El Superior Tribunal de Justicia terminó su ronda de diálogo con el personal del Poder Judicial, funcionarios y trabajadores, con la conclusión de que otorgar un aumento salarial en este momento “sería poner en riesgo” la delicada situación financiera de esta área del Estado.En realidad, los tres poderes de la provincia tienen inconvenientes para subir sus gastos por la sencilla razón de que se transita el fin del mes ocho sin que el Ejecutivo y el Legislativo se hayan puesto de acuerdo en sancionar la ley de Presupuesto para el presente año. Y la situación podría tener mayor complicación el año que viene si se tiene en cuenta que en septiembre próximo vence el plazo para la sanción del gasto público 2010.
Pero más allá de lo que ocurra el próximo período, para las autoridades de los tres poderes lo más preocupante es terminar 2009 con los sueldos al día y la prestación de los servicios básicos.
La ronda de diálogo del Superior Tribunal, a cargo del presidente Eduardo Farizano, terminó con la reunión que este mantuvo con la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj).
Farizano le explicó lo mismo que a la cúpula del Colegio de Magistrados, con el que se reunió el lunes: no hay condiciones para ningún aumento salarial. Tanto jueces como trabajadores reclamaron una suba del 30 por ciento.
En detalle, a los trabajadores, Farizano les dijo que “el incremento implicaría que las arcas del Poder Judicial llegaran al mes de diciembre con un déficit de 31 millones de pesos, casi 12 millones más del déficit actualmente proyectado sin recomposición salarial alguna”.
“El riesgo de otorgar un incremento es muy grande”, afirmó Farizano.
Actualmente, todas las reparticiones del Estado provincial gastan sus recursos en base al presupuesto ejecutado en 2008. Es decir, la justicia tiene 183 millones de pesos para gastar este año de acuerdo con la ley, pero ya proyecta elevar esta cifra a 203 millones a fin de año porque debe garantizar el funcionamiento de los juzgados.
La situación es más complicada aún para dar un aumento salarial si se tiene en cuenta que, sin nuevos incrementos, el 86 por ciento de ese presupuesto está destinado al personal y sólo el 14 por ciento restante se destina a gastos de funcionamientos. Hace varios meses que está frenada la gran mayoría de las inversiones para la apertura de nuevas dependencias judiciales.
El salario mínimo de bolsillo de los judiciales apenas supera los 1.600 pesos, pero significan 400 pesos más de los que actualmente paga el Poder Ejecutivo, es decir, 1.100. Este es el salario más bajo de un joven policía, de un enfermero o de un obrero de vialidad provincial, por ejemplo.
La única posibilidad de que la justicia recomponga los salarios es que sea sancionado el Presupuesto 2009. El área de Administración del STJ determinó, en diciembre pasado, que necesita 277 millones de pesos para gastar en todo 2009. Debió bajar a 258 millones sus pretensiones por un pedido del ministerio de Hacienda. Pero ni siquiera cuenta con esa cifra.
Mientras tanto, el Ejecutivo cuenta con dos problemas políticos que sientan la base argumental para la negación de todo pedido de aumento salarial en la provincia: no hay acuerdo político con la oposición provincial para sancionar una ley de Presupuesto 2009 y tampoco con el gobierno nacional para refinanciar la deuda que vence este año.
Fuente: La Republica
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