiado proteccionista a favor del trabajador, llegándose a acceder a puntos que no han sido solicitados por ellos, e incluso a subsanar durante el juicio los vicios de las propias demandas de los trabajadores", sostiene Alvarado.

Fuente: emol

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Murcia: Campos afirma que la negociación de las transferencias de Justicia entra en "su última fase"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Manuel Campos ha asegurado que la negociación de las transferencias de Justicia ha entrado en “su última fase” tras varias reuniones de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Murcia. Campos ha destacado el “alto grado de entendimiento” entre las dos administraciones que, según ha explicado, desembocarán en la adquisición de las competencias “cumpliendo los plazos previstos y en las condiciones que la Región de Murcia se merece”.


Así, Campos ha asegurado que en la última reunión mantenida con el Ministerio, el 30 de julio de 2009, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, transmitió al Ministerio cuales son las pretensiones de la Región de Murcia que “van a ser estudiadas de inmediato”. Así, según ha detallado Campos, “estamos en condiciones de asumir las transferencias a fecha de 31 de diciembre de 2009 y empezar a trabajar el 1 de enero de 2010 con presupuesto propio”.

“Está concluyendo un largo proceso de trabajo en el que han participado las dos administraciones teniendo como claro destinatario al ciudadano”.

De hecho, el también comisionado regional para las Transferencias de Justicia ha indicado que aún existe “un gran déficit en materia de infraestructuras de ahí que la consejera haya exigido la deuda histórica”, es decir, “que compense a la Región de Murcia por la menor inversión en Justicia en comparación con otras autonomías”. En este sentido, ha detallado que “tan sólo un tercio de los edificios judiciales de Murcia son de titularidad del Ministerio” con lo que, a su juicio, el Gobierno central “tendrá que subsanar esta deficiencia”.

Ha especificado que una de las prioridades de la gestión de la Justicia, una vez sea transferida, será “la digitalización de la administración de Justicia” ya que “eliminando la lentitud del papel mejoraremos los tiempos y la calidad del servicio”.

Para Campos, gestionar las competencias de Justicia es “un nuevo reto que asumirá el Gobierno regional con el único objetivo de mejorar el servicio público que se dispensa al ciudadano que debe de ser el principal beneficiario de todo este proceso”.

Fuente: murcia.com

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Córdoba: Los juzgados acumulan más de 29.500 causas pendientes de juicio

Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales de la provincia acumulaban un total de 29.533 asuntos en trámite a finales de marzo, lo que representa un 5,8 por ciento más de expedientes que el cuarto trimestre de 2008.


Sin embargo, este incremento no es el más alarmante. Si los datos se comparan con los de marzo del ejercicio anterior, el aumento de casos es, cuanto menos, preocupante, de un 21,8 por ciento. Así, a finales del primer trimestre había la friolera de 5.000 procedimientos más pendientes que en el mismo periodo del año anterior.

Los juzgados de lo Civil son los que arrastran una mayor pendencia, según se desprende de los datos del CGPJ. Así, marzo se cerró con 14.809 asuntos de esta jurisdicción tramitándose. Y sólo en esos tres meses ingresaron 8.355 causas, de las que se resolvieron 6.929.

En los órganos de lo Penal la situación no está mucho mejor. Al final del citado periodo se quedaron pendientes 11.594 procedimientos.

De hecho, el colapso de estos juzgados es más que evidente, Así, los magistrados de estos órganos se están viendo obligados a señalar juicios para el año que viene, como es el caso del número 4, que ya tiene fijada en la agenda de 2010 -en concreto, para abril y mayo de ese ejercicio- la celebración de las vistas orales de varias causas.

Según manifestó el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, «no tenemos ningún interés en dilatar en el tiempo los procedimientos; tan sólo nos ajustamos al volumen de asuntos».

Y es que el número de causas que entran en estos juzgados está muy por encima de sus capacidades. Como muestra, los cuatro órganos de lo Penal de la capital -el quinto entró en marcha el pasado día 30 de diciembre- tenían a finales de 2008 2.500 ejecutorias pendientes sobre la mesa, de las más de 4.200 que ingresaron entre enero y septiembre, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo que se traduce en cerca de mil por titular. Unas cifras que duplican con creces los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial.

Rabasa advirtió de que la situación va de mal en peor. Y es que, según el magistrado, que también es titular del Juzgado de Menores, «cada vez tenemos que señalar los juicios más tarde, por el volumen de trabajo».

Otro órganos

Siguiendo con las estadísticas del CGPJ, la jurisdicción contencioso-administrativa registraba a finales de marzo de este año 1.847 asuntos a la espera de su preceptivo fallo; en los juzgados de los Social, la cifra de expedientes era de 1.283.

