El Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir una "amplia reflexión" y un estudio sobre las posibles incapacidades o jubilaciones forzosas sobre aquellos jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada la capacidad para desempeñar sus funciones.Así lo ha indicado Gabriela Bravo, la portavoz del CGPJ, a raiz de la decisión de sancionar a la magistrada de un juzgado de Gijón, Rosario Fernández Hevia, tras los retrasos reiterados en la resolución de procesos.
El caso de la jueza de Gijón
El pleno ha acordado por unanimidad dicha sanción por una falta muy grave de retraso reiterado, así como imponer a la juez una multa de 400 euros por una falta grave de desatención a los requerimientos de informe efectuados por el órgano de gobierno de los jueces.
Bravo ha explicado que para la determinación de la sanción a Fernández Hevia han tenido en cuenta "las especiales circunstancias médicas que afectan a esta persona".
El 20 de junio de 2007, el Consejo acordó abrir expediente disciplinario a esta magistrada, que acumula 148 casos pendientes de sentencia y que en 2001 fue separada del cargo de juez decana de Gijón por sus críticas a la pasividad del Ministerio Fiscal en los casos de malos tratos a mujeres.
Reflexión sobre las soluciones
Casos como estos han llevado al CGPJ a abrir una reflexión en materia de posibles incapacidades o jubilaciones forzosas, según ha indicado la portavoz del CGPJ.
"Somos conscientes de que hay determinados supuestos que nos podemos encontrar, de personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales", ha añadido Gabriela Bravo.
La portavoz ha indicado que el pleno ha acordado abrir un estudio de "aquellas situaciones en las que podrían verse afectados los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional".
Otra suspensión en Murcia
Por otra parte, el pleno del CGPJ ha acordado por unanimidad confirmar la suspensión provisional del juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita.
La suspensión de empleo y sueldo fue acordada por el Consejo el pasado mes de febrero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su compañera sentimental.
Ferrín Calamita, quien a partir del próximo 24 de noviembre será juzgado a raíz de este caso por un presunto delito de prevaricación, reclamó al CGPJ que dejara sin efecto tal medida porque, según alegó, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.
Calamita explica también que los 1.200 euros mensuales que cobrará mientras siga suspendido apenas le dan para los gastos de alimentación de su familia, que los bancos no le conceden créditos en estas circunstancias y que, al seguir siendo juez, está sujeto a un régimen de incompatibilidades que le impide ganarse la vida de otra forma. Se le está "condenando a trabajar en la economía sumergida", asegura.
Juzgar creencias religiosas
"Tengo la conciencia muy tranquila y sé que no he cometido ningún delito. Ahora bien, desde otros parámetros meta-jurídicos evidentemente ya no puedo estar seguro", agrega Ferrín Calamita, que considera que en este caso se pretenden juzgar sus creencias religiosas "cuando las estadísticas dicen que más del 90 por ciento de los españoles se reconocen católicos".
Ferrín Calamita se siente discriminado frente a resoluciones del CGPJ que afectan a otros magistrados por casos similares. Así, cita a la juez de Málaga Pilar Caracuel Raya -contra quien el TSJ de Andalucía ha admitido a trámite una sentencia de prevaricación relacionada con un negocio de compra-venta de fincas-, cuya suspensión se ha postergado hasta un eventual auto de apertura de juicio oral contra ella.
"Como se ve, es un caso idéntico al mío", alega Ferrín Calamita, que añade que el fundamento de este trato discriminatorio se limita a que Caracuel pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que él no está afiliado a ninguna asociación.
"Me han dicho altos cargos judiciales que me afilie a la APM, que las cosas cambiarían, pero me resisto a creer en tal politización de la justicia", agrega el sancionado.
Fuente: ecodiario.es , diariocritico.com
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