Asturias: Ni acuerdo, ni fecha para el traspaso de Justicia

Después de anunciar dos fechas en firme -1 de julio de 2007 y 1 de enero de 2008-, el Principado admitió que actualmente no existe acuerdo con el Gobierno central y que por el momento no hay plazo sobre la mesa para el traspaso de las competencias en materia de Justicia. Según confirmaron fuentes de la Consejería de Administraciones Públicas -encargada de cerrar el proceso-, la negociación continúa sin nuevas metas temporales en el horizonte.

El motivo de discrepancia es puramente económico. El Principado se niega a asumir las competencias con el presupuesto ofrecido desde el Ministerio de Justicia, que considera escaso y que, por el momento, Madrid se niega a ampliar.

En la reciente visita a Asturias que realizó el ministro Mariano Fernández Bermejo, el pasado mes de noviembre, se dio por buena la fecha del 1 de enero para el cierre definitivo de la transferencia. No obstante, los flecos que entonces se calificaron de «pequeños» alcanzaron una dimensión suficiente como para no culminar el proceso.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, aseguró que no está dispuesto «a coger un traspaso en déficit, en el que no estén debidamente garantizados los gastos. Estamos en una situación próxima, pero aún no de acuerdo». El Presidente añadió que la parte económica de la negociación ha mejorado «notoriamente en los últimos meses», desde que Francisco Javier García Valledor no es consejero de Justicia.

La falta de acuerdo se centra en los trabajadores de los cuerpos de gestión (antiguos oficiales), tramitación (auxiliares) y auxilio judicial (agentes), así como en los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IMLA).

El 27 de julio de 2006 el Principado firmó la primera parte de la negociación (efectiva a 1 de octubre de ese mismo año), que incluía la cesión al Principado de los medios materiales y económicos, personal laboral (84 trabajadores: psicólogos, conservadores, trabajadores sociales, limpiadoras, etcétera) y 28 funcionarios de gerencia.

En cuanto a medios materiales, la Administración autonómica asumió la titularidad de 31 edificios o sedes judiciales (también un almacén) y dos parcelas (la de La Bohemia, en Gijón, y la prevista para el IMLA, en Oviedo). El Principado también se hizo cargo del total de 189.000 euros anuales en concepto de alquiler que el Ministerio pagaba hasta entonces por diferentes sedes del territorio.

Fuente: lne.es