En lo que respecta a la ejecución de las sentencias, el panorama no es más alentador. Entre enero y marzo se dictaron en todos los órganos judiciales de la provincia 4.681 fallos judiciales, de los que se llegaron a resolver 4.278. El nivel de respuesta sería más o menos efectivo si no se tuvieran en cuenta los más de 21.000 procedimientos en trámite a final del periodo que los juzgados arrastran de otros ejercicios.

Fuente: ABC.es

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Honduras: Por temor a los incendios reparan viejo edificio de juzgados

SAN PEDRO SULA.- Ante el temor de morir “achicharrados”, producto de un cortocircuito que pueda degenerar en un incendio, han comenzado a hacerse “remiendos” en el viejo edificio del instituto “Misión Evangélica”, donde ahora funcionan los Juzgados de lo Civil y el Tribunal de Sentencia, por lo que el lunes suspendieron las audiencias penales.


Para los empleados judiciales, aunque estas reparaciones no solucionan todo el problema de incomodidad, el cambio del sistema eléctrico les da mayor facilidad y seguridad para conectar varios aparatos de manera simultánea, sin el peligro de quedar a oscuras o provocar un cortocircuito.

Varios electricistas están encargándose de iluminar los pasillos y las “aulas” convertidas en tribunales y oficinas, donde había una candela eléctrica que apenas se notaba la luz; pero ahora están colocando varios paneles.

Los funcionarios judiciales tienen la esperanza que las oficinas y las secretarías sean habilitadas con aire acondicionado, ya que el fuerte calor que hace en la ciudad, especialmente en horas del mediodía, vuelve incómodo ejercer su trabajo.

Incluso, en los pasillos que solamente están cubiertos por un techo sin paredes, los usuarios permanecen soplándose con cualquier papel que encuentran a mano.

La incomodidad existente en el viejo edificio colegial no lo hace apto para que funcionen oficinas del Poder Judicial, ya que las salas donde se llevan a cabo los juicios orales son tan pequeñas, que los acusados solamente dan un paso y si así lo quisieran, pudieran agredir al público, incluso a los mismos jueces, fiscales o al secretario.

Hace falta seguridad, a nadie se registra al entrar al edificio, lo que provocó que en una ocasión reciente, el familiar de un acusado llegara armado y cerca de los jueces, pero afortunadamente uno de los vigilantes se percató de la pistola y se la pidió, pero ante la negativa del portador se vio obligado a solicitar refuerzo a un policía que lo detuvo.

Fuente: La Tribuna

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martes, agosto 25, 2009

Vigo retoma el curso judicial pendiente de la decisión del CGPJ sobre el Mercantil

En el mes de octubre, Vigo podría conocer si finalmente será sede del tercer Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra tras haberse iniciado el expediente informativo para que el Consejo General del Poder Judicial tome una decisión. Mientras, los primeros datos de 2009 reflejan que los dos existentes en la capital de provincia han duplicado el número de asuntos.


Los juzgados vigueses retomarán los próximos días el curso judicial tras el verano, a la espera de la primera decisión importante en cuanto a dotaciones, la de la ubicación definitiva del tercer Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra.

Abierto ya el expediente informativo, por el que el Consejo General del Poder Judicial recopila la documentación necesaria a examinar para decidir dónde instalar ese nuevo juzgado, la crisis sigue afectando de manera implacable a estas dos dotaciones, que reciben más de la mitad de los asuntos desde Vigo.

Según los últimos datos publicados por el CGPJ referentes al primer trimestre, los dos juzgados actuales han duplicado el número de asuntos ingresados y también la media a resolver por tribunal. Así, si de enero a marzo de 2008 había en trámite 282 asuntos e ingresado 123, en el mismo periodo de 2009, la cifra se incrementó hasta los 628 en trámite y los 261 ingresados, lo que supone que cada juzgado pasó de llevar una media de 60 a 130 asuntos.

La necesidad de una dotación más es patente, según las cifras, sin embargo, mientras en Pontevedra consideran que debe ubicarse en la capital de provincia, en Vigo, dado el alto porcentaje de asuntos mercantiles que genera, se reivindica en la ciudad. Fuentes del CGPJ aseguraron en su momento que no se sabrá hasta octubre.

El precedente de Elche

Las esperanzas de Vigo se reforzaron después de contar con el primer precedente en España, el de Elche, que consiguió el pasado año ser sede de un Juzgado de lo Mercantil, sin ser capital de provincia.

Fue gracias al artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece literalmente que el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la Administración de Justicia lo aconsejen, y a petición del tribunal o juzgado, podrá disponer que los juzgados y las secciones o salas de los tribunales o audencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos.

