Castilla-La Mancha necesita once nuevos edificios judiciales y la reforma integral de, al menos, otroz diez, para superar las "deficiencias actuales derivadas del crecimiento de población y el aumento de litigiosidad". Así lo reflejan las conclusiones del grupo de trabajo creado en junio y julio que ha analizado la situación y necesidades de las infraestructuras de la Administración de Justicia en la región, aunque no cuantifica su coste.El llamado Plan Estratégico de Justicia considera necesarios cuatro nuevos edificios judiciales en la provincia de Toledo, tres en Albacete, dos en Ciudad Real, uno en Cuenca y otro en Guadalajara, informa la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia en un comunicado.
Además, se establece la necesidad de reformas integrales en, al menos, 10 de los inmuebles judiciales ya existentes en la región con el objeto de mejorar la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al nuevo modelo de Oficina Judicial.
De acuerdo con ese plan, cuatro de las nuevas infraestructuras judiciales deben construirse en la provincia de Toledo: el Instituto de Medicina Legal de Toledo y los edificios judiciales de Talavera de la Reina, Torrijos e Illescas.
En Albacete deben construirse tres nuevos inmuebles: la Ciudad de la Justicia, el Instituto de Medicina Legal de Albacete y el edificio judicial de Casas Ibáñez.
En la provincia de Ciudad Real se considera necesario construir dos nuevos edificios judiciales en Tomelloso y Almagro.
En Guadalajara debe iniciarse también la construcción de los nuevos juzgados, mientras que en Cuenca tienen que concluir las obras, ya en ejecución, del nuevo inmueble judicial.
En cuanto a edificios ya existentes, el Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha establece que son al menos 10 los que deben someterse a una reforma integral: las Audiencias Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y los juzgados de San Clemente y Motilla del Palancar (Cuenca), Manzanares y Puertollano (Ciudad Real), Orgaz y Ocaña (Toledo), y Villarrobledo (Albacete).
El objetivo general de este cuarto eje del Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha fue diagnosticar la situación actual de los inmuebles judiciales de la región y decidir qué reformas son necesarias para adaptarlos a la normativa vigente, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y accesibilidad, así como para su adecuación al nuevo modelo de Oficina Judicial, que entrará en vigor en el año 2010.
En el grupo de trabajo, cuya labor ha sido coordinada por el director general de Justicia, Miguel Marcos Ayjón, han participado el magistrado del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Albacete, César Monsalve; el teniente fiscal de Castilla-La Mancha, Antonio Pablo Rives Seva; y la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo, María José Díaz Feiras.
Fuente: ABC.es
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