Entrevista con Antonio García, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura

La asociación mayoritaria de los jueces españoles, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), amenaza con otra huelga en los juzgados a la vuelta de vacaciones, el próximo 8 de octubre. Su portavoz Antonio García, magistrado del TSJ del País Vasco, asegura que, desde que se convocó el primer parón allá por marzo, no ha cambiado nada. “Se ha avanzado en las cuestiones menos trascendentes pero se han zanjado nuestras principales demandas: insuficiencia de la planta judicial, de la plantilla y de las cargas de trabajo”, asegura. Suficiente para ponerse en pie de guerra.


Desde el Ministerio de Justicia aseguran que se está trabajando en sus reivindicaciones. ¿Por qué ese desafío de huelga?

Amén de lo que se diga, los hechos no están en correspondencia con las palabras. El ministerio puede decir lo que quiera, lleva toda la vida haciéndolo, pero otra cosa es lo que constatamos que hace. La realidad es que después de seis meses de negociación sobre la carga de trabajo, en el CGPJ no hay nada concreto. Hay buenas palabras, declaraciones de intenciones… pero no un calendario ni un plan de trabajo claro, ni siquiera un bosquejo de por dónde se quiere ir. El ministro nos dijo que se iba a crear una comisión de expertos para reflexionar sobre las necesidades y la adaptación de la planta a la realidad actual. Pero no nos podemos tirar otros cuatro años reflexionando en una comisión sobre lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es actuar.

Al menos, se les ha prometido que va a haber hasta 600 jueces más en esta legislatura.

Es necesario un plan que nos diga cómo vamos a organizarnos, cuál va a ser la arquitectura judicial con arreglo a determinadas cargas o en función del territorio, por ejemplo, porque no es lo mismo un juzgado de instrucción en Gijón que en Barcelona. Pero esto no se resuelve solo reclutando jueces. En España el problema no son los jueces. Valoramos que se vaya a hacer, pero no podemos concluir que esta cuestión ya está resuelta con esto, porque probablemente dentro de tres años la ligitiosidad habrá crecido tanto que no será suficiente con esos 600 más. Igual llegamos a la conclusión de que ya a día de hoy necesitamos el doble de jueces. Según los últimos datos del CGPJ en España no hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos muy por detrás de otros países europeos. Si no arreglamos esto, no vamos a contar con una organización preparada para rendir de forma eficiente.

¿Los 600 millones de euros que hay sobre la mesa para la modernización de la Justicia no son suficientes para empezar?

Esa tarea está en las agendas del ministerio y el CGPJ desde hace más de una década. Habrá que ver en los Presupuestos Generales cuál es el porcentaje en que crece la partida correspondiente a Justicia. Pretender tener un palacio por el precio de un estudio no es viable. En Justicia ocurre lo mismo. Hay que ver cuánto suponen esos 600 millones sobre la partida total y de dónde salen y a qué se destinan. Esto es lo que no se dice cuando se hace propaganda política… porque si esos 600 millones salen del propio presupuesto de Justicia, es decir, que se extraen de una partida para meterlos en otra, realmente no hacemos nada.

Al menos serviría para actualizar la red de comunicación entre los juzgados.

La modernización puede ser ambigua. Nosotros lo entendemos como inversión en equipamiento informático y en una red de comunicaciones y tecnología, pero no por compra de material de oficina, mobiliario, rehabilitación de edificios... Si sólo llega a eso y no a lo que pedimos, será un proceso perdido. Por ejemplo, el registro por el que se ponía en común la información de todos los juzgados se intentó poner en marcha, pero aún no sirve para solucionar cuestiones importantes. Yo que trabajo en el País Vasco, punta de lanza de la modernidad en toda España, resulta que no puedo aún comunicarme en una red integrada con la oficina que tengo al lado. Si llama a un juez y pregunta cómo está hoy en comparación con hace doce meses, le dirá que no ha visto cambios. No hemos mejorado en nada. Yo, como la mayoría de los jueces, trabajo con un ordenador portátil que me ha costado más de mil euros y que he pagado de mi bolsillo, como la toga, el pendrive o los CD para grabar.

La retribución salarial parece que ha quedado aparcada...

Hemos aprendido lo suficiente para saber qué es lo que la opinión pública digiere y qué no en función del menú y el momento. Ahora sería muy insolidario que los jueces pidiéramos más dinero para el bolsillo, pero eso no impide que empecemos a estudiar la adaptación de la ley de retribución, para que cuando la situación mejore se nos permita acceder a él.

La supuesta intromisión del Gobierno en la Fiscalía por el ‘caso Gürtel’, la falta de sentencia sobre el ‘Estatut’, la ambición mediática de algunos jueces, los errores judiciales del último año... ¿No son razones suficientes para que la población dude de su profesionalidad?

Yo lo que creo es que los jueces quedamos cada vez mejor ante la opinión pública. Quienes quedan peor son algunos políticos, no los que formamos parte de la jurisdicción ordinaria de los tribunales, distintos a los de la jurisdicción constitucional. El tema del TC y el Estatuto de Cataluña, por ejemplo, se ha convertido en un tema insoportable. El TC tiene la obligación de realizar su trabajo en un plazo razonable. Con el tiempo que llevamos esperando esa sentencia, yo creo que ya no hay nadie mínimamente honesto que no reconozca que hay una dilación indebida, clarísima, por parte del TC en el ejercicio de su función. Muchos ciudadanos de este país pueden tener la sospecha de que ahí hay un trasfondo de interés político que pasa por encima de la dimensión jurídica. El TC debe pronunciarse de una vez por todas porque cuanto más tarde en hacerlo más contribuye a que ese velo de duda crezca y contamine el crédito del sistema institucional en su conjunto. Y en el caso Gürtel los jueces quedamos fenomenal. Éste es un ejemplo de un ejercicio de independencia clara. El instructor adoptó la decisión que creía más ajustada; después fue recurrida y la resolución fue revocada porque un tribunal, que expuso sus razones pormenorizadamente, entendió que las cosas se debían de interpretar de otra forma. Tan legítima fue la decisión del instructor como la del Tribunal de apelación. Los jueces han actuado en este caso como han debido, de forma independiente.

Fuente: gaceta.es