El propio vocal del CGPJ para Galicia, Manuel Almenar, había confirmado que Vigo puede acogerse a este artículo para solicitar ser la sede del tercer Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, cuya creación estuvo marcada desde el principio por la polémica, ya que el Ministerio no lo incluyó dentro del grupo de unidades de extraordinaria creación a consecuencia de la crisis económica y sus efectos previsibles en la justicia, sino en el calendario ordinario de nuevas dotaciones para Vigo, a cambio de un tercero de Familia.

Fuente: Atlantico Digital

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Antonio Dorado: "El aumento de la carga de trabajo de los juzgados es exagerado"

Secretario judicial de profesión, Antonio Dorado forma parte del grupo conservador del CGPJ y es uno de los artífices del informe «Justicia dato a dato». Convencido de que la reforma estructural de la Justicia pasa por la implantación de la oficina judicial, advierte que 2010 será un año duro en los juzgados como consecuencia de la crisis. En mayo fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.


-El CGPJ presentó el informe la Justicia Dato a Dato, que evidencia la saturación que la crisis ha causado en las jurisdicciones mercantil y social. ¿Qué medidas se van a adoptar?

-Se han adoptado medidas de refuerzo en esas dos jurisdicciones y ahora vamos a estudiarlo para la civil. También estamos haciendo un segundo estudio para identificar los puntos negros y ver cuáles son las prioridades para 2010. Lo estamos llevando a cabo en coordinación con presidentes de tribunales superiores, audiencias provinciales, decanos y el Ministerio. La litigiosidad crece de forma incesante y por eso debemos buscar fórmulas alternativas para solucionar los conflictos.

-Han anunciado un plan de choque. ¿Son medidas inmediatas, para salvar la situación en esta concreta coyuntura, o tiene vocación de permanencia?

-El plan de choque responde a una situación coyuntural por la crisis. Entendemos que esa situación volverá a la normalidad. Son medidas transitorias que se mantendrán el tiempo que sea preciso.

-¿Cuenta el CGPJ con el respaldo económico del Gobierno?

-Tanto Justicia como las Comunidades con competencias transferidas poseen la capacidad económica. Es lógico que estas medidas sean financiadas por ellos. En este sentido, CGPJ, Ministerio y consejerías trabajamos para que su implementación sea lo más eficaz posible.

-¿Y cómo se va a afrontar el aumento de la pendencia, que alcanza ya los 3,3 millones de asuntos en trámite?

-Habrá que potenciar esas medidas de refuerzo. La pendencia muestra una situación coyuntural. Entra un volumen de trabajo que algunos órganos judiciales no son capaces de absorber. Donde esa bolsa de asuntos por resolver sea histórica y se mantenga en el tiempo se pedirá la creación de órganos judiciales.

-¿De los datos que muestra el estudio, qué es lo que le parece más preocupante?

-Esa elevación del nivel de asuntos en trámite. En el último año y medio han aumentado muy considerablemente por encima de las previsiones. Se ha elevado la litigiosidad tanto en la jurisdicción civil, mercantil, laboral y contencioso-administrativa. Y lo peor es la previsión para 2010 con el efecto de la crisis.

-Con esas previsiones y teniendo en cuenta que el Plan de Modernización tiene un desarrollo paulatino, ¿cree que sus las medidas serán suficientes?

-El Plan tiene una vocación de ejecución dentro de la legislatura del Consejo, hasta 2013. En este sentido, habrá que tomar medidas complementarias para ir solucionando las cuestiones a las que el Plan de Modernización dará respuesta, con el despliegue total de la nueva oficina judicial, la introducción de reformas organizativas y la apuesta por las nuevas tecnologías y el expediente digital.

-¿Es necesario reformar la Ley Penal del Menor tras los últimos casos de violación?

-Desde hace tiempo se oyen voces que dicen que la frontera de los 14 años es muy alta para establecer la imputabilidad de los menores y que sería aconsejable bajarla hasta los 13 o los 12. Se hace un flaco favor a la sociedad si reducimos los temas de menores a bajar la edad penal. No sólo hay que contemplar la función punitiva de la norma, también otras medidas educativas o sociales. Para ello hace falta dotación económica. A veces caemos en la tentación de lo fácil: bajar la edad penal antes de plantearnos si estamos haciendo algo mal cuando todos somos responsables.

Fuente: ABC.es

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Venezuela: Piden al Tribunal Supremo abrir más tribunales de violencia de género

Tras recordar que en Venezuela una mujer es atacada por su pareja o ex pareja cada 15 minutos, la Defensoría del Pueblo demandó del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) culminar, a la brevedad posible, "el plan piloto de creación de tribunales especializados en violencia de género".


