Paterna inicia las obras del Palacio de Justicia

Dos meses después de que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pusiera la primera piedra del Palau de Justicia de Paterna, Paula Sánchez de León, consellera de Justicia y Administraciones Públicas, anunció que la Generalitat dispone ya del permiso de obras para la construcción de la nueva sede judicial de la localidad.


El vallado del solar, situado en la calle Les Roses en el cruce con la avenida Vicente Mortes, empezó ayer. Se espera que la construcción se ejecute en 18 meses, por lo que el nuevo edificio estará listo a mediados de 2010.

Según informaron desde el Consell, esta sede, cuyo coste asciende a casi diez millones de euros, se enmarca dentro del Plan de Innovación Justi-Seu, que supone una inversión por parte de la Generalitat superior a los 225 millones de euros. El inmueble contará con más de 9.200 metros cuadrados de superficie construida y tendrá cuatro plantas más sótano, donde se ha incluido "materiales autóctonos y las innovaciones tecnológicas junto a una arquitectura flexible y de carácter sostenible donde prima el ahorro energético", explicó la consellera.

La consellera manifestó que en todas las actuaciones contempladas en Justi-Seu "se ha dado una especial importancia a la ventilación y la luz natural, ordenando el ambiente para dar respuesta a las necesidades".

Este Palacio de Justicia dará servicio a los 112.712 habitantes del partido judicial, que aglutina a las localidades de Burjassot, Godella, Paterna y San Antonio de Benagéber.

La sede judicial contará con un equipamiento moderno y sostenible gracias a placas solares que permitirán el ahorro de energía. En total, tendrá 10 juzgados. El inmueble, que en los próximos días empezará a tomar forma, es una demanda histórica de la ciudad y distará mucho de las dependencias actuales. Suciedad, material desperdigado por salas y despachos por la carencia de espacio para archivar, falta de accesibilidad, de ventilación y de luz natural, son algunos de los problemas inherentes a la antigua sede judicial, según han denunciado los sindicatos y los propios usuarios.

Fuente: lasprovincias.es