Lleva colgada desde hace tiempo la etiqueta de magistrado conservador. De 'ultra', según sus detractores. A José Luis Requero, uno de los vocales más polémicos del anterior Consejo General del Poder Judicial y reconocido miembro del Opus Dei, no le duelen prendas en señalar que “la izquierda se ha quedado sin paraíso desde que cayó el muro de Berlín”, ni en reprochar al PP que proponga a dos de sus ex compañeros, Francisco José Hernando, ex presidente del Supremo, y Enrique López, como candidatos al Tribunal Constitucional. “No es un lugar en el que satisfacer compromisos personales”, dice.
Como miembro del comité de expertos de Derecho a Vivir, una iniciativa de la plataforma Hazte Oír.org, acaba de elaborar un dictamen jurídico sobre la inconstitucionalidad de una posible ley de plazos sobre el aborto.
Mantiene que la jurisprudencia del Constitucional es tajante en este sentido...
La doctrina del Tribunal es bastante clara. Señaló que era constitucional el actual aborto despenalizado solamente en tres supuestos porque existe una colisión entre los intereses de la madre y la vida del no nacido. La vida del nasciturus se puede sacrificar o puede quedar supeditada a los intereses de la madre solo cuando se produzca claramente una colisión de intereses. Para ello, deben prevalecer circunstancias objetivas graves, extremas incluso, que justifiquen ese sacrificio. En una ley de plazos no habría ninguna colisión de intereses, sino exclusivamente la decisión libérrima de la madre de abortar de forma libre durante unas determinadas semanas de la gestación. Eso, a mi modo de ver según la doctrina del TC, sería dejar desprotegido al feto humano.
¿Qué le parece que el Gobierno no haya incluido a ningún representante de las asociaciones pro-vida en el grupo de expertos creado por Bibiana Aído?
El Gobierno ha dado motivos suficientes para pensar que está totalmente entregado a la sinrazón del feminismo radical. Entregado a todos aquellos que enarbolan un pensamiento progresista y caen claramente en un razonamiento de barbarie en el que la quinta esencia de los derechos de la mujer, lo que da sentido a la mujer como tal, es que pueda matar al hijo que está esperando. Es una verdadera barbaridad y dice muy poco de lo que es gobernar pensando en el interés general y el bienestar de todos los ciudadanos. Aquí, más que satisfacer intereses de las mujeres o el negocio de las clínicas abortistas, hay un objetivo de carácter ideológico. Dejar bien claro que el aborto es un derecho que forma parte del estatus de la ciudadanía. Un derecho que hay que alejar de cualquier debate en torno a la vida y que pasa a ser exclusivamente un asunto de la salud pública.
¿Cree que Rodríguez Zapatero emprende ahora esta reforma para desviar la atención de otros problemas?
No creo que ése sea exclusivamente el objetivo, pero le viene bien. Es un Gobierno radical, con una ideología de izquierda. Lamentablemente, el mundo de la izquierda se ha quedado sin paraíso desde que cayó el muro de Berlín, se ha quedado sin referente ideológico. Y con los cascotes del muro parece que quiere construir una suerte de infravivienda, de chabola ideológica en la que tengan cabida las cosas más peregrinas. Entre ellas, el aborto libre o cualquier otro producto ideológico que le dé sentido a su desconcierto ideológico. Hay una corriente de pensamiento que se ha quedado sin referentes y que busca su razón de ser y su identidad ideológica en este tipo de cuestiones. En este caso particular, buscando algo tan sumamente terrible como que la quinta esencia de la libertad y de la mujer sea matar al hijo que espera.
Parálisis constitucional
Seguimos aún sin un acuerdo sobre cómo renovar el Tribunal Constitucional, un órgano que ha demostrado ser una institución completamente politizada...
Es un órgano con ropajes jurisdiccionales, pero con contenido claramente político. Lo fundamental no es tener la razón jurídica, sino los votos. Por eso es una suerte de tercera cámara. Lo que hay que procurar es que al Constitucional vayan siempre personas de prestigio, con una adecuada formación y rigor jurídico y, sobre todo, personas que puedan intervenir en ese debate. Me sorprende mucho que el Partido Popular tenga intención de llevar a dos candidatos como Enrique López y Francisco José Hernando que no van a poder intervenir en este tipo de asuntos porque ya se han pronunciado con anterioridad sobre multitud de temas. Van a ser, directamente, objeto de recusación. Los partidos, si son verdaderamente responsables del funcionamiento de las instituciones, deben proponer a personas de prestigio que objetivamente puedan cumplir con su función.
Sea como fuere, el empecinamiento de unos y otros vuelve a dejar al Tribunal en una situación de parálisis.
No sé cómo se va a salir de ahí. Si se llegará a una suerte de pacto o, por el contrario, no se renovará hasta que el Constitucional haya resuelto sobre el Estatuto de Cataluña. Pero eso no resuelve el problema porque, vuelvo a insistir, y no quiero perjudicar a nadie que quiera ir al Constitucional, las instituciones no están para pagar favores, sino para llevar a gente de prestigio que pueda desarrollar una auténtica labor positiva. Hernando y López ya han comprometido su opinión en asuntos como el Estatut, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo... Es una situación realmente pasmosa donde el problema es si el Partido Popular concibe las instituciones como un sitio donde hacer una verdadera lucha o, por el contrario, un lugar dónde satisfacer compromisos personales.
¿Y qué espera del recurso sobre el Estatut? ¿Lo tumbará el Constitucional?
Es un tema muy complejo, porque está jurídicamente muy bien montado, a diferencia del Plan Ibarretxe, cuya inconstitucionalidad era grosera. El Estatut es muy sibilino, está hecho con segundas o terceras palabras que ponen muy difícil declararlo inconstitucional de una manera abierta. Se presta a sentencias interpretativas en las que el Tribunal no diga claramente si es constitucional o no, sino que diga que algo podría ser inconstitucional dependiendo de si se interpreta de una manera u otra. A mi modo de ver contiene preceptos abiertamente inconstitucionales, pero está redactado en unos términos que permite cubrir las formas y salvar esa inconstitucionalidad.
Usted formó parte del último Consejo General del Poder Judicial, el que sancionó con una falta grave el juez del Caso Mari Luz, Rafael Tirado. ¿Comparte la sanción que se le ha impuesto?
El Consejo jamás puede acudir a linchamientos. Si el juez Tirado se equivocó, no fue en solitario sino en cooperación con muchos. Me niego tajantemente a que se vea al juez Tirado como un chivo expiatorio para tapar la responsabilidad política de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia, que no dan medios a la administración de Justicia. Me gustaría saber también qué ha pasado en el ámbito de la actuación fiscal o en el de la policía y de la guardia civil. En el caso Mari Luz, el Estado ha fracasado, pero no se puede centralizar todo en una sola persona para que las otras instancias que también han coadyuvado a ese resultado fatal queden, finalmente, exentas de responsabilidad. Yo no digo que Tirado no tenga responsabilidad, pero no tiene la única culpa.
Fuente: elconfidencial.com
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