Andalucía: La Junta recurre a una consultora externa para reestructurar los juzgados

Analizar el trabajo de cada funcionario de Justicia, su labor diaria y cuantificar la carga de trabajo que soporta. En teoría, esa será el objetivo del nuevo Plan de Organización de Recursos Humanos de los servicios judiciales en Andalucía, que fue presentado por la consejera del ramo, Evangelina Naranjo, a la Sala de Gobierno del TSJA, y a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, que también estaban en la Real Chancillería en una visita oficial. Estudio que, por cierto, realizará una empresa privada.


El plan pretende tener como base un estudio exhaustivo de la situación de los juzgados andaluces para "huir de la dinámica de improvisación que supone atender las necesidades de cobertura de puestos de trabajo a partir de las peticiones puntuales de los diferentes operadores jurídicos". Para conocer la realidad de la Administración de Justicia, la Sala de Gobierno del TSJA sugirió que se estudiase la provincia de Málaga y que sus resultados se extrapolen al resto de Andalucía. Según explicó el presidente del alto tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, "Málaga es exponente claro de toda la problemática en orden de recursos humanos".

La provincia malagueña "cuenta con sala del Tribunal, ocho secciones de Audiencia, jurisdicción civil y penal en la Audiencia, la nueva Ciudad de la Justicia, todos los órdenes jurisdiccionales en la provincia" y, además, se da la circunstancia de que "es una ciudad y una provincia donde las situaciones coyunturales se dan con mayor intensidad" en operaciones contra el narcotráfico, el tráfico de influencias o tramas de corrupción urbanística.

Según explicó la consejera de Justicia el plan se realizará "en tres fases" y tendrá una duración de diez meses y está previsto que esté terminado en el primer semestre de 2010. El análisis, que será realizado por "empresas expertas en la materia" y no por la Junta de Andalucía para que estén presentes "todos los operadores y colectivos de la Justicia", comenzará con el diseño, la elaboración y la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de Andalucía, lo que llevará unos dos meses. En segundo lugar, y con tres meses de duración estimada, consistirá en el inventario e identificación del personal adscrito a los órganos judiciales de la comunidad autónoma. Finalmente, la tercera fase se prolongará seis meses durante los cuales se elaborará y definirá los elementos que configuran la relación de los puestos de trabajo de los servicios judiciales" en la provincia de Málaga.

Según Naranjo, que ese documento signifique refuerzos en la plantilla de funcionarios judiciales o simplemente una adaptación será algo que "defina el estudio". A partir del análisis del trabajo diario de la Administración de Justicia, "la Junta de Andalucía tendrá que poner en marcha el resultado de dicho plan". Un plan objetivo, que no va a hacer la Junta de Andalucía, sino "empresas expertas en la materia para que no esté volcado en los intereses de ninguna organización ni colectivo y que estemos representados todos".

Por ello, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas afirmó que otro de los motivos para la visita a la Real Chancillería fue "pedir colaboración y cooperación". "Es un plan en el que queremos que estén todos los operadores jurídicos, no sólo el TSJA sino que también colabore la Fiscalía Superior, organizaciones sindicales junto a las secretarías judiciales y la Consejería", argumentó Naranjo.

Según defendió la consejera, el plan no obedece a la demanda social de modernización y agilización del proceso judicial, sino a "las nuevas necesidades que la Administración de Justicia tiene en el siglo XXI". Una vez el plan esté redactado, se enviará para su evaluación al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. La consejera también señaló que las centrales sindicales mayoritarias han sido convocadas en la mesa sectorial para ser informadas de este trabajo y hacerles partícipes del mismo en el que, entre otras cuestiones, deberán nombrar un representante en la mesa técnica que se cree para tal fin. Además de los sindicatos, en esa mesa estarán representados el Poder Judicial, los secretarios judiciales, la Fiscalía y la Junta de Andalucía, además de la empresa de recursos humanos que se adjudique la realización del trabajo.

Esa mesa técnica tendrá como función el seguimiento del proyecto y trabajará "exclusivamente bajo la perspectiva de la puesta en común del análisis de las necesidades sin tener en consideración otras reivindicaciones que, aún siendo legítimas, puedan contaminar el éxito final del proceso que redundará en un mejor servicio público".

Fuente: granadahoy.com