La publicación del informe de la Intervención General del Estado, que revela que en el año 2008 aumentó el número de funcionarios públicos en todos los sectores excepto en el judicial, que disminuyó un 4.8%, ha vuelto a inquietar a las asociaciones judiciales. El portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM), Antonio García, denunció el trato "desigual y discriminatorio" que recibe la administración de Justicia respecto al resto de administraciones públicas, a pesar de la "situación de carencia notable" que sufren.La APM, que mantiene la intención de secundar una huelga de jueces en octubre, recordó que llevan "mucho tiempo en un proceso negociador con el Ministerio de Justicia" por la escasez de medios en el sector y esta es una prueba más de la "carencia crónica" que sufren. Reconoció que no albergan "la esperanza de que se duplique el personal" pero tampoco esperaban una disminución, ya que su intención es "prestar el servicio público de la forma más eficaz".
"Esta noticia desmiente las declaraciones de la clase política, que utilizan palabras retóricas y grandilocuentes para decir que la Justicia es prioritaria", subrayó.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, hizo hincapié en hacer una valoración "muy negativa" de la noticia porque "contradice las palabras de los ministros de Justicia" y demuestra que "disminuye la inversión dedicada al sector judicial en los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre tradicionalmente". "Lo único que refleja es la escasa inversión en mejorar la Justicia".
Fuente: excite.es
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