¿Cuánto costaría a la Junta de Extremadura las transferencias de Justicia? Es difícil saberlo con exactitud, pero hay un estudio que ofrece una buena información sobre este asunto. En el año 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura envió al Consejo General del Poder Judicial un estudio sobre las transferencias en materia de Justicia.
Según datos facilitados por la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, en el año 2004 en Extremadura había 1.891 personas trabajando en los órganos de administración de Justicia. De esos trabajadores el personal que sería transferido a la Junta sería 1.570, ya que 321 son trabajadores a los que les seguirá pagando el Estado: magistrados, jueces, fiscales...
Pagar a esos 1.570 funcionarios supuso en el año 2004 un gasto de 18.876.000 euros. A esa cifra había que añadirle 1.810.137 euros en concepto de gastos de funcionamiento (344.236 euros de material de oficina), 1.253.000 euros en vigilancia, y 432.547 euros en limpieza. Pero aquí no figura el gasto en rehabilitar y hacer nuevos palacios de Justicia.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara habló, otra vez, de las transferencias de Justicia; pero en esta ocasión lo hizo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, en la inauguración de un curso organizado por La Asociación Profesional de la Magistratura, al que acuden 6 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial; está vez habló mostrando más empeño en la necesidad de que Extremadura administre la Justicia que se imparte en su territorio.
«Aunque tengamos un momento económico difícil -dijo ante los representantes de la asociación mayoritaria de la judicatura, con 1.200 afiliados-, he dicho al Gobierno que se transfiera la Justicia, porque es cuando se van a visualizar, de forma nítida, las responsabilidades que cada uno tenemos, y mejorar la administración de Justicia, que es algo muy importante porque afecta mucho a la vida de la gente». El presidente de la Junta recalcó que si se ha decidido iniciar el proceso de transferencias hay que terminarlas, «y luego ya se verá cómo cooperamos».
Entre las últimas
Hace años se dijo que Extremadura podía estar entre las primeras comunidades autónomas de España con las transferencias de Justicia; pero la realidad es que Extremadura está actualmente entre las seis últimas autonomías cuya administración de la Justicia depende del Estado. Le acompaña Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y La Rioja.
Fue ahora hace casi siete años, el 22 de noviembre del año 2001, cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció que la Junta solicitaba al Estado las transferencias. Cuando esto ocurría ya hacía seis años que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Ángel Juanes Peces, insistía en la memoria anual que se entregaba al Consejo General del Poder Judicial, que era necesario el traspaso de poderes, para que la administración de Justicia se gobernara desde Mérida y no desde Madrid.
Cuando Ibarra anunció la buena disposición de la Junta, el Estado había transferido las competencias en Justicia a seis comunidades.
Desde entonces, los medios de comunicación extremeños no han dejado de informar de las cada vez más cercanas competencias; pero no han llegado, pese a las promesas de muchos políticos llegados desde Madrid.
El 20 de enero del año 2005, el ministro de Justicia, López Aguilar, recalcó que el gobierno socialista iba a dar un impulso y que se lograría en esa legislatura. En julio del año 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se entrevisto en Mérida con Rodríguez Ibarra y sentenció que el traspaso de competencias podía realizarse antes de mayo de 2007, «aunque lo mas probable es que no lo haga antes de marzo de 2008». En mayo de 2007 el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo que el turno a Extremadura le llegaría pronto.
Por otra parte, Guillermo Fernández Vara dijo en enero de este año, unos días antes de comenzar la huelga de los funcionarios de Justicia, que no se podía hablar de transferencias hasta que ese conflicto no quedara resuelto. El conflicto fue largo, pero se resolvió, y Extremadura sigue igual que hace más de 13 años: esperando.
Uno de los que más ganas tiene de que lleguen las competencias es el actual presidente del TSJ, Julio Márquez de Prado, que hace unos meses dijo: «Espero que los extremeños no seamos los últimos en las transferencias». Ya se verá.
Fuente: hoy.es
Según datos facilitados por la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, en el año 2004 en Extremadura había 1.891 personas trabajando en los órganos de administración de Justicia. De esos trabajadores el personal que sería transferido a la Junta sería 1.570, ya que 321 son trabajadores a los que les seguirá pagando el Estado: magistrados, jueces, fiscales...
Pagar a esos 1.570 funcionarios supuso en el año 2004 un gasto de 18.876.000 euros. A esa cifra había que añadirle 1.810.137 euros en concepto de gastos de funcionamiento (344.236 euros de material de oficina), 1.253.000 euros en vigilancia, y 432.547 euros en limpieza. Pero aquí no figura el gasto en rehabilitar y hacer nuevos palacios de Justicia.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara habló, otra vez, de las transferencias de Justicia; pero en esta ocasión lo hizo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, en la inauguración de un curso organizado por La Asociación Profesional de la Magistratura, al que acuden 6 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial; está vez habló mostrando más empeño en la necesidad de que Extremadura administre la Justicia que se imparte en su territorio.
«Aunque tengamos un momento económico difícil -dijo ante los representantes de la asociación mayoritaria de la judicatura, con 1.200 afiliados-, he dicho al Gobierno que se transfiera la Justicia, porque es cuando se van a visualizar, de forma nítida, las responsabilidades que cada uno tenemos, y mejorar la administración de Justicia, que es algo muy importante porque afecta mucho a la vida de la gente». El presidente de la Junta recalcó que si se ha decidido iniciar el proceso de transferencias hay que terminarlas, «y luego ya se verá cómo cooperamos».
Entre las últimas
Hace años se dijo que Extremadura podía estar entre las primeras comunidades autónomas de España con las transferencias de Justicia; pero la realidad es que Extremadura está actualmente entre las seis últimas autonomías cuya administración de la Justicia depende del Estado. Le acompaña Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y La Rioja.
Fue ahora hace casi siete años, el 22 de noviembre del año 2001, cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció que la Junta solicitaba al Estado las transferencias. Cuando esto ocurría ya hacía seis años que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Ángel Juanes Peces, insistía en la memoria anual que se entregaba al Consejo General del Poder Judicial, que era necesario el traspaso de poderes, para que la administración de Justicia se gobernara desde Mérida y no desde Madrid.
Cuando Ibarra anunció la buena disposición de la Junta, el Estado había transferido las competencias en Justicia a seis comunidades.
Desde entonces, los medios de comunicación extremeños no han dejado de informar de las cada vez más cercanas competencias; pero no han llegado, pese a las promesas de muchos políticos llegados desde Madrid.
El 20 de enero del año 2005, el ministro de Justicia, López Aguilar, recalcó que el gobierno socialista iba a dar un impulso y que se lograría en esa legislatura. En julio del año 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se entrevisto en Mérida con Rodríguez Ibarra y sentenció que el traspaso de competencias podía realizarse antes de mayo de 2007, «aunque lo mas probable es que no lo haga antes de marzo de 2008». En mayo de 2007 el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo que el turno a Extremadura le llegaría pronto.
Por otra parte, Guillermo Fernández Vara dijo en enero de este año, unos días antes de comenzar la huelga de los funcionarios de Justicia, que no se podía hablar de transferencias hasta que ese conflicto no quedara resuelto. El conflicto fue largo, pero se resolvió, y Extremadura sigue igual que hace más de 13 años: esperando.
Uno de los que más ganas tiene de que lleguen las competencias es el actual presidente del TSJ, Julio Márquez de Prado, que hace unos meses dijo: «Espero que los extremeños no seamos los últimos en las transferencias». Ya se verá.
Fuente: hoy.es
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