La petición la formuló Gabriela Ramírez en su informe de actividades correspondiente al año 2008, en el cual también reclamó del máximo juzgado del país que prosiga "los programas de capacitación y sensibilización del personal encargado de la jurisdicción especial de violencia contra la mujer, en cuanto a los procedimientos, así como en lo relativo al tratamiento de víctimas y denunciantes".

Con el propósito de ponerles coto a los ataques machistas, en 2007 la Asamblea Nacional dictó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento que estableció 18 tipos de delitos, un proceso abreviado para juzgar cualquier caso de malos tratos y la creación de unos tribunales especiales para conocer dichas causas.

En la actualidad el TSJ ha abierto 29 despachos, los cuales tramitaron en 2008 101.705 causas, de las cuales 47.836 fueron resueltas; mientras que en el primer trimestre de este año ha recibido 22.606 casos, de los cuales 13.342 ya fueron tramitados. Esta información la suministró la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa y cabeza de la comisión encargada de poner en marcha dichos tribunales.

El organismo rector del Poder Judicial había anunciado que en 2009 abriría 20 nuevos juzgados en seis estados. Sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos ha sido puesto en marcha. ¿La razón? Problemas presupuestarios.

A marchas forzadas

Aunque la Ley establece que estos procesos deberían durar apenas meses, lo cierto es que el ritmo de resolución es bastante más lento debido al volumen de asuntos y a los pocos tribunales existentes. La propia fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se quejó hace unos meses de la situación y criticó que los tribunales de Caracas reciben sólo 25 causas diarias.

No obstante, los juzgados han mostrado una capacidad de respuesta rápida ante solicitudes como la de prohibir los avisos publicitarios que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) ha emitido en contra del proyecto de Ley de Propiedad Social.

En dichos avisos aparecía una mujer desnuda, tapándose sus partes y la leyenda: No a la ley cubana. Esto, para la Corte de Apelaciones especializada en materia de violencia de género, denigraba del sexo femenino y por ello prohibió la difusión de los mismos.

En su reporte, la defensora también solicitó al Ministerio Público incrementar el número de fiscalías especializadas en materia de violencia hacia la mujer y continuar formando a los funcionarios de esa institución para sensibilizarlos sobre este flagelo.

En los últimos dos años la instancia garante de la legalidad ha abierto 23 despachos para tramitar las denuncias por agresiones sexistas, los cuales están conformados por 52 fiscales.

Fuente: eluniversal.com

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lunes, agosto 24, 2009

Langreo: Funcionarios de justicia piden al Principado más seguridad en las sedes

La agresión que sufrieron hace días los trabajadores de un juzgado de Langreo ha reabierto una vez más el debate sobre la seguridad de las sedes judiciales. Los funcionarios afectados piden urgentemente al Principado que se tomen medidas, y los sindicatos acusan a la administración de desidia. Ver vídeo.


Ningún vigilante de seguridad impidió el paso del individuo, en estado ebrio, que el pasado miércoles irrumpió el juzgado de Langreo , increpó con insultos y amenazas a los trabajadores, y ocasionó destrozos en varios ordenadores.

Nadie custodia su única puerta de entrada y salida y tampoco los accesos a las otras dos sedes judiciales de Langreo. Un partido judicial que atiende las gestiones de las poblaciones de Sama y La Felguera, más los asuntos penales menos graves de Pola de Laviana.

Según señalaron los trabajadores se trató de una situación inevitable, pero también, dicen, previsible. El del pasado miércole fue el tercer incidente grave en los últimos 5 meses.

Los jueces de Langreo lamentan que la Consejería de Justicia no haya atendido nunca sus reclamaciones de arcos de control y personal de vigilancia.

Por su parte, los sindicatos denuncian que sólo los juzgados de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Siero cuentan con algún tipo de vigilancia. El Principado, dicen, no tiene voluntad política para abordar el abandono de la Justicia asturiana.

Los 40 trabajadores de los juzgados de Langreo aseguran no tener miedo; se trata sólo, dicen, de dignificar su labor.

Fuente: RTPA

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Buenos jueces, mala justicia

El 76% de los abogados considera que los jueces son competentes y están bien preparados, pero un 88% de los letrados encuestados en un estudio cree que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy profunda, según se desprende de un estudio realizado entre los abogados españoles por la empresa Metrocospia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).


El 76% de los abogados considera que, en general, la judicatura es competente y está bien preparada en nuestro país. El 70% afirma que en su mayoría los jueces españoles saben ser independientes, en sus decisiones, de las posibles influencias o presiones de todo tipo que puedan recibir.

Además el 70% también considera que los problemas que tiene la Justicia no dependen fundamentalmente de las personas que la componen, sino de la forma que está organizada. Es decir, la imagen de conjunto de la Judicatura es inequívocamente positiva.

