Antonio Dorado: "El aumento de la carga de trabajo de los juzgados es exagerado"

Secretario judicial de profesión, Antonio Dorado forma parte del grupo conservador del CGPJ y es uno de los artífices del informe «Justicia dato a dato». Convencido de que la reforma estructural de la Justicia pasa por la implantación de la oficina judicial, advierte que 2010 será un año duro en los juzgados como consecuencia de la crisis. En mayo fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.


-El CGPJ presentó el informe la Justicia Dato a Dato, que evidencia la saturación que la crisis ha causado en las jurisdicciones mercantil y social. ¿Qué medidas se van a adoptar?

-Se han adoptado medidas de refuerzo en esas dos jurisdicciones y ahora vamos a estudiarlo para la civil. También estamos haciendo un segundo estudio para identificar los puntos negros y ver cuáles son las prioridades para 2010. Lo estamos llevando a cabo en coordinación con presidentes de tribunales superiores, audiencias provinciales, decanos y el Ministerio. La litigiosidad crece de forma incesante y por eso debemos buscar fórmulas alternativas para solucionar los conflictos.

-Han anunciado un plan de choque. ¿Son medidas inmediatas, para salvar la situación en esta concreta coyuntura, o tiene vocación de permanencia?

-El plan de choque responde a una situación coyuntural por la crisis. Entendemos que esa situación volverá a la normalidad. Son medidas transitorias que se mantendrán el tiempo que sea preciso.

-¿Cuenta el CGPJ con el respaldo económico del Gobierno?

-Tanto Justicia como las Comunidades con competencias transferidas poseen la capacidad económica. Es lógico que estas medidas sean financiadas por ellos. En este sentido, CGPJ, Ministerio y consejerías trabajamos para que su implementación sea lo más eficaz posible.

-¿Y cómo se va a afrontar el aumento de la pendencia, que alcanza ya los 3,3 millones de asuntos en trámite?

-Habrá que potenciar esas medidas de refuerzo. La pendencia muestra una situación coyuntural. Entra un volumen de trabajo que algunos órganos judiciales no son capaces de absorber. Donde esa bolsa de asuntos por resolver sea histórica y se mantenga en el tiempo se pedirá la creación de órganos judiciales.

-¿De los datos que muestra el estudio, qué es lo que le parece más preocupante?

-Esa elevación del nivel de asuntos en trámite. En el último año y medio han aumentado muy considerablemente por encima de las previsiones. Se ha elevado la litigiosidad tanto en la jurisdicción civil, mercantil, laboral y contencioso-administrativa. Y lo peor es la previsión para 2010 con el efecto de la crisis.

-Con esas previsiones y teniendo en cuenta que el Plan de Modernización tiene un desarrollo paulatino, ¿cree que sus las medidas serán suficientes?

-El Plan tiene una vocación de ejecución dentro de la legislatura del Consejo, hasta 2013. En este sentido, habrá que tomar medidas complementarias para ir solucionando las cuestiones a las que el Plan de Modernización dará respuesta, con el despliegue total de la nueva oficina judicial, la introducción de reformas organizativas y la apuesta por las nuevas tecnologías y el expediente digital.

-¿Es necesario reformar la Ley Penal del Menor tras los últimos casos de violación?

-Desde hace tiempo se oyen voces que dicen que la frontera de los 14 años es muy alta para establecer la imputabilidad de los menores y que sería aconsejable bajarla hasta los 13 o los 12. Se hace un flaco favor a la sociedad si reducimos los temas de menores a bajar la edad penal. No sólo hay que contemplar la función punitiva de la norma, también otras medidas educativas o sociales. Para ello hace falta dotación económica. A veces caemos en la tentación de lo fácil: bajar la edad penal antes de plantearnos si estamos haciendo algo mal cuando todos somos responsables.

Fuente: ABC.es