Fueron dos bombazos. Dos chasquidos metálicos cuya onda expansiva alcanzó a conmover a toda la gente que lucha por la Justicia en el mundo. El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, el más célebre de los jueces antimafia, fue asesinado junto a su mujer y tres escoltas al estallar una tonelada de explosivos oculta debajo de la carretera por donde viajaba en su tierra natal: Sicilia. Dos meses más tarde, la Cosa Nostra volvía a dejar claro quién manda en el sur de Italia con el homicidio del también juez antimafia Paolo Borsellino.Han pasado 16 años desde esos hechos, pero la sombra del crimen organizado todavía marca la fisionomía de la Justicia transalpina. “En el sur, sobre todo en el ámbito penal, todo el mundo sabe quién manda”, admite un abogado con años de experiencia en el país.
Los expertos coinciden en la gran distancia en celeridad e independencia que separa el sistema judicial del norte y el sur de Italia. “Cuanto más vamos al sur, mucho peor”, afirma Claudio Doria, socio responsable del Italian Desk de Garrigues.
Pero más allá de las diferencias norte-sur, la Justicia italiana tiene un problema de excepcional gravedad: la lentitud del sistema. Italia ha sido condenada más de 1.000 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a ofrecer a sus ciudadanos un proceso judicial “en tiempo razonable”.
De hecho, el Tribunal tuvo que crear un nuevo procedimiento estandarizado a partir de 1999 sólo para enjuiciar al Estado italiano debido a la avalancha de demandas que llegaban desde la Península por la misma razón.
“La lentitud en Italia es un problema más grave que en España”, afirma Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero. “En materia civil, se puede hablar fácilmente de tres años en primera instancia, cuatro en apelación y otros tres en casación”, asegura. El resto de expertos coinciden de forma aproximada en estos tiempos, que doblan o triplican la duración de los procesos en España.
¿Cuál es la causa de esta lentitud en uno de los países más industrializados del mundo y que se sienta en el G-8 frente a EEUU, Japón y Alemania? La ley procesal, a ojos de los abogados, es demasiado formalista. Francisco Málaga, socio de Cuatrecasas, explica que, por ejemplo, “un defecto en un poder, puede provocar el sobreseimiento de un juicio. Y vuelta a empezar. El mismo error en España tiene un plazo de subsanación de 10 días”.
Casos parecidos eran comunes en la España de la década de los 70, pero, desde entonces, mucho ha cambiado, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que ha resultado un éxito, según la mayor parte de juristas. Sin embargo, Italia, que cuenta con una doctrina judicial más brillante -el Derecho Procesal es obra, sobre todo, de italianos y alemanes- parece aferrada a anacronismos que lastran la eficacia actual de la Justicia.
A esto se suma la saturación, que podría ser equiparable a la española antes de la creación de los juzgados de lo Mercantil, en opinión de Málaga. Tienen tribunales especializados, como algunos de Propiedad Industrial en Roma o Milán que funcionan muy bien. Pero fuera de las grandes ciudades es diferente, según el letrado de Cuatrecasas. Además, ni rastro de nuevas tecnologías: “Menos aún que en España”, admiten todos los expertos consultados.
A pesar de todos estos defectos, la jurisprudencia goza de una sólida reputación en el resto de Europa. Los juristas reconocen que las sentencias, en especial las de la Corte de Casación, son de muy alta calidad. Ahí, y parece que sólo ahí, Italia aventaja a España en Justicia.
Fuente: expansion.com
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