¿El Ministerio de Justicia discrimina a la Comunidad Valenciana?

El Ministerio de Justicia financia «irregularmente» la creación de juzgados en Cataluña: contribuye económicamente a la puesta en funcionamiento de cada órgano judicial que echa a andar pese a que un Real Decreto de 1996 exonera al Gobierno central de este compromiso asumido seis años atrás y obliga a la Generalitat a afrontar el coste en solitario. «Ningún texto normativo faculta al Ministerio de Justicia para seguir cofinanciando la puesta en marcha de órganos judiciales en Cataluña». Así se recoge en un informe elaborado por el Observatorio de la Justicia en la Comunidad Valenciana, según el cual Cataluña habría recibido injustificadamente 48,5 millones de euros en base a un «sistema de financiación privilegiado», que también reclama para sí la Comunidad Valenciana.


Además, durante todo este tiempo la región vecina ha estado percibiendo del Gobierno central una aportación extraordinaria para compensar la incidencia que el funcionamiento de dichos nuevos juzgados tiene en el capítulo de gasto corriente. El informe cifra esta contribución en 12 millones de euros, con lo que la cantidad total percibida «irregularmente» asciende a casi 60 millones.

La norma de la polémica

Hasta 1996 el Gobierno estaba obligado a sufragar el coste de la puesta en marcha de cada una de las unidades judiciales nuevas que creaba porque le obligaba ese «sistema de financiación privilegiado» pactado con Cataluña en 1990, cuando esta Comunidad asumió las competencias de Justicia.

Entonces quedó estipulado que el Estado se reservaba las atribuciones para «la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en Cataluña» y añadía que, «una vez instalados y en funcionamiento, la Generalitat asumirá el mantenimiento, reposición y titularidad de las instalaciones». Es decir, el Gobierno creaba y montaba los juzgados y cuando ya habían echado a andar, se los transfería al Ejecutivo autonómico.

Cataluña, pues, recibió las competencias en Justicia en condiciones más ventajosas de lo que años después lo haría el Consell, que siempre ha asumido en solitario los costes derivados de la creación de nuevos órganos judiciales.

El Ministerio autoriza los órganos judiciales que se crean cada año y la Conselleria de Justicia los monta con cargo al presupuesto autonómico sin que, al contrario de lo que ocurre con Cataluña, «se haya percibido ninguna cantidad adicional» ni por la instalación de nuevos juzgados ni por el incremento del capítulo del gasto corriente derivado de su creación.

«Existe un trato discriminatorio», subraya el informe, al que, sin embargo, «nada» se puede «alegar» hasta 1996 porque hay una normativa que le da amparo. Porque Cataluña negoció mejor que la Comunidad Valenciana el traspaso de competencias.

A partir de esa fecha, sin, embargo, las cosas cambian. El informe que maneja la Conselleria de Justicia, de la que es titular Paula Sánchez de León, hace hincapié en el Real Decreto de 1996 por el que se amplía el proceso de traspaso de competencias a la Generalitat catalana, entre ellas, «la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en Cataluña».

Las exigencias del Consell

Esa resolución, en la práctica, equipara el nivel competencial de ambas regiones, motivo por el cual, desde la valenciana no se entiende por qué, trece años después, Cataluña sigue cobrando por unos juzgados por los que ya no tiene que cobrar. «Hay que reinvidicar para nuestra Comunidad que el coste de instalación y puesta en funcionamiento de los órganos judiciales creados desde 1996, cuyo importe se desconoce en el momento actual, nos sea transferido al igual que a la Comunidad Autónoma de Cataluña», reivindica la Conselleria, que, además, quiere verse compensada, como se ha visto la Generalitat catalana, por el incremento del gasto corriente derivado de la puesta en funcionamiento de tales juzgados.

La Conselleria sólo encuentra dos razones para explicar el comportamiento del Ministerio: o el Real Decreto que le exime de financiar los juzgados de Cataluña ha sido derogado por una norma superior que la Comunidad Valenciana desconoce o el Ministerio «ignora» la competencia atribuida por tal Real Decreto a Cataluña y «continúa financiando la puesta en fucionamiento de nuevos órganos irregularmente».

Fuente: ABC.es