El vecino del piso de arriba, el que nunca utiliza el ascensor o el que saluda cada mañana con una amable sonrisa. Cualquiera de ellos puede encontrarse a punto de tener que abandonar su vivienda por diversos motivos económicos, como haber dejado de abonar la cuota de alquiler o encontrarse ahogado por las deudas. Los ocho juzgados de Primera Instancia de la capital alavesa dictaron hasta 313 desahucios por faltas de pago a lo largo del pasado año.Y hasta 5 inquilinos más se enfrentaron a un desalojo por precario, es decir, porque residían en un inmueble ajeno sin que su dueño real les cobrara nada a cambio. «Para lo que es Vitoria, son muchos», admite Blanca de la Peña, abogada especializada en la materia que trabaja para la Asociación de Propietarios Urbanos de la provincia.
La fría estadística no habla de historias personales ni de los problemas particulares de cada residente, pero advierte de un incremento paulatino de este tipo de situaciones extremas. Así, el número de desahucios se ha duplicado en los últimos cuatro ejercicios -en 2005 fueron 136- e incluso se ha cuadruplicado si se toma como referencia una fecha anterior, 2001, cuando se registraron tan sólo 67 en toda la ciudad. Eso sí, aún queda cierto espacio para la esperanza pues «desde septiembre hasta febrero ha habido un pequeño bajón», asegura la letrada mientras observa un aumento de las personas que eligen el alquiler porque la compra de una casa les resulta inalcanzable.
Además, la actitud del propietario también ha cambiado. «Muchos evitan ya meterse en el juzgado, tener que pagar abogados... y deciden llegar a acuerdos con el inquilino. Prefieren llevar la negociación hasta el final y hasta perdonar parte de las deudas», constata desde su despacho, donde algunos de estos casos de desalojo han dado sus primeros pasos.
Recuperar el piso
Así, pese a los quebraderos de cabeza que sufren muchos arrendadores, lo que prima es recuperar el piso. La tarea no siempre es sencilla. «El primer mes intentan hablarlo con el inquilino, el segundo ya se asustan y el tercero reclaman», resume De la Peña, quien recuerda que no existen plazos legales ni oficiales para resolver las deudas. El último escalón toma ya forma de demanda ante los tribunales, donde tardan en torno a «un mes» en fijar la cita para la vista oral y otro más para llevar a cabo el alzamiento judicial o, lo que es lo mismo, el desalojo. En total, «una media de dos meses» para que, «si todo va bien», el propietario pueda volver a entrar al inmueble.
¿Qué ocurre entonces con los desahuciados? Las salidas de quienes habían firmado un contrato privado pueden ser múltiples, mientras que en el caso de los desalojados de un piso de protección oficial aparecen dos nuevas opciones. El Departamento vasco de Vivienda determinó el pasado año que aquellas personas obligadas a abandonar su VPO accedieran «con preferencia» al programa Bizigune, que paga una renta mensual a los dueños de viviendas vacías para que las saquen al mercado a través de una sociedad pública. Hace pocas semanas, además, alcanzó otro acuerdo con las entidades financieras para permitirles «recomprar la casa de los que no puedan pagarla y usar ese dinero para saldar el crédito», explican desde el Ejecutivo autónomo.
Fuente: elcorreo.com
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