Las transferencias de Justicia están más cerca. El Gobierno regional vislumbra un final feliz a las negociaciones que mantiene con el Gobierno central y que entrarán el mes que viene en la recta final. El objetivo es que las nuevas competencias se reciban en las mejores condiciones de personal, gastos e inmuebles y que no ocasionen un agujero en las arcas autonómicas, sobre todo en una situación de crisis como la actual en la que se han reducido considerablemente los ingresos públicos.El Gobierno de Valcárcel espera conseguir más fondos para la formación de los empleados públicos, para el turno de oficio y para infraestructuras y patrimonio ya que se trata de asumir 1.200 nuevos funcionarios de carrera y contratados laborales, así como 140 unidades judiciales.
El diputado regional Manuel Campos, comisionado por el Ejecutivo de Valcárcel para dirigir este proceso, indicó que las conversaciones han entrado en su fase final y sostiene que el Gobierno murciano está en condiciones de asumir la cartera de Justicia a final de año y empezar a trabajar en enero con presupuesto propio. La última fase de las negociaciones las llevará personalmente el presidente Valcárcel, que ha mostrado su interés en pilotar la recta final del traspaso.
Manuel Campos eludió dar cifras, aunque la propuesta económica por parte de Murcia ya está hecha y se puso sobre la mesa en la reunión de traspaso con los altos cargos del Ministerio que se realizó el 30 de julio, donde estuvo presente la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte. Campos y su equipo de trabajo tienen auditadas todas las partidas, incluidos los gastos de teléfono y de taxis. Señaló que el Ministerio de Justicia ha dado todas las facilidades y que la sintonía es buena.
Los puntos en los que el Gobierno regional ha incidido afectan principalmente al capítulo de personal. El Ministerio destina ahora 50 euros por funcionario para formación, mientras que Murcia pretende que esa asignación se incremente hasta los 250 con el fin de equipararla a la Administración autonómica. Asimismo, hay que crear el servicio de riesgos laborales (formación, atención médica, vacunaciones, etc.), por lo que dicho gasto debe incluirse en el paquete de transferencias. Otra partida valorada son los gastos en idiomas y traducciones.
Déficit de infraestructuras
En el capítulo de gastos corrientes y subvenciones, Manuel Campos señala que debe incrementarse un 25% el dinero para el turno de oficio. El Colegio de Abogados lo cobra en función de las certificacioens de los servicios que prestan los profesionales, y la tendencia marcada por La Unión Europea es aumentar esta partida para darle mayores garantías a la justicia de oficio, que va en aumento debido al mayor número de detenciones. El Ministerio, según, Campos se muestra receptivo.
Otro de los caballos de batalla de las negociaciones es el factor de población. El Gobierno murciano quiere que se tome en consideración el padrón del año que viene.
Para Campos, todavía existe «un gran déficit en materia de infraestructuras de ahí que la consejera haya exigido la deuda histórica, es decir, que se compense a la Región de Murcia por la menor inversión en Justicia en comparación con otras autonomías».
Ha detallado que tan sólo un tercio de los edificios judiciales son de titularidad del Ministerio con lo que, a su juicio, el Gobierno central «tendrá que subsanar esta deficiencia». Murcia recibirá 140 unidades judiciales, incluidas las cinco nuevas que entrarán en servicio este año. Un equipo de técnicos y arquitectos está supervisando todos los inmuebles y dependencias para valorar su estado. «Lo que no invierte el Ministerio tenemos que justificarlo para demostrar que es necesario».
Otra de las prioridades será la digitalización. «Eliminando la lentitud del papel mejoraremos los tiempos y la calidad del servicio», explica el comisionado.
La semana próxima se reunirá la comisión técnica para valorar las propuestas.
Fuente: laverdad.es
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