Sistema en crisis

Sin embargo, y por otro lado, el 88% de los abogados consultados en este estudio cree que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación. Un 86% de los encuestados afirma que en conjunto, la forma en que está organizada nuestra justicia se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una del siglo XXI.

Por este motivo el 99% cree que la Justicia en España necesita con urgencia, y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos, un nuevo Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento.

Fuente: expansion.com

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Chubut, Argentina: Convocada movilización el dia 26 por la libertad sindical

Los trabajadores judiciales del Chubut –nucleados en el SITRAJUCH- resolvieron en asambleas departamentales movilizarse el 26 de agosto desde los Tribunales de toda la provincia hacia la capital, Rawson, en demanda de libertad sindical y en repudio al titular del Supremo Tribunal, doctor Alejandro Panizzi, que se niega a reconocer al gremio.


En Comodoro Rivadavia, en una de las varias movilizaciones, el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut repudió al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Alejandro Panizzi en las puertas de la Cámara del Crimen, donde asumió la nueva titular de la Oficina Judicial.

El gremio fustigó al juez que sigue sin reconocer la existencia del SITRAJUCH en una actitud totalmente fuera de lugar ya que el sindicato judicial –filial de la FJA-CTA - fue creado hace más de cuarenta años, participa de manera regular en negociaciones de distinto carácter con los poderes legislativo y ejecutivo, integra los jurados en los concursos de ascensos en el Poder Judicial, y es integrante oficial del Consejo de la Magistratura provincial encargado de la selección de jueces.

El ministro, por su parte, dijo que al tomar esa decisión se amparaba en la Constitución y señaló que el sindicato no cuenta con la inscripción legal, argumentos –denunció el gremio- totalmente falsos ya que el SITRAJUCH está amparado por la resolución 87 de la OIT , incorporado a la Constitución Nacional , y por la inscripción número 31 de la Secretaría de Trabajo de Chubut, con lo cual con sus falsedades el juez Panizzi –sostuvo José Luis Ronconi- también desconoce resoluciones del propio Poder Ejecutivo.

El juez Panizzi, al desconocer al sindicato, impide las posibilidades de discutir temas tales como recomposiciones salariales, la demora en la edificación de la Ciudad Judicial y hasta el mismo funcionamiento del poder Judicial.

El SITRAJUCH ha responsabilizado al Poder Ejecutivo provincial por haber propuesto al juez Panizzi como titular del STJ, y al Legislativo por haberlo aprobado, pese a que el magistrado había sido declarado no apto para el ejercicio de la justicia cuando era juez en Sarmiento, tres años atrás.

José Luis Ronconi, de la conducción del SITRAJUCH y de la Federación Judicial Argentina, formó parte de la manifestación que se desató en Comodoro Rivadavia y allí explicó que el conflicto tiene nombre y apellido y se llama "Alejandro Panizzi".

Al decir de Ronconi, "el presidente del Tribunal de Justicia no solo no cumple con la Constitución sino con lo que el propio STJ venía haciendo a lo largo de 40 años, que es reconocer al SITRAJUCH como el sindicato que representa a todos los trabajadores del sector".

Ante esta situación, las asambleas en todas las departamentales resolvieron que el próximo miércoles 26 se movilizarán los judiciales hacia Rawson, donde se propone el SITRAJUCH hacer un reclamo masivo.

En otra asamblea en Sarmiento, el repudio al juez Panizzi fue total y hubo respaldo unánime a la movilización del 26. Asimismo, los asambleístas designaron a los miembros de la Junta Electoral que presidirá los comicios próximos para elegir a la Comisión Directiva del SITRAJUCH.

"No estamos hablando solo de salarios o de los derechos de los trabajadores, estamos hablando de dignidad, porque después de 40 años de historia, después de construir una organización, aparece este señor Panizzi que nos pone en esta situación: es realmente lamentable", concluyó Ronconi.

Fuente: FJA

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domingo, agosto 23, 2009

El CGPJ aprobará a finales de año la regulación de la nueva Oficina Judicial

El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobará a finales de año el reglamento que fijará los criterios generales para garantizar un funcionamiento homogéneo de la nueva Oficina Judicial en todas las comunidades autónomas. Así lo anunció el vocal del CGPJ Antonio Dorado en una rueda de prensa sobre el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 'Análisis de mejora y eficiencia del sistema judicial', junto con el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara Hernández.


Según explicó Dorado, la aprobación del reglamento de servicios comunes será «el pistoletazo de salida» para un nuevo modo de trabajar en la Administración de la Justicia en España, cuya modernización, aprobada en una ley orgánica desde 2003, «llevaba seis años en el olvido».

