–Va a cumplir un año como vocal en el Consejo General del Poder Judicial ¿Qué balance hace?–Es una experiencia gratificante porque se ha trabajado mucho en este tiempo, sobre todo en la modernización de la Justicia. El CGPJ ha elaborado un Plan que contempla aspectos como la mejora de las leyes procesales. Pero, sobre todo, estoy muy contento porque hemos roto la dinámica de enfrentamiento anterior, de hecho estamos aprobando cuestiones por mayoría. Es muy importante porque hemos acabado con la dinámica de división.
–¿Qué ha pasado entonces con la reforma de la Ley del Aborto? ¿Por qué no hubo acuerdo?
–Lo que hubo fue dos posturas jurídicas. No ha sido un debate ideológico, sino jurídico. El debate no era el sí o el no al aborto, porque entonces probablemente el resultado a lo mejor hubiera sido otro, sino cuestiones constitucionales. Además, no me parece bien que digan que se ha votado en un sentido o en otro según la postura. Se trataba de dos posturas jurídicas distintas y no se puede ir más allá.
–¿Entonces se está intentado politizar con la Justicia?
–Con la Justicia no, con el gobierno de los jueces, que es el Consejo. Somos un Poder del Estado y estamos sujetos a la crítica y a que se analicen nuestras actuaciones. Lo veo bien, pero tengo que insistir en que se trató de un debate jurídico.
–¿La política abusa de la Justicia? Ahí tenemos el embrollo suscitado con el caso Gürtel.
–Judicializar la política no es bueno, pero la Justicia es el último baluarte del Estado de Derecho. Abusar en demasía no me parece, pero entiendo que cada uno es libre de acudir a los tribunales cuando lo cree necesario. Otra cosa es que luego tenga repercusión mediática por el carácter público de estas personas.
–Una de las primeras tareas que le tocó al poco de llegar al Consejo fue decidir sobre la sanción al que había sido hasta hace poco su compañero, el juez Tirado ¿Cómo secretario judicial, está de acuerdo con esta sanción?
–El Ministerio de Justicia entiende que la sanción de seis meses es justa al no haberla recurrido. Ahora será el Supremo el que tenga que pronunciarse y no me gusta opinar, por respeto, sobre una resolución que aún no se ha adoptado.
–En el siglo XXI, ¿cómo se le explica a un ciudadano que sigan ocurriendo errores como éste o como el de la juez de Motril?
–Ese es el problema, porque el ciudadano no puede entender que puede hacer la declaración de Hacienda por internet y que en pleno siglo XXI un juzgado no sepa lo que está haciendo el de al lado. No es admisible que todo se siga haciendo en papel y que los expedientes no estén digitalizados. Lo lógico sería que una persona que es citada un año antes a un juicio, reciba un sms dos días antes recordándole que tiene que acudir al juzgado porque eso es ya algo habitual. Ese debe ser el objetivo modernizar la Justicia, pero para eso todas las administraciones competentes tienen que invertir.
–El secretario de Estado para la Justicia presentó hace poco un plan de modernización que se va a poner en marcha en septiembre ¿Qué le parece?
–Es un plan estratégico que conozco y va en la misma línea que nuestro plan de modernización. Vamos por buen camino y ahora es el momento de invertir y gastar dinero en la Justicia. Tras la transición se ha invertido en todas las administraciones, pero la Justicia no se ha modernizado. Hay que acabar con el papel y pasar al expediente digital porque el ciudadano tiene derecho a una Justicia informatizada, pero para eso hace falta dinero.
–¿Está perjudicando la descentralización a la Justicia?
–Es cierto que ha podido ser un lastre para modernizarla, pues cada comunidad tiene sus planes y sus presupuestos. Puede que esto sea una dificultad a la hora de fijar sistemas informáticos comunes.
