El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, firmaron ayer dia 29 un convenio de colaboración para la financiación de ciertas inversiones de mejora de la Administación de justicia, por valor de ocho millones de euros. El convenio supone una aportación del Gobierno de España a la comunidad autónoma de ocho millones de euros destinados a financiar varias actuaciones en infraestructuras en el periodo 2009-2010.
En concreto, se trata del nuevo Instituto de Medicina Legal de Asturias (cuatro millones de euros), infraestructuras en tecnologías de la información (tres millones de euros) y la nueva sede judicial de Villaviciosa (un millón de euros).
De esta forma, esta cifra, sumada a las aportaciones por los medios materiales transferidos en 2006 y los de personal, que se harán efectivos el 1 de enero de 2009, eleva la transferencia de Justicia a los 57.235.293 de euros.
Fernández Bermejo subrayo "el talante" con el que se ha llevado a cabo la negociación, que ha permitido culminar un proceso iniciado hace seis años y que ha convertido al Principado de Asturias en la undécima comunidad autónoma en adquirir las competencias en materia de Justicia.
No obstante, insistió en que "el Gobierno de España no se va del Principado" y anunció la creación de una Comisión de Seguimiento del convenio para garantizar que "cumple todos sus pasos" hasta la llegada del periodo 2009-2010.
Por su parte, Álvarez Areces expresó su agradecimiento por el refuerzo de esta inversión. Destacó además "el cierre amistoso" del proceso, muestra del "espíritu de entendimiento" entre ambas administraciones.
El acuerdo complementario rubricado fue aprobado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado- Comunidad Autónoma celebrada el pasado 20 de noviembre, en la que se cerró el traspaso al Principado de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
Según el acuerdo firmado, las inversiones y actuaciones financiadas a través de este convenio serán dirigidas, gestionadas y ejecutadas por el gobierno autónomo, con excepción del proyecto de ejecución del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, que ya fue elaborado por el Ministerio de Justicia.
Fuente: EcoDiario.es
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