En el curso participó también en una mesa redonda el presidente del Consejo de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y el decano de La Coruña, Javier Sánchez García, y asistieron Julio Padilla, ex presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y el decano de Cantabria, Dionisio Mantilla.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Reynosa, México: Entran en funciones dos nuevos juzgados

Reynosa, Tamaulipas.-Entró en funciones el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Penal del Quinto Distrito Judicial en Tamaulipas, asi como el Juzgado Tercero de lo Civil, ambos en esta ciudad, esto luego de estudiarse el rezago en los tribunales de esta la Secretaria General de Acuerdos decidio crear estas dos salas de impartición de justicia.


Con fecha del 11 de agosto se emitio el acuerdo 075 para crear los juzgados en mencion, dejando establecido en uno de los incisos que solo el Juzgado Cuarto recibira nuevos asuntos con detenido y sin detenidos desde esa fecha hasta el 19 de octubre del año en curso.

Aunque el supremo Tribunal de justicia no lo admite el rezago en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero, obligaron a adoptar esta medida de cancelar los turnos de esos tribunales, a fin de que desahoguen la carga de trabajo.

El Poder Judicial de Tamaulipas, achaca esa acumulacion de juicios en "tramite" a la ubicacion geografica de Reynosa, asi como, al crecimiento de la Poblacion, sin embargo, en la ultima revision de "rutina", encontraron procesos pendientes con mas de ocho años de antiguedad, en algunos el preso ya deberia de haber sido sentenciado.

Esto junto con otros errores tecnicos llevo a la creacion de los juzgados pena y civil, como lo dio a conocer Alejandro Etienne Llano magistrado presidente de la Supremo Tibunal de Justicia en su visita reciente a esta frontera.

Designando como juez cuarto a Juan Manuel Ham Cortez, como secretario de acuerdos a Maria Dolores Alvarado Raya y relator a Eliza Nuñez Hernandez, mientras que en la instancia civil Teresa Oliva Blanco.

La creacion de estas dos salas, obliga a la Procuraduria General de Justicia, a abrir plazas para fiscales adscritos y personal de oficina, asi como, instalaciones para los mismos, pero no se tiene presupuesto, por lo tanto cubriran esos tribunales con empleados "prestados" de los otros juzgados elevando la carga de trabajo para dichos funcionarios y esto arrastra a una reduccion en la eficacia de su desempeño para atender miles de procesos penales que ya existen.

Fuente: metronoticias

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El Gobierno quiere ahora congelar el sueldo de los funcionarios


El agujero de las arcas públicas está forzando al Gobierno a anunciar medidas que había descartado o criticado hasta la saciedad. La primera será la de subir impuestos. Blanco ha dicho este sábado, además, que estudian congelar el sueldo de los funcionarios. CCOO y UGT estarán con el PSOE.


El Gobierno sigue en su travesía de recortar gastos por la mala situación de las cuentas públicas del Estado. No sólo está abonando el terreno hacia la subida de impuestos, sino que ha vuelto a reabrir el debate sobre la necesidad de congelar el salario de los funcionarios. Lo hizo ayer el ministro de Fomento, José Blanco, quien abogó por establecer «niveles de contención» en los salarios de los empleados públicos de cara a 2010.

Blanco reconoció que los empleados públicos han visto mejorado su poder adquisitivo en los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación, que se sitúa en el -1,4%, y recordó que el Ejecutivo afronta «tiempos de austeridad» derivados de la crisis.

«Una medida razonable»

El Ministerio de Economía confirmó a LA RAZÓN, el pasado mes de julio, que el Gobierno pondrá encima de la mesa de negociación con los sindicatos la congelación de los salarios de los funcionarios del Estado en 2010. Según aseguró a este diario un alto cargo del Ejecutivo, «parece razonable» que las retribuciones de los más de 2,6 millones de funcionarios del Estado también se adapten a la crisis.

Los gastos de personal ascendieron en 2009 a 33.057 millones de euros, un 5,6% más respecto al Presupuesto de 2008. En los últimos ejercicios los sueldos de los funcionarios han experimentado subidas medias de alrededor del 4% y ahora con la congelación salarial el Gobierno se ahorraría 1.000 millones de euros.

Blanco aseguró que los sindicatos «están en muy buena disposición para establecer ese acuerdo». El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, respondió que esta medida podría plantearse en una próxima reunión de la mesa de la función pública entre Gobierno y sindicatos, que espera retomar en septiembre. No obstante, añadió Toxo, antes de tomar una decisión «habría que valorar las distintas situaciones, ya que tampoco aquí vale lo del café con leche para todos». UGT por su parte, afirmó que «hay margen para negociar», aunque rechazó cualquier propuesta para congelar el sueldo de los funcionarios que suponga una pérdida de poder adquisitivo.