–En Andalucía la Consejería apuesta por ganar la competencia sobre los funcionarios…
–No creo que el tener más o menos competencias sobre los funcionarios vaya a mejorar la Justicia, los problemas van más allá y los esfuerzos deben encaminarse hacia la modernización y no distraerse en otros temas que nada aportan y que no es el momento de abordar.
–La crisis ha desbordado muchas jurisdicciones ¿Apostarán por crear más juzgados?
–Desde octubre tenemos en marcha un plan que ha permitido que se creen los juzgados por adelantado. El efecto crisis comenzó por los juzgados de lo Mercantil y, por ejemplo, en Sevilla se adelantó la creación del segundo nueve meses. Además, hemos reforzado juzgados o se han hecho algunos bis. Hemos consensuado un plan de choque, que ya ha pasado a Consejo de Ministros, para los juzgados de lo Social. Además, estamos realizando proyecciones de datos por trimestre, la última del primer trimestre de 2009 como referencia para los primeros meses de 2010 para intentar paliar un efecto por el que estamos preocupados.
–La crisis puede dañar la imagen de la Justicia. ¿Cree que realmente el ciudadano conoce el sistema?
–Hay un déficit de conocimiento. Estoy en la Comisión de Comunicación y somos conscientes de que hay que comunicar más y mejor. El ciudadano tiene derecho a saber lo que hacemos, porque a lo mejor no le llega los trabajos que estamos realizando. Tenemos que contarlo, no sé como, pero tenemos que contarlo, pues hay un déficit evidente de comunicación y no somos conscientes de que es muy importante y que tenemos comunicar lo que hacemos, pero bien.
–Precisamente los medios han sido muy criticados por su actuación en el caso Marta...
–Es un tema muy complicado, porque hay unos derechos constitucionales y es muy difícil el equilibrio. Estamos en una democracia joven y tendremos que delimitar los derechos, pero es como poner puertas al campo. ¿Cómo prohibir que un periodista dé una información que tiene? ¿Cómo repercute en la investigación? ¿Eso cómo influye en la imagen que el ciudadano tiene luego del caso? Todo eso al final redunda en que haya desconfianza en la Justicia y en los medios. Es un tema de difícil resolución.
–Este caso también ha levando la polémica sobre la reforma de las actuales leyes ¿Cree que habría que abordar alguna reforma?
–Se ha criticado mucho el derecho a no decir verdad, pero es un derecho de nuestro país, además el derecho de defensa cada uno lo ejerce como puede. ¿Se puede plantear el debate de que un imputado tenga que decir la verdad bajo juramente y con las mismas obligaciones de un testigo? Claro que se puede abrir, pero ahora mismo tienen derecho a mentir. El ciudadano no lo entiende, pero no compete a los jueces, sino a quienes hacen las leyes.
–Una de las polémicas que también afecta a este caso es la sentencia del Supremo anulando un juicio para que sea por jurado.
–El Supremo ha decidido iniciar una vía, que aún no es jurisprudencia, luego el juez decidirá con su independencia.
–Como ex secretario de los juzgados sevillanos ¿qué le parece que de nuevo se retome el edificio puente antes de la Ciudad de la Justicia?
–A mí me preocupa porque no podemos estar constantemente dando bandazos, deben decir claramente si van a hacer una Ciudad de la Justicia o un entorno judicial entre el Prado y Viapol, que también es una solución. Lo que no se puede es estar cambiando cíclicamente cada vez que hay elecciones. No es de recibo que una consejera dijera que en 2010 íbamos a tener Ciudad de la Justicia en el Puerto, y ahora ni se habla de aquel ramal de Metro que se prometió. Es poco serio. Ya dije que era mentira lo del Puerto y me dijeron que siempre criticaba, pero era imposible lo que se prometía. No sé si la Ciudad de la Justicia sigue siendo una prioridad para la Junta ni qué pasa en Los Gordales. Hace un mes estuve en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que es un ejemplo de modernidad y buen funcionamiento. Me da mucha envidia.
Fuente: elcorreodeandalucia.es
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