La Coruña: Reclaman una base de datos nacional que incluya a delincuentes en busca y captura

Los días 1 y 15 de cada mes todas aquellas personas que se encuentran en libertad condicional o que disfrutan de algún permiso carcelario tienen la obligación de acudir al juzgado de guardia de su ciudad para firmar un papel que acredita su presencia y su compromiso de no burlar a la Justicia. En La Coruña, el pasado sábado 400 personas hicieron cola en la sede judicial para estampar la rúbrica. El funcionario envía ese documento a los respectivos juzgados. «Pongamos un suponer. Imaginemos que uno de ellos esté siendo buscado por la policía por matar a cien personas. Al no haber un ordenador conectado a una base de datos, puede firmar e irse tan pancho», denuncia un funcionario.


La inexistencia de una base de datos conjunta entre las fuerzas de seguridad y los tribunales desata «disfunciones» a la hora de localizar a personas en busca y captura. Jueces, policías y funcionarios reclaman algo que, «incomprensiblemente», a estas alturas del siglo XXI, no existe aún: la posibilidad de que magistrados y agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil tengan acceso a un mismo fichero en el que consten todos los presuntos delincuentes en paradero desconocido.

El objetivo no es únicamente interconectar a magistrados y fuerzas de seguridad. La medida conlleva también que exista una mayor coordinación entre la totalidad de juzgados a nivel nacional, para lo que «todos los órganos de la jurisdicción penal deberán tener acceso» al citado registro informático, según apuntaba un funcionario coruñés.

Dicho de otra forma: un delincuente en busca y captura por un juzgado de Ferrol puede presentarse a un juicio de La Coruña por otro asunto sin que el juez se entere de que la policía lo está buscando.

Esta carencia no se resolvió todavía a pesar de las promesas de los ministerios de Justicia e Interior tras el asesinato de la niña Mariluz, que destapó el problema. El supuesto autor de la muerte, Santiago del Valle, pasó por las manos de la policía en tres ocasiones, dos en Gijón -antes de la desaparición de la niña onubense y por otro caso de acoso a una menor- y una en Granada -ya como sospechoso en el caso-, sin que las alarmas del sistema saltasen. Siempre fue puesto en libertad al no constar en las bases de datos policiales su cuenta pendiente -e inequívoca- con la Justicia. Año y medio después de aquello, el problema sigue ahí.


Fuente: lavozdegalicia.es