Antonio García es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)desde noviembre de 2005. Sus palabras representan a más de 1.200 jueces asociados a la APM, la asociación mayoritaria del colectivo judicial. Ingresó en la carrera judicial en el año 1989 y actualmente es magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Libertad Digital ha hablado con el juez del estado de la Administración de Justicia en España y de otras cuestiones.Según su parecer, ¿cuáles son las razones por la que la Justicia española goza de una imagen tan pobre en la opinión pública?
Yo creo que fundamentalmente por la lentitud. Y también porque se considera que la Justicia es un servicio público cuyas condiciones no se ajustan a la eficacia que esperan el conjunto de los ciudadanos españoles de ella.
¿Cuál es el estado de salud de la Administración de Justicia en España, actualmente?
Ni tan absolutamente desastroso como muchas veces se describe ni tan boyante como los más optimistas podrían pretender hacernos creer. Sin ser caótico presenta deficiencias que en algunas de sus terminales son importantes. Estamos trabajando con unos medios muy insuficientes y claramente obsoletos. El servicio puede ser, sin lugar a dudas, mejorado en gran medida.
Una valoración del histórico paro en la carrera judicial que tuvo lugar el mes pasado.
Nosotros creemos que esa jornada fue expresión de un malestar generalizado en el seno del colectivo judicial. Como causas últimas subyacían la existencia de una Administración que es deficitaria y precaria, que no se corresponde con las condiciones de modernidad de la España de 2008, además de unas conductas que han provocado clarísimas injerencias por parte de responsables del Gobierno (refiriéndose a las declaraciones de De la Vega y Bermejo pidiendo que se aumentase la sanción al juez del caso Mari Luz) en el poder judicial.
Dicha situación del sistema judicial no es nueva...¿por qué han tardado tanto ustedes en quejarse?
Los jueces encarnamos un poder del Estado y, por tanto, se espera que actuemos con responsabilidad y de una manera muy medida. Nosotros hemos venido denunciado lo mismo durante muchos años a los sucesivos ministros de Justicia. La única diferencia es que el pasado día 21 aquello que se llevaba diciendo durante mucho tiempo a las terminales políticas se hizo público.
En su opinión, ¿cuáles son las medidas más urgentes que debe adoptar el Gobierno para modernizar el sistema?
Desde luego en los últimos cuatro años de legislatura en lo judicial se ha operado con una clara e indudable cicatería. Prueba de ello es que ninguno de los proyectos de reforma legislativa previstos acabaron prosperando. Hay que plantear medidas de solución. En términos generales, creemos que las cosas en materia de Justicia deben hacerse desde el consenso político para que lo que unos tejan otros no lo destejan. Y, en segundo lugar, hay que invertir dinero. Es fundamental. Como medidas concretas hay muchas para llevar a la práctica. Desde el proyecto de la nueva oficina judicial, modificar los sistemas de comunicación de los juzgados y entre los juzgados hasta hacer un análisis de las necesidades judiciales en torno a las reclutas de jueces.
¿Qué les han propuesto ustedes al CGPJ y qué les han garantizado ellos?
Nosotros les hemos propuesto varias medidas concretas, algunas ya se la he enumerado. Lo que esperamos es que ellos lideren el proceso de reforma y transformación de la Administración. Por su parte, ellos nos han garantizado buenas intenciones y su voluntad sincera de ponerse a la cabeza como órgano de gobierno del tercer poder del Estado.
¿Han exigido plazo alguno para que estas reformas se empiecen a poner en marcha?
Más que exigencias como tal, hemos trazado mínimamente una hoja de ruta para llevar a cabo esa modernización. Pedimos que las cosas se hagan sin prisa pero sin pausa.
¿Qué harán ustedes sino son escuchados?
No descartamos ninguna medida de presión. Queremos ver cuál es la respuesta el Ministerio de Justicia, del CGPJ y de las Comunidades Autónomas y ver si existe esta voluntad sincera de llevar a cabo las reformas que la Justicia necesita. Si se comprueba que no la hay, movilizaremos a la totalidad de nuestros jueces asociado y no asociados para defender los intereses de los jueces y magistrados españoles y de la Justicia.
El Ministerio calificó estas juntas de “huelga encubierta” y Bermejo les advirtió que no son ustedes “intocables”. ¿Tienen los jueces derecho a manifestarse?
Esto es una cuestión que llegado el momento decidiremos los jueces. Lo que le puedo decir es que la declaración de Bermejo es una perogrullada. Claro que los jueces no son intocables. ¡Sólo faltaba! Somos un poder público y ningún poder público en un Estado de Derecho es intocable. Lo que se le olvidó decir al ministro es que tampoco son intocables los miembros del Ejecutivo, lo que componen en cuerpo legislativo, los funcionarios públicos...En una democracia todos estamos sometidos al ordenamiento jurídico y al imperio de la ley.
Ustedes portavoces de las asociaciones judiciales, representan en torno al 50 por ciento de jueces y magistrados, mientras que el otro 50 por ciento de su colectivo profesional no está asociado a ninguna formación, ¿qué opinión le merece que en el nuevo CGPJ no haya ningún juez no asociado, mientras que en el anterior había tres?
Me merece una opinión muy negativa. Nosotros siempre hemos defendido una composición del CGPJ lo más plural posible y en la que tengan cabida todas las sensibilidades existentes en el seno de la Carrera Judicial. A partir de ahí, hay que preguntarse por qué algunos no encontraron hueco en el seno del Consejo. A la Asociación Profesional de la Magistratura no se le dio más de lo que le correspondía, pero a otros sí. Y se les dio más a costa de alguien. Que cada cual extraiga sus propias conclusiones.
A este nuevo Consejo General se le ha criticado su politización antes de comenzar su andadura ¿Es el poder judicial independiente en nuestro país?
Sin ninguna duda sí, porque el poder judicial lo encarnan todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles en el ejercicio de su función jurisdiccional, actuando única y exclusivamente atendiendo a la ley. Otra cosa es el grado de independencia del Consejo. En mi opinión, este órgano de gobierno de los jueces tiene impregnaciones políticas y, en gran parte, por el sistema empleado en la designación de sus miembros.
¿Cree usted que el Gobierno se ha entrometido en el poder judicial con las declaraciones realizadas por De la Vega y Bermejo sobre la sanción del juez Tirado, en las que piden que se aumente la misma?
Rotundamente sí. Es una intromisión e injerencia absolutamente grosera para cualquiera. Una cosa es ejercer un derecho de crítica, siempre legítimo, y otra intentar inducir a un poder separado del Estado a que tome una decisión concreta.
¿Son el juez Tirado y la secretaria judicial Juana Gálvez víctimas del estado actual de la Administración de Justicia?
Se debe conocer cuál era el estado en que se estaba trabajando en ese órgano judicial. En ese juzgado el magistrado Tirado estaba ejerciendo sus funciones al 150 por ciento de lo exigible. Estaba rindiendo al 50 por ciento por encima de lo que los módulos de trabajo establecidos por el Consejo. Es difícil pensar que una persona que trabaja con esta intensidad pueda ser reprochada de dejadez y abandono de sus funciones.
Los secretarios mantienen que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla "pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar". ¿Comparten ustedes está afirmación?
Que se produzca un retraso en la tramitación de una ejecutoria es algo que está pasando ahora en cualquier juzgado español. Otra cosa es que no haya tenido una traducción tan dramática como en el caso Mari Luz.
Fuente: Libertad Digital
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