Cataluña: La Generalitat destina más de 63 millones a la asistencia jurídica gratuita

La Generalitat destinará durante este año más de 63 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita con abogado a las personas sin recursos, tras el acuerdo firmado en Barcelona por la consellera de Justicia, Montserrat Tura, y el presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, Josep Canicio.


El convenio prevé un incremento del 18 por ciento en el presupuesto destinado a la prestación de este servicio --el aumento más importante que ha registrado esta partida en los últimos cinco años-- para afrontar el crecimiento de la actividad en materia de asistencia jurídica gratuita y de asistencia al detenido previsto para este año, según informó Tura en la rueda de prensa que siguió a la firma del acuerdo.

En concreto, los profesionales que formen parte del turno de oficio verán incrementada en un 1,6% respecto al año anterior la cantidad percibida por sus actuaciones, el equivalente al aumento del IPC en Cataluña durante 2008. La Generalitat también destinará un 15 por ciento más de recursos a compensar los gastos de gestión de los colegios para la prestación de este servicio.

El convenio obliga a los colegios de abogados a establecer turnos específicos en materia de asistencia a víctimas de violencia de género, extranjería, menores y detenidos, y a supervisar la formación de estos profesionales para lograr una atención más especializada.

Asimismo, se incorporará una nueva aplicación informática en todos los colegios de abogados antes de final de año que posibilitará que el usuario solicite el servicio de manera telemática, y que se tramite el procedimiento de reconocimiento de este derecho por parte de los diferentes organismos implicados.

La asistencia jurídica gratuita es un servicio público dirigido a quienes no disponen de los recursos necesarios para sufragar el coste de su representación ante los tribunales. Tienen derecho todas las personas que acrediten unos ingresos anuales inferiores al doble del indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), que este año se sitúa en 14.762 euros anuales.

El reconocimiento de este derecho incluye, entre otras prestaciones, la designación de un abogado y un procurador de oficio, el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso judicial, y la mediación familiar.

Fuente: La Ley