La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo Sanestanislao (Ráfol de Salem, Valencia, 1963), mantiene que "el endurecimiento de penas no es la respuesta más adecuada para reducir la criminalidad". Fiscal de Menores en excedencia, apuesta por la educación y las políticas sociales.-El rechazo del presidente del CGPJ al informe sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley del Aborto era previsible, ¿no?
-No me parece serio hacer previsiones antes de un debate jurídico, ni tampoco creo que se centre este asunto en la posición adoptada por el presidente del Consejo. Lo realmente importante sucede en el Pleno, cuando los vocales defienden sus posiciones jurídicas. Y el que no se aprobara el informe al Anteproyecto, apoyado por mayoría en la Comisión de Estudios, es responsabilidad de todos los vocales: no fuimos capaces de adoptar un acuerdo, y le aseguro que ello nos ha causado frustración.
-Lo digo porque es una persona muy religiosa que estaba claramente contra el aborto, ¿no?
-Fue un debate técnico-jurídico entre dos posiciones contrapuestas en torno a la constitucionalidad de la reforma proyectada por el Gobierno. Si a la hora de votar pesaron o no las convicciones personales, morales, políticas o sociales de cada uno, eso es algo que pertenece a la esfera íntima. En el debate se expusieron únicamente razonamientos jurídicos.
-¿Acertó Zapatero?
-El nombramiento de Carlos Dívar fue acordado, por unanimidad, por los veinte vocales del CGPJ, que actuamos con independencia absoluta. No fue el presidente del Gobierno quien lo nombró.
-¿La crisis económica puede llegar a colapsar los Tribunales de lo Mercantil y de lo Social?
-Este Consejo aprobó un plan de choque en noviembre pasado, consciente de que la situación económica tendría un impacto en los juzgados. Ya están en marcha más de 200 medidas de refuerzo, centradas sobre todo en los juzgados de lo mercantil. Además, el Gobierno, a propuesta del Consejo, acaba de aprobar un plan adicional para los Juzgados de Social. Pese a su encomiable esfuerzo, nuestros jueces ni pueden ni deben de soportar la sobrecarga de trabajo. La responsabilidad del Consejo es diagnosticar estas situaciones y proponer medidas al Ministerio y a las comunidades autónomas. Y en ello estamos.
-¿Le convence la modernización de la Justicia que quiere acometer el ministro Caamaño?
-No sólo me convence, sino que además comparto su diagnóstico y creo que el planteamiento del acuerdo social es muy acertado. El CGPJ aprobó un Plan de Modernización el pasado mes de noviembre, cuyos ejes coinciden con el Plan Estratégico del Ministerio de Justicia. Es importante la implicación de todos los poderes públicos, colegios profesionales y colectivos judiciales para que la reforma de la Justicia sea una realidad.
-¿Habrá huelga de jueces en octubre o confía que no la secunden?
-Aún es pronto para valorar qué ocurrirá en octubre. Pero tenemos que asumir que lo que no se ha hecho en el pasado no se puede hacer de un día para otro, que lo importante es definir la reforma de la Justicia y lograr acuerdos concretos, con fechas y plazos.
-¿Es partidaria de la cadena perpetua?
-No soy partidaria de la cadena perpetua. Me parece un verdadero retroceso. Además, considero que tiene difícil encaje en nuestra Constitución.
-¿Y de la reforma de la Ley del Menor para que los niños que cometan delitos puedan ser condenados de forma más severa?
-El endurecimiento de las penas no es la respuesta más adecuada para reducir la criminalidad. Las soluciones deberían pasar por invertir en educación y en políticas sociales preventivas de apoyo a las familias y a los jóvenes. Y por disponer de medios eficaces para intervenir y adoptar medidas educativas sobre aquellos niños menores de 14 años que cometen delitos. La Ley Penal del Menor prevé medidas que podrían ser muy eficaces, si dispusiéramos de los instrumentos y centros necesarios para aplicarlas.
-Me imagino que al ser fiscal le satisface la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fiscal investigando y el juez asumiendo el papel de garante de derechos, ¿no?
-Siempre he defendido ese modelo, vigente en muchos países europeos. Responde al espíritu de nuestra Constitución, cuyo artículo 117 establece claramente que "el juez juzga y ejecuta lo juzgado". Que el fiscal dirija la investigación con un juez de garantías, contribuirá a reforzar la agilidad del procedimiento con el pleno respeto a las garantías constitucionales.
Fuente: eldiadecordoba.es
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