Esta actitud de los sindicatos CCOO y UGT nada tiene que ver con la adoptada en 1996, cuando organizaron una huelga por la decisión del Gobierno del de congelar los salarios a los funcionarios, una medida ratificada por el Tribunal Supremo.

De los más de 2,6 millones de funcionarios, 1,3 millones (50,6%) corresponden a las comunidades autónomas, 629.505 (23,85%) a las administraciones locales, 575.021 (21,8%) a la administración central y 99.530 (3,8%) a las universidades, según datos del Ministerio de Política Territorial.

Fuente: larazon.es , Libertad Digital

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sábado, agosto 22, 2009

Calatayud: El Ministerio no acepta la creación del juzgado de lo penal por el momento

El Ministerio de Justicia ha rehusado por escrito la propuesta realizada por el alcalde de Calatayud, Víctor Javier Ruiz, que planteó la creación de un Juzgado de lo Penal con sede en la localidad. La institución ministerial respondió de forma diligente que, para implantar un juzgado de lo penal en el municipio, habría que crear una nueva circunscripción de dicho orden jurisdiccional. No obstante, no cerró las puertas por completo a la posibilidad de estudiar la conveniencia del juzgado al expresar que el "momento oportuno" para abordar la cuestión será la revisión general de la Ley de demarcación y de planta judicial. Una reforma que, según la respuesta del Ministerio, "constituye uno de los objetivos prioritarios del Gobierno".


El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, respondió a la petición del municipio zaragozano que "estudiará el asunto e informará al respecto".

Ruiz planteó en su escrito que si "la cuarta ciudad en número de habitantes de Aragón" contara con un Juzgado de lo Penal, se podrían celebrar allí las vistas de las causas instruidas por uno de los dos Juzgados de Instrucción de Calatayud. Además, según el alcalde, el juzgado atendería a los partidos judiciales de Calatayud, Daroca y La Almunia.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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El insulto grave al jefe no es razón suficiente para el despido

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha establecido que llamar “loco” al jefe e “hijo de puta” no reviste la suficiente gravedad como para imponer la sanción máxima del despido. El Tribunal reconoce que estas dos expresiones “son insultantes”, por lo que, “al menos en abstracto, sería incardinable esa conducta en la previsión del artículo 54.2c del Estatuto de los Trabajadores”, afirma. Este precepto establece que las ofensas verbales al empresario o a las personas que trabajan en la empresa supone un incumplimiento grave y culpable del trabajador.


No obstante, la Sala recuerda que la jurisprudencia exige atender al comportamiento de la persona en relación con cada ocasión, “porque no basta con que las expresiones sean atentatorias a la dignidad atendido su sentido gramatical, sino que, dado el contexto en el que se producen, puede verse mermada la animosidad injuriosa de las mismas”.

Para la Sala, la degradación social del lenguaje ha provocado que las expresiones utilizadas “sean de uso corriente en determinados ambientes, especialmente en el marco de las discusiones, como era el caso, dado que el trabajador reclamaba el abono habitual de la cantidad correspondiente a comisiones”.

Por ello, concluye que analizando las circunstancias del caso, “y sin justificar en modo alguno la utilización de ofensas verbales o expresiones insultantes, consideramos que es desproporcionada la calificación de falta muy grave, en los términos del Convenio colectivo”, que reserva ese calificativo para el maltrato de palabra o de obra, faltas de respecto y de consideración, “siendo excesiva la consideración como tal” de las frases empleadas. De ahí que el Tribunal termine reduciendo la gravedad de la falta y considerando “desproporcionada” la sanción del despido, que finalmente califica de improcedente. (TSJ Cataluña, 10/02/2009, Rº7903/2002).

Fuente: expansion.com

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Chaco, Argentina: El presidente del Superior Tribunal de Justicia se reunió con los tres sindicatos judiciales

Tras la reunión que mantuvo el presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia -doctor Ricardo Franco- con representantes de los tres sindicatos judiciales por el paro en protesta de recomposición salarial, el ministro expresó que el encuentro fue “muy positivo” y que desde el Alto Cuerpo “reiterarán el pedido al Poder Ejecutivo”.


“Reiteramos al doctor Franco nuestra gran preocupación por el presupuesto judicial y por un incremento salarial para nuestro sector. También le planteamos la necesidad de incorporación de personal y de promociones y ascensos, que están paralizados justamente por falta de presupuesto. El ministro nos dijo que ya le transmitieron esta inquietud al Poder Ejecutivo, y que van a seguir insistiendo”, señaló Graciela Aranda –Sindicato de Empleados Judiciales- al finalizar la reunión.

