Es la segunda vez que niegan auxilio a una compañera. Seis jueces de Torrejón de Ardoz (Madrid) han vuelto a negarse a ayudar a Gemma Poveda, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa localidad, a pesar de que el órgano que dirige tiene en sus archivos 609 casos de maltrato vivos.La negativa se produce siete meses después de que, ese juzgado, completamente atascado, no llegara a conceder la protección solicitada por la argentina Sylvina Bassani, asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex marido, un sargento del Ejército, en abril. Nueve meses antes de esa muerte, la anterior titular del juzgado ya pidió a sus compañeros que la relevaran de algunos asuntos ante la enorme sobrecarga de trabajo. La respuesta fue igualmente negativa.
En la junta de jueces de Torrejón (órgano que reúne a los siete magistrados del partido judicial) celebrada el pasado 16 de octubre, Gemma Poveda planteó a sus compañeros la necesidad de que la eximieran de determinados asuntos para poder centrarse en los de maltrato familiar que su juzgado, el número 5 de la localidad, tiene asignados en exclusividad. Ese órgano es uno de los 375 juzgados de violencia sobre la mujer denominados "compatibles", es decir, que suman los casos de violencia sobre la mujer a los asuntos generales civiles y penales de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Con el fin de aliviar su sobrecarga de trabajo, que según la juez, tuvo mucho que ver con que no se adoptaran las medidas suficientes para evitar el asesinato machista de la argentina, Poveda solicitó de sus compañeros que la eximieran de todos los asuntos penales que no fueran de maltrato y de gran parte de los casos civiles. También solicitó que se la liberara de algunos casos con detenidos por supuesto maltrato un día a la semana y que, cuando, por cualquier razón, estuviera de baja y no se hubiera nombrado un juez sustituto, fuera el magistrado que estuviera de guardia el que ejerciera sus funciones.
La anterior titular del juzgado, Gemma Susana Fernández Díaz, pidió también ayuda a la junta de jueces a finales de 2007. Pintó un panorama desolador. Los funcionarios habían pedido el traslado ante la asunción por el órgano de las competencias de violencia y el exceso de trabajo que se avecinaba. Sólo en 2006, el juzgado registró unos 2.800 casos penales, de los que 200 tenían que ver con el maltrato sobre la mujer. "Sufrimos la tensión diaria de estar en funcionamiento de guardia hasta las 13.30 debido a la necesidad de atender casi a diario detenidos y solicitudes de órdenes de protección", afirmó la magistrada.
Pero, al igual que entonces, sus compañeros han vuelto a rechazar mayoritariamente las peticiones. Y lo hicieron, básicamente, argumentando que el trabajo del que ella fuera liberada iría a parar a sus respectivos órganos. La titular del juzgado número 1, por ejemplo, aseguró que la tramitación de los casos de violencia y de las órdenes de protección que conllevan "es mucho menos compleja que la de otras diligencias penales" y sugirió a su colega que "pidiera funcionarios de refuerzo" si su juzgado no podía con el volumen de casos. Lo mismo propuso la titular del juzgado 3.
Otra de las jueces, la número 2, alegó que ya se había eximido a Poveda de algunos de los casos civiles y que esa exención "ya era muy amplia". Aseguró, además, que el juzgado de Violencia sobre la Mujer tenía "el privilegio" de que el fiscal acudiera preferentemente a ese órgano.
La magistrada del número 7, por su parte, se opuso a que se liberara a su compañera de gran parte de los casos civiles porque "supondría un perjuicio para el resto de juzgados por la elevada carga de trabajo que padecen". "La tramitación de juicios ordinarios es cada vez más complicada", afirmó la juez del número 6. "El volumen es elevadísimo y se producirá un incremento por la crisis económica", añadió el compañero del número 3.
Sobre la posibilidad de que se la liberara de los detenidos por casos de maltrato sólo una vez a la semana -los presos, que se atienden casi a diario, es una de los factores que hacen que los juzgados de Violencia estén permanentemente en una situación similar a la guardia-, el resto de los jueces se negaron en redondo. La propuesta "es contraria a la legalidad, contraria al régimen actual de sustituciones y susceptible de crear un grave perjuicio al ciudadano", afirmó la titular del juzgado 7.
Al final, la juez logró únicamente que se la liberara de los asuntos penales. De todos excepto los relativos a accidentes de tráfico, una exención que, según vaticinó durante la reunión, "no surtirá efecto alguno en cuanto a la minoración de la carga de trabajo" que padece. "La violencia de género no es tan sencilla como se pretende", añadió. Y anunció que, entre sus 609 casos vivos de maltrato, seis investigaban delitos castigados con penas de más de nueve años de prisión. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que de los siete juzgados de Torrejón, el de Poveda es el más atascado, superando ampliamente el número de casos que le corresponderían al año, según los baremos del órgano de gobierno de los jueces.
El Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo ya advirtió tras la muerte de Sylvina al Tribunal Superior de Justicia de Madrid del colapso en que se encontraba el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón para que, desde su Sala de Gobierno, se modificaran las normas de reparto con el fin de liberar a su titular del atasco de casos.
Fuente: elpais.com
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