La ruina de los abogados

Dicen que la crisis viene bien a los abogados, dado que es un momento en el que la conflictividad se dispara, aumentando tanto el número de consultas como el número de pleitos. Y si bien es cierto, en la medida en que los impagos y quiebras han sido frecuentes, también lo es que la crisis no repercute por igual en todos los sectores del derecho. Así, para los abogados por cuenta propia la recesión supone una dificultad más que añadir a las que han de sortear cotidianamente para seguir subsistiendo.


Una tarea nada fácil, asegura Vanessa González, presidenta de la asociación Altodo Cataluña y candidata a Decana en las últimas elecciones del Colegio de Barcelona, ya que el pequeño abogado “tiene muchísima competencia, corre un gran riesgo de impago y sus gastos son muy elevados. Hay que pagar la mutua, el colegio profesional, el despacho… Hay muchos ejercientes que apenas cubren gastos”.

El sector jurídico estaba repartido, a grandes rasgos, entre quienes poseían influencia y capital simbólico y quienes ofertaban precio y proximidad. Es decir, teníamos por una parte grandes firmas jurídicas, que eran relevantes e influyentes, y a las que acudían quienes podían afrontar sus elevadas minutas y, por otra, estaba el profesional que generalmente prestaba servicios en asesorías y gestorías localizadas, cuyos clientes solían ser pequeñas empresas y particulares de la zona. Entre ambos se situaban algunos abogados especializados que, gracias a su especial conocimiento de un sector, disfrutaban de un nivel de vida más que aceptable. Ese modelo, sin embargo, que estaba sufriendo un lento y paulatino declive, hoy amenaza con quedar del todo roto.

En primera instancia, porque, como asegura el letrado en ejercicio Mariano García, el profesional del derecho está notando especialmente “la crisis de la clase media. Está creciendo mucho el número de asuntos que se tramitan a través de la justicia gratuita porque la gente ya no tiene dinero para costearse un profesional”. En segunda, tampoco esos abogados que en el pasado vivieron bien gracias a la especialización parecen estar pasando por buenos momentos. En gran medida porque la competencia entre los grandes despachos deja poco espacio para actores independientes. Y, además, porque cada vez es más difícil hacerse con un nombre en la profesión. Como asegura el abogado José Castro, “puedes ser un gran experto en la materia que quieras pero el problema es cómo te das a conocer para que acudan los clientes”. Y es que esa tarea de hacer publicidad de sí mismo requiere una notable inversión, ya que, cuando funciona, lo hace a la larga: “Si eres un experto en un tema concreto y logras que tu despacho funcione, será años después de haberlo montado”. En resumen, que iniciar una carrera por cuenta propia en el mundo del derecho implica poseer recursos económicos para subsistir hasta que el negocio se estabilice.

Así las cosas, uno de los principales apoyos con que cuenta para subsistir el abogado por cuenta propia son los ingresos que recibe del turno de oficio. Y, para complicar las cosas, éste no está atravesando sus mejores momentos. La pasada semana se hacía público que la Comunidad de Madrid había dejado de abonar las cantidades adeudadas en ese concepto correspondientes a los dos primeros trimestres de 2009. La justicia gratuita es un mecanismo institucional cuya finalidad es asegurar la asistencia jurídica a todo ciudadano que lo precise, de manera que se cumpla el derecho a la defensa contemplado en la Constitución Española. Así, a aquellas personas que no alcancen un determinado nivel de ingresos, los poderes públicos les proporcionan gratuitamente un letrado designado a través de un sistema de turno de oficio que gestionan los colegios profesionales. Son las cantidades destinadas a este servicio las que ha dejado de pagar la Comunidad de Madrid.

Y son dificultades comunes a otros territorios españoles, donde los problemas con el turno de oficio se están multiplicando. Aseguran los responsables institucionales que el problema de fondo es el aumento de procedimientos que se están tramitando a través de la justicia gratuita. Así, se han incrementado notablemente, a consecuencia de la crisis, las actuaciones en materia laboral. De modo que las CCAA tratan de reducir costes por todos los medios, aun cuando bordeen la legalidad. Así, en Madrid, en materia de extranjería, están solicitando que los letrados aporten, para poder justificar la asistencia, y así poder cobrar, documentación muy difícil de conseguir. Un letrado en ejercicio asegura que ya se ha convertido en común aportar el certificado de vida laboral, el de empadronamiento y el pasaporte de los inmigrantes que se deben atender. “Es de risa: ¿cómo consigo esa documentación del chino o del nigeriano que he tenido que asistir en Barajas? Máxime cuando han sido detenidos precisamente por carecer de tales documentos”. En resumen, que muchos abogados creen que están acabando por la vía de hecho con el turno de oficio.

Para Vanessa González no estamos ante problemas puntuales que se solventarán con mayor o menor presteza sino ante las puertas de un cambio radical en el servicio de justicia gratuita. “El turno de oficio va a desaparecer tal y como lo conocemos, lo que tendrá consecuencias negativas para muchos abogados, que tendrán que cerrar sus despachos, y para el ciudadano, ya que endurecerán los requisitos para acceder a la justicia gratuita. Todo va a cambiar a peor”.

Y tales cambios tienen que ver, según la presidenta de Altodo, con que “los ingresos del turno de oficio son un objetivo para grandes corporaciones. Y no sólo se trata de que los grandes despachos se quieran quedar con él. También empresas tipo Legalitas. E incluso los sindicatos. Comisiones Obreras, en Barcelona, está interesado en quedarse con el turno de oficio laboral”.

De modo que, según Vanessa González, lo que está en juego es un cambio total de modelo instigado por intereses económicos. Y el primer paso para alcanzar el nuevo reparto es terminar con el actual formato por agotamiento, intención última de los poderes públicos. “El cambio no lo pueden llevar a cabo de golpe. Por eso, lo que pretenden es hacer que los abogados por cuenta propia nos demos de baja, empeorando nuestras condiciones progresivamente”. En definitiva, que como resultado de todas estas transformaciones, “el abogado independiente se ha convertido en una especie en peligro de extinción”. En este sentido, no habría mucha diferencia con procesos acontecidos en otros sectores: la desaparición de la pequeña tienda y del pequeño empresario son asuntos que tendrían semejanzas con esta crisis del profesional del derecho.

Se impone, pues, reinventarse. Pero las opciones que se barajan para salir de esta situación no pasan, como suele argumentarse, por la especialización. Más al contrario, se trata de volver, en primera instancia, a formas básicas de captación de clientes. Según Mariano García, la clave está en instalar el despacho en zonas populares, donde “aún se sigue teniendo la cultura de que el abogado de pago va a llevar mejor un asunto que el del turno de oficio. Mientras que otros sectores funcionan por relaciones, en esos entornos funciona el boca a boca y se sigue valorando la cercanía”. En definitiva, que “hay que orientar los despachos a bajar su representatividad”. Como segunda posibilidad estaría la formación de despachos colectivos, que reunirían a varios abogados por cuenta propia, de manera que pudiera proponerse al cliente una oferta completa al cliente al mismo tiempo que se reducen los costes.

En definitiva, que hay que reorientarse, porque el abogado por cuenta propia, que era el estrato medio/ medio bajo de la profesión, está sufriendo la misma crisis que sufre su clase. Como sentencia Mariano García, “el que está en medio, está jodido”.

Fuente: elconfidencial.com