Walter Bernard - Unión Judicial del Chaco- señaló que instó al Poder Judicial a que continúe el diálogo con el Poder Ejecutivo y planteó no solo la necesidad de actualizar los salarios, sino también de crear nuevos Juzgados. El dirigente también señaló que se planteó al doctor Franco que la Justicia “no es la responsable de los cortes de calle”.

Finalmente el dirigente Maidana -Asociación Judicial- solicitó que el Superior Tribunal “gestione un refuerzo al presupuesto del Poder Judicial”. “Los trabajadores judiciales recurrimos a las medidas de acción directa ante la desidia del Poder Ejecutivo para resolver el conflicto judicial, siendo éste el único sector de la administración pública que no ha tenido adecuación en sus ingresos, que son licuados por el constante aumento de la canasta familiar”, señaló.

Los empleados del Poder Judicial realizaron un paro en reclamo de una recomposición salarial del 30%.

Fuente: chacas

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El 57% de los españoles cree que los servicios públicos han mejorado en los últimos 5 años

El 57% de los españoles considera que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado en los últimos cinco años, según el Barómetro Fiscal de 2008 que elabora el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). No obstante, el grado de satisfacción es menor que en el anterior informe. En su conjunto, el grado medio de satisfacción con los servicios y prestaciones públicas es de 2,7 puntos (en una escala del 1 al 4), lo que supone un descenso respecto a la nota recibida en 2007, que fue de 2,8 puntos.


El estudio analiza la relación entre la oferta pública de servicios y prestaciones y los impuestos que se pagan. En este sentido, un informe de expertos para Funcas confirma que los españoles han sufrido una importante subida fiscal desde que gobierna el PSOE, con 355 euros más en el pago del IRPF.

El barómetro alude también al cumplimiento de las obligaciones fiscales, que ha mejorado para el 59% de los encuestados, aunque el 67% cree que el fraude fiscal ha subido. Los ciudadanos atribuyen el elevado fraude a la impunidad que disfrutan quienes lo practican (según el 40%), la falta de honradez (37%) o el hecho de que los actuales impuestos son altos (33%).

Según este informe, la crisis hizo elevarse en siete puntos el porcentaje de hogares que recibieron en 2008 prestación por desempleo, hasta el 24%, mientras que se percibieron pensiones de jubilación en un 23% de los hogares, frente al 31% de un año antes.

Aunque es alta la proporción de ciudadanos que cree que los servicios públicos han mejorado, ha disminuido la valoración del acceso universal a estos servicios, que apoyan el 63% de los encuestados frente al 79% de 2002.

El 88% de los encuestados utilizó la sanidad pública, el 83% las infraestructuras y el 85% el transporte público, aunque el porcentaje baja en otros servicios como la educación pública, que dijeron utilizar sólo el 43% de los hogares.

Sin embargo, la educación es el servicio público mejor valorado junto con las infraestructuras, con 2,9 puntos (en una escala del 1 al 4). Les siguen los transportes públicos y la sanidad (2,8 puntos). La peor valoración se la llevan las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubilación (2,4 puntos), seguidas de las pensiones de enfermedad (2,5 puntos).

Además, el servicio público que más ha mejorado para los encuestados en los últimos cinco años son las infraestructuras (23%), seguidas de la Sanidad (22%) y la educación (16%). Un 13% de los ciudadanos cree que ningún servicio ha mejorado.

La Sanidad es, con creces, el servicio que mayor margen de mejora tiene según los encuestados, pues así lo cree el 44% de ellos, seguida de la Educación (15%) y los transportes públicos (14%).

Hay un alto grado de acuerdo en que existe un margen de mejora para el conjunto de la oferta pública de servicios y prestaciones (se le otorga a esta afirmación 2,8 puntos), aunque también se percibe que son accesibles para todos (2,7 puntos).

Con lo que no parecen estar de acuerdo los encuestados es con que sea la iniciativa privada la que gestione o financie estos servicios (estas afirmaciones sólo cuentan con 1,6 puntos).

En cualquier caso, el grado medio de acuerdo en que los servicios y prestaciones públicas justifican el pago de impuestos sigue siendo alto (2,5 puntos), aunque disminuye algo si se pregunta por la adecuación entre lo que se contribuye y lo que se recibe a cambio (2,4 puntos).

También empeora la nota si se pregunta por la gestión correcta de los servicios públicos (2,2 puntos, dos décimas menos que en 2007). Asimismo, el 40% de los ciudadanos cree que hay una misma relación entre impuestos y servicios prestados que en otros países europeos, aunque el 36% piensa que dicha relación es peor y sólo el 10 por ciento la considera mejor.

Fuente: expansion.com

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