sábado, agosto 01, 2009

Sevilla: Investigan a un funcionario del juzgado del caso "Mari Luz" por presunta falsedad documental

¿Qué está pasando en el juzgado de lo penal número 1 de Sevilla? Primero fue el juez Rafael Tirado Márquez, después la secretaria, Juana Gálvez. Ambos fueron expedientados por la no ejecución de la condena a Santiago Del Valle, presunto asesino de Mari Luz. Ahora, cuando las aguas parecían haber vuelto a su cauce y ni Tirado ni Gálvez están ya en ese juzgado, le ha tocado a un funcionario de ese mismo órgano que está siendo investigado por un juzgado de instrucción por haber cometido irregularidades en la tramitación de documentos. Al parecer, un posible extravío de ejecutorias que no fueron tramitadas.


Según confirmaron fuentes judiciales, el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla está investigando la conducta de uno de los funcionarios de penal 1. La instrucción se inició hace sólo unos días a instancias de la Fiscalía de Sevilla que corroboró ayer que fue quien denunció los hechos.

El CPGJ ha hecho inspección

El juzgado investiga dos presuntos delitos. Uno de infidelidad en la custodia de documentos públicos y una posible falsedad documental. El funcionario en cuestión sigue, de momento, trabajando mientras el juzgado que lo investiga ha decretado el secreto del sumario.

Además fuentes del Consejo General del Poder Judicial informaron de que hace unos días, cuando se tuvo conocimiento de lo ocurrido, realizaron una inspección en el citado órgano aunque no quisieron desvelar los resultados por tratarse de una investigación secreta. Después de las vacaciones el caso podría ser tratado en la comisión disciplinaria del CGPJ.

El asunto, sobre el que existe un profundo hermetismo, fue tratado también por la propia Delegación Provincial de Justicia, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Begoña Álvarez que tiene las competencias sobre los funcionarios judiciales. La Delegación, tras ser informada de las posibles irregularidades que se estaban produciendo en la tramitación de documentos, «incoó una información previa» para determinar la necesidad o no de iniciar expediente disciplinario al funcionario.

Además, desde la Consejería de Justicia se aseguró que están colaborando con el juzgado de instrucción número 13 y dando cumplimiento «al requerimiento judicial». En ese sentido, la Junta de Andalucía está «recabando la información necesaria» para esclarecer los hechos y está prestando la colaboración que pueda ser demandada por el juzgado que instruye el caso.

La Junta actuará

Segun Justicia, en el caso de que se demuestre que el funcionario en cuestión ha incurrido en algún tipo de irregularidad «actuará con toda la contundencia que sea posible». Pese a esa investigación abierta contra un funcionario, la Consejería de Justicia quiso dejar claro que este caso es «un suceso aislado que en absoluto es representativo de la profesionalidad contrastada del cuerpo de funcionarios de Justicia».

En cualquier caso es la gota que colma el vaso en un juzgado del que todos huyen. El juez Rafael Tirado pidió el traslado tras ser expedientado por el CGPJ y aunque sigue pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso, está en un órgano contencioso administrativo. La secretaria Juana Gálvez, a la que el Ministerio de Justicia sancionó con seis meses de suspensión de empleo y sueldo, está cesada después de que se ejecutara la sanción y a la espera de que le concedan el traslado a un juzgado mercantil para no volver a penal 1.

Los funcionarios también han pedido el traslado aunque éste no se ha materializado. A la espera de ver que ocurre con la investigación, hay un juez y un secretario sustitutos en un juzgado que parece estar gafado.

Fuente: